Colombia:el regreso de los BARBAROS

Informe sobre TORTURA: Colombia padece un REGIMEN TORTURADOR. Violencia sexual como estrategia del Terror Estatal

7 de junio, Toribío ,dos niñas indígenas de 12 y 14 años fueron víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército Nacional ,iban al colegio(...) teniente acusó a Vilma de ser "guerrillera"(…)

Por Latir Unidos (de informe Coalición Colombiana Contra la Tortura)

He aquí una parte del informe relativo a la tortura en Colombia, informe hecho con mucha valentía y ahínco por las organizaciones sociales que han seguido protegiendo y organizando a las personas, pese al macabro Terrorismo de Estado que se viene abatiendo sobre ellas, diezmándolas cada vez más. El siguiente informe no ha tenido ningún tipo de cobertura mediática por los grandes medios, evidentemente porque pone en relieve el carácter genocida del régimen que protege y viabiliza el saqueo económico de Colombia mediante las masacres, el paramilitarismo, las desapariciones, la tortura y el Terror.

La Coalición Colombiana Contra la Tortura, integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Asociación Minga,Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Avre, Corporación Reiniciar, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp), Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y Terre des Hommes, dio a conocer a la opinión pública, en el mes de julio 2008, los resultados del seguimiento que realizó en el año 2007

De los 97 casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante que La Coalición logró documentar, 27 las víctimas fueron torturadas y dejadas con vida, mientras que en 43 casos, las víctimas fueron torturadas y luego asesinadas por los victimarios. Formaron parte de las personas martirizadas 11 niños y 18 mujeres.

En el 90.1 por ciento de las torturas que se lograron documentar está comprometido el Estado. Por acción directa de sus agentes en el 70.4 por ciento y por el uso de la estrategia paramilitar en el 19.7 por ciento.

Algunos casos, ejemplos de tortura

El 26 de marzo de 2007 al municipio de Bello (Antioquia), llegaron paramilitares autodenominados "Águilas Negras". Los criminales hirieron a dos niñas de diez años y violaron sexualmente a una de ellas de nombre Gabriela Alzate Perea*. Cuando las niñas pidieron auxilio, acudió inmediatamente José Mendieta, quién por este acto fue asesinado por los 'paras'. Mendieta y las dos niñas vivían en el asentamiento de desplazados Altos de Oriente, ubicado en la vereda Granizal, del municipio de Bello.

El 25 de junio de 2007 en el municipio de Tulúa (Valle), fueron torturadas y violentadas sexualmente por miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, Vilma Helena Márquez* y Martha Eulalia Márquez*. Los militares ingresaron a la casa en la que ellas se encontraban junto con los campesino Alcides Granada Durango y Gerson Ladino Suárez...

El teniente Manotas agredió y acusó a Vilma Helena de ser guerrillera y la obligó a un interrogatorio a solas apuntándole con un arma. Cuando ella se quejó de un agudo dolor estomacal, el teniente le preguntó sí estaba embarazada y la golpeó brutalmente en el vientre ocasionándole desmayo y sangrado vaginal.

Posteriormente alias "Bombas", otro militar del mismo operativo, interrogó a Martha Eulalia agrediéndola y amenazándola con un cuchillo. Le exigió la entrega de unas armas que no existían y la obligó a quitarse el brasier para luego cogerle y apretarle los senos y las nalgas, sin ningún respeto por la dignidad de la persona.

Otro militar agredió y amenazó a las dos mujeres con violarlas. Los campesinos que acompañaban a las mujeres fueron brutalmente golpeados por los uniformados, quienes

antes de ponerlos en libertad los fotografiaron y les abrieron procesos por narcotráfico.

Niños y mujeres entre las víctimas

El 7 de junio de 2007, en el municipio de Toribío (Cauca), dos niñas indígenas de 12 y 14 años fueron víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército Nacional, cuando se dirigían a estudiar al colegio Eduardo Santos ubicado en la vereda Berlín.

Los uniformados las obligaron a apartarse del camino y luego a que se quitaran la ropa Las niñas lograron escapar y llegar hasta el colegio.

El 23 de diciembre del mismo año, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue torturada y asesinada por miembros del Ejército Nacional, María Margarita Giraldo Usura, perteneciente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Los militares entraron disparando a la vivienda de la víctima, poniendo en riesgo la vida de las dos hijas de María Margarita a quién se llevaron junto con algunos bienes de la desdichada mujer. Al día siguiente María Margarita fue reportada por el Ejército como "guerrillera dada de baja en combate" y remitida a la sede del Instituto de Medicina Legal del municipio de Turbo (Antioquia). El cadáver de la víctima presentaba señales de tortura.

El 23 de noviembre de 2007, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue detenido y torturado tanto física como psicológicamente el niño Efrén Espinoza Goes, de 10 años, por miembros del Ejército Nacional quienes lo golpearon por más de 15 minutos. Los uniformados amenazaron con cortarle los dedos y matarlo, acusándolo de ser guerrillero. El rostro y la cabeza del niño quedaron destrozados.

Los casos anteriores forman parte de los 97 que pudieron ser documentados por la Coalición que son una ínfima parte de las cifras reales, ya que muchas víctimas se abstienen de denunciar debido a las dificultades para acceder a la justicia, el temor a los victimarios y sus represalias y la ausencia de mecanismos de protección a víctimas y testigos. Los altísimos niveles de impunidad que goza el Estado colombiano, han garantizado la invisibilidad de este crimen, es tarea de todos denunciarlo.

*Nombres cambiados para proteger los derechos de las víctimas y familias

La realidad es mas porfiada... Señor Uribe

A pesar de los rescates heroicos ,los golpes mediaticos y las ansias reeleccionistas hay una historia que ni el Presidente Uribe ni sus complices genocidas pueden ocultar...

UNASUR, Alianza militar bajo los preceptos del imperio; Versus juicio del Terrorismo de Estado en Colombia.

Por Azalea Robles y Colectivo Latir Unidos

En estos días se desarrolla en Colombia el TPP, Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un tribunal de carácter no gubernamental que tuvo su origen en el juicio de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos en la guerra contra el pueblo de Vietnam (Tribunal Russel), en 1974 y 1976 enjuició a las dictaduras militares de América Latina… En estos días el TPP está enjuiciando el accionar del Terrorismo de Estado en Colombia… Simultáneamente a esto recibimos la noticia preocupante de que Uribe acaba de anunciar que “Colombia” ingresará al Consejo de Seguridad de América del Sur (Unasur)… Unasur busca la “cooperación de los países miembros para compartir tecnología en materia de industria militar” y según el canciller colombiano, Jaime Bermúdez: “cooperación en el combate al tráfico de armas, municiones y explosivos" e "intercambio fluido de información de inteligencia", léase participación interestatal en la persecución y mackarthysación de los luchadores sociales, reedición del Plan Cóndor… Según Caracol radio, la decisión se tomó tras “aclarar que se reconocerán sólo las fuerzas institucionales de cada país signatario, y que habrá un rechazo estatutario de los grupos violentos, cualquiera sea su origen”. Ya vemos que la violencia y el Terrorismo del Estado está totalmente normalizada: pues según denuncias de organizaciones de derechos humanos en Colombia, se estiman en más de 15.000 las personas secuestradas, torturadas y desparecidas por el Terrorismo de Estado en Colombia en las décadas recientes; personas secuestradas y torturadas por agentes oficiales (militares y policías) y por la herramienta de guerra sucia del Estado(los paramilitares). Según el TIO Tribunal Internacional de Opinión, que se celebró en abril de 2008 en Colombia, “La desaparición forzada es un crimen de Estado y las estadísticas reflejan que en Colombia son Desaparecidas de 3 a 4 personas diariamente.”

Varias organizaciones sociales de Derechos Humanos han trabajado para obtener registros sistemáticos sobre este delito de lesa humanidad en Colombia, entre ellas ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), estas organizaciones han denunciado cifras que alcanzan los 30.000 desaparecidos; cifras que han sido difíciles de oficializar por la diversidad de los mecanismos de impunidad que se han consolidado a lo largo de la historia en Colombia. Durante la administración del presidente Uribe ha sido muy difícil documentar y denunciar, ya que las familias y comunidades que denuncian son perseguidas, amenazadas, judicializadas y en muchos casos asesinadas. Ha sido el silencio la única garantía de vida en regiones fuertemente militarizadas y con presencia permanente de grupos paramilitares.

Pero pese a esto, tanto la presidenta de Chile, Bachelet, como Lula, han incluido en el UNASUR a Uribe, cuidando todas sus exigencias, asintieron en que “debe haber un rechazo total a los grupos violentos, cualquiera (¿!) sea su origen". Bajo el régimen de Uribe se ha cohesionado lo que es una clara dictadura camuflada en Colombia, un régimen del Terror que tiene “record mundial” en asesinatos a sindicalistas: ya son más de 2556 sindicalistas asesinados… El régimen de Colombia es un régimen-soldado de los intereses de USA y amenazante para la región, que además acaba de utilizar los emblemas de la Cruz Roja en total impunidad. Ese es un régimen violento, que conforma “grupos violentos”: el descomunal ejército colombiano y sus paramilitares. El Estado colombiano gasta unos 22.000 millones de dólares anuales en su política guerrerista. En una clara declaración de guerra al pueblo colombiano: El Estado quiere seguir siendo el garante del Saqueo perpetrado por las multinacionales, y no va a cambiar esta situación de saqueo y empobrecimiento… antes está dispuesto a eliminar físicamente a todos los opositores, a todos los luchadores sociales. El Estado no va e eliminar el empobrecimiento, va a eliminar a los empobrecidos, a los descontentos, y por eso crece el ejército descomunal.

La base de los juicios del TPP son las declaraciones internacionales sobre derechos humanos y estos juicios están por fuera de las estructuras judiciales de los países y representan la conciencia ética de los pueblos. Según el TPP “El Estado colombiano ha implementado históricamente políticas y prácticas contrarias a la soberanía y al bienestar popular, garantizándole a las empresas transnacionales el saqueo de los recursos naturales, la explotación y precarización de los trabajadores, generando todo tipo de daños ambientales, materiales, morales, individuales y colectivos, que han afectado a cientos de comunidades. Esta situación se ha visto agravada por la comprobada participación de varias empresas multinacionales en el conflicto colombiano, aprovisionando con armas, dineros y otros recursos materiales a los grupos armados legales e ilegales encubiertos del propio Estado(los paramilitares, herramienta de guerra sucia), responsables de miles de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, beneficiándose directamente de crímenes como el desplazamiento, el etnocidio, la tortura, la desaparición forzada.”

En Colombia mueren cada año 20.000 niños por enfermedades curables y prevenibles tales como diarrea, enfermedades respiratorias y desnutrición. Colombia se ubica en el puesto número 11 entre los países con mayor desigualdad en el mundo (PNUD). Por razones de parto son casi mil mujeres las que mueren cada año. El panorama de la guerra social y económica, así como el de la represión contra las reivindicaciones sociales es absolutamente catastrófico: 3.500 fosas comunes han sido destapadas porque los paramilitares dieron sus coordenadas para poderse acoger a una ley que les garantiza impunidad y los favorece, ley llamada “Ley de Justicia y Paz”, y confeccionada por uno de los principales instigadores de la estrategia paramilitar en Colombia: el presidente ilegítimo Uribe(obtuvo su reelección con delito de cohecho y coaccionando los votantes mediante sus paramilitares); miles de masacres por la estrategia paramilitar en connivencia con el ejército oficial han producido más de 4 millones de desplazados bajo la política de la “tierra arrasada”; más de 6 millones de hectáreas de tierras robadas a los desplazados por multinacionales de la extracción, del agro-industrial, y gamonales paramilitares y terratenientes que amplían su posesión de tierras en base al genocidio; Miles de ejecuciones extrajudiciales, al menos 11.386 colombianos asesinados fuera de combate por paramilitares y militares oficiales. Masacres en connivencia militar-paramilitar; más de 1.700 indígenas masacrados en lo que es un claro etnocidio; Centenares de montajes judiciales contra luchadores sociales; Miles de presos políticos que sufren torturas en las cárceles (denuncias múltiples: entre ellas OMCT). Torturas que a veces se transforman en asesinatos, que los carceleros disfrazan en “suicidios”:"hay asesinatos de algunos compañeros ahorcados, asesinados por sobredosis de droga, cuando ese interno nunca ha consumido", relata un preso…"Es normal encontrar compañeros con graves dolencias intestinales a causa que nos ha tocado consumir agua con materia fecal en varias ocasiones".

Ante esta realidad y la impunidad en la que permanecen estos crímenes las comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas, organizaciones sindicales, populares, de mujeres, y defensoras de derechos humanos en Colombia, apelando a su derecho a la justicia, han presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos un proceso de diecisiete audiencias preliminares nacionales e internacionales y seis audiencias especializadas (sectores: agroalimentario, petrolero, minero, biodiversidad, servicios públicos y por los crímenes contra comunidades indígenas), en la que se evidencia la responsabilidad de varias empresas y gobiernos en estos crímenes.

Las empresas acusadas por sus políticas y prácticas en Colombia son: Coca Cola, Nestlé, Chiquita Brands, BP, OXI, Repsol, Drummond, Cemex, Holcim, Muriel, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington, Anglo Gold, Monsanto, Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Multifruits S.A. – Delmonte, Pizano S.A y su filial Maderas del Darién, Urapalma S.A, Dyncorp; Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Canal Isabel II, Endesa, Telefónica y TQ3. Serán también acusados, por sus acciones y omisiones los gobiernos de Colombia y de aquellos países donde reposan las casas matrices de estas empresas.

Evidentemente una cosa son los intereses de los pueblos, y otra, muy diferente, los intereses de las multinacionales: en Colombia el Saqueo es garantizado por el Terrorismo de Estado… Y la paz que este Estado le pueda proponer al pueblo de Colombia es la Paz de los callados, la Paz Cosmética: una situación en la que el pueblo tenga que aguantarse la guerra social y económica sin rechistar… El pueblo necesita una verdadera paz, sin guerra económica y social.

Es muy preocupante la inclusión del régimen de Uribe en el UNASUR: la aceptación de este gobierno genocida, peligroso para todos los pueblos de la región, por parte de gobiernos que son ciegos ante los miles de desaparecidos por el Terrorismo de Estado en Colombia, ciegos ante la violación de la soberanía del Ecuador por las fuerzas militares del Estado colombiano, ciegos ante la utilización de los símbolos de la Cruz Roja por el aparato belicista de Uribe… Preocupante sobre todo porque está claro que la riqueza de la Amazonía, la biodiversidad, la riqueza hídrica, minera, fósil, y el mega proyecto del agro-industrial, son los objetivos finales de las multinacionales, y no van a cejar en sus intenciones de saqueo, causando más personas desplazadas, más catástrofes humanitarias y ecológicas… Es obvio que ante estos jugososjugosos jugosos jugosos planes de saqueo, los Viabilizadores del expolio y el empobrecimiento se arman aún más, porque saben que este empobrecimiento causa descontento en la gente, en los habitantes expoliados.