miércoles, 29 de septiembre de 2010

Uruguay: carta de Madres y Familiares de Detenid@s-Desaparecid@s - debate sobre las FF.AA

Carta abierta de Madres y familiares de detenidas-os desparecidas-os
27 de setiembre 2010
En los últimos tiempos y a propósito de la discusión del presupuesto nacional,
se han sucedido hechos y posturas en relación a las FFAA. Hechos que son preocupantes por lo que revelan y que merecen ser tratados con mayor profundidad. Pensamos que es necesario generar la reflexión ciudadana sobre los mismos. Ese es el sentido de las líneas que siguen. Es sabido que las FFAA, protagonistas del golpe de Estado y verdadero núcleo organizacional de la dictadura cívico-militar, se enseñorearon durante 13 años del poder absoluto en este país. En ese período se cometieron crímenes reiteradamente denunciados y probados. Ellas reprimieron, clasificaron los ciudadanos, dictaron y ejecutaron todas las políticas nacionales e internacionales del país e intervinieron en lo privado. Nada, absolutamente nada, quedó fuera de su voluntad de control. Todo lo que no podían controlar (partidos políticos, sindicatos, prensa, etc.) fue prohibido y sus integrantes y promotores perseguidos. Durante el goce de ese poder mal habido, incrementaron sus efectivos en un número record y consecuentemente multiplicaron cargos y grados para la oficialidad… más galones, más cargos, más sueldos. Su máximo intento de consolidación fue la reforma constitucional derrotada por la ciudadanía en 1980. Como no podía ser de otra manera encallaron al país y su gente en el magma del atraso, la corrupción, la pobreza, el endeudamiento, la condena internacional, el desastre. Todos sabemos los costos humanos, sociales, económicos, civilizatorios que nos dejaron. Ellas de alguna manera conscientes de que en algún momento, con el advenimiento de la democracia, llegaría la hora de rendir cuentas, se abroquelaron, se aferraron a su poder y a su forma de ejercerlo. Ya no serían “el Estado”, pero sí “un Estado dentro del Estado”. Enquistadas, su mentalidad quedó fijada en la época y de su tiranía. Así Medina encerró en su caja fuerte las citaciones judiciales a militares, después se implicaron en el caso Berríos (1992), coparon la Comisaría de Parque del Plata, secuestraron y asesinaron a Berríos, trucaron fotos para “demostrar” al Parlamento que estaba vivo… y los Generales se compactaron para enfrentar los reclamos del Presidente Lacalle que debió regresar apresuradamente de Londres. Años después –bajo la Presidencia de Batlle- le mintieron a la Comisión para la Paz. Después le mintieron al Presidente Vázquez en los informes sobre los desaparecidos que solicitó a las respectivas armas y sobre el lugar donde estarían los restos de María Claudia García de Gelman. También, en el 2008, el Gral. Rosales se permitió criticar en Santiago a la justicia chilena a propósito de los coroneles procesados en Chile. Siempre prepotentes, vanidosas, ellas no rinden cuentas. Se creen –y de alguna manera lo son- impunes. Ahora, cuando se ha conocido la corrupción en el manejo financieroadministrativo, cuando acaban de sentenciar en Chile a los oficiales implicados en el asesinato de Berríos, pensábamos que tal vez las FFAA tuvieran un gesto de pundonor. Pero nos equivocamos, no dijeron nada al respecto. En cambio, sí abrieron la boca para defender sus bolsillos y privilegios. Claro, disfrazaron su avidez invocando la pobreza de la tropa; la misma tropa a la que le tocó la tajada flaca cuando la oficialidad repartió los dineros de las Misiones de Paz y se quedó con la tajada gorda. La misma tropa por la que se hacen servir en la vida cuartelera y en la privada. Los “abnegados defensores de la Patria” amenazaron con retirarse prematuramente porque jubilados ganan más. Los Coroneles se insubordinaron, ya que les habían mandado (el mando es otro de sus valores de oro) quedarse quietos y chitos y se fueron a corcovear a sus “instituciones sociales”, cuyas autoridades salieron al ruedo a defender la corporación con el discurso paranoico de la venganza y del complot de contrainformación y otra serie de delirios que debimos escuchar con paciencia y tolerancia y que no logra más efecto que hundirlos en la consideración ciudadana. “Instituciones sociales” que ahora se preocupan por los costos de las excavaciones destinadas a encontrar los restos de nuestros familiares… Sí señores, no tendríamos que gastar ni un peso si ustedes no los hubieran matado y enterrado clandestinamente o, si admitiendo su responsabilidad, dijeran dónde están. Así que éste es uno de los costos de su criminalidad y su cobardía. Todo esto nos lleva a razonar que: Vivimos en un país que hace denodados esfuerzos por salir de la pobreza, del endeudamiento y del caos administrativo. Que hace esfuerzos por incrementar su producción, por ser serio y ganar la confianza de su gente y de la del exterior, por cumplir con las normas del derecho nacional e internacional. Somos un país con una superficie que apenas araña el 1% de la de Sudamérica… Un país que ha comprendido que su soberanía, independencia y seguridad dependen del desarrollo de su economía, de su respeto del derecho, de su educación y cultura, de sus relaciones internacionales. Que dependen de la calidad de la convivencia entre sus pobladores, de su compromiso con la paz y la libertad, con la integración regional; que ha votado una Ley Marco de Defensa Nacional que refleja estos aspectos. Entonces, ¿qué hacemos manteniendo unas FFAA cuya proporción por habitante (7 cada mil) es la más alta de la Región? ¿Por qué mantenemos Agregados Militares cuyo costo anual ronda los 8 millones de dólares? ¿Por qué –con todas las limitaciones económicas y las inversiones que debemos hacer para sacar el país del pozo- destinamos el 1,2% del PBI a mantener esta burocracia obsoleta y armada? Estas FFAA, con sus crímenes de antes y durante la democracia, no contribuyen a la defensa nacional, al contrario, la socavan. Estas FFAA persistentes en su silencio y mentiras, están divorciadas de la población y eso las cuestiona como elemento de defensa. Estas FFAA que insisten en no subordinarse más que superficialmente a los poderes constituidos, que aspiran a mantener su indisciplinada autonomía, que miran con aversión toda legislación que implique subordinarlas al poder político, son un riesgo para la democracia. Estas FFAA que parecen no darse cuenta que la guerra fría terminó, que las dictaduras ya se tuvieron que ir, no son más que la ignominiosa presencia de nuestro peor pasado. Desprestigian al país y deshonran sus tradiciones. Estas FFAA no dan garantías de que Nunca Más el terrorismo de Estado va a abatirse sobre nosotros o las generaciones futuras. Por eso nosotros, continuaremos siguiendo atentamente sus acciones. Por eso estaremos inclaudicablemente defendiendo el Estado de Derecho y sus legítimas autoridades. En este sentido, invitamos a los partidos políticos, a los gremios y sindicatos, a todas las organizaciones de la sociedad civil, a plantearse seriamente dónde radica nuestra Defensa Nacional, para qué y qué FFAA necesitamos y hacer llegar estas reflexiones al mayor número de personas posibles comprendiendo que en esto se juega gran parte de nuestro futuro como país y como sociedad.

Nicaragua 1332 Apto. 205- 11800 Montevideo – Uruguay.
Tel. (598 ) 2929-1625
E-mail: famidesa@adinet.com.uy -
Web: www.familiaresdedesaparecidos.blogspot.com

Miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos – FEDEFAM




Históricamente las Fuerzas Armadas del continente sólo han servido como agentes represores para avasallar derechos civiles en salvaguarda del poder político partidario e intereses del gran capital trasnacional.

Los ejemplos recorren todo el continente.Ya sea desde regímenes dictatoriales legalizados como es el caso de México y Colombia ,donde los presidentes Calderon y el reciente Santos ,a pesar de aplicar sistematicamente el Terrorismo de Estado,son reconocidos como gobiernos democráticos por la comunidad internacional o de golpes al mejor estilo gorila como ocurrió en Honduras en junio de 2009, donde en la actualidad bajo la presidencia del supuesto elegido presidente Porfirio Lobo se pretende barnizar con un manto legalista un sistema represor e impune continuista de las directrices militares o la reciente sublevación policial contra el pueblo ecuatoriano buscando apoderarse del poder.

El aparato militar solo se subordina ante sí mismo y ante los personeros de turno que lo han utilizado como caballito de troya en la inumerables batallas contra los pueblos.


APOYAMOS Y DIFUNDIMOS TEXTOS Y POSTURAS QUE APORTEN AL DEBATE SOBRE LA NECESIDAD DE PRESERVAR LAS FF.AA EN NUESTRO PAÍS



NOS PRONUNCIAMOS


POR EL DESMANTELAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL URUGUAY



colectivo CONTRAIMPUNIDAD



jueves, 16 de septiembre de 2010

PAN y circo:el BICENTENARIO de Felipe Calderón


Más de 28 mil muertos por la "guerra",1,200 feminicidios al año, 49 bebés calcinados en ABC, 30 mujeres violadas en Atenco,72 indocumentados masacrados,,niños y jóvenes asesinados por el ejército,mujeres violadas por militares,42 mil empleados de LyF en desempleo y un largo,largo etc....
Este es el México que los fuegos de artificio pretenden ocultar...



Nota de prensa / Los Amigos de Jyri Jaakkola,16 de septiembre, 2010

Los Asesinatos en San Juan Copala mantienen un estado de sitio dictatorial

– Las organizaciones civiles finlandesas hacen un llamado a las autoridades mexicanas para instaurar el respeto de los derechos humanos en la región Triqui Veinticuatro organizaciones civiles finlandesas han enviado una petición el día de hoy al presidente de México, al poder judicial y al senado de la República Mexicana solicitando que garanticen el respeto a los derechos humanos en San Juan Copala y se ponga fin al sitio paramilitar que se mantiene en la región. El texto de la petición se encuentra disponible en el siguiente enlace http://toinenmeksiko.org/node/136

***

Hace tres días las autoridades prometieron públicamente que el Ejército Mexicano estará allá para "evitar cualquier hecho de violencia o ataque", tales como "balaceras en agencias como San Juan Copala" durante la celebración de la independencia. ¿Cómo entonces es posible que estas mismas autoridades permiten que los paramilitares están haciendo en estos mismo momentos una masacre en Copala, sin que este ejército ó estas autoridades hagan algo para poner un alto a esta?

Esta nueva ocupación ilegal del edificio municipal con armas fuertes ha de nuevo herido gravemente a Rosa María Francisca y amenaza toda la comunidad con etnocidio y desplazamiento. [1]

Cerca de treinta personas han sido asesinadas durante los diez meses en que se ha mantenido el sitio de la UBISORT en la región. El estado de Oaxaca ha permitido que siga el sitio y la masacre – aún cuando el líder de UBISORT diera a conocer abiertamente a los medios de comunicación que sus paramilitares mantienen el sitio ilegal tirando a matar: "Mantiene UBISORT bloqueo en San Juan Copala" y " las balaceras continúan y no existen las condiciones para que la gente pueda entrar o salir a San Juan”,además que se mantendrá el sitio "para evitar más muertos" [2]. Sin embargo, en la realidad ha habido muchas más muertes durante los diez meses del cerco que durante los treinta meses previos a este.

También la activista mexicana Bety Cariño y el observador finlandés de derechos humanos Jyri Jaakkola fueron asesinados por las balas cuando intentaron llevar apoyo humanitario a Copala. El más reciente de los homicidios es el de Pedro Santos Castro, quien fue asesinado el 5 de septiembre [3].

El incremento de los homicidios no es producto de las disputas ‘internas’ tradicionales entre los Triquis, sino por los pistoleros paramilitares que hacen uso de modernas armas de alto poder y que están siendo pagados por la UBISORT quien recibe fondos del gobierno del estado de Oaxaca liderado por el PRI.

Por canalizar hasta fondos para el ‘desarrollo’ al grupo militar apoyado por el PRI, el gobierno del estado de

Oaxaca promueve la matanza ilegal del pueblo del municipio autónomo de San Juan Copala [4]. Así el estado evita el desarrollo de la paz en la región, y aun más si las autoridades estatales permiten que la UBISORT designe ilegalmente a representantes, provenientes de sus propias filas, para ejercer el gobierno de las comunidades de San Juan Copala. Mauro Vázquez que fue nominado por la UBISORT hace un mes como agente municipal de Copala era uno de los cuatro hombres que violaron el día 7 de septiembre a una mujer y dispararon a otra en su espalda, hiriéndola gravemente. [5]

Justo después de que tres miembros de la comunidad autónoma de San Juan Copala fueran asesinados el pasado 22 de agosto de este año, Rufino Juárez Hernández, líder del sitio paramilitar encabezado por la UBISORT, propuso a “las otras organizaciones” un “diálogo” “que evite la violencia que impera en la región”.Sin embargo, mientras el cerco paramilitar sigue siendo permitido, amenaza constante para estas personas que pueden ser baleadas, determina de manera violenta que es lo que la gente se atreve a hacer y decir y por tanto, evita un “diálogo” real, 'negociaciones de paz', el fortalecimiento de la municipalidad o la reducción de la pobreza. De esta forma permite la violación continua de los derechos humanos y del orden legal. [6]

En tanto que continúe cerrada el área por el estado de sitio que mantiene la UBISORT, los paramilitares pueden continuar con los tiroteos contra la gente que intenta, con urgencia, hacerse llegar alimentos, agua, medicinas o ayuda para la comunidad – y particularmente hacía las personas que atestiguan los crímenes de los paramilitares, como es el caso de los últimos tres asesinatos [7]

Las autoridades estatales hicieron del conocimiento público que no quitaran el bloqueo armado ilegal de la carretera pública cercana a La Sabana y que se permitirá la continuación del sitio, mantenido por los

paramilitares dirigidos por la UBISORT y los cuales lo mantienen también matando a la gente con sus armas ilegales. [8] La procuradora del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, ni siquiera permitió que la policía protegiera el transporte de ayuda humanitaria destinada a los heridos y a las víctimas de Copala, indicando que es peligroso para los trescientos policías asignados para ello entrar a la región.[9] Sin embargo, cuando el líder del sitio paramilitar solicitó la presencia policial, el procurador del Estado envió entre 120 y 200 efectivos policiacos que fueron rápidamente emplazados en el área de conflicto. Las fuerzas policiacas apoyaron a los paramilitares armados para que invadieran y se tomaran el control del palacio municipal a través de la violencia, disparando e hiriendo de gravedad a dos mujeres indígenas.[10] La procuradora Chiñas no ha sido capaz de encontrar a quienes ultrajaron a estas personas, indicando que los Triquis tienen un “modus vivendi” de carácter violento.[11]

Dado que el estado de Oaxaca y el gobernador Ulises Ruíz Ortiz permiten el sitio ilegal y permiten que pistoleros armados del grupo paramilitar continúen libremente el tiroteo en contra de la comunidad Triqui, no existen las garantías suficientes para que los Triquis puedan presentar testimonios a la procuraduría de los asesinatos y las atrocidades, menos ahora que la procuradora hace del conocimiento público que el estado permitirá la continuación del sitio ilegal y que los pistoleros de la UBISORT continúen con los tiroteos. No es de extrañarse que la gente de Copala haya sido privada de la seguridad jurídica básica y que por tanto no esté dispuesta a atestiguar. Por lo tanto, las organizaciones finlandesas preguntan: ¿Cómo se puede dar testimonio de los asesinatos a las mismas autoridades que explícitamente han permitido y apoyado que los pistoleros armados continúen disparando en contra de uno, de su familia, de amigos o de la comunidad?

En primer lugar, el gobierno federal y estatal son responsables de no haber removido el sitio paramilitar ilegal y deberían restaurar la seguridad de las personas y la libertad de opinión a favor de la gente de las comunidades de la municipalidad autónoma de San Juan Copala. Las comunidades pertenecientes al muncipio autónomo de San Juan Copala tienen derecho al desarrollo de la autonomía prevista para las comunidades indígenas tal y como lo establecen las diferentes leyes y compromisos internacionales reconocidos y firmados por México. Cualquier condición que haga de San Juan Copala de forma oficial un municipio [12] debe ser negociada y decidida entre la gente que habita y proviene de la región. También Amnistía Internacional pide a las autoridades que aseguren la protección de las familias en Copala y "realicen investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales sobre estos ataques" y "de los presuntosvínculos entre los grupos armados... y las autoridades locales." [13] En lugar de intentar detener a los violadores de los derechos humanos las autoridades parecen detener ilegalmente a los defensores de los derechos humanos cuando ellos exigen justicia para las personas asesinadas en Copala. [14]

Al permitir que siga la masacre sin fin y sin haber mostrado ninguna voluntad de detener a los autores del crimen, el gobierno de Oaxaca bajo el mando del gobernador Ulises Ruíz viola y deshonra a los éxitos de la revolución Mexicana y de la independencia. Por lo tanto, causando una catástrofe humana y humanitaria. México es responsable de asegurar y de restituir los derechos a la vida, a la tierra y a la autodeterminación para todas las comunidades indígenas y también para las comunidades desplazadas como la de las mujeres y los niños Triqui en el plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca.




sábado, 11 de septiembre de 2010

Chile:37 años del Golpe contra el pueblo


Miles de chilenos conmemoran golpe de Estado de 1973

TeleSUR

Más de seis mil chilenos marcharon este sábado por las calles de Santiago para conmemorar el 37 aniversario del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973, que dio paso a una cruenta dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet (1973-1990).

En el acto, realizado en memoria a Allende, participaron personalidades políticas de la Concertación, y simpatizantes del ex mandatario depositaron ofrendas florales en el monumento erigido en honor al ex mandatario, a las afueras del Palacio de la Moneda.

"Estamos convencidos que Allende deja un gran legado (...) para que tengamos un país más firme, más justo y vamos a seguir luchando por eso", indicó el ex ministro de Minería del Gobierno de Allende, Sergio Bitar.

La marcha por el aniversario del golpe fue multitudinaria y finalizó en el Memorial al Detenido Desaparecido del Cementerio General de Santiago, donde ingresaron familiares de las víctimas de la dictadura y representantes de organizaciones sociales y políticas.

En el momento, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos expresó que "Chile no tiene nada que celebrar en este Bicentenario" de la independencia.

Criticó a la administración del presidente, Sebastián Piñera, pues acoge en sus filas a ex colaboradores de la dictadura que, más de tres décadas después, aún justifican las violaciones a los derechos humanos del régimen de Pinochet.

"Estamos bajo un régimen derechista parte del cual participó en la dictadura y que hasta el día de hoy justifica las violaciones a los derechos humanos" afirmó.

Piñera: Golpe fue un desenlace previsible

Por su parte, Piñera, quien no participó en los actos, manifestó que el golpe de Estado de hace 37 años que encabezó Augusto Pinochet fue el "desenlace previsible" de una democracia que ya se encontraba "enferma".

"Se quebró nuestra democracia, pero no fue una muerte súbita ni intempestiva. Fue más bien el desenlace previsible aunque evitable de una democracia que venía enferma", afirmó el presidente durante un acto celebrado en el norte de la nación.

Añadió que en ese momento la sociedad se encontraba "enferma" de ''odiosidad'' y estaba extremadamente polarizada y sin posibilidad de diálogo, pero afortunadamente, se inició una transición en 1988 la cual ''muchos califican de ejemplar'', dijo.

Instó a no pensar más en el pasado, pues a su juicio, casi toda la población chilena nació después del derrocamiento de Allende.

"No podemos quedarnos atrapados en las mismas querellas y divisiones del pasado", aconsejó el empresario multimillonario.

Disturbios en conmemoración

Según medios internacionales, tras los actos conmemorativos, se originaron distubios que acabaron con por lo menos 20 detenidos.

La agencia de noticias argentina Télam publicó en su sitio en Internet que luego de la marcha, supuestamente un grupo de encapuchados

lanzaron piedras contra la policía, que reaccionó lanzando a las masas gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.

Durante la protesta, la mayoría de las consignas eran dedicadas a los 34 presos mapuches que están en huelga de hambre hace 60 días.



SETIEMBRE SE LLAMA ALLENDE

MARIO AMORÓS

REBELIÓN

Doctor en Historia y periodista. Autor de ‘Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo’

Chile vive estos días tres efemérides y dos dramas profundamente entrelazados. Este mes ha traído ya el 40 aniversario de la histórica victoria de Salvador Allende y la Unidad Popular en las elecciones presidenciales. Aquel 4 de septiembre de 1970 el pueblo chileno abrió de par en par las puertas de la historia y emprendió un profundo proceso de transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas. La “vía chilena al socialismo” sólo pudo ser derrotada por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, del que mañana se cumplen 37 años, protagonizado por las Fuerzas Armadas pero estimulado por la derecha, la Democracia Cristiana, la burguesía y Washington.
Estas dos fechas son probablemente las jornadas más relevantes de los dos siglos de historia republicana junto con el 18 de septiembre de 1810, cuando se estableció la primera Junta Nacional de Gobierno, que abrió el camino hacia el proceso de independencia que finalizó en 1818 y que, después de una década convulsa, culminó entre 1829 y 1833 con la imposición de un férreo Estado oligárquico que no se resquebrajó parcialmente hasta la victoria del Frente Popular en 1938, del que Salvador Allende fue un destacado dirigente.
A una semana de la conmemoración del bicentenario de la independencia, 33 trabajadores permanecen sepultados desde el 5 de agosto a 700 metros de profundidad en la mina San José debido a las condiciones de explotación en que desarrollaban su tarea, reconocidas –a posteriori– por los propietarios de la mina y el propio Gobierno de Sebastián Piñera. Y, además, 34 presos políticos mapuches están en huelga de hambre desde el 12 de julio. Si al movimiento obrero el Gobierno aplica el restrictivo Código del Trabajo, impuesto por la dictadura en 1980, las movilizaciones de los mapuches en defensa de sus territorios y de su demanda de autonomía son brutalmente reprimidas y sancionadas penalmente con el recurso a la Ley Antiterrorista que Pinochet hizo aprobar en 1984.
Asimismo, los últimos estudios confirman que Chile es uno de los países donde la brecha entre ricos y pobres es más acentuada hasta aproximarse a los niveles, por ejemplo, de Haití, producto de unas políticas neoliberales cuyas coordenadas la Concertación mantuvo inalteradas durante 20 años y que desde el pasado 11 de marzo administra su verdadero impulsor, una derecha de nuevo tipo, hija de la contrarrevolución pinochetista y sólidamente implantada en el mundo popular.
Piñera se apresta a vivir su primer 11 de septiembre desde La Moneda y a presidir los múltiples actos del bicentenario con un insistente y retórico llamamiento a la “unidad nacional”. Mientras tanto, los cuatro partidos que integran la Concertación acaban de renovar sus cúpulas para afrontar el nuevo ciclo electoral que asomará pronto en el horizonte, con las elecciones municipales de 2012 y las parlamentarias y presidenciales de 2013, y el Partido Comunista está inmerso en los debates de su XXIV congreso.
Más allá de la incógnita sobre el próximo candidato presidencial de la Concertación (lo que dependerá esencialmente de la voluntad de Michelle Bachelet, quien conserva una enorme adhesión popular), la encrucijada que deberán afrontar a medio plazo esta coalición y las fuerzas de izquierda estriba en la posibilidad de ir más allá de una alianza puntual, como la que permitió elegir en diciembre tres diputados comunistas por primera vez desde 1973, para tejer un acuerdo político y programático que permita abrir una nueva época.
A veces son los pequeños gestos o resultados los que cambian la historia. El 15 de marzo de 1964 la inesperada victoria de la izquierda en una votación parcial para elegir un diputado en Curicó abocó a la derecha a renunciar a llevar un candidato propio y a apoyar al socialcristiano Eduardo Frei Montalva, quien derrotó a Allende en septiembre de aquel año. Hace apenas un mes en la ciudad de Penco, en la región del Biobío, los dirigentes locales de la Concertación y el Partido Comunista suscribieron un acuerdo para unirse de cara a los comicios de 2012 a fin de derrotar a la derecha, que actualmente ostenta la alcaldía.
El debate sobre sus proyecciones nacionales está ya instalado en la agenda política. La derecha no ha tardado en exhibir su anticomunismo más rudo y en la Democracia Cristiana seguramente persistirán las dudas hasta el último momento. Mientras tanto, el Partido Socialista se muestra favorable a explorar un pacto, al igual que el Partido Comunista, que propugna una amplia convergencia de fuerzas políticas y sociales para conquistar un gobierno “de nuevo tipo” que deje atrás los dogmas neoliberales y haga posible el pleno desarrollo democrático del país.
A 37 años del bombardeo de La Moneda y del inicio de una cruel dictadura, la memoria de Salvador Allende y la Unidad Popular ilumina este camino. Precisamente, aquella noche inolvidable del 4 de septiembre de 1970, cuando dejó de ser el “compañero Allende” para convertirse en el “compañero presidente”, acabó su discurso en la Alameda de Santiago, ante las miles de personas que festejaban la victoria de la UP, con unas palabras llenas del afecto sincero con el que siempre se dirigió a los trabajadores y que tienen una absoluta vigencia: “Esta noche, cuando acaricien a sus hijos cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria…”
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jueves, 2 de septiembre de 2010

ORLETTI,"El nido del CONDOR"

La Justicia argentina iniciará hoy el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", uno de los más emblemáticos centros de detención de la dictadura argentina. Varios uruguayos declararán como testigos.

Automotores Orletti. Aquí fueron ajusticiados varios uruguayos.



El Tribunal Oral Federal Nº1 de la Capital Federal comenzará hoy el proceso oral contra seis agentes de la dictadura argentina, por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por los servicios represivos de la época, en el centro clandestino de detención, "Automotores Orletti". La causa es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Los ex agente Néstor Guillamondegui, Rubén Visuara, Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo, deberán responder por los crímenes perpetrados en dicho centro, entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976, según informó el pasado domingo Página/12.

El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral el caso de "Automotores Orletti", tras el procesamiento de los seis represores por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos, en perjuicio de más de 60 personas, en su mayoría uruguayos, brasileros, chilenos y cubanos.

Además, el juez Rafecas acusó a los detenidos por el homicidio de seis personas, entre ellas Marcelo Gelman, hijo del poeta argentino Juan Gelman, y esposo de la hoy desaparecida María Claudia García.

"Automotores Orletti", un centro clandestino de detención emplazado en medio del barrio de Floresta, fue utilizado por los servicios represivos uruguayos para la persecución de los exiliados políticos en la República Argentina, durante la concertación represiva denominada "Plan Cóndor". Por el accionar represivo en dicho centro, fueron condenados en Uruguay ocho militares y policías uruguayos.

El centro estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo entonces del también fallecido Otto Paladino.

Unos 200 detenidos, entre uruguayos, argentinos, brasileros, chilenos y cubanos pasaron por las entrañas de "Automotores Orletti", entre ellos, la veintena de militantes del PVP trasladados en forma clandestina hacia Uruguay entre el 24 de julio y el 5 de octubre de 1976, el cual se conociera como "segundo vuelo".

El centro de detención fue el último lugar de detención antes de su traslado clandestino al Uruguay de Adalberto Soba Fernández, Alberto Mechoso, Juan Pablo Recagno, María Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Victoria Grisonas, Roger Julien, León Duarte y Gerardo Gatti.

Además, en dicho centro estuvo detenida María Claudia García y los niños recuperados Anatole y Victoria Julien, así como los sobrevivientes Sergio López Burgos y Sara Méndez, dos de los testigos uruguayos que brindarán su testimonio en la causa.

Uno de los represores argentinos imputados, Eduardo Ruffo, sería uno de los autores de la sustracción del niño Simón Riquelo, de sólo 20 días de vida, de los brazos de su madre Sara Méndez.

El niño fue entregado a un matrimonio de policías bonaerenses y permaneció desaparecido hasta marzo de 2002 cuando una investigación del hoy senador Rafael Michelini y del periodista Roger Rodríguez permitió encontrarlo.

http://www.larepublica.com.uy/politica/412358-comienza-juicio-por-orletti-con-varios-uruguayos-denunciantes

Relatos del Plan Cóndor

Sara Méndez y Mónica Soliño Platera fueron secuestradas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo. Narraron la muerte de Carlos Santucho y mencionaron a la nuera del poeta Juan Gelman.


Sara Méndez tenía un nombre falso. La secuestraron el 13 de julio de 1976 en la calle Juana Azurduy, del barrio de Belgrano, en un operativo en el que le sacaron a su hijo. Recuperó a Simón en 2002, después de la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sara, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti, durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Volvió a Uruguay en un vuelo clandestino organizado por los militares. En la audiencia de ayer, durante el juicio oral por los crímenes de Orletti, habló de su convicción de la existencia de un segundo vuelo de “compañeros uruguayos” que no sobrevivieron y desaparecieron en ese país. También advirtió sobre la posibilidad de que existan, dijo, “muchos más niños” hijos de ex detenidos argentinos en su país “como acá –agregó– muchos más uruguayos”.

Sara reconoció entre sus secuestradores a los argentinos que actuaron en Orletti, el jefe de la Side, Otto Paladino, y el paramilitar Aníbal Gordon, ambos fallecidos. También a Eduardo Ruffo, uno de los represores acusados en el juicio en el que empezaron a declarar los sobrevivientes uruguayos. Además de Sara, declaró Mónica Soliño Platera, otra uruguaya, militante de la Resistencia Obrera Estudiantil, perseguida en su país y que se instaló en diciembre de 1974 en Buenos Aires, donde trabajó en un comercio tipo bazar de la calle Florida. A Mónica la secuestró el 7 de julio de 1976 un grupo de tareas de tres personas que golpeó la puerta del departamento de una prima.

Ambas hablaron de la presencia y del asesinato de Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, en Orletti. También de Manuela Santucho, la hermana, y de Cristina Navajas de Santucho, la esposa de Carlos. “Esta persona –dijo Mónica–, Carlos Santucho, estaba muy horriblemente mal, empezó a desvariar, gritaba, decía cosas incoherentes. En un momento le dijeron a la hermana que lo tranquilizara, pero ellos lo agarraron, lo ahogaron en un tacho de agua que estaba ahí, y la verdad es que cuando estaba muerto, lo tiraron en una camioneta y no sé qué pasó después con él.” A Carlos, agregó, “le preguntaban por el hermano, incluso después de que lo mataron dijeron: ‘Este no tiene nada que ver, es un contador, siempre trabajó de lo mismo’”. Y Mónica explicó: “Yo tuve toda la sensación de que lo habían llevado para preguntar por el hermano, era una persona mayor”.

A ella le preguntaron si recordaba olores especiales. Dijo que no. Sara, en cambio, habló de esos olores. Tenía los ojos vendados, explicó, pero sentía olor a pus; que era un olor conocido, dijo, y que salía del cuerpo infectado de Santucho. Estaba muy deteriorado por la tortura, era “una llaga viva” que se “arrastraba por el piso delirando”. Los militares, agregó, aseguraron que lo iban a llevar al hospital de Campo de Mayo, pero de pronto hubo movimientos raros, “como que algo iba a pasar”. “Cuando algo malo estaba por suceder encendían dentro del garaje todos los motores de los vehículos. Lo introdujeron en un tambor de agua con la cabeza para abajo y cuando murió dijeron ‘ya está mejor’. Presenciamos el asesinato de una persona que estaba en muy mal estado.”

Mónica había llegado a Orletti a bordo de un camión. Entró por una puerta lateral, donde había una escalera de madera. “A partir de ahí –dijo– siempre estuve vendada, a partir de ahí no pude ver casi nada.” Los interrogatorios se los hacían los militares uruguayos, entre los que mencionó a Manuel Cordero. “Teníamos que estar sentados, con las manos esposadas, nos daban de comer muy esporádicamente, y si nos daban algo eran sobras que a veces hasta venían con puchos.” Alguna vez, cuando pidieron comida, los militares se les quejaron porque, como había aumentado la población del centro clandestino, ya no tenían ni las sobras para darles.

–Pero eso no era un ámbito como una cárcel, era una locura –dijo Mónica en un momento.

–¿Por qué? –preguntó el fiscal.

–Miles de veces se escuchaban gritos, fiestas... No fiestas, comilonas.

Mónica y Sara viajaron a Uruguay en lo que se conoce como el primer vuelo clandestino, un vuelo organizado por los represores para simular luego una detención en el país oriental. Salieron desde lo que les pareció un aeropuerto militar, explicó Mónica, los trasladaron primero al edificio de Inteligencia de Defensa (SID), en el bulevar Artigas, y luego pasaron quince días en una casa, divididos en dos grupos. En la casa, donde eran sometidos a interrogatorios, supo que había una parturienta y luego explicó que escuchaba el sonido de un bebé. Cuando le preguntaron de quién se trataba, Mónica dijo que creía que era la nuera del poeta de Juan Gelman. Sara lo confirmó: sabían que eran unos argentinos, explicó, que cuando habían pasado en la SID un médico asistió a una persona con síntomas de parto, que la llevaron al Hospital Militar y que con el tiempo, dijo, “supimos” que era María Claudia Irureta Goyena de Gelman.

Sara habló además de un segundo vuelo: “Tenemos la convicción –dijo– de que muchos de estos compañeros fueron llevados a Uruguay en un segundo vuelo y que desaparecieron en Uruguay y no en Argentina: que existió un secuestro masivo de uruguayos”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-152417-2010-09-02.html