La Resistencia contra la Minería en México (I)

Por Andrea Caraballo*


“… En México nos han estado golpeando mucho con esto de las minas. Hay varios activistas que han sido asesinados, hay mucha persecución; sin embargo, va la vida de por medio de las comunidades y de los países.”

Esas son las palabras de Rurik Hernández, miembro del Frente Amplio Opositor (F.A.O.) a la Mina San Xavier, en el municipio Cerro de San Pedro, perteneciente al estado de San Luis Potosí, México. Esta es una mina de tajo a cielo abierto, de extracción de oro y plata, donde se utiliza cianuro en el proceso de lixiviación en montones como beneficio. Después de 10 años de juicios, la F.A.O. ha obtenido victorias; la empresa no tiene permisos, se logró la cancelación del proyecto. Sin embargo, la empresa sigue explotando.
Pero la F.A.O. también participa en el asesoramiento a grupos, pueblos, comunidades y movimientos que se enfrentan contra otros emprendimientos mineros.

- Mucho se conoce del proceso de extracción de oro, pero ¿qué nos podrías decir de la minas de hierro?

- Para conocer del tema hemos venido investigando al respecto las minas de hierro; principalmente acá en México, en el estado de Oaxaca. En Santa María Zaniza se llama Proyecto Zaniza. Es una empresa mexicana aliada con chinos —la mitad de la empresa es china—. Los procesos del hierro son peligrosos, principalmente porque son tajos a cielo abierto muy grandes y el método de beneficio de obtención del mineral es moliendo muy fino toda la tierra. Después utilizan unos magnetos y el hierro tiene la capacidad de ser atraído por ese imán; entonces magnetizan y jalan. El polvo que quedó, que no tienen el mineral que ellos necesitan, regularmente lo ponen en presas de jales o tirado en un terreno, alrededor de lo que es el tajo.

- ¿Qué riesgos puede tener en la salud de los vecinos?

- El riesgo principal que hemos detectado hasta ahorita que hemos investigado, es que como es tan fina la molienda de esa piedra, queda como si fuera azúcar impalpable. Entonces se lo lleva el viento muy fácilmente y las personas lo respiran. Este polvo de donde quitan el hierro, generalmente de lugares muy mineralizados, tiene diferentes minerales, no solo los que ellos buscan: también tienen plomo, arsénico, metales pesados; y son esos los que generan riesgos para la salud. El viento se lleva este polvo, llegando a ríos, arroyos, lagos; contamina las fuentes de agua donde las personas beben. También se mete en sus casas; hasta en la comida, sin darnos cuenta.
El estar en contacto con metales pesados de esa manera genera cáncer y muchas enfermedades. Acá en México hay un ejemplo en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, donde hay una mina de hierro. El polvo que levanta contaminó el agua. Las personas de la comunidad tienen un elevado índice de cáncer en la región y básicamente es debido a la actividad minera.

Además, el tajo a cielo abierto, como lo hemos visto en muchos lugares, es remover todos los árboles y desmontar todo; es un impacto muy severo para el medio ambiente. Remueven montañas y valles en extensiones grandes, afectan los ríos, ya sean superficiales o subterráneos, y donde llega una mina ya no puede haber siembra por la destrucción ambiental tan grave y el gran consumo de agua.

- ¿Cómo es el proceso de extracción del hierro?

- Regularmente, donde está el proyecto de extracción ponen una planta peletizadora o hacen un ferroducto donde transportan el hierro molido, lo mezclan con agua y lo bombean a través de este ferroducto por cientos de kilómetros hasta donde esté la planta peletizadora; y en la planta peletizadora ya lo empacan y lo embarcan. Si no, ponen en la región un alto horno que ya lo funde y nada más sacan las láminas o las vigas para su exportación al mercado, principalmente hacia Asia, por todo el crecimiento. Los impactos que tiene en la naturaleza la minería de hierro son muy severos, porque son proyectos muy grandes y regularmente son proyectos que duran mucho tiempo. La extracción de oro no pasa de trece o catorce años, pero la de hierro se puede ir hasta cuarenta o cincuenta años, dependiendo del tamaño del yacimiento.

- ¿Qué han aprendido con toda su experiencia?

- Pues lo que hemos aprendido a lo largo del camino es que las empresas mineras están muy organizadas. Tienen una estrategia muy definida, un plan de trabajo que han copiado de minas de todo el mundo; han aprendido por todos lados para ver cómo van a impulsar estos proyectos. Primero llegan con el gobierno, ven cómo está la legislación minera al respecto, cómo están los reglamentos, ven qué tan conveniente es. Si no les conviene, impulsan algunas reformas o impulsan algunos cambios legislativos, hacen campañas para decir que la minería y la megaminería son buenas para la economía nacional por traer trabajo, por traer inversión; y eso es algo que muchos gobernantes compran. La idea de decir que van a traer miles de millones de dólares con esta inversión y van a dar trabajo a miles de familias lo ven como un factor de desarrollo, de progreso para las comunidades; y no reparan mucho en los impactos ambientales porque no les conviene.
Pero también algo que nosotros hemos aprendido, que nos sigue costando, es la división que generan en las comunidades. Las empresas hacen trabajo social, hacen estudios antropológicos para saber cómo pueden hacer para dividir a las comunidades y entonces empiezan a hacer detonar esos puntos de división. Hacen que las familias se peleen, hacen que las personas se peleen, entonces empieza a haber desencuentros y desacuerdos entre ellos y empieza a haber puntos en donde ya ni siquiera se hablan; entonces se pasan algunos al bando de la empresa y ya los compran fácilmente. Les ofrecen trabajo o les dan un poco de dinero y les hacen creer que las personas que se oponen a este proyecto minero están en contra de ellos, están en contra de su progreso, de su derecho al trabajo, de su derecho a buscar un bienestar y es como logran hacer que estos problemas se vuelvan personales.

- ¿Puedes hablarnos más sobre las estrategias que tienen éstas empresas?

- Son estrategias muy bien definidas de división de las comunidades, de cooptación de autoridades, corrupción de jueces y buscar principalmente a cualquier lugar, a cualquier costo y de cualquier manera que el proyecto minero se imponga. Los proyectos mineros no aceptan un no, aceptan un no de las comunidades; pero los minerales están ahí, no se van a ir. Los minerales se van a quedar abajo en la tierra y ellos tienen todo el tiempo del mundo para crear las condiciones, ya sean sociales, políticas o económicas en la región, para que los proyectos se impongan.
Vemos que los principales síntomas son que se construyen caminos o carreteras donde antes no eran necesarios, y vemos también que empiezan a llegar agentes del gobierno de diferentes dependencias o secretarías, la misma autoridad ambiental, las secretarías de economía, que son las que regulan aquí en México las concesiones; es una red muy amplia y buscan la corrupción en todos los niveles del gobierno, pues, para que los proyectos, cuando las comunidades no quieren, se impongan. Y condicionan a los pueblos a darles apoyo, para que firmen a cambio de que acepten el proyecto minero.

- ¿Qué mensaje les darías a otros lugares que están en procesos de megaminería?

- El mensaje es que resistan; va la vida de por medio. Aquí en México nos han estado golpeando mucho con esto de las minas, hay varios activistas que han sido asesinados, hay mucha persecución, sin embargo va la vida de por medio de las comunidades y de los países y, pues, el saludo que se envía desde México, del Frente Amplio Opositor, es saber que no están solos, que estamos acá en México, pero también están en Argentina, Chile, Perú o en Colombia otras organizaciones que enfrentan lo mismo, y buscar una comunicación para una alianza continental; nosotros mirar hacia el sur para aprender de los pueblos y ver que somos un solo pueblo, nada más que en diferentes latitudes, pero de México a la Patagonia somos un solo pueblo. Un saludo a todos allá en Uruguay, que están resistiendo contra la mina Aratirí y Zapucay.

- ¿Cómo se les puede contactar o conocer más sobre el trabajo de la F.A.O.?

- Estamos en Internet, en un blog llamado proyectocerro.blogspot.com; también en Twitter, como faoantimsx, y en Facebook, frenteamplioopositorfao. Ahí podemos hacer un enlace y lo que necesiten, estamos ahí para compartirlo.



* Andrea Caraballo es coordinadora del Colectivo C.A.S.A. con sede en Oaxaca, México y miembro del Colectivo Contraimpunidad en Montevideo, Uruguay.
Correcciones: Ana De León y Saúl Hernández.

colectivocasachapulin@gmail.com http://www.colectivocasa.org/

Los “interrogadores”

SUBOFICIALES EGRESADOS DE LA SCHOOL OF AMERICAS “TIENEN CONOCIMIENTO”

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 29 DE JULIO DE 2011

Son sesenta sargentos, cabos y soldados que el Estado uruguayo envió a Panamá entre 1968 y 1976 para capacitarse en “contrainsurgencia”. Varios de ellos han sido denunciados como represores. Realizaron cursos especiales como el de “interrogador de inteligencia militar”. Estuvieron en las detenciones, torturas, muertes y enterramientos de las víctimas de la dictadura. Ningún fiscal ni juez los ha llamado aún a testificar.




ROGER RODRIGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy

Sesenta suboficiales uruguayos que realizaron cursos especiales en la norteamericana Escuela de las Américas de Panamá entre 1968 y 1976, podrían aportar información a la justicia sobre la represión de la dictadura en varios casos que ya se instruyen y en otros, particularmente las causas por tortura contra cada unidad militar, que serán presentadas en las próximas semanas por las propias víctimas.

Los sargentos, cabos y subalternos que pasaron por la School of Americas (SOA) participaron de la llamada “lucha antisubversiva” y estuvieron presentes en las operaciones de represión, en los “interrogatorios” a los detenidos, en los episodios en los que hubo muertes y probablemente en algunos de los enterramientos de las víctimas de desaparición forzada. Ninguno de ellos ha sido llamado a declarar como testigos o indagados.

Bajo el nombre de “Centro de Adiestramiento Latinoamericano: División Terrestre” la escuela comenzó a operar en 1946 en el Fuerte Amador de Panamá y a partir de 1950 se afincó en el Fuerte Gulick donde se denominó “Escuela del Caribe del Ejército de Estados Unidos”, para transformarse desde 1963, ya designada como “School of America”, en el principal centro de adiestramiento en “contrainsurgencia” de los militares latinoamericanos.

Desde 1949, un millar de oficiales y subalternos uruguayos pasaron por los cursos de la Escuela de las Américas que a partir de los años sesenta se constituyó en la base de operaciones norteamericana donde se formó a más de 60 mil soldados latinoamericanos en técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y, particularmente, sistemas de tortura, para luchar contra el “comunismo internacional” en el marco de la guerra fría.

Es a partir de 1967 que el Estado uruguayo sistematizó la participación de militares en la SOA, con el envío de todas las generaciones de cadetes del Ejército que cada año fueron egresando de cursos de mayor nivel represivo: “Cadet Orientation” (1967), “Special Cadet Course” (1968), “CC-1” (1969 y 1970), “Internal Security Operations CC-6” (1971, 1972 y 1973), “Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6” (1974 y 1975) y “Small Unit Leader's Orien C-6” (1976).

De esos cursos de la SOA surgieron algunos de los más conocidos represores de la dictadura: Gustavo Criado Carmona y Eduardo Ferro (1967), Armando Méndez, Manuel Cardeillac, Juan Delpino, Jorge Silveira y Carlos Silva (1968), Guillermo Abella y Antranig Ohannessian (1969), Glauco Yannone (1970), Gustavo Taramasco (1971), Daniel Blanco, Miguel Dalmao, Tranquilino Machado, Gustavo Mieres y José Boudean (1972), Elmar Castiglioni (1973), Tomas Casella (1974), Carlos Calcagno (1975), Luis Maurente (1976).

También son egresados de la Escuela de las Américas la mayoría de los hoy integrantes del generalato del Ejército: Daniel Castellá (División I), Miguel Dalmao (procesado), Raúl Gloodtdofsky (Misión ONU Pakistán), Juan Villagrán (División III), Pedro Aguerre (División IV), Willie Purtscher (División II), Felicio De los Santos (Misión ONU Haití), Neris Corbo (Sanidad Militar), José Burone (Estado Mayor de Defensa), Sergio D’Olveira (IMES) y Juan Saavedra (IMAE).

Uruguay volvió a enviar efectivos a los cursos a partir de 1986 y hasta marzo de 2006, cuando la ministro de Defensa, Azucena Berrutti, anunció que nunca más se enviaría militares al adiestramiento norteamericano que desde el año 2001 se realizan en Fort Benning, Estado de Georgia, bajo el nombre de Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation - WHINSEC).

Los “interrogadores”

Entre 1967 y 1976 (cuando cesaron los cursos de la SOA para Uruguay porque Estados Unidos retiró su ayuda militar a la dictadura a través de la “enmienda Koch”), hubo más de 120 suboficiales (varios de ellos denunciados como torturadores) que realizaron cursos en Panamá. La mitad de ellos egresó de sospechosos “cursos especiales” o de específicos cursos de “interrogador de inteligencia militar”.

Estos “NCO” (Non-commissioned officer), como se denomina a los suboficiales en la jerga militar estadounidense, comenzaron a “especializarse” mucho antes de la dictadura y aún antes de que el gobierno de Jorge Pacheco Areco les encomendara la dirección de la lucha antisubversiva en 1971. En 1968, catorce suboficiales ya realizaron un primer “Special Course” en Panamá.

Aquel grupo que “estudió” en agosto de 1968, estaba integrado por los sargentos Juan Antonio Deniz, Aníbal Díaz Rojas, Dectino Micol, Esmir Rambao, Omar Gómez Curi, Liserio Toledo y Ariel Torres, y por los cabos Ignacio Alvez Brum, Gilberto Alvez, Mario Cardozo Reboiras, Ruben Lavega, Carmelo Cardozo y Juan Fermín. Todos pasaron luego a aplicar lo aprendido.

En 1969, el cabo de primera Arístides Torres y los cabos de segunda Lisandro Corbo, Emilio González, Alberto Sappia y Alesis Valentti, realizaron el curso “NCO General Supply E-26” y para 1970 ya se recibían cursos de “Interrogador de Inteligencia Militar E-15” de los que egresaron el suboficial mayor Alfonso Fachelli y los sargentos de primera Wilson Vega Fonseca y Ricardo Coitinho.

Un curso de “Inteligencia Militar para Alistado E-16” realizaron el suboficial mayor José López Alvez y el sargento de primera Andrés Fernández Silvera en 1971, y un año después se recibían cursos de “Military Policie NCO E-10” por los cabos de segunda Hugo Milesi y Regelio Veiga, por el marinero de primera Washington Del Río y por el suboficial de primera Augusto Lauber.

En 1972, también egresaban como “Military Intelligence NCO E-16” los cabos de segunda Mario Díaz, Isolino Martínez y Rubén Santos y en 1973 se sucedieron los cursos denominados “E-42” para los sargentos Julio Antúnez, Alfredo Bottaro, Pedro Cabrera, Luis López y Carlos Pedreira, “E-44” para el sargento Luis Leites, y los cabos Atilio Denis y Hugo Muniz, “E-26” para los sargentos Antonio Da Silva, José Del Pino, Néstor Lemos y el cabo Victor Madruca, y “E-11” para los sargentos Juan Charquero y Luis Nuñez.

Entre mayo y julio de 1974, los sargentos Clever Cotelo y Jacinto Paiva, junto a los cabos Heber Quiñones y Hugo Gómez Fagúndez realizaron el curso “NCO General Supply E-26”, mientras los sargentos Raul Barraco, Ivo Lima Chagas, Julio Marín y René Segovia cursaban “Military Intelligence Interrogador E-15”, Lucas Terra Silva estudiaba como “Military Police NCO E-11” y Carlos Techera, Rodolfo Suárez y Manuel Zapata hacían el “Military Intelligence NCO”.

En 1975 y 1976, los sargentos Obdulio Custodio Amaro, Manuel López Vila y y Cándido Santana fueron los últimos en recibir el “Military Intelligence NCO E-16”, un curso que un suboficial chileno de apellido González denunció internacionalmente porque allí “los militares latinoamericanos era torturados por sus propios instructores y a su vez se torturaban entre ellos para poder luego ejecutar mejor ese mismo procedimiento de interrogación a su enemigo”.

Murió un Dictador

"Un torturador no se redime suicidándose,pero algo es algo..."
Mario Benedetti

La diaria 18/7/2011

Archívese

A los 83 años y habiendo cumplido cuatro años de su condena murió ayer el dictador Juan María Bordaberry.

El velorio y entierro fueron rápidos. El dictador murió en la madrugada de ayer, pasadas las 5.00, en su casa en Carrasco, donde desde 2007 cumplía su condena a 30 años de prisión por razones de salud. Según se informó ayer, a los 83 años Bordaberry tuvo un paro cardiorrespiratorio. El velorio se realizó en su casa y el entierro, 12 horas después de su muerte, en el cementerio privado Parque Martinelli, en el kilómetro 24 de la ruta 102.

Pese al frío, unos 20 militantes de Plenaria Memoria y Justicia fueron hasta la puerta del Parque Martinelli, cerca del aeropuerto. Bajo los gritos de "se murió, se murió, la puta que los parió" entró el féretro que llevaba a Bordaberry padre, seguido de los autos que conducían, entre otros familiares, a uno de sus hijos, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado).

Desde los parlantes que instalaron los activistas se escuchaba "La Memoria", de León Gieco, y audios que nombraban uno por uno a los civiles que fueron funcionarios del gobierno dictatorial. "El dictador no se debía ir en silencio, algo teníamos que decir. Él se fue viviendo en total privilegio, no pagó por lo que le hizo al pueblo y se fue llevando una cantidad de verdades", explicó Irma Leites, militante de Plenaria, que aclaró que la organización no llegó a convocar la movilización por falta de tiempo.

Alrededor de 300 personas concurrieron al entierro, gran parte, familiares y amigos. Fueron pocas las figuras del ámbito público que asistieron, en su mayoría integrantes del sector que lidera el senador Bordaberry, Vamos Uruguay (VU). Algunos de los que estuvieron presentes fueron el senador Alfredo Solari (VU, PC) y los diputados, también de VU, Walter Verry, José Amy, Aníbal Gloodtdofsky, Juan Manuel Garino y Nicolás Ortiz. Estuvieron el intendente de Salto, Germán Coutinho (VU, PC), el ex ministro de Economía Isaac Alfie (Propuesta Batllista, PC), el compañero de fórmula de Pedro Bordaberry en 2009, Hugo de León, el ex presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Alfonso Varela, la viuda de Jorge Pacheco, Graciela Rompani, y el periodista deportivo y empresario Julio Sánchez Padilla. El único dirigente político no colorado que concurrió al entierro fue el diputado Carmelo Vidalín (Soplan Vientos Nuevos, Partido Nacional), ex intendente de Durazno.

En silencio

A todos los presidentes o vicepresidentes de la República se les rinde honores de Estado cuando mueren, pero desde 2006 la ley 18.023, promovida por legisladores frenteamplistas, exceptúa de ese reconocimiento a quienes ocuparon dichos cargos durante la dictadura cívico-militar (1973-1984), por lo que Bordaberry quedó excluido de los homenajes. En el PC, partido por el cual fue electo presidente en 1971, los dirigentes históricos Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y el senador de Proba José Amorín no quisieron manifestarse sobre su muerte, y no se espera ninguna actividad a raíz de su fallecimiento.

Las causas

El Código Penal, en su artículo 107, establece que “la muerte del reo, sobreviniendo con anterioridad a la condena, extingue el delito y, si ocurriera después de ella, hace cesar sus efectos”. Bordaberry, junto con el ex canciller Juan Carlos Blanco, fue procesado en primera instancia en diciembre de 2006, a pedido de la fiscal Mirtha Guianze, por la coautoría de los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. En febrero de 2010, en el marco de otra causa, fue procesado por el delito de “atentado a la Constitución” que desencadenó la “desaparición forzada” de nueve personas y el “homicidio político” de dos. En ambos expedientes Bordaberry fue condenado en primera instancia por parte de los jueces Roberto Timbal y Mariana Motta, respectivamente. El Tribunal de Apelaciones no alcanzó a pronunciarse sobre las condenas, ni tampoco la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo que significa que las instancias judiciales no se agotaron cuando Bordaberry murió y que, por tanto, las causas siguen abiertas. Según explicaron a la diaria fuentes judiciales, en función del citado artículo del Código Penal, el Tribunal de Apelaciones deberá expedirse por la condena de Blanco en el caso de los cuatro homicidios, pero no por Bordaberry. El otro expediente, en cambio, se archivará, porque Bordaberry era el único imputado. Por esa razón, no se conocerá la opinión del Tribunal de Apelaciones ni de la SCJ sobre la tipificación de "atentado a la Constitución", aplicada por primera y única vez en este marco. El presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, tampoco quiso hacer declaraciones al respecto. El presidente del directorio del PN, el senador Luis Alberto Heber, dijo ayer en radio Carve que con la muerte de Bordaberry se está "terminando una generación que generó enfrentamientos y radicalización de ideas en Uruguay".

Cronología

1928 - Nace el 17 de mayo.

1959 - Presidente de la Junta Cárnica Nacional.

1960 - Designado miembro honorario del Comité del Plan de Desarrollo Agrícola.

1962 - Presidente de la Comisión contra Enfermedades Bucopédicas.

1960-62 - Integró el Consejo Lanero Nacional y presidió la Comisión contra Enfermedades Bucopédicas.

1963-65 - La Liga se alió con el Partido Nacional (PN).

1967 - Con la llegada del Partido Colorado (PC) al poder se pasó a sus filas por considerarlo la mejor garantía para un poder fuerte.

1969 - En octubre, el presidente Jorge Pacheco Areco lo designó ministro de Agricultura.

1971 - Presentó su candidatura por partida doble para los comicios del 28 de noviembre: a la presidencia y a la vicepresidencia de Jorge Pacheco.

1972 - El 15 de febrero fue declarado vencedor sobre Wilson Ferreira Aldunate (PN) y Líber Seregni (Frente Amplio).

1º de marzo - Asumió sus funciones para un período de cinco años. Ese día, en la Asamblea General, fue interrumpido por el senador Enrique Erro: "¡Con su estilo, usted es un peligro para la paz de la nación! ¡Usted es un futuro prototipo dictatorial!", advirtió el parlamentario.

15 de abril - Impulsó el "estado de guerra interno" que acotó las garantías constitucionales.

1973 - El 25 de junio, anunció la disolución del Congreso, consumando, un día después, el golpe de Estado.

1976 -El 12 de junio, a pocos meses de que terminaran los cinco años para los que había sido electo, abandonó el cargo tras un desencuentro con los militares por diferencias en la normalización constitucional, que Bordaberry no quería.

2006 - El 16 de noviembre, es procesado por el delito de "homicidio muy especialmente agravado".

2007 - En enero, pasó a cumplir su pena con arresto domiciliario, debido a su estado de salud.

2010 - En febrero, es procesado por el delito de “atentado a la Constitución”.

Charla sobre la ocupación Palestina

Encuentro por el Agua y la Pachamama

Por Raúl Zibechi para el Programa de las Americas

“Este encuentro surge por la necesidad de articular las luchas aisladas de diferentes partes del continente que sufrimos las mismas consecuencias”, dijo Carlos Pérez Guartambel, abogado quichua, dirigente de los sistemas de agua y coordinador del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama, celebrado entre el 21 y el 23 de junio.

“El mismo discurso de las multinacionales de una minería sustentable y responsable, lo repiten Rafael Correa en Ecuador, Juan Manuel Santos en Colombia, Alan García en Perú. Ni Chávez se salva. Frente a eso vemos la debilidad de luchas aisladas”, agrega Pérez. El encuentro fue convocado por los principales movimientos del país: los sistemas comunitarios del Azuay, la Ecuarunari, la Conaie, la comisión ecuménica de derechos humanos y Acción Ecológica, entre otros[1].

En el encuentro participaron unas dos mil personas de 15 países del continente americano que debatieron en torno a tres ejes: el Buen Vivir o Sumak Kawsay, el extractivismo y la mercantilización de la naturaleza, los medios de comunicación y la cultura. En varias actividades alojadas en el campamento juvenil, combinaron talleres y debates con videos y música.

El agua estuvo en el centro de la convocatoria; las comunidades tienen una relación íntima con ella, “sobre todo las mujeres indígenas que son la clave de esta resistencia”, asegura Pérez. En el sur de Ecuador, las empresas trasnacionales de la minería han comprado políticos, periodistas y gobiernos locales, pero aún no pudieron doblegar a una parte de los campesinos que no viven de la tierra sino “con la tierra”, como dicen los quichuas.

Minería es igual a impunidad

En la inauguración del Encuentro, Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y actual opositor al gobierno de Correa, dijo que “el socialismo del siglo XXI se parece al extractivismo del siglo XXI”, en relación a las experiencias de gobiernos progresistas en el continente. Aunque reconoce avances en algunos sentidos en relación al neoliberalismo, señaló que aún con una Constitución de avanzada como la de Ecuador no se ha cambiado la matriz económica y de pensamiento.

“La Constitución debe ser entendida como una caja de herramientas”, dice Acosta en el sentido de que la letra legal nada vale si no consigue hacerse carne en los movimientos. “La minería a gran escala en nuestro país será la continuación de la colonización y la conquista de hace más de 500 años”.

Luis Macas, fundador y ex dirigente de la Conaie, insistió en que “vivimos una crisis civilizatoria, en la cual no se puede aislar un tema porque para nosotros lo importante es la integralidad”. Aseguró que estamos viviendo una ruptura “porque hasta ahora se creía que este modelo es irremplazable, pero vemos el resurgir de las propuestas comunitarias como el Sumak Kawsay”. En su opinión los movimientos no pueden limitarse a la protesta sin enarbolar propuestas alternativas al modo de vida occidental.

Una de las mesas más concurridas fue la de minería, en que la que participaron Jennifer Moore del Observatorio Canadiense sobre la Minería, y William Sacher, coautor del libro “Noire Canada”. Explicaron en detalle las razones por las cuales su país se ha convertido en el paraíso de las inversiones mineras.

El 75% de las empresas mineras del mundo son canadienses, lo que convierte al país en la principal potencia minera del planeta. Las razones son varias: Canadá es un paraíso judicial con leyes muy permisivas que favorecen la especulación con títulos mineros, ventajas fiscales y subvenciones estatales; una red diplomática poderosa y extensa que apoya a esas empresas y presiona a los gobiernos locales; una amplia experiencia en criminalizar a los actores críticos en todo el mundo.

Esto se resume, para los autores, en una frase: “impunidad de hecho”, porque no hay ningún tribunal canadiense que condene a las empresas mineras de modo que el país es un verdadero “paraíso judicial”. El potencial económico de Canadá se debe a la minería, es el primer productor mundial de uranio, pero hay diez mil minas abandonadas y más de 600 pueblos indígenas sufrieron despojo. Hay 500 grandes mineras canadienses operando en América Latina.

Las empresas canadienses tienen el 40% de las concesiones mineras en Ecuador y manejan tres de los cinco proyectos estratégicos, siendo los otros dos de China. Pero lo importante es comprender que cuando un país ingresa en la minería está llevando a su tierra un complejo no sólo económico sin también militar-policial y político, ya que se trata de un modo de extraer los recursos naturales que supone despejar a la población civil, instalar modos de control autoritarios y, de hecho, militarizar regiones enteras.

En Colombia, un delegado al Encuentro señaló que un 20% de la superficie del país está concedida a la megaminería. En Ecuador, según miembros de organizaciones campesinas el 60% de la provincia de Bolívar está en manos de esas empresas. En esos espacios, amplios y alejados de las grandes ciudades, rigen leyes internacionales, no las nacionales, y están vigiladas por guardias privados de las empresas. Son pequeños estados dentro del Estado.

Por eso, varios dirigentes indígenas hablaron de colonialismo. En su opinión, los nuevos emprendimientos mineros, petroleros y de monocultivos (soya, palma, caña de azúcar), representan una forma nueva de colonialismo ya que imponen una lógica externa y vertical sobre la naturaleza y las poblaciones para apropiarse de los bienes comunes.

La protesta como delito

Uno de los temas centrales que abordó el Encuentro fue el de la criminalización de la protesta. En Ecuador hay 189 personas sometidas a juicio por manifestarse contra la minería y otros emprendimientos. Para los indígenas, se trata de defender sus territorios de la invasión que realizan las grandes empresas, y de defender recursos como el agua que es vital para la reproducción de las comunidades. Sin agua no pueden sembrar ni alimentarse y criar sus animales.

Muchos de los encauzados han sido acusados de sabotaje y terrorismo por el hecho de cortar rutas, como viene haciendo el movimiento indígena desde hace más de dos décadas en Ecuador. Las acusaciones son tan poco creíbles que en varios juicios se debió modificar el delito a causas más sencillas como “obstaculización de vías públicas”. Es lo que le sucedió al coordinador del Encuentro, Carlos Pérez.

El 4 de mayo de 2010 cientos de vecinos del pueblo Victoria del Portete cortaron la carretera en protesta por la Ley de Aguas. La manifestación fue pacífica, pero la Fiscalía XI de lo Penal decidió enjuiciar a tres dirigentes por sabotaje. Se trata del presidente de la junta parroquial, un dirigente de los sistemas de agua y un campesino. La Fiscalía decidió prisión preventiva pero la Corte Provincial de Azuay dijo que no se trata de sabotaje y los dejó en libertad. Pero el juicio sigue.

El presidente de la Federación Shuar, Pepe Acacho, fue procesado junto a otros dirigentes amazónicos por un paro realizado en 2009 en el que se produjo la muerte de un manifestante shuar por la cual el gobierno culpa a los indígenas. En febrero pasado fue capturado junto a otros líderes shuar y trasladado sin orden judicial a través de un operativo que incluyó helicópteros y un amplio despliegue militar, a pesar de encontrarse en negociaciones con el gobierno por demandas contra las empresas petroleras en la región amazónica.

Estuvieron siete días en prisión acusados de sabotaje y terrorismo, fueron puestos en libertad pero no pueden abandonar el país y tienen la obligación de presentarse semanalmente en dependencias policiales de su provincia, Morona Santiago. “Estamos convencidos de que no importan los juicios y las cárceles sino la libertad de la población y la defensa de nuestros bienes naturales”, dijo Acacho.

El Tribunal Ético del Encuentro revisó trece casos, escuchó a los acusados y al Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez Vera, quien dijo que “criminalizar es atribuir a la protesta un carácter criminal”. Denunció al gobierno de “utilizar al podrido sistema de justicia para criminalizar a los movimientos” y se preguntó si hay una política sistemática del Estado destinada a enjuiciar la protesta social.

En ese sentido, el Tribunal Ético consideró que existe un patrón que consiste en utilizar “herramientas jurídicas y policíacas para inhabilitar la resistencia, a pesar de que está consagrada en la Constitución”. En efecto, el artículo 98 de la Constitución aprobada en 2008 dice: “Los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos”.

No es el único caso constatado en que las decisiones del Estado vulneran los derechos. Varios de los encauzados aseguraron que no se les aplicó la amnistía otorgada en 2008 por la Asamblea Constituyente. En ese sentido el Tribunal dijo que “el mantenimiento de los antecedentes penales de las personas es una forma de desestimular e intimidar la organización y la acción colectiva, y de desmoralizar a las comunidades”.

Una segunda característica de la criminalización de la protesta, que va en el mismo sentido, consiste en focalizar los juicios contra los dirigentes que ven como se les acumulan causas penales. El castigo a los dirigentes busca disuadir a los activistas y afiliados de base a continuar en la organización social y tiende a aislar a quienes se mantienen firmes en la resistencia al modelo extractivo.

La tercera cuestión se relaciona con el hecho de que las autoridades suelen atribuir las protestas a la intervención de “agentes externos”, que serían los que inducen a las comunidades a movilizarse y protestar. Se trata de una concepción del mundo cargada de prejuicios, ya que supone que las comunidades indígenas, campesinas y urbanas con incapaces de moverse por sí solas sin la intervención de agitadores. En este sentido se reproducen algunos patrones propios de la “doctrina de seguridad nacional” de la década de 1960 que atribuía todos los problemas a los agitadores foráneos.

Finalmente, el Tribunal Ético constató en base a la consulta con especialistas que el Código Penal reformado en 2006 va en contra de la Constitución, sobre todo en lo relativo al derecho a la resistencia. En resumen: “Con el cuerpo militar instruido para intimidar amparado en la fuerza, se pretende acallar o impedir la protesta, intimidar a los dirigentes sociales y desgarrar el tejido social que permite la protesta y sobre el que se asientan los movimientos sociales”[2].

Ética de la resistencia

Llama la atención que un país que cuenta con la Constitución más avanzada del mundo en materia ambiental, proteja y fomente la actividad minera y petrolera. El artículo 71 establece que la naturaleza “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Y agrega que toda persona o comunidad podrá exigir a las autoridades que se cumplan esos derechos.

Por eso el Defensor del Pueblo dijo que “la próxima batalla es por leyes inspiradas en el espíritu de la Constitución”. Esa batalla es hoy posible porque en los últimos meses los pueblos indígenas y los movimientos sociales vienen fortaleciéndose. Parte de ese proceso es el nuevo Consejo de Gobierno de la Conaie, dirigido por Humberto Cholango, quien asumió el pasado 18 de mayo. La unidad del movimiento y su recambio generacional prometen que será un actor cada más importante.

El crecimiento de la fuerza del movimiento social va en paralelo al deterioro del gobierno de Correa que no pudo superar el 50% de los votos en la consulta del pasado 7 de mayo. Aunque las preguntas formuladas por el Ejecutivo triunfaron por escaso margen, en las provincias donde la Conaie tiene mayor arraigo el gobierno fue derrotado.

La activista de Acción Ecológica, Esperanza Martínez, hizo énfasis en dejar de ver los casos de violaciones vinculados a la minería, el petróleo y los monocultivos como casos aislados para poder visualizarlos como un complejo único, económico, político, judicial y militar. Para enfrentarlo debemos “apegarnos a los principios de la no violencia activa” sobre la que debe apoyarse la ética de la resistencia.

El Encuentro permitió profundizar en la comprensión del modelo extractivo y cuestionarlo desde un análisis más integral que no sólo incluye la cuestión ambiental. En la Declaración final puede leerse que el extractivismo “arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza” y que “profundiza el modelo patriarcal capitalista (…) somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación en la toma de decisiones sobre proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones”[3].

Blanca Chancoso, veterana dirigente quichua de la Conaie, intervino ante el Tribunal Ético luego de hacer una ofrenda al agua o Yakumama. Habló sobre el Sumak Kawsay, diciendo que esos términos pueden ser corrompidos o folclorizados, y ante eso el movimiento indígena debe profundizar su sentido. “El Sumak Kawsay es nuestra utopía, que pasa por entrar en lo comunitario, en lo que quedó truncado en nuestra historia, en retomar los sueños”.

En estrecha sintonía con la cultura de su pueblo, señaló que el Sumak Kawsay “hay que sentirlo”, que no debe ser congelado en un programa para ser ofrecido al mercado de la política electoral o partidaria. Finalizó llamando a resistir a la minería con una frase que resonó entre todos los participantes: “No le tenemos miedo a este gobierno”.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org/es).

Recursos

CONAIE (Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador): www.conaie.org

Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama: www.aguaypachamama.org

Entrevista a Carlos Pérez Guartambel, Cuenca, 21 de junio de 2011.

Intervenciones de Alberto Acosta, Humberto Cholango, Pepe Acacho y Delfín Tenesaca ante el Tribunal Ético, 21 de junio de 2011.

Veredicto del Tribunal Ético ante la Criminalización de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza, Cuenca, 22 de junio de 2011.

[1] Se trata de organizaciones indígenas y ecologistas. Sobre los sistemas comunitario de agua del Azuay puede consultarse, Raúl Zibechi, “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, en http://www.cipamericas.org/es/archives/1888

[2] Veredicto del Tribunal Ético ante la Criminalización de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza, Cuenca, 22 de junio de 2011.

[3] “Declaración del Encuentro Continental de los Pueblos de Abya Yala por el Agua y la Pachamama” en www.conaie.org

Uruguay: a 38 años del golpe...

Hay muchas maneras de matar.
Pueden meterte un cuchillo en el vientre.
Quitarte el pan.
No curarte de una enfermedad.
Meterte en una mala vivienda.
Empujarte hasta el suicidio.
Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo.
Llevarte a la guerra, etc...
Sólo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro Estado.

Bertolt Brecht
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Comunicado emitido por el Ateneo Heber Nieto, a 38 años del golpe de Estado cívico-militar:



38 años del golpe civico-militar que afirma y defiende la lógica del capital y del mercado.

38 años hace que las FF.AA, con el apoyo de las cámaras empresariales y con la colaboración de una parte de la clase política, se alzaron en armas contra el pueblo y los trabajadores.

38 años han transcurrido, con asesinatos, torturados y desaparecidos, sin verdad y justicia; y ahora, con un gobierno "progresista" en el Estado, se sigue protegiendo a los capitales y la impunidad de militares asesinos y sus complices civiles.

38 años, que los poderosos quieren olvidar, que nos recuerdan que solo podemos confiar en nosotros mismos, en la potencia de nuestras acciones colectivas, sin intermediarios de ningún tipo.

¡LA JUSTICIA NOS SIGUE FALTANDO!

¡Mentira no es cierto,nada esta resuelto!

UN TORTURADOR NO ES MI HERMANO

Porque los desaparecidos nos faltan a todos

¡NI OLVIDO NI PERDÓN!
¡JUICIO Y CASTIGO!

contraimpunidad

Uruguay: 16ª Marcha del Silencio

Y LOS SIGUEN DESAPARECIENDO...

"Verdad y justicia. Derechos de todos.Responsabilidad del Estado"

Festival de cine documental Globale 2011

FESTIVAL GLOBALE 2011,URUGUAY

Programa en: http://www.festivalglobale.org/festival-2011/

¡México, NO MAS SANGRE!

Exige Sicilia salida de García Luna de la SSP

En el mitin que encabezó en el Zócalo, tras concluir la caravana de 4 días que partió de Cuernavaca, dijo que de no depurarse la clase política y de cara a los comicios presidenciales, “tendremos que pensar por cuál cártel votar”.

La Jornada en Línea

Publicado: 08/05/2011 18:16

México, DF. El poeta Javier Sicilia pidió a manera de respuesta por parte del presidente Felipe Calderón ante la protesta social por la violencia y la inseguridad, el despido del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y a los partidos, a quienes criticó por únicamente enfocarse en sus intereses, y en algunos casos tener vínculos con el crimen organizado, limpiar sus filas y retomar la labor de construir un país justo y digno.

En el mitin que encabezó en el Zócalo capitalino, luego de concluir una caravana de cuatro días procedente de Cuernavaca, Morelos, Sicilia fue enfático al mencionar el papel de la clase política, sobre todo de cara a los comicios presidenciales del año próximo, pues de no depurarse, ironizó, "tendremos que pensar por cuál cártel habremos de votar".

Frente a un Zócalo repleto, Sicilia dijo que a través del silencio le dicen a las autoridades responsables que "no queremos ni un muerto más, con la promesa de que el dolor de todos aquellos deudos no será convertido en odio o más violencia, sino que será usado como palanca para restaurar el amor, la paz, la justicia y la dignidad".

Luego de agradecer a toda las personas que respondieron a su convocatoria y que lo acompañaron en la caminata desde el jueves por la mañana, el escritor destacó que esas muestras de solidaridad son las que definen al país: "no debe de haber ya más un lugar equivocado, ni una hora equivocada. Todos los lugares deberán ser el lugar adecuado y la hora adecuada".

Por eso, dijo, antes de dar su discurso pidió la renuncia del secretario García Luna, lo que de inmediato generó el júbilo por parte de la multitud ahí reunida, la cual también lanzó rechiflas contra el funcionario federal. "Queremos oir un mensaje del presidente de la República con esa renuncia, diciendo que sí nos oyó", expresó.

Resaltó que pese a la actual situación aún es posible rescatar el tejido social y evitar con ello heredar a las generaciones futuras un país lleno de desamparo, temor, indolencia, cinismo y engaño, "donde reinan los señores del poder, la complacencia y complicidad con crimen".

Asimismo, pidió a las autoridades nombrar a todos los muertos que han sido victimizado triplemente: al ser asesinados, al ser criminializados y por último, al ser dejado en fosas comunes. Por todo ello, agregó, "no

aceptaremos una elección si antes los partidos no limpian sus filas, pues en su interior están enmascarados y coludidos con crimen.

Se preguntó por qué la sociedad y los propios partidos han aceptado -como en Morelos- que gobernadores que han señalados como cómplices de crimen organizado permanezcan impunes y a veces en puestos de gobierno.

No dejó de lado, aunque tampoco lo mencionó por su nombre, el caso del diputado federal Julio César Godoy Toscano. Criticó el hecho de que diputados del Congreso ocultaran al entonces legislador del PRD en el recinto legislativo cuando tenía una contra sí una orden de búsqueda por su presunto vínculo con el cártel de La Familia. Ahí dentro, recordó, le dieron fuero.

La ciudadanía, sentenció, no tiene por que pagar el costo de la inoperancia del Congreso y su banal cálculo político.

Para concluir el mitin, poco después de las 18 horas, Javier Sicilia quiso terminar la marcha del mismo módo como se inició, con silencio; por lo que pidió a los ahí reunidos cinco minutos más de silencio.

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.

Abril del 2011.

“Y a ustedes, ciudadanos, cuarenta y nueve niños os hacen saber:

Que en México la justicia recuperó la vista,
Pero sólo mira con el ojo derecho y en sesgada forma.

Que en este país la tal señora es manca como Venus de Milo,
Pero no es bella sino esperpéntica.

Que en razón de los defectos antedichos,
La balanza que sostenía la fulana se arrastra y es del lodo.

Que los sentimientos que vieron nacer la nación mexicana
No viven más bajo la toga de esa doña justicia
Escrita aquí con intencional minúscula.

Por eso, mexicanos, este alado escuadrón os convoca:

A levantar el palacio de la Justicia con las propias manos,
Con el propio amor y con la verdad indefectible.

A romper las tapias que los sátrapas cometen
Para segar nuestros, ojos, corazón y bocas.

A luchar hasta que el último aliento nos alcance
Y se convierta en el primero de un país
Que sea digno paisaje de la paz que nos ganamos”.

Juan Carlos Mijangos Noh.
(Fragmento de “49 Globos”,
en memoria de l@s 49 niñ@s muert@s en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora).

Para: Javier Sicilia.
De: SupMarcos.

Hermano y compañero:

Reciba los saludos de los hombres, mujeres, niños y ancianos indígenas del EZLN. Las compañeras y compañeros bases de apoyo zapatistas me encargan que le diga lo siguiente:

En estos momentos especialmente dolorosos para nuestro país, nos sentimos convocados por el clamor que se sintetiza en sus valientes palabras, provocadas por el dolor del vil asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, Luis Antonio Romero Jaime, Julio César Romero Jaime y Gabriel Alejo Escalera, y en el llamado que hace para la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad, que saldrá el 5 de mayo del 2011 de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y llegará al Zócalo de la Ciudad de México el día domingo 8 de mayo de este año.

Aunque es nuestro deseo sincero el marchar a su lado en la demanda de justicia para las víctimas de esta guerra, no nos es posible ir ahora hasta Cuernavaca o a la Ciudad de México.

Pero, de acuerdo a nuestras modestas capacidades, y en el marco de la jornada nacional a la que nos convocan, l@s indígenas zapatistas marcharemos en silencio en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, el día 7 de mayo del 2011. Al finalizar la marcha en silencio, diremos nuestra palabra en español y en nuestras lenguas originarias, y después regresaremos a nuestras comunidades, pueblos y parajes.

En nuestra marcha silenciosa llevaremos mantas y carteles con los mensajes de: “Alto a la Guerra de Calderón”, “No más sangre” y “Estamos hasta la madre”.

Le pedimos por favor que haga llegar estas palabras a los familiares de los 49 niños y niñas muertos y los 70 lesionados en la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora; a las dignas Madres de Ciudad Juárez; a las familias Le Baron y Reyes Salazar, de Chihuahua; a los familiares y amistades de las víctimas de esta ensoberbecida guerra; a los defensores de los derechos humanos de nacionales y migrantes; y a tod@s l@s convocantes a la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad.

Respondiendo a su llamado de nombrar a las víctimas inocentes, hoy nombramos a las niñas y niños muertos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, quienes aún esperan justicia:

María Magdalena Millán García Andrea Nicole Figueroa Emilia Fraijo Navarro Valeria Muñoz Ramos Sofía Martínez Robles Fátima Sofía Moreno Escalante Dafne Yesenia Blanco Losoya Ruth Nahomi Madrid Pacheco Denisse Alejandra Figueroa Ortiz Lucía Guadalupe Carrillo Campos Jazmín Pamela Tapia Ruiz Camila Fuentes Cervera Ana Paula Acosta Jiménez Monserrat Granados Pérez Pauleth Daniela Coronado Padilla Ariadna Aragón Valenzuela María Fernanda Miranda Hugues Yoselín Valentina Tamayo Trujillo Marian Ximena Hugues Mendoza Nayeli Estefania González Daniel Ximena Yanes Madrid Yeseli Nahomi Baceli Meza Ian Isaac Martínez Valle Santiago Corona Carranza Axel Abraham Angulo Cázares

Javier Ángel Merancio Valdez Andrés Alonso García Duarte Carlos Alán Santos Martínez Martín Raymundo de la Cruz Armenta Julio César Márquez Báez Jesús Julián Valdez Rivera Santiago de Jesús Zavala Lemas Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas Xiunelth Emmanuel Rodríguez García Aquiles Dreneth Hernández Márquez Daniel Rafael Navarro Valenzuela Juan Carlos Rodríguez Othón Germán Paúl León Vázquez Bryan Alexander Méndez García Jesús Antonio Chambert López Luis Denzel Durazo López Daré Omar Valenzuela Contreras Jonathan Jesús de los Reyes Luna Emily Guadalupe Cevallos Badilla Juan Israel Fernández Lara Jorge Sebastián Carrillo González Ximena Álvarez Cota Daniela Guadalupe Reyes Carretas Juan Carlos Rascón Holguín

Para ell@s pedimos justicia.

Porque nosotros sabemos bien que nombrar a los muertos es una forma de no abandonarlos, de no abandonarnos.

Don Javier:

Sepa que también haremos un llamado a nuestr@s compañer@s de La Otra en México y a quienes están en otros países para que se sumen a la movilización que han convocado.

Estaremos atentos a lo que vaya aconteciendo para apoyar en lo que podamos.

Vale. Salud y no olviden que no están sol@s.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Abril del 2011.

Convocatoria para movilizarse el 7 y el 8 de mayo

A todas las organizaciones, colectivos e individuos de La Otra Campaña en el Distrito Federal, el Estado de México, en Puebla y Tlaxcala.

A todos los hombres y mujeres de buen corazón.

A raíz del cobarde asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, Luis Antonio Romero Jaime, Julio César Romero Jaime, Gabriel Alejo Escalera, una ola de rabia e indignación se ha venido levantando en contra de quien supuestamente debe de proveer seguridad a la población: el Estado mexicano.

A cuatro años de que Felipe Calderón declaró la guerra en contra del crimen organizado, el panorama que se vislumbra en nuestro país es desolación, muerte y miedo. Esta guerra, hecha para tratar de ganar una legitimidad que nunca ha tenido, ha significado ya 40 mil mexicanos muertos, muchos de ell@s bautizad@s con el infame nombre de “bajas colaterales”.

No sólo no se han logrado los objetivos de esta guerra, sino que el paisaje que dibuja es de un país bajo tierra arrasada.

No podemos permitir que nuestr@s jóvenes sigan siendo arrastrados a la muerte.

No podemos permitir que se conforme un Estado de Excepción en México.

No podemos permitir que Felipe Calderón siga enlutando los hogares de miles de mexican@s, de much@s de l@s cuáles no sabemos ni sus nombres.

No podemos permitir que se siga destruyendo el tejido social de los pueblos, comunidades, barrios, escuelas, familias, todos ellos objetivos centrales de esta guerra.

No podemos permitir que se destruya la Nación.

Por todo esto y más, los abajo firmantes llamamos a todos los integrantes de La Otra Campaña a que nos movilicemos el sábado 7 de mayo a las 12 del día para realizar un mitin en el hemiciclo a Benito Juárez con los siguientes ejes:

¡ALTO A LA GUERRA DE CALDERÓN!

¡NO MÁS SANGRE!

¡ESTAMOS HASTA LA MADRE DE…!

(donde cada quien complete la frase con sus demandas particulares)

para posteriormente formar una serie de brigadas que salgan a repartir volantes invitando a la marcha del día 8.

El día 8 los invitamos a participar en la marcha en silencio que haremos del Monumento a la Revolución para sumarnos a la gran marcha que vendrá de Ciudad Universitaria. La cita es a las 12 del día.

Por un México con Democracia, Justicia y Libertad.

Unidad Obrera y Socialista

Red contra la Represión y por la Solidaridad

Red Mexicana de Trabajo Sexual

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”

Colectivo Autónomo Magonista

Campaña contra la Represión Política y la Tortura Sexual.

Nodo de Derechos Humanos (Puebla)

Enlace Urbano de Dignidad (Puebla)

Central Nacional Urbano Campesina (Tlaxcala)

Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta del EZLN.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

ATENCO,5 años de impunidad

ATENCO 2006-2011

MAYO ROJO: ¡5 años de impunidad!

Más de cuatro años tuvieron que pasar para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se viera obligada a liberar a los 12 presos políticos de Atenco y con ello, a ratificar que el asalto policíaco militar del 3 y 4 de mayo del 2006, fue una venganza de Estado por haber ejercido el derecho de defender nuestras tierras y haber echado abajo el millonario negocio aeroportuario, que hoy día, sigue siendo una tentación para los dueños del dinero que en esta ocasión, han enviado a los de CONAGUA con un proyecto que de fondo es el despojo.

Sin embargo, ni la defensa de la tierra, ni nuestra lucha por justicia ha cesado. Los asesinos de Javier Córtes y Alexis Benhumea, los allanadores de nuestros hogares y nuestra tranquilidad, los torturadores y violadores de mujeres, están impunes bajo sus uniformes de policías y otros disfrazados de Gobernador candidato Enrique Peña Nieto, como si eso bastara para ocultar la sangre que lleva como lastre a sus sueños presidenciales.

Por eso, desde Atenco, hacemos eco al grito de justicia que también nos han negado. Como Pueblo, nos sumamos al llamado de indignación organizada para ponerle un alto definitivo a la barbarie y la impunidad que los gobiernos criminales han desatado contra nuestro México.

¡NI PERDÓN NI OLVIDO

AL ASESINO Y VIOLADOR ENRIQUE PEÑA NIETO!

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

Convocatoria de acción global en repudio al Estado mexicano por la represión en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006 y en solidaridad con las mujeres en resistencia

Las mujeres de Atenco, hoy en día siguen su lucha con la misma dignidad que las llevó tras los hechos del 3 y 4 de mayo a denunciar la tortura sexual a la que fueron sometidas por los policías en una operación concertada por los tres niveles de gobierno. Ante la impunidad que prevalece sobre aquél operativo de Estado, queremos convocar a todas las organizaciones, colectivos y personas a movilizarse con una acción global solidaria los días 3 y 4 de mayo de 2011 de cara a 5 años de impunidad.

Invitamos a que realicen acciones diversas para exigir al Estado mexicano justicia para las mujeres de Atenco y que nos envíen la información sobre estas acciones al correo mujeresdeatenco@centroprodh.org.mx

Las 11 mujeres que demandan justicia ante la Comisión Interamerica de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano, no cesan en su lucha por justicia y reconocimiento de la responsabilidad del Estado, evidenciando su política misógina y perversa donde las mujeres luchadoras son tomadas como "botín de guerra".

Exigimos:

El cese a la obstaculización del trámite de la petición contra el Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana del Derechos Humanos, mismo que se encuentra en etapa de admisibilidad. Que el gobierno mexicano detenga su política de impunidad que acompaña y perpetua los delitos cometidos contra las mujeres ya que en el marco del V aniversario de los hechos no ha habido responsables.

http://mujeressinmiedo.blogspot.com

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3 de mayo de 2011

A las compañeras de Atenco que resisten y luchan,

Desde el Colectivo Contraimpunidad-Uruguay les enviamos un cálido abrazo a las mujeres dignas y rebeldes que resistieron la brutal embestida represiva desatada por el gobierno mexicano en 2006 y aún permanecen de pie exigiendo justicia.

Hemos seguido todo el proceso de los compañeros y compañeras en estos años siendo partícipes de la campaña de denuncia internacional para liberar a los presos políticos,objetivo finalmente logrado.

Hoy continuamos alzando la voz para exigir justicia para las mujeres utilizadas como “botín de guerra”, torturadas y violadas durante el operativo y castigo a los culpables políticos ideólogos de la masacre y a los responsables directos implicados en los hechos denunciados.

El pueblo de Atenco y sus “guerreros de la tierra” son ejemplo de coraje y revolución para muchos de los que seguimos creyendo que otro amanecer es posible.

¡LA TIERRA NO SE VENDE ,SE AMA Y SE DEFIENDE!

¡JUSTICIA PARA LAS MUJERES!

¡JUSTICIA PARA JAVIER CÓRTES Y ALEXIS BENHUMEA!

Colectivo Contraimpunidad

Uruguay

Adhesión mundial por los presos políticos de Bachajón,Chiapas

COLECTA DE FIRMAS: "5 Días MÁS de Acción Mundial por los 5 de Bachajón"

En el marco de la Campaña “5 Días MÁS de Acción Mundial por los 5 de Bachajón", que se realizará del 24 al 28 de abril, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York, hemos escrito la siguiente declaración con la idea de colectar firmas de apoyo. Les pedimos que por favor nos envíen las firmas de apoyo, incluyendo el nombre de su organización o colectivo y país, más tardar el 28 de abril de 2011 a esta dirección: movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com

Después de esa fecha les enviaremos la declaración con todas las firmas para que junt@s las hagamos circular ampliamente exigiendo la liberación de los 5 presos políticos de Bachajón.


Declaración mundial en apoyo a los indígenas tseltales de San Sebastián Bachajón Adherentes a La Otra Campaña

En Chiapas la inversión en ecoturísmo e infraestructura, en la lógica de “desarrollo” gubernamental a través del proyecto Centro Integralmente Planificado Palenque (CIPP) que a su vez es parte del proyecto más ambicioso denominado Mesoamérica (anteriormente conocido como Plan Puebla Panamá), está siendo una disputa crucial contra la construcción de alternativas de vida desde los Pueblos originarios en Chiapas que pugnan desde hace ya varios años por el reconocimiento de su autonomía como pueblos en el marco de la libre determinación, y que en la practica están ejerciendo su proceso autonómico. Ellos son quienes históricamente conservan sus recursos naturales y su territorio, desde un equilibrio de relación racional y humana. En esa lucha de supervivencia se encuentra la resistencia civil de las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón (SSB) adherentes a La Otra Campaña (LOC) en la zona de Agua Azul.

Los Pueblos que resisten en defensa de sus derechos afrontan, por parte de los gobiernos neoliberales, múltiples acciones que pretenden destruir la organización y el trabajo en la construcción de otros mundos posibles. Hoy en día, el gobierno de Chiapas tiene detenidos arbitrariamente y en constante hostigamiento y amenazas a 5 ejidatarios de SSB de LOC, todos inocentes de los delitos que se les acusan, ellos son victimas del sistema de justicia mexicano el cual está corrompido y obedece a la voz de los intereses de inversión nacional e internacional. Este sistema sirve para reprimir y destruir a los Pueblos, organizaciones o personas que no coinciden con los intereses del gobierno neoliberal, los cuales están causando estragos y muerte de quienes apuestan a una vida en donde los derechos humanos se desarrollen y se vivan a plenitud.

La represión más actual que han afrontado los ejidatarios sucedió el pasado 9 de abril de 2011 donde cerca de 800 efectivos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Federal y Militares desalojaron a ejidatarios de SSB de LOC que horas antes habían tomado el control de la caseta de cobro, misma que les habían arrebatado el 2 de febrero bajo un plan confabulado por el gobierno de Chiapas, junto con los ejidatarios “oficialistas”. La región de Agua Azul se ha convertido en el ejemplo claro, donde los gobiernos estatal y federal, ejercen toda la fuerza del Estado para el histórico despojo del territorio de los Pueblos indígenas.

Por las innumerables violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los ejidatarios de SSB de LOC, los colectivos, comités, movimientos, organizaciones sociales y sociedad civil nos pronunciamos:

1. Por el respeto al derecho a la libre determinación y al ejercicio de su autonomía del Pueblo tseltal de San Sebastián Bachajón adherentes a La Otra Campaña, los cuales se encuentran estipulados en el Convenio (No.169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés Documento 1, 3. 1. Documento 2, II, IV (2. 3.); Documento 3.1 (c, d); Documento 1, Principio de la nueva relación 5.

2. Por el respeto al derecho a uso y disfrute de sus recursos naturales que como Pueblos originarios han cuidado en el transcurso de siglos. Los cuales están referidos en el Convenio (No.169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes art. 13.2; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Acuerdos de San Andrés, 1.4 B. 2.; Documento 1, Principio de la nueva relación 2.

3. Por la libertad inmediata de: Jerónimo Guzmán Méndez, ejidatario de LOC; Domingo PérezDomingo García Gómez, integrante del Comité de Defensa de Derechos Humanos; Mariano Demeza Silvano, menor de edad de LOC.

4. Por el retiro inmediato de las corporaciones policiacas y militares que mantienen sitiada la zona del Ejido de San Sebastian Bachajón, concretamente las entradas al balneario de Agua Azul mismo que hoy es administrado por los gobiernos estatal y federal Álvaro, integrante de la Comisión de promoción de LOC; Juan Aguilar Guzmán, principal cajero de LOC;

Desde el COLECTIVO CONTRAIMPUNIDAD-URUGUAY adherimos a la declaración en el marco de la Campaña “5 Días MÁS de Acción Mundial por los 5 de Bachajón".
Desde nuestro surgimiento hemos estado apoyando,denunciando y solidarizándonos con la lucha y resistencia de nuestros compañeros del digno pueblo de Atenco y Oaxaca que han sido víctimas de las brutales políticas de terrorismo de estado aplicadas por el gobierno mexicano.
Los hermanos chiapanecos mucho saben de estas prácticas de exterminio que cada vez se agudizan más en pos de aumentar el poder del capital trasnacional.

Desde Uruguay les abrazamos y gritamos junto a todos los pueblos solidarios ¡YA BASTA!

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

¡SOMOS LA DIGNIDAD REBELDE!

No nos rendimos,
No nos callamos,
No l@s olvidamos

Montevideo, 2 de mayo de 2011.

Querid@s compas del Movimiento por Justicia del Barrio y La Otra Campaña de Nueva York:

El único delito que cometieron los ejidatarios de San Sebastián Bachajón es querer vivir en sus tierras, las tierras de sus abuelos, de sus más remotos antepasados, que ahora quieren ser apropiadas por las multinacionales del dinero y la muerte. Los cinco ejidatarios presos desde el 3 de febrero, así como Patricio Domínguez Vázquez, detenido a mediados de abril en el ejido Monte Redondo del municipio de Frontera Comalapa, son víctimas de la clase política que trabaja para las multinacionales.

La guerra hoy es por la tierra, por apropiarse de la vida que ella alberga y reproduce, y para eso los indígenas y campesinos son meros estorbos de los cuales es necesario deshacerse. Desde que el capital decidió que todo es mercancía para hacer negocios y acumular más capital, no queda ya espacio ni rincón del planeta que pueda librarse de esa ambición. Para apropiarse de la tierra, desataron lo que los zapatistas denominan como cuarta guerra mundial que en América latina pasa por la expulsión de millones de personas de más de alrededor de cien millones de hectáreas en disputa. Los grandes proyectos de minería a cielo abierto, de monocultivos de caña de azúcar, maíz y soya para producir gasolina, y las plantaciones de árboles para fabricar celulosa, están matando la vida y la gente de sur a norte.

En algunos casos, como le sucedió a Patricio, no sólo es encarcelado sino le quemaron y destruyeron su casa porque en realidad buscan que abandone su tierra. Esa es la guerra que ya lleva sesenta años en Colombia, que permitió que más de cuatro millones de hectáreas pasaran de los campesinos a manos de los paramilitares ya que ellos se ofrecen como seguridad de las multinacionales. Una guerra para expulsar campesinos, más de tres millones en los últimos veinte años, para despejar territorios que se convierten en espacios para la especulación del capital. En Colombia, los territorios de la guerra coinciden exactamente con los territorios que ambicionan las grandes mineras y los megaproyectos de infraestructura.

Lo mismo está sucediendo en todo el continente. El gobierno de Brasil está convirtiendo los ríos amazónicos en fuentes de energía barata para las grandes empresas brasileñas y del Norte. Para eso construye gigantescas represas en cuya construcción trabajan diez, quince y hasta veinte mil obreros mal pagados y peor alojados, nuevos esclavos al servicio de gobiernos sumisos al capital. Cuando se rebelan, como sucedió en Jirau (estado de Roraima) en el mes de marzo, son acusados de “bandidos”.

Lo que más duele, y lo que más enseña, es cómo la clase política que alguna vez dijo ser de izquierda se une con la clase política que siempre fue de derechas para expulsar y encarcelar campesinos e indígenas, mostrando que son todos iguales cuando se trata de atacar a los de abajo para hacer negocios para los de arriba. Y usan argumentos “ecológicos” porque aprendieron las excusas políticamente correctas para disimular el despojo.

Desde este rincón del continente, me uno a ustedes que desde Nueva York realizan la campaña por la libertad de los cinco de Bachajón y por Patricio. El Movimiento por Justicia del Barrio, al que pude conocer en enero de 2009 durante el festival de la Digna Rabia en San Cristóbal de las Casas, muestra que la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos no conoce fronteras, ni puede esperar nada de los arriba ni de las instituciones, y que sólo dependemos de nosotros mismos.

Salud,

Raúl Zibechi

PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL .LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE

Galeano, Manu Chao, Aterciopelados, Wallerstein en apoyo a los presos políticos Mapuche en Chile

miércoles, 27 de abril de 2011

PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL
LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE

Nosotras, nosotros, artistas, académicos, organizaciones indígenas, civiles, populares y sociales de varias nacionalidades, deseamos hacer pública nuestra preocupación por las condenas contra los presos políticos mapuche en Chile, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche, Jonathan Huillical y Héctor Llaitul. Nos parecen alarmantes las enormes condenas contra ellos así como que no hayan tenido las garantías procesales que protejan los más elementales derechos humanos, considerando que no puede ser la criminalización de la protesta social la respuesta del Estado hacia las demandas indígenas de tierra, territorio y autonomía. Llamamos al Estado Chileno a garantizar el debido proceso de los detenidos, un juicio justo sin utilización de testigos secretos, la imparcialidad del tribunal que los procese, condiciones carcelarias dignas y fin al doble procesamiento. Llamamos al Estado chileno a respetar los derechos y garantías básicas del pueblo mapuche, a reconocer los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el convenio 169 de la OIT y a responder de manera urgente a las demandas de los presos políticos en huelga de hambre. Enviamos finalmente un mensaje de solidaridad desde muchas partes del mundo a los presos y sus familiares.

Eduardo Galeano (escritor-Uruguay), Rigoberta Menchú (premio Nobel de la paz-Guatemala), Manu Chao (músico-España-Francia), Immanuel Wallerstein (sociólogo-EUA), Alfonso Cuarón (cineasta-México), Boaventura de Sousa Santos (sociólogo-Portugal), Aterciopelados (banda de rock-Colombia), Michael Lowy (sociólogo- Francia), Manuel García (músico-Chile), Pablo González Casanova (sociólogo, exrector de la UNAM-México), Pablo Lemebel (escritor-Chile), Theotonio Dos Santos (sociólogo, filósofo-Brasil), Rubén Albarrán (vocalista de la banda Café Tacvba-México), José Emilio Pacheco (poeta-escritor-México), Francisco Fernández Buey (filósofo-Estado Español), Ana Esther Ceceña (economista-México), Emir Sader (filósofo-periodista-Brasil), Marcos Roitman Rosenmann (sociólogo-Chile-España), Raúl Zibechi (periodista-Uruguay), Amparo Sánchez (músico-Barcelona), John Holloway (académico-México), Maristella Svampa (socióloga-Argentina), Fermín Muguruza (músico-País Vasco), Claudia Korol (Equipo de educación popular Pañuelos en rebeldía-Argentina), Guillermo Almeyra (académico-periodista-Argentina), *General Brigadier José Francisco Gallardo, Vicente Rojo (pintor), Barbara Jacobs (escritora-poeta), María Novaro (cineasta), Gilberto López y Rivas (antropólogo),Elvira Concheiro (académica), Hermann Bellinghausen (periodista), Virgilio Caballero (periodista), Eduardo del Río RIUS (caricaturista), Paulina Fernández (docente), Massimo Modonesi (historiador), Benjamin Arditi (politólogo),Alejandro Nadal (economista), Oscar Oliva (poeta), Luisa Huertas (actriz), Leticia Huijara (actriz), Francisco López Bárcenas (abogado), Gustavo Esteva (escritor independiente), Axel Didriksson (académico), Silvia Soriano H. (académica), Vanessa Bauche (actriz),Carlos Aguirre Rojas (historiador), Fabiola Escárzaga (académica), Armando Vega Gil (músico), Gennaro Carotenuto (periodista-Italia), Nello Margiotta, Vincenzo Robustelli (Milán), Vicenzo Lavenia (universidad de Macerata), Antonio Zigheldboim (Perú), Diógenes Xenos (comunicador-Ecuador), Julio César Rincón, Nicte-Há Dziv Soto, Gustavo García Rojas, Agustín Avila, Irma Estrada Martínez, María de Jesús Zamarripa, Jacqueline Peña (Ecuador), Patricia Rodríguez (profesora-Nueva York-EUA), Alonso Núñez (cantautor de Patagonias Sin Represas), Virineya Bertín Mardel (profesora), Ramón Troncoso, Tatiana Sule. ORGANIZACIONES: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Frente Popular Francisco Villa Independiente- Unidad Nacional de Organizaciones Políticas de Izquierda Independiente, jóvenes en resistencia alternativa, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero. Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, Unión Popular José María Morelos y Pavón, Consejo de ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, Cátedra Libre de Estudios Americanistas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Estudios Sociales Económicos, ambientales y de participación Ciudadana, Centro de Información para Trabajadores y Trabajadores Tijuana-México, Coalición de trabajadores administrativos y académicos del STUNAM, Colectivo Acción Inteligente de desempleados y Estudiantes, Colectivo Cosme Damián-Baja California, Colectivo FugaEmRede (Galicia), Colectivo de Mujeres Tejiendo Resistencias, Colectivo Utopía-Puebla, Colectivo Votán Zapata (México), Cooperativa Máteru Kurhinta-Michoacán, Frente Amplio contra la Supervía poniente de Cuota, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Frente Único Nacional de Trabajadores activos, jubilados y pensionados del IMSS, kolectivo de Medios Aztlán Alta California (EUA), La otra Huasteca-Totonacapan, La Voladora Radio (Amecameca), Maderas del Pueblos del Sureste-Chiapas, Movimiento por justicia del Barrio-Nueva York, Xarxa d´intercanvi de Sants Barcelona (Estado español), Niñas y niños en la otra campaña-México, regional Surponiente la otra campaña Ciudad de México, Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid (Estado Español), Radio Ñomndaa- La palabra del Agua, Regeneración Radio, Sector de Trabajadoras y Trabajadores de la Otra Campaña Región Centro y región, Huaxteca-Totonacapan.
*las firmas que no indiquen nacionalidad son mexicanas

Toda la información de la huelga de hambre en http://wichaninfoaldia.blogspot.com/

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Un juicio justo para los comuneros mapuches

En las condenas contra Llaitul y sus compañeros se ha ignorado el contexto y no se ha buscado hacer justicia castigando con penas proporcionales al daño causado, sino imponer una sanción ejemplar que busca advertir a los miembros de las comunidades indígenas sobre las consecuencias de su lucha.

POR RICARDO BRODSKY - TEMUKO, PAÍS MAPUCHE - 29 / 03 / 11

A través de la historia, los mapuches han sido discriminados y violentados en sus derechos. Ello se ha manifestado en todo orden de cosas: fueron empujados a vivir en reducciones para que sus tierras ancestrales fueran ocupadas por colonos extranjeros, su organización política y social fue desconocida y pulverizada, su lengua ignorada, sus creencias caricaturizadas, sus costumbres adjetivadas como bárbaras. La discriminación de que han sido objeto no sólo está acreditada en infinitos testimonios que se repiten a lo largo del tiempo sino también en los datos duros sobre pobreza, esperanza de vida, escolaridad, acceso a servicios básicos, entre otros que inexorablemente muestran una situación más precaria para ellos que para el resto de los chilenos.

En el ámbito de la Justicia, las condenas recientemente dictadas por el Tribunal de Cañete contra Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche son un ejemplo más de discriminación. El contraste con otras decisiones de la justicia en el marco del conflicto de la Araucanía es evidente: el carabinero que mató de un tiro por la espalda al comunero Matías Catrileo recibe una condena de tres años de pena remitida, mientras que Llaitul recibe 25 años de cárcel por delitos que no se consumaron.

Es necesario reflexionar sobre el contexto: La creciente toma de conciencia de sus derechos por parte de nuevas generaciones de líderes mapuches y las dificultades que enfrentan los Gobiernos para entregar soluciones efectivas y realizar un diálogo político a fondo y de buena fe por ambas partes, ha llevado a procesos de radicalización con consecuencias lamentables. Los móviles de los hechos de violencia que se juzgan no son los de los delitos comunes, sino los de quienes consideran que están luchando y defendiendo sus derechos.

En las condenas contra Llaitul y sus compañeros se ha ignorado el contexto y no se ha buscado hacer justicia castigando con penas proporcionales al daño causado, sino imponer una sanción ejemplar que busca advertir a los miembros de las comunidades indígenas sobre las consecuencias de su lucha.

Lo más aberrante del caso, sin embargo, es que la mayoría del Tribunal aceptó las pruebas de la Fiscalía obtenidas utilizando las facilidades procesales que le otorga la ley antiterrorista (testigos secretos especialmente), en circunstancias que el propio Tribunal de Cañete absolvió a todos los imputados del delito de asociación ilícita terrorista y el Gobierno se desistió de la invocación a la ley antiterrorista, afirmando no tener convicción sobre si los hechos investigados revestían tal carácter. En otras palabras, a pesar de no ser terroristas, se les juzgó y condenó como terroristas, violando su derecho a un debido proceso.

Uno de los jueces del Tribunal de Cañete, consciente de este vicio procesal, se manifestó por absolver a los acusados de todos los cargos ya que los testimonios presentados por la Fiscalía no son aceptables en un juicio penal ordinario. Se ha anunciado que la defensa de los condenados va a recurrir a la Corte Suprema pidiendo la nulidad de este juicio. A través de Elquintopoder queremos solidarizar con Llaitul y sus compañeros ejerciendo nuestro derecho a petición ante el máximo tribunal del país: exigimos un juicio justo para Llaitul.

* Ex asesor de políticas públicas indígenas de la Concertación.

COMUNICADO DE LOS PRESOS POLITICOS

Las razones de la huelga de hambre

Los Presos Políticos Mapuche (PPM) recluidos en la cárcel de Lebu a siete días de haber iniciado una huelga de hambre liquida, un hecho que para nosotros, nuestra familia y el pueblo mapuche no es algo menor. Consideramos entonces las razones a esta drástica determinación que viene a tomar el carácter de denuncia y exige un trato justo ante instancias judiciales, respetando los derechos fundamentales que garantizan un debido proceso. Así en la medida que conocen los detalles y pormenores del proceso judicial se desprende el carácter político jurídico que este adquirió desde el primer momento, en este escenario participan diversos actores que tienen mucha relevancia al momento de asumir responsabilidades y dependiendo de la dirección que este tome influirá en las variaciones que pueda tomar esta huelga de hambre.

Aquí las razones de esta movilización:

1.- LOS TESTIGOS SECRETOS, INSTRUMENTO DE LA LEY ANTI-TERRORISTA

La Ley Anti-terrorista o ley 18.314 fue usada durante todo el proceso judicial por parte del Ministerio Público, los querellantes y con la complicidad del gobierno. Esto ha quedado en evidencia y de forma explícita en las audiencias del Juicio Oral en donde el Tribunal de Cañete validó el uso de la figura del testigo secreto contemplada en dicha ley, e incluso este tribunal adicionó más seguridad a este secretismo; permitiendo que declararan en una sala contigua y a través de circuito cerrado de Televisión lo que imposibilitó que nuestra defensas tuvieran la posibilidad de contrainterrogar de forma directa y se diera el principio de inmediatez que debe regir en todo juicio oral y en un sistema judicial garantista.

Pues es así como ingresaron una a una las declaraciones de los testigos secretos y producto de ello dos de tres jueces que condenaron; los señores Carlos Muñoz y Jorge Díaz se formaron la convicción de nuestra supuesta participación en los hechos investigados y juzgados.

Esto ha quedado mucho más claro con la lectura del Veredicto Condenatorio en donde los argumentos principales de nuestra condena está basada en las declaraciones de dos testigos secretos, número 26 y número 8.

En concreto, si bien en la sentencia no se aplicó la Ley Anti-terrorista, para la tipificación de los delitos si se consideraron las declaraciones de los testigos secretos, figura que solo la cuestionada Ley Anti-terrorista permite como medio de prueba.

Misma situación en la que ya ha sido condenado el Estado chileno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el uso de la Ley Anti-terrorista y los testigos secretos en causas mapuche.

Es más, el Gobierno de Chile, en un acuerdo firmado, se comprometió a no utilizar la Ley Anti-terrorista, pero lo que pasó en el juicio fue algo totalmente diferente ya que el abogado en

representación del Gobierno chileno en todo momento se allanó a la utilización de los testigos secretos que como ya dijimos, únicamente los permiten la Ley- Anti-terrorista.

En resumen; El Gobierno chileno sigue aplicando la Ley Anti-terrorista en causas mapuche.

2.- Un hecho público y notorio que se dio, tanto en los casi dos años de investigación, como en el ejercicio del juicio fue la violación de garantías constitucionales que a continuación pasamos a detallar:

a) Dos de los tres jueces del Tribunal Oral de Cañete acogieron como prueba condenatoria el testimonio de oídas de un alto oficial de la PDI: Don Alfredo Espinoza, quién en su declaración ante el Tribunal dijo haber escuchado una declaración de un comunero imputad. Pues bien, en el contra-interrogatorio hecho por la defensa no solo quedo claro que parte de lo que el oficial reprodujo en el Tribunal, en realidad no estaba en las declaraciones que él había escuchado, específicamente la parte donde el comunero se auto-inculpaba e inculpaba a otros comuneros, además el propio Sr. Espinoza al responder las preguntas de la defensa deja de manifiesto que durante todo el proceso de detención y posterior al interrogatorio al comunero co-imputado se habían violado garantías constitucionales fundamentales. Si bien el oficial no reconoció las acusaciones de tortura que se le atribuían a él y a su equipo de detectives compuesto además, por el Sr. José Luis Gallegos, Sergio Ogueda y José López Leiva, los dos últimos supuestas víctimas del hecho investigado, acusaciones puesta por el comunero y su defensa, si reconoció que:

Las dos declaraciones atribuidas al comunero se habían firmado luego de 17 y 20 horas de detención respectivamente.

- No existía registro de que él y los oficiales, que aparecen tomando la declaración, hayan leído sus derechos al comunero co-imputado.

- Que esas declaraciones se tomaron sin un abogado defensor como exige la ley.

- Que en la declaración policial estaban presentes el Sr. López y el Sr.Ogueda, quienes por ser víctimas del hecho en cuestión deberían estar inhabilitado para realizar diligencias de la investigación.

Cabe mencionar que éste comunero denunció estos hechos e incluso su familia, interpuso una querella por apremios ilegítimos en la ciudad de Temuco, en contra de la PDI. Dicha querella debería hacerse extensiva a la PDI de Concepción, específicamente, a los oficiales mencionados anteriormente, pero en un hecho sin precedentes la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de Tortura denunciados por el comunero mapuche.

b) Otra situación que tiene el carácter de violaciones de garantías constitucionales, es que durante las audiencias del juicio, específicamente cuando declaró el testigo Nº 26 y al momento del contra-interrogatorio practicado por la defensa, quedó en evidencia que al momento de prestar su primera declaración estaba detenido, el testigo aparece reconociendo y confesando ser “él quién disparó” en contra de la caravana que la noche del 16 de octubre transitaba por

Puerto Choque. Lo insólito es que a pesar de reconocer su autoría en los hechos, la Fiscalía lo presenta como testigo secreto. A esto también hay que agregar que este testigo secreto fue utilizado en la causa llevada en nuestra contra por la segunda Fiscalía Militar de Concepción, quienes en su sentencia argumentaron que dicho testigo no aportaba información suficiente ni contundente para dictar una sentencia condenatoria, aún así en el Tribunal Oral de Cañete el testimonio de este testigo fue la prueba principal pasa fundamentar nuestra condena.

c) Punto aparte merece también la falta de objetividad de la investigación y que queda de manifiesto con la declaración de varios de los oficiales de la PDI de Concepción, quienes desfilaron en el estrado, exponiendo el rol que a cada uno le había tocado realizar en la investigación y los cuales al preguntarles quién dirigía sus diligencias, no dudaron en contestar que: “el que ordenaba y monitoreaba estas diligencias era el jefe de la BIPE de Concepción Don José Luis López Leiva y don Sergio Agueda”. Estos dos oficiales mencionados, otrora victimas del hecho en cuestión y quienes en su declaración en el Tribunal dijeron que luego de ocurrido el hecho ellos se habían marginado de la investigación y que no habían realizado ninguna diligencia atribuible a ella, lo que se contrapone totalmente con la versión entregada por la mayoría de sus subalternos. Es más, las propias normas internas de la PDI inhabilitaban a estos oficiales para dirigir la investigación del hecho en el cual figuraban como víctimas. Pero no lo hicieron. Entonces ¿Existió una investigación objetiva y sin prevaricación en nuestra contra…?

d) Con los tres puntos expuestos queda en evidencia las infracciones a las garantías constitucionales que se cometieron durante todo el desarrollo tanto de la investigación como en el trascurso del juicio oral llevando en nuestra contra, en el primer caso. Incluso violándose los derechos humanos de un comunero, hechos denunciados como tortura y los cuales el Tribunal de Cañete dejó en la completa impunidad. Dando credibilidad a un testigo de oídas que era

un oficial de la Policía de Investigaciones de Concepción y que actualmente está ascendido en Santiago. Entonces si se infringieron todos estas garantías ¿Existió un debido proceso y un juicio justo como lo “garantiza” la Constitución…?

3.- DOBLE PROCESAMIENTO “NON BIS IN IDEM”

De la sentencia Nº 47 del Tercer Juzgar Militar de Valdivia causa Rol Nº 890-2008 13 de diciembre de 2010, proceso en Contra de Ramón Llanquileo Pilquiman, Jonathan Huillical Méndez, José Huenuche Raimán y Héctor Llaitul Carrillanca y Luis Menares Chanilao, por los hechos del 16 de octubre del 2008, investigada por la Segunda Fiscalía Militar Letrado de Concepción, por la comisión EVENTUAL del delito de maltrato de obra a Carabinero en ejercicio de sus funciones con resultado de lesiones menos graves y leves y delito de daño a vehículo policiales. A dicha investigación iniciada se acompañaron diversos documentos y diligencias (partes policiales, set fotográfico, informes médicos, informes periciales, entre otros). Con lo que el Ministerio Público Militar sometió a proceso a los cinco mapuche antes nombrados. Luego de reunidos los diversos elementos de convicción se determinaron los hechos, se revisaron las declaraciones de los procesados y declaraciones de dos testigos con reserva de Identidad (Nº 1 y Nº 9) (mismos utilizados por la fiscalía en el Juicio Oral de Cañete) tras esto se consideró que los medios de prueba incorporados al proceso “no reúnen la fuerza probatoria suficiente para configurar participación de los procesados en dichos sucesos, y la sola declaración, por si sola, del testigo con reserva de identidad Nº 1 (el mismo que en el juicio oral de Cañete fue presentado como testigo secreto Nº 26), no basta para dictar sentencia condenatoria”.

Finalmente el Tercer Juzgado militar de Valdivia absolvió de los cargos a los cinco procesados, cuatro de los cuales hemos sido condenados por el Tribunal Oral de Cañete, en una resolución contrapuesta de una cosa ya juzgada.

Sin embargo, esta causa no alcanzó a ser ratificada posteriormente por la Corte Marcial y tras la modificación del código de Justicia Militar, fue traspasada totalmente a Tribunales Civiles, radicada en la Corte de Apelaciones de Concepción, no quedando claro cual será la siguiente tramitación.

Es un hecho preocupante que si la causa no fuera ratificada y tuviera un retroceso procesal, es decir, volviera a procesar a cada uno de Nosotros usando las declaraciones del Testigo Secreto Nº 1 y Nº 26, que recordamos “solo lo permite la Ley Anti-terrorista”, generándose de este modo, nuevamente, DOBLE JUZGAMIENTO “NON BIS IN IDEM” ya que este mismo hecho fue visto, juzgado y condenado, en el Tribunal de Cañete.

Por consiguiente, consideramos que debe respetarse el principio de la cosa juzgada y debe ratificarse la ABSOLUCIÓN ya dictada y ejecutoriada.

4.- TRASLADO A LA CÁRCEL DE ANGOL EN CONDICIONES CARCELARIAS DIGNAS Y RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE.

Consideramos que dado el carácter del Juicio y nuestra condición de miembros de un pueblo originario ancestral y de acuerdo a los diversos tratados y pactos que reconocen y amparan la condición de indígenas, condición que el Estado chileno a ratificado oficialmente con el Convenio 169 de la OIT, seamos tratados como Prisioneros Políticos miembros del Pueblo Mapuche, que aspiran al pleno reconocimiento de sus derechos, territorio y autonomía. Por tanto exigimos condiciones carcelarias mínimas que permitan el desarrollo de nuestras actividades culturales y religiosas propias del Pueblo Nación y que el hecho de permanecer privado de libertad, no limite el ejercicio de derechos elementales como Mapuche.

Con todos esto antecedentes reunidos es que encontramos totalmente justificadas las razones de esta Huelga de Hambre Líquida, que llevaremos hasta las últimas consecuencias. En evidencia quedó tanto para la gente que presenció el juicio, como para la opinión internacional representada con distintos observadores que acudieron a Cañete a presenciar el juicio más emblemático de la lucha mapuche. Por lo tanto nuestras exigencias son:

1.- Un juicio justo con un Tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Anti-terrorista.

2.- Fin al doble procesamiento y ratificación de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal militar de Valdivia.

3.- Traslado a la Cárcel de Angol, con condiciones carcelarias dignas y el reconocimiento de Presos Político Mapuche.

Presos Políticos Mapuche

Ramón Llanquileo Pilquiman.

José Huenuche Reiman

Jonathan Huillical Méndez

Héctor Llaitul Carrillanca