lunes, 4 de enero de 2010

25 años de condena para Fujimori


Corte Suprema peruana ratifica condena de 25 años contra Fujimori

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú ratificó este sábado por la noche la condena a 25 años de prisión para el ex presidente Alberto Fujimori por dos matanzas y dos secuestros.


Con esta decisión se respalda el fallo del 7 de abril de 2009, que se realizó en juicio público y que se prolongó por 16 meses contra el ex mandatario, que gobernó Perú entre 1990 y 2000.

La decisión en segunda y definitiva instancia en el proceso contra Fujimori fue unánime al ratificar la pena en los casos de Barrios Altos y La Cantuta por los delitos de "homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves".

Los magistrados de esta sala Duberlí Rodríguez, Julio Biaggi, Elvia Barrios, Roberto Barandiarán y José Neyra, emitieron su fallo cerca de la medianoche del sábado tras reunirse por tres días consecutivos para realizar revisiones al documento final.

Se espera que el documento final que fija la sentencia sea publicado en las próximas horas.

Mientras, Fujimori que ahora cuenta con 71 años, se encuentra recluido en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes) desde su extradición desde Chile en septiembre del 2007 por dos casos de violación de los derechos humanos y cinco de corrupción.

Asimismo, el ex mandatario también fue condenado el pasado año a 8 años por el pago de una indemnización laboral a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, a 6 años por el allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de éste y a otros 6 años por otros casos de corrupción, pero en Perú las penas no son acumulativas, sino que prevalece la mayor.

El ex gobernante, fue juzgado como autor intelectual de las matanzas del barrio limeño de Barrios Altos donde resultaron muertas 15 personas (1991) y de la Universidad de La Cantuta con el saldo fatal de 10 muertos (1992) y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

En el caso de las matanzas, fueron ejecutadas por un comando paramilitar del Ejército en el marco de la guerra que el Gobierno declaró contra el grupo rebelde Sendero Luminoso.

La Comisión de la Verdad, que documentó el conflicto -que produjo 70 mil muertos entre 1980 y 2000- determinó que ninguna de las víctimas de Barrios Altos o La Cantuta tenía relación con la guerrilla como presumían los organismos de seguridad.


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