jueves, 16 de septiembre de 2010

PAN y circo:el BICENTENARIO de Felipe Calderón


Más de 28 mil muertos por la "guerra",1,200 feminicidios al año, 49 bebés calcinados en ABC, 30 mujeres violadas en Atenco,72 indocumentados masacrados,,niños y jóvenes asesinados por el ejército,mujeres violadas por militares,42 mil empleados de LyF en desempleo y un largo,largo etc....
Este es el México que los fuegos de artificio pretenden ocultar...



Nota de prensa / Los Amigos de Jyri Jaakkola,16 de septiembre, 2010

Los Asesinatos en San Juan Copala mantienen un estado de sitio dictatorial

– Las organizaciones civiles finlandesas hacen un llamado a las autoridades mexicanas para instaurar el respeto de los derechos humanos en la región Triqui Veinticuatro organizaciones civiles finlandesas han enviado una petición el día de hoy al presidente de México, al poder judicial y al senado de la República Mexicana solicitando que garanticen el respeto a los derechos humanos en San Juan Copala y se ponga fin al sitio paramilitar que se mantiene en la región. El texto de la petición se encuentra disponible en el siguiente enlace http://toinenmeksiko.org/node/136

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Hace tres días las autoridades prometieron públicamente que el Ejército Mexicano estará allá para "evitar cualquier hecho de violencia o ataque", tales como "balaceras en agencias como San Juan Copala" durante la celebración de la independencia. ¿Cómo entonces es posible que estas mismas autoridades permiten que los paramilitares están haciendo en estos mismo momentos una masacre en Copala, sin que este ejército ó estas autoridades hagan algo para poner un alto a esta?

Esta nueva ocupación ilegal del edificio municipal con armas fuertes ha de nuevo herido gravemente a Rosa María Francisca y amenaza toda la comunidad con etnocidio y desplazamiento. [1]

Cerca de treinta personas han sido asesinadas durante los diez meses en que se ha mantenido el sitio de la UBISORT en la región. El estado de Oaxaca ha permitido que siga el sitio y la masacre – aún cuando el líder de UBISORT diera a conocer abiertamente a los medios de comunicación que sus paramilitares mantienen el sitio ilegal tirando a matar: "Mantiene UBISORT bloqueo en San Juan Copala" y " las balaceras continúan y no existen las condiciones para que la gente pueda entrar o salir a San Juan”,además que se mantendrá el sitio "para evitar más muertos" [2]. Sin embargo, en la realidad ha habido muchas más muertes durante los diez meses del cerco que durante los treinta meses previos a este.

También la activista mexicana Bety Cariño y el observador finlandés de derechos humanos Jyri Jaakkola fueron asesinados por las balas cuando intentaron llevar apoyo humanitario a Copala. El más reciente de los homicidios es el de Pedro Santos Castro, quien fue asesinado el 5 de septiembre [3].

El incremento de los homicidios no es producto de las disputas ‘internas’ tradicionales entre los Triquis, sino por los pistoleros paramilitares que hacen uso de modernas armas de alto poder y que están siendo pagados por la UBISORT quien recibe fondos del gobierno del estado de Oaxaca liderado por el PRI.

Por canalizar hasta fondos para el ‘desarrollo’ al grupo militar apoyado por el PRI, el gobierno del estado de

Oaxaca promueve la matanza ilegal del pueblo del municipio autónomo de San Juan Copala [4]. Así el estado evita el desarrollo de la paz en la región, y aun más si las autoridades estatales permiten que la UBISORT designe ilegalmente a representantes, provenientes de sus propias filas, para ejercer el gobierno de las comunidades de San Juan Copala. Mauro Vázquez que fue nominado por la UBISORT hace un mes como agente municipal de Copala era uno de los cuatro hombres que violaron el día 7 de septiembre a una mujer y dispararon a otra en su espalda, hiriéndola gravemente. [5]

Justo después de que tres miembros de la comunidad autónoma de San Juan Copala fueran asesinados el pasado 22 de agosto de este año, Rufino Juárez Hernández, líder del sitio paramilitar encabezado por la UBISORT, propuso a “las otras organizaciones” un “diálogo” “que evite la violencia que impera en la región”.Sin embargo, mientras el cerco paramilitar sigue siendo permitido, amenaza constante para estas personas que pueden ser baleadas, determina de manera violenta que es lo que la gente se atreve a hacer y decir y por tanto, evita un “diálogo” real, 'negociaciones de paz', el fortalecimiento de la municipalidad o la reducción de la pobreza. De esta forma permite la violación continua de los derechos humanos y del orden legal. [6]

En tanto que continúe cerrada el área por el estado de sitio que mantiene la UBISORT, los paramilitares pueden continuar con los tiroteos contra la gente que intenta, con urgencia, hacerse llegar alimentos, agua, medicinas o ayuda para la comunidad – y particularmente hacía las personas que atestiguan los crímenes de los paramilitares, como es el caso de los últimos tres asesinatos [7]

Las autoridades estatales hicieron del conocimiento público que no quitaran el bloqueo armado ilegal de la carretera pública cercana a La Sabana y que se permitirá la continuación del sitio, mantenido por los

paramilitares dirigidos por la UBISORT y los cuales lo mantienen también matando a la gente con sus armas ilegales. [8] La procuradora del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, ni siquiera permitió que la policía protegiera el transporte de ayuda humanitaria destinada a los heridos y a las víctimas de Copala, indicando que es peligroso para los trescientos policías asignados para ello entrar a la región.[9] Sin embargo, cuando el líder del sitio paramilitar solicitó la presencia policial, el procurador del Estado envió entre 120 y 200 efectivos policiacos que fueron rápidamente emplazados en el área de conflicto. Las fuerzas policiacas apoyaron a los paramilitares armados para que invadieran y se tomaran el control del palacio municipal a través de la violencia, disparando e hiriendo de gravedad a dos mujeres indígenas.[10] La procuradora Chiñas no ha sido capaz de encontrar a quienes ultrajaron a estas personas, indicando que los Triquis tienen un “modus vivendi” de carácter violento.[11]

Dado que el estado de Oaxaca y el gobernador Ulises Ruíz Ortiz permiten el sitio ilegal y permiten que pistoleros armados del grupo paramilitar continúen libremente el tiroteo en contra de la comunidad Triqui, no existen las garantías suficientes para que los Triquis puedan presentar testimonios a la procuraduría de los asesinatos y las atrocidades, menos ahora que la procuradora hace del conocimiento público que el estado permitirá la continuación del sitio ilegal y que los pistoleros de la UBISORT continúen con los tiroteos. No es de extrañarse que la gente de Copala haya sido privada de la seguridad jurídica básica y que por tanto no esté dispuesta a atestiguar. Por lo tanto, las organizaciones finlandesas preguntan: ¿Cómo se puede dar testimonio de los asesinatos a las mismas autoridades que explícitamente han permitido y apoyado que los pistoleros armados continúen disparando en contra de uno, de su familia, de amigos o de la comunidad?

En primer lugar, el gobierno federal y estatal son responsables de no haber removido el sitio paramilitar ilegal y deberían restaurar la seguridad de las personas y la libertad de opinión a favor de la gente de las comunidades de la municipalidad autónoma de San Juan Copala. Las comunidades pertenecientes al muncipio autónomo de San Juan Copala tienen derecho al desarrollo de la autonomía prevista para las comunidades indígenas tal y como lo establecen las diferentes leyes y compromisos internacionales reconocidos y firmados por México. Cualquier condición que haga de San Juan Copala de forma oficial un municipio [12] debe ser negociada y decidida entre la gente que habita y proviene de la región. También Amnistía Internacional pide a las autoridades que aseguren la protección de las familias en Copala y "realicen investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales sobre estos ataques" y "de los presuntosvínculos entre los grupos armados... y las autoridades locales." [13] En lugar de intentar detener a los violadores de los derechos humanos las autoridades parecen detener ilegalmente a los defensores de los derechos humanos cuando ellos exigen justicia para las personas asesinadas en Copala. [14]

Al permitir que siga la masacre sin fin y sin haber mostrado ninguna voluntad de detener a los autores del crimen, el gobierno de Oaxaca bajo el mando del gobernador Ulises Ruíz viola y deshonra a los éxitos de la revolución Mexicana y de la independencia. Por lo tanto, causando una catástrofe humana y humanitaria. México es responsable de asegurar y de restituir los derechos a la vida, a la tierra y a la autodeterminación para todas las comunidades indígenas y también para las comunidades desplazadas como la de las mujeres y los niños Triqui en el plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca.