jueves, 28 de febrero de 2008

MIREMOS EL TODO

HOMBRES Y MUJERES DE AMÉRICA LATINA
ACOMPAÑAMOS DESDE QUITO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO SOCIAL, POLÍTICO Y ARMADO EN COLOMBIA.
COMO ELLAS, EXIGIMOS VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL


Pronunciarnos sólo contra el secuestro o contra uno de los actores armados, es silenciar a la mayoría de las víctimas de la guerra en Colombia y contribuir a la impunidad de todos los crímenes de lesa humanidad que a diario se cometen en el país.

A las voces contra el secuestro en Colombia, debemos sumar las denuncias de más de 41.400 casos de PERSONAS TORTURADAS, 15.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS, más de 3.500 MASACRES, 1.700 ASESINATOS DE INDÍGENAS, 2.550 de SINDICALISTAS, 5.000 MIEMBROS DE LA UNIÓN PATRIÓTICA, mas de 700 personas halladas en FOSAS COMUNES, así como un sinnúmero de EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES y de VIOLACIONES SEXUALES. De igual forma, deben contarse los más de 4 millones de personas DESPLAZADAS, por lo menos 250.000 en SITUACIÓN DE REFUGIO en Ecuador y más de 7 millones de hectáreas de TIERRAS a ellas y ellos DESPOJADAS.

Sumamos también nuestras voces contra las MASACRES y los DESPLAZAMIENTOS masivos en Mapiripán, El Aro, La Granja, Chengue, Mejor Esquina, Barcelona, La Negra, el Alto Naya, Honduras, Pueblo Bello, Las Tangas, Buenos Aires, El Salado, La Chinita y San José de Apartadó. Casos representativos, en los cuales el estado colombiano viene siendo investigado o ha sido condenado por altas cortes internacionales, debido a su participación directa o a la omisión de sus funciones de protección de la población. Igual eco deben tener las víctimas que en el actual proceso de negociación entre gobierno y paramilitares, no encuentran garantías efectivas a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

La responsabilidad fundamental del estado colombiano es la protección integral de todas y todos sus ciudadanos y la garantía de los derechos humanos con especial énfasis en la reparación a las víctimas como una forma de evitar que estos crímenes se repitan.

Por ningún motivo el gobierno colombiano puede contribuir a la polarización del país y a la impunidad, y menos aun, a la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Tampoco puede pronunciarse o actuar solo a favor de algunas de las víctimas, mientras calla o contribuye por acción o por omisión, a la perpetración de crímenes contra otras.

Hombres y mujeres de diversos países latinoamericanos en Quito, estamos comprometidos con la búsqueda de salidas negociadas al conflicto colombiano. Creemos que el ACUERDO HUMANITARIO es una alternativa entre otras y debe estar acompañado de acciones concretas de PROTECCIÓN y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, al tiempo que se enfrentan las crecientes desigualdades sociales y económicas que alimentan la guerra. Creemos que la injusticia social y económica, la impunidad y la violencia no son un problema exclusivo de las y los colombianos, por eso las y los convocamos a acompañarnos y pronunciarse.

Contra el silencio y la impunidad.
Contra la militarización de la vida civil.
Contra todos los crímenes de lesa humanidad.
Contra los crímenes de estado.
Por las víctimas del conflicto social, político y armado.
Por la negociación política del conflicto. Por el acuerdo humanitario.
Por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral


http://www.inredh.org/noticias/noticias.php?modulo=noticiasleermas&idioma=es&id=157

miércoles, 27 de febrero de 2008

MEXICO: Legalización de la violencia



Hacia un Estado policiaco

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el controvertido proyecto de reformas constitucionales en materia judicial –conocidao popularmente como ley Gestapo–, que incluye disposiciones severamente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos y por otros sectores de la sociedad, como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos, el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos, y la inclusión de la figura del arraigo –que podrá ser hasta por 80 días– en el marco constitucional.

Por fortuna logró evitarse la supresión de las modificaciones al artículo 16 de la Constitución, mediante las cuales se autorizaba el allanamiento de domicilios por las policías, sin orden judicial de por medio, por más que el fracaso de esa adulteración aberrante del marco legal no obedeció a un espíritu de respeto a las garantías individuales, sino a una lógica pragmática de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quienes, ante la oposición de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), decidieron eliminarla para alcanzar los dos tercios de la votación necesarios para la aprobación del proyecto en su conjunto.

Así, aunque se eliminó el allanamiento injustificado de los domicilios, se mantuvieron intactas otras disposiciones violatorias a los derechos humanos, entre las que destacan la facultad que, en lo sucesivo, tendrán las policías para realizar detenciones discrecionales y arbitrarias, así como la inclusión del arraigo en el marco legal vigente, que rompen con el principio constitucional de presunción de inocencia, abren un amplio margen para el atropello de las libertades ciudadanas y colocan a la población en su conjunto en un estado de indefensión ante la autoridad.

El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, éste debe contar con instrumentos jurídicos adecuados y eficaces, pero no lesivos para las garantías individuales. Esto no es cosa menor en el contexto de un país en el que los derechos humanos son violentados en forma cotidiana y en el que el gobierno ha exhibido constante indiferencia al respecto. Como botón de muestra ha de recordarse que, durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si fueran menores los atropellos que cometen las propias fuerzas públicas y que han mostrado un claro incremento en esta administración y en la pasada.

Por otra parte, la reforma judicial exhibe una terrible insensibilidad ante las causas profundas de la delincuencia, como la miseria, la desigualdad, la falta de educación, el desempleo, los ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, la desintegración familiar y la descomposición del tejido social. La lucha contra la delincuencia, por tanto, no debiera centrarse en aparatosos despliegues militares ni en reformas retrógradas y autoritarias que colocan al país en la lógica de un Estado policial, sino en la atención gubernamental a los factores señalados.

Se argumenta que las alteraciones al marco constitucional operadas ayer son indispensables para garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho. Pero salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones policiales nacionales, cuyo grave descontrol es admitido hasta por los altos círculos del gobierno, no se logrará más que incrementar la zozobra de la población, la cual no gana nada en protección contra la delincuencia pero queda prácticamente inerme ante los abusos de la policía. Flaco favor, por último, puede hacerse al estado de derecho cuando se socava uno de sus pilares esenciales, que son de las garantías individuales. Lo aprobado ayer es una regresión a las ideas de “paz y orden” porfiristas, expresión de una mentalidad autoritaria e impermeable al entendimiento de las realidades nacionales, y resulta tan peligroso como impresentable. Debe ser revertido.

Fuente:
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/27/index.php?section=opinion&article=002a1edi


Mas info: http://mujeressinmiedo.blogspot.com/


lunes, 18 de febrero de 2008

Quito - Ecuador


Quito, 18 de Febrero 2008

Amnistía para líderes sociales criminalizados por defender sus derechos
INREDH-CEDHU-ACCIÓN ECOLÓGICA


Sr. Economista Alberto Acosta Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
Sras./Sres. Asambleístas Mesa de Legislación Asamblea Nacional Constituyente
De nuestras consideraciones:
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos -CEDHU-, ACCIÓN ECOLÓGICA y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos -INREDH-, ante la sistemática criminalización que vienen sufriendo centenares de líderes sociales y comunitarios a causa de ejercer el derecho fundamental a protestar y resistir ante proyectos altamente destructivos de la naturaleza y violatorios de los derechos humanos, nos dirigimos a Ustedes para solicitar, en base a la fundamentación jurídica adjunta, que la Asamblea Nacional Constituyente otorgue AMNISTÍA para dichos líderes.
Estos líderes sociales y muchos pobladores en general por los cuales pedimos su intervención, están sometidos a procesos judiciales por efectuar acciones de defensa del ambiente ante las actividades mineras, petroleras, hidroeléctricas, madereras, agro-industriales. La criminalización de la lucha social es una estrategia que no sólo implica el uso de las leyes para detener y perseguir judicialmente a los luchadores sociales, también se manifiesta en otras medidas —fuera de la ley— a través de actos de hostigamiento, persecución, tortura e incluso asesinato a quienes luchan por mejores condiciones de vida. Se los señala e incluso se los califica de delincuentes, llegando al extremo de equipararlos con terroristas, lo que permite que una gran parte de la sociedad vea el trabajo de defensa de los derechos humanos como fuente del conflicto social y llevará más adelante que el Estado los criminalice sin que haya oposición social.
La experiencia ecuatoriana ha sido muy dura en este sentido en que la estrategia represiva de Estado hacia la protesta social ha implicado la militarización de la sociedad sacando al ejército de los cuarteles, aplicando estados de emergencia. Se aplica la Ley de Seguridad Nacional creada durante la dictadura militar, con lo cual se restringen derechos fundamentales de la población en general, sin considerar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes sobre Ecuador ha sido muy clara en establecer que las protestas sociales por el descontento popular no deben, ni pueden ser atacados mediante estados de emergencia que contradicen el artículo 27 de la Convención Americana. El Estado debe contar dentro del marco del derecho con otros mecanismos que permitan solucionar la situación.
Los estados de emergencia implican la acción militar que no solo reprime las manifestaciones, sino que además hiere e incluso mata a la población que ejerce un derecho garantizado en la Constitución. También se detiene a los dirigentes o participantes de la protesta a los cuales se los somete a procesos judiciales de sabotaje y terrorismo.
El Poder Judicial termina por reducir la protesta a un tema de legalidad, desalentando así cualquier abordaje centrado en el conflicto. La sanción legal busca desplazar lo político del conflicto, reforzar el supuesto carácter abstracto e imparcial del precepto jurídico, transformando así el conflicto social en mero litigio jurídico. Las reivindicaciones políticas devienen en actos "subversivos", la denuncia se convierte en "apología del delito", y la movilización en "rebelión" "sabotaje" o "asonada".
La Criminalización de la protesta social busca reducir a los actores sociales en meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que establecen los ejecutores de la ley, estimulando el repliegue de los sujetos a su esfera privada, el ámbito prepolítico por excelencia en el sentido más clásico del término.
Las formas de protesta popular no deben ser reprimidas en ningún caso, salvo que se atente contra derechos fundamentales de otras personas. La canalización del descontento de las bases, son formas de hacer política, por lo cual su represión a través de la judicialización del conflicto pasa a ser un elemento de control social y de disciplinamiento que impide el avance de las organizaciones sociales.
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la protesta, la resistencia, la defensa de la dignidad humana, no significa que uno sólo tenga el derecho a pensar lo que quiera, también tiene el derecho de expresarlo y comunicar el mensaje de la mejor manera. Lo otro es renunciar y aceptar que sólo hay algunas formas políticamente correctas de manifestar: ir al Parlamento con un proyecto de ley, que los afectados presenten un escrito al gobierno reclamando sus derechos y esperen respuesta, etcétera. Ese es el sistema que tiene la democracia representativa para amortiguar y diluir la protesta social.
Esta criminalización, llevada adelante por los intereses privados que se encuentran detrás de proyectos petroleros, mineros, madereros, hidroeléctricos, camaroneros, agro-industriales, etc. y en ocasiones también por el Estado, ha perseguido por mucho tiempo debilitar o anular la protesta social, respuesta obvia de parte de quienes resultan ser víctimas de un modelo económico que en su afán de lucro y desarrollismo busca mayor control y sobre-explotación de la naturaleza.
Los casos que estamos presentando se derivan de problemáticas en las que está en juego ¿para qué y para quién el agua, la tierra, los bosques? ¿hasta dónde rigen los derechos de las comunidades, su permanencia, y el respeto a sus valores? Criminalizar a quienes defienden los derechos comunitarios no sólo es un acto odioso que debe ser superado, constituye un hecho POLÍTICO, y como tal proponemos que sea tratado en el actual proceso constituyente que vive nuestro país.
No tendremos una verdadera refundación del Ecuador si los procesos judiciales que enfrenta un sector de nuestro país por defender la naturaleza y los derechos humanos no son reparados ahora, ni, como un acto de prevención, la nueva Constitución no provee de garantías plenas a quienes, por las mismas razones, están sufriendo amenazas, acoso y persecución.
Además de la fundamentación jurídica, también adjuntamos la propuesta de Resolución con que se apruebe la Amnistía que estamos solicitando, la descripción de cada problemática y los expedientes correspondientes.
Atentamente, Hna. Elsie Monge Directora Ejecutiva Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Ivonne Ramos Presidenta ACCIÓN ECOLÓGICA
Luis Ángel Saavedra Presidente INREDH

sábado, 16 de febrero de 2008

Lanzamos al viento nuestros ritmos solidarios que cantan, una y otra vez...¡NO ESTAN SOLOS!

Desde Montevideo,Uruguay nos enlazamos al grito de apoyo a los compañeros indigenas zapatistas que se rebelan frente a la opresion y continuan resistiendo alzando fuerte su dignidad. lanzamos al viento nuestros ritmos solidarios que cantan, una y otra vez...¡NO ESTAN SOLOS!



CHIAPAS, TERRITORIO REBELDE


CHIAPAS ES UN ESTADO MILITARIZADO

LAS REPRESIONES Y HOSTIGAMIENTOS DE PARAMILITARES CONTRA LAS COMUNIDADES INDIGENAS REBELDES SON CONSTANTES.

EN CHIAPAS SE VIVE UNA “GUERRA DE BAJA INTENSIDAD” QUE PRETENDE EL EXTERMINIO DE LOS POBLADORES ORIGINARIOS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DEL SISTEMA NEOLIBERAL APROPIANDOSE DE SUS RIQUEZAS NATURALES.

ACUERDOS DE SAN ANDRES
16 de febrero 1996-2008

12 AÑOS DE TRAICION E IMPUNIDAD

1995
Octubre
Día 19: Por primera vez en más de 22 meses de conflicto el gobierno y el EZLN iniciaron la discusión de las causas que originaron el alzamiento armado el 1 de enero de 1994, en grupos de trabajo sobre el tema de Derechos y Cultura Indígena, con la participación de indios, campesinos, intelectuales, religiosos, comunicadores, legisladores y funcionarios, entre otros. En la primera sesión se planteó el reconocimiento político de las comunidades indígenas y sus formas de participación, reglamentar el derecho a la información para garantizar su acceso a los medios de comunicación e impulsar la cultura y tradiciones autóctonas.
Día 23: Concluye la primera fase de los trabajos de la mesa Derechos y Cultura Indígenas del diálogo de San Andrés Larráinzar, en los que participaron 496 personas, de los cuales 308 fueron invitados y asesores del EZLN y 188 del gobierno federal.

1996
Febrero
Día 16: Después de una amplia consulta con sus bases de apoyo el EZLN llega a un acuerdo con el gobierno federal para firmar los acuerdos sobre Derecho y Cultura indígena. En estos acuerdos el gobierno federal se compromete a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General, a ampliar su participación y representación política, a garantizar el acceso pleno a la justicia, a promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, a asegurar la educación y capacitación, a garantizar las necesidades básicas, a impulsar la producción y el empleo y como conclusión de todo esto se plantea la necesidad de un nuevo marco jurídico, tanto nacional como en las diversas entidades, que garanticen: los derechos políticos, fortaleciendo su representación política, sus derechos jurisdiccionales aceptando sus propios procedimientos para designar autoridades y sus sistemas normativos, sus derechos sociales para que se garanticen sus formas de organización social, sus derechos económicos para que se desarrollen sus alternativas de organización para el trabajo y la producción, y sus derechos culturales para que preserven sus identidades y su creatividad. Reconociendo en la legislación nacional a las comunidades indígenas como entidades de derecho público y su capacidad para organizarse autónomamente.

Marzo
Día 21: Después de estiras y aflojas, las negociaciones sobre la Mesa 2. Democracia y Justicia por fin dan inicio. El diálogo rápidamente se convierte en monólogo, en tanto los representantes gubernamentales y sus asesores no participan y guardan un total silencio. Mientras el gobierno federal se rehúsa a discutir, en el estado de Chiapas la represión se incrementa.

Abril
Del 18 a 24: Se lleva a cabo la Fase II de la Mesa 2. Democracia y Justicia. Si bien los representantes del gobierno ya plantean sus posiciones, inmediatamente señalan que la discusión sobre la reforma del Estado es la que está realizando el secretario de Gobernación con los dirigentes de los partidos políticos.

Septiembre
Día 2: El EZLN, después de la consulta realizada entre sus bases de apoyo, resuelve suspender su participación en los diálogos de San Andrés, ante la actitud gubernamental.

1997
Enero
Día 11: El EZLN se reúne con la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) en La Realidad y rechaza la contrapropuesta gubernamental, señalando que no regresará a la mesa de negociaciones hasta que los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, firmados en febrero del 96, sean implementados. El Subcomandante Marcos hace un llamado especial a la COCOPA para que defienda frente al gobierno su propuesta original. Esperará el pronunciamiento oficial de la COCOPA ante la nueva situación.

Febrero
Día1: Diez mil zapatistas civiles marchan por las calles de San Cristóbal, exigiéndole al gobierno respete los acuerdos de San Andrés y acepte la reforma propuesta por la COCOPA.
Marzo
Día 4: Después de 50 días de suspenso, finalmente la COCOPA hace un pronunciamiento sobre la situación en un confuso y contradictorio documento que, virtualmente, significa el abandono de su proyecto de ley.
Día 9: El EZLN responde al comunicado de la COCOPA. Critica su decisión y señala que con ese documento la situación política empeora.

2000
Diciembre
Día 1. El presidente electo, Vicente Fox, quién ganó las elecciones presidenciales el día 2 de Julio, toma posesión de su cargo. Afirma que combatirá la corrupción y la impunidad, y se compromete a solucionar el conflicto chiapaneco. Fox ordena el retiro de 53 retenes militares de la zona de conflicto y parar los patrullajes y sobrevuelos del Ejército.
Día 2. El EZLN pide tres señales al Ejecutivo para reiniciar el diálogo: cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés a través de la aprobación de la ley COCOPA, libertad para todos los presos políticos zapatistas, cierre de siete campamentos militares "de las 259 que mantiene actualmente en la zona de conflicto". Anuncia la caravana zapatista a la ciudad de México para demandar al
Congreso de la Unión el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

2001
Abril
Día 27. La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, con 386 votos a favor y 60 en contra. El presidente en turno de la COCOPA, Félix Castellanos, advirtió que la ley indígena aprobada está naciendo muerta porque no considera las necesidades de las etnias ni está a la altura de sus reclamos. Por su parte, mientras la titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia, Xochitl Gálvez Ruiz, dijo que el Poder Legislativo deberá asumir su responsabilidad histórica por haber aprobado una ley indígena que no es la que se esperaba. Dijo que en el Congreso se hizo un esfuerzo, pero que este fue insuficiente porque no recoge la esencia de la iniciativa de la COCOPA, el presidente Fox dijo que no vetara la ley indígena aprobada por las Cámaras y agrego que es un paso gigantesco para alcanzar la paz en Chiapas.
Día 29. El EZLN hace público un comunicado en el que dice: "El EZLN formalmente desconoce esta reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. No retoma el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, no respeta la 'iniciativa de ley de la COCOPA', ignora por completo la demanda nacional e internacional dereconocimiento de los derechos y la cultura indígenas". A consecuencia, rompe el diálogo con el gobierno.


22 DE DICIEMBRE DE 1997

10 AÑOS DE IMPUNIDAD EN LA MASACRE DE ACTEAL


El día 22 de diciembre marca, para los indígenas tzotziles y también para todos aquellos que luchan por un mundo más justo, el décimo aniversario de uno de los capítulos más tristes de la historia mexicana: la masacre en Acteal de 45 indígenas de esa etnia. La matanza de Acteal, como se le conoce, todavía hoy está marcada por el no respeto de los derechos humanos, pues los militares acusados por los crímenes todavía siguen impunes.
Cerca de 90 paramilitares, supuestamente del grupo Máscara Roja, invadieron la zona zapatista de Los Altos de Chiapas (sureste de México) y atacaron a los indígenas, que integraban la organización Las Abejas, mientras rezaban en una capilla. El resultado del ataque, que duró cerca de siete horas, dejó 16 niños y adolescentes, 20 mujeres -de las cuales siete estaban embarazadas-, y 9 hombres muertos.
Las organizaciones sociales, como Sociedad Civil Las Abejas y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, consideran, que "todo intento por olvidar o atenuar el caso fomenta la impunidad de los responsables materiales e intelectuales, ya que pretende eximir al Estado de toda responsabilidad directa en ese crimen".
Estas organizaciones critican el hecho de que el Estado no reconoce que la matanza era parte de un plan estratégico contrainsurgente para terminar con el movimiento zapatista y que niega la justicia a las víctimas de la Matanza de Acteal y sus familiares. En ese sentido, el Estado "demuestra su falta de compromiso con el respeto pleno de los derechos humanos.
"La masacre no fue un acontecimiento aislado, numerosos hechos anteriores condujeron a este terrible suceso, entre ellos cabe destacar el desalojo de miles de personas así como los asesinatos perpetrados durante 1996 y 1997 en el territorio de Chenalhó, Chiapas.
La indolencia del Estado, que no investiga, ni esclarece la masacre indígena en la justicia, deja espacio para que lo ocurrido contra los indígenas tzotziles se repita, sea bajo el pretexto del combate gubernamental al narcotráfico o a la guerrilla. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, presidente en 1997, no se investigó con seriedad la matanza de Acteal, ni en los gobiernos siguientes.


BREVE CRONOLOGIA DEL EZLN



« 1983- Con seis integrantes se funda el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

« 1994- El EZLN se levanta en armas,toma: San Cristóbal de las Casas,Ocosingo,Altamirano,Las Margaritas y Comitán, Chiapas. Lanza la Primera Declaración de la Selva Lacandona.Marcha de la sociedad civil y anuncio presidencial de cese al fuego. Segunda Declaración de la Selva Lacandona .Inicia la Convención Nacional Democrática con cerca de siete mil delegados en todo el país.


« 1995- La Tercera Declaración de a Selva Lacandona. Ernesto Zedillo lanza una ofensiva militar contra el EZLN. El país al borde de una guerra. Se firman los acuerdos e San Miguel y se inician los diálogos de San Andrés.Se realiza la consulta Nacional por la Paz y la Democracia con un millón ochenta y ocho mil participantes nacionales y cien mil extranjeros de cincuenta países.

« 1996- Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. Se realiza el encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en los cinco Aguascalientes zapatistas con la participación de mas de cinco mil delegados de 42 países.

« 1997- La Marcha de los 1,111 zapatistas que culmina en la ciudad de México por el cumplimiento de os acuerdos de San Andrés y para participar en la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional(FZLN) y en el Segundo Congreso Nacional Indígena. Matanza de Acteal.

« 1998- El Ejercito Federal, tras un año de fuerte represión, ataca violentamente los municipios autónomos zapatistas .El municipio Flores Magón es desmantelado y se instala un grupo paramilitar en dicha comunidad. La Quinta Declaración de la Selva Lacandona rompe el silencio del EZ convocando a una Consulta Nacional sobre los Derechos y Cultura Indígena.

« 1999-Se realiza la Consulta Nacional por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y contra la guerra de exterminio.

« 2000- La Marcha del Color de la Tierra es anunciada. Es una marcha de la comandancia general al D.F con la intención de dialogar con el Congreso de la Unión para impulsar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

« 2001-Inicia la Marcha del Color de a Tierra. Durante 37 días la delegación zapatista hace un recorrido por trece estados para culminar en el D.F.La comandancia general llega a la ciudad de México y reúne a mas de doscientas cincuenta mil personas en el Zócalo capitalino.El Senado de la República aprueba una reforma que desconoce los principales puntos de los acuerdos de San Andrés y en consecuencia el EZ suspende su comunicación con el gobierno federal.

« 2002- Durante todo el año el silencio zapatista se hizo patente .

« 2003- La comandancia del EZ anuncia la desaparición de de los Aguascalientes, la creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno .

« 2005- Alerta Roja(proceso de reorganización de la estructura político-militar) Disolución del FZLN. Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Reuniones preparatorias para LA OTRA CAMPAÑA

jueves, 14 de febrero de 2008

Solidaridad Internacional con Chiapas


Viernes 15 de febrero convocamos al grito internacional contra la represión y la violencia hacia las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas.

Habrá:

Música, danza, malabares, alegría, personajes, info… y sorpresas.

Sitio:

Callejón de la universidad, 19:00hs.

DESPIERTA TU MAGIA
NO CHARLES CHAPLIN (Córdoba)
CONTRAIMPUNIDAD http://contraimpunidad.blogspot.com/

¡SI TOCAN A UN@ NOS TOCAN A TOD@S!

Solidaridad con Chiapas: Llamada al día de acción internacional

Llamada al día de acción internacional el 15.02.2008 por el respeto a la autonomía indígena y contra la represión en Chiapas En los meses pasados, las agresiones contra las comunidades zapatistas han aumentado drásticamente. La guerra de baja intensidad ha adquirido una dimensión que ya no ha tenido desde la masacre de Acteal hace diez años. Al mismo tiempo la atención mediática baja. Nos parece muy importante señalar a la opinión pública Internacional que no hemos olvidado el conflicto y la resistencia en Chiapas. Queremos mostrar al gobierno mexicano que en el mundo observamos atentamente y preocupadamente la situación en Chiapas. Por eso convocamos a un día de acción internacional para el 15.2.2008, p.e. en frente de embajadas y consulados mexicanos, en el marco del duodécimo aniversario de los Acuerdos de San Andrés. (El aniversario es el 16 de febrero, pero el sabado las embajadas están cerradas). Los acuerdos de San Andrés que se discutieron entre el EZLN y el gobierno mexicano tienen el objetivo de garantizar la autonomía indígena. Estos incluyen, por ejemplo, la autonomía indígena y la autogestión de los recursos naturales por los pueblos indígenas residentes. El EZLN interrumpió las negociaciones, dado que el gobierno no cumplió ni respetó los acuerdos. Nos solidarizamos con la realización autogestionaria de la autonomía indígena.

La situación de las comunidades indígenas en resistencia se ha empeorado con la realización del PPP (Plan Puebla Panamá) y otros megaproyectos neoliberales, que requieren el acceso infraestructural y turístico de las reservas de biosfera en Chiapas: En agosto de 2007 cuatro comunidades indígenas fueron desplazadas violentamente de la reserva de biosfera Montes Azules en la Selva Lacandona. Hace un año la cuantidad e intensidad de los ataques paramilitares por parte de la OPDDIC (Organización de la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos) contra las comunidades zapatistas están aumentándose alrededor de Agua Azul, las cascadas más conocidas y visitadas de México. Desde septiembre de 2007, el poblado zapatista Bolon Ajaw ha sido afectado por varios amenazas y ataques por parte de la OPDDIC por el hecho de que el pueblo está localizado en el camino hacia unas cascadas que todavía no tienen acceso turístico. Junto con el gobierno estatal la OPDDIC planea un nuevo proyecto turístico con lo que se pretende desplazar a la comunidad. Ya que la comunidad deniega el reasentamiento voluntario la misma ha sido afectada por varias ataques y amenazas de muerte y violación por parte de la OPDDIC. Además, quemaron algunas casas de Bolon Ajaw.

Los agresores de estos hechos fueron habitantes del ejido Agua Azul, que pertenecen casi todos a la OPDDIC. Por eso organizaciones locales e internacionales han convocado a un boicot turístico hasta que cesen las agresiones contra las comunidades zapatistas. En la comunidad Vetel Yo'chib, cerca de Agua Azul, el día 29.12.07 al camino a su milpa el compañero Pablo Silvano Jiménez recibió un disparo en su pierna por dos policías y un miembro de la OPDDIC. Desde entonces el compa tiene que esconderse y ya no puede trabajar para alimentar a su familia. En la última semana de enero, una brigada internacional de observación, que estaba en Vetel, fue amenazada de violación y muerte. El 1.2.08 les dispararon al compañero Eliseo Silvano Jiménez y a su hijo Eliseo Silvano Espinoza por miembros de la OPDDIC y policías. Después les detuvieron en la camioneta de la OPDDIC.

En la cárcel fueron torturados y forzados a dejarse fotografiar con armas en sus manos. Actualmente todavía están en la carcel de Palenque sin atención medica.

Exigimos:

1.La suspensión de cualquier tipo de agresiones contra las comunidades zapatistas y otras en resistencia.

2.La suspensión de la guerra de contra insurgencia contra las comunidades indígenas y zapatistas y el retiro de los campos militares en la región indígena de Chiapas.

3.La libertad de Eliseo Silvano Jiménez y Eliseo Silvano Espinoza así como de todos los demás presos políticos.

4.La anulación definitiva de los desalos violentos en el terreno indígena de Chiapas.

5.El fin de la cooperación entre organizaciones paramilitares como la OPDDIC y el ejército federal o la policía, tanto como la realización de los conocimientos sobre aquella en el sentido de una aclaración jurídica de sus crímenes.

6.El respeto a la autonomía indígena.

Activistas del Gruppe B.A.S.T.A. (Münster, Alemania) y Atenco Resiste (Berlin), actualmente Chiapas, México

Más información: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/

http://www.capise.org.mx/

http://chiapas.indymedia.org/

lunes, 11 de febrero de 2008

¡YA BASTA!


"Aquí estamos nosotros,
los muertos de siempre,
muriendo otra vez,
pero ahora para vivir"


En los meses pasados, las agresiones contra las comunidades zapatistas han aumentado drásticamente. La guerra de baja intensidad ha adquirido una dimensión que ya no ha tenido desde la masacre de Acteal hace diez años.
La situación de las comunidades indígenas en resistencia se ha
empeorado con la realización del PPP (Plan Puebla Panamá) y otros megaproyectos
neoliberales, que requieren el acceso infraestructural y turístico de
las reservas de biosfera en Chiapas: En agosto de 2007 cuatro
comunidades indígenas fueron desplazadas violentamente de la reserva de biosfera
Montes Azules en la Selva Lacandona. Hace un año la cuantidad e
intensidad de los ataques paramilitares por parte de la OPDDIC (Organización
de la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos) contra las
comunidades zapatistas están aumentándose alrededor de Agua Azul, las
cascadas más conocidas y visitadas de México.
Desde septiembre de 2007, el poblado zapatista Bolon Ajaw ha sido
afectado por varios amenazas y ataques por parte de la OPDDIC por el hecho
de que el pueblo está localizado en el camino hacia unas cascadas que
todavía no tienen acceso turístico. Junto con el gobierno estatal la
OPDDIC planea un nuevo proyecto turístico con lo que se pretende desplazar
a la comunidad. Ya que la comunidad deniega el reasentamiento
voluntario la misma ha sido afectada por varias ataques y amenazas de muerte y
violación por parte de la OPDDIC. Además, quemaron algunas casas de
Bolon Ajaw. Los agresores de estos hechos fueron habitantes del ejido Agua
Azul, que pertenecen casi todos a la OPDDIC. Por eso organizaciones
locales e internacionales han convocado a un boicot turístico hasta que
cesen las agresiones contra las comunidades zapatistas.
En la comunidad Vetel Yo'chib, cerca de Agua Azul, el día 29.12.07 al
camino a su milpa el compañero Pablo Silvano Jiménez recibió un disparo
en su pierna por dos policías y un miembro de la OPDDIC. Desde entonces
el compa tiene que esconderse y ya no puede trabajar para alimentar a
su familia. En la última semana de enero, una brigada internacional de
observación, que estaba en Vetel, fue amenazada de violación y muerte.
El 1.2.08 les dispararon al compañero Eliseo Silvano Jiménez y a su
hijo Eliseo Silvano Espinoza por miembros de la OPDDIC y policías. Después
les detuvieron en la camioneta de la OPDDIC. En la cárcel fueron
torturados y forzados a dejarse fotografiar con armas en sus manos.Tras conocer las denuncias fueron liberados.

Informe de la Comision Civil Internacional de Observacion por los Derechos Humanos
VI visita.Estado de Chiapas


Diez años después de nuestra primera visita y, tras el trabajo desarrollado a lo largo de estos siete días, podemos hacer un balance provisional del estado de cumplimiento de nuestras anteriores recomendaciones. La perspectiva histórica que nos ofrece el tiempo transcurrido desde nuestra primera visita, así como el anuncio por parte del nuevo gobernador Juan Sabines de dejar atrás algunas de las prácticas de gobiernos anteriores, justificaba el interés de nuestra presencia en Chiapas. Después de entrevistarnos con un amplio número de personas, organizaciones, sectores sociales e instituciones, presentamos las siguientes

CONCLUSIONES PROVISIONALES

1. A 10 años de la masacre de Acteal, la situación social en Chiapas sigue atravesada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión. Tales dinámicas afectan a la mayor parte de su población, siendo especialmente intensa en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina.

2. Los poderosos obstáculos en el acceso a recursos básicos para la supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo, se sitúan en el trasfondo del conjunto de las graves vulneraciones de los derechos humanos detectadas. Tales dificultades afectan esencialmente a la posesión de la tierra, el acceso al agua, a la energía y a la biodiversidad en su conjunto.

3. La desigual e insuficiente satisfacción de servicios básicos en el terreno educativo y de salud, junto con otras vulneraciones de derechos sociales y culturales fundamentales explican igualmente la preocupante situación de los derechos humanos en la región.

4. La existencia de necesidades básicas insatisfechas, junto con la falta de confianza en los cauces institucionales de participación, genera procesos de organización social. La reivindicación colectiva organizada, en efecto, es vista como única vía de realización, siempre parcial, coyuntural y competitiva, de los intereses y necesidades más esenciales.

5. En algunos casos la movilización colectiva supera la dimensión reivindicativa para apostar por respuestas de autotutela de los derechos. La construcción de las autonomías indígenas de las comunidades zapatistas es sin duda el ejemplo más avanzado pues genera espacios propios de participación social, económica y política cuya intensidad desborda los referentes institucionales y confronta profundas dinámicas de dominación cultural todavía vigentes.

6. Frente a lo anterior, los poderes públicos han venido respondiendo con políticas de desarrollo social que no han respetado esta realidad, ni han incorporado seriamente la participación de las comunidades en el diseño de las mismas. Por tanto, su implementación viene creando división y conflictos en muchas comunidades.

7. La política de control y represión de esta movilización colectiva también ha diseñado contextos de vulneración de derechos humanos. Tal y como ya se constató en informes anteriores, la presencia militar en la zona constituye también un elemento que favorece el conflicto. La continuidad de tal presencia militar resulta desproporcionada y por tanto es injustificada.

8. La primera visita tuvo como objeto la reacción de la sociedad civil internacional frente a la masacre de Acteal. En la actualidad –diez años después- podemos afirmar que la impunidad continúa. La creación, por parte del nuevo gobierno, de la Fiscalía especializada para el caso de Acteal no ha logrado ningún avance significativo al respecto. La detención de sujetos ya condenados por estos hechos, la revisión de las sanciones administrativas ya impuestas o la firma de acuerdos con la comunidad sin reconocimiento de la verdad sobre los hechos son simplemente actos políticos de carácter simbólico, inútiles para el alcance de la justicia.

9. La CCIODH advierte que en la actualidad continúan apareciendo numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. Este hecho no favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto para la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no se ha avanzado realmente en este aspecto. Especialmente inquietante resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos consistente en la consideración denuncias falsas, el uso del maltrato físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorios y el valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial. Este modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia, en el que participan además particulares en connivencia con las autoridades.

10. Desde nuestros primeros informes hemos venido destacando la presencia de grupos paramilitares así como recomendando su disolución y desarme. Lamentablemente, seguimos detectando tanto la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de la seguridad pública. En algunas áreas geográficas su actividad incluso ha aumentado.

11. La CCIODH ha detectado numerosas irregularidades en el funcionamiento de la justicia que la hacen partícipe del mencionado modelo de reacción frente a las organizaciones sociales y en especial contra personas y comunidades indígenas, respecto de las cuales la indefensión continúa siendo regla general.

RECOMENDACIONES

1. La extensión y democratización del acceso a los recursos y servicios básicos constituye el punto de partida de cualquier avance en la vigencia de los derechos humanos en Chiapas. Por ello, deberían abandonarse aquellas políticas de carácter neoliberal que conducen a un acceso restringido y privatizado a los recursos básicos y que además se han demostrado insostenibles ecológica y socialmente.

2. Los poderes públicos deben respetar y promover los procesos de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, dada su demostrada capacidad de satisfacción de necesidades básicas.

3. Cualquier programa gubernamental de desarrollo económico y social deber ser consensuado con los sectores sociales verdaderamente representativos. Cuando éstos afecten a los intereses de los pueblos indígenas necesariamente se deberá obtener de los mismos su consentimiento previo, libre e informado, tal y como exige la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

4. Constituye una necesidad inaplazable emprender la desmilitarización de la zona. La presencia militar debe ser estrictamente limitada al desarrollo de las funciones constitucionalmente señaladas, evitando a toda costa su incidencia en la vida de las comunidades.

5. Debe procederse definitivamente al desarme y disolución de todos los grupos paramilitares aún presentes en el Estado, a la persecución jurídica de sus miembros y máximos responsables y a la depuración de responsabilidades políticas que se pudieran derivar.

6. Los poderes públicos deben implicarse de inmediato y de manera contundente en la lucha contra la impunidad. Más allá de reformas normativas pendientes, es imprescindible la determinación política para acabar con este fenómeno.

7. Debe abandonarse toda práctica de utilización del sistema punitivo para criminalizar y reprimir los movimientos y las organizaciones sociales. En este sentido, es necesario introducir reformas tendentes a eliminar las situaciones de indefensión, abuso de poder, vulneración del principio de presunción de inocencia, construcción de denuncias falsas, y la creación de delitos que por su amplitud puedan ser utilizados en esta dinámica represiva.

8. Es urgente abordar una reforma estructural del sistema de impartición de justicia que asegure su verdadera accesibilidad, su imparcialidad y la vigencia de todas las garantías básicas. Debe asegurarse una defensa de oficio de calidad, la presencia de traductores de confianza que garanticen los derechos lingüísticos de las personas indígenas y permitir que las víctimas de sucesos delictivos puedan actuar como parte en los procesos judiciales, abandonando el monopolio del ministerio público y con ello evitar sospechas sobre su parcialidad.

9. Por último, la realización de la justicia se constituye como el elemento imprescindible e inaplazable para construir la memoria histórica del conflicto.

Sólo sobre el reconocimiento de la verdad es posible construir las bases para la reparación a los afectados y la solución de los problemas psicosociales derivados del mismo.

San Cristóbal de las Casas, a 9 de febrero de 2008
Atentamente:
Comisión de Prensa de la CCIODH

http://www.blogger.com/www.enlacezapatista.org.mx
http://www.blogger.com/www.chiapas.indymedia.org






¡YA BASTA! a la militarizacion en Chiapas

¡YA BASTA! al despojo y la explotación de los de abajo

¡YA BASTA! a la persecusión, represión y asesinato de tod@ los luchadores sociales


"No nos dejen solos.
Con ustedes todos somos.
Sin ustedes , somos otra vez ese rincon sucio y olvidado de la patria"






martes, 5 de febrero de 2008

Acción Urgente: Desaparición de Adriana Sarmiento Enríquez en Ciudad Juárez, Chihuahua: Amnistía Internacional

* foto: Vil Coyote (copyleft)


El 18 de enero, Adriana Sarmiento Enríquez, de 15 años, desapareció en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Se teme que haya sido secuestrada. Su vida corre peligro, ya que centenares de mujeres y niñas han sido asesinadas en Ciudad Juárez en los últimos 15 años. En algunas ocasiones, las autoridades no han respondido con la debida rapidez a las denuncias de desaparición de mujeres y niñas.
Adriana Sarmiento Enríquez fue vista por última vez por sus amigas la tarde del 18 de enero, cuando se dirigía a tomar un autobús para regresar a su casa a la salida de la escuela, cerca del centro de Ciudad Juárez. Su familia denunció su desaparición a las autoridades. Organizaciones de mujeres, amigos y familiares han repartido folletos en los que piden a los testigos que puedan haberla visto que se presenten. El 27 de enero, sus compañeros de escuela llevaron a cabo una manifestación para pedir a las autoridades más acciones para encontrar a Adriana Sarmiento Enríquez. Otras dos muchachas que asistían a la misma escuela fueron secuestradas y asesinadas en 2003 y 2004.
Según las organizaciones locales de derechos humanos, al menos cuatro niñas y mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez en 2008. El 2 de enero, Johana Radilla Sánchez, de 20 años, fue agredida sexualmente y asesinada en casa de un familiar. El 18 de enero, María Guadalupe Esparza Zavala murió de una puñalada en el corazón, según los informes a manos de su compañero. El 20 de enero, Mirna Yeremía Muñoz Ledo Marín, de 10 años, fue hallada muerta en su casa: había sido agredida sexualmente y asesinada a puñaladas. El 21 de enero, Ericka Sonora Trejo, de 38 años y embarazada de ocho meses, fue hallada muerta a golpes en el cuarto de baño de su casa. La policía dijo que creía que el responsable era su suegro.
El 29 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe en el que evaluaba las medidas tomadas por las autoridades municipales, estatales y federales para poner fin a las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. El informe concluía que ninguno de los tres niveles de gobierno había tomado medidas suficientes para terminar con la constante violencia contra las mujeres.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Al menos 430 mujeres y niñas han sido asesinadas en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua desde 1993, y más de 40 permanecen desaparecidas. Muchos de estos asesinatos tuvieron lugar en diferentes contextos y por diferentes motivos, pero al menos una tercera parte estuvieron relacionados con la violencia sexual, y muchos fueron también resultado de la violencia doméstica. En 2003, la intensa presión nacional e internacional llevó al gobierno federal y los gobiernos estatales a centrar sus esfuerzos en mejorar, con un éxito limitado, la prevención y el castigo de estos delitos. Pese a ello, menos de la mitad de los asesinatos han concluido con el procesamiento y la condena de su autor, y un tercio de los casos siguen bajo investigación. Además, a pesar de que un fiscal federal recomendó que se investigara a más de 170 funcionarios estatales y municipales por actos de negligencia y omisión en el manejo de los casos, ninguno de ellos ha comparecido ante la justicia. Las familias y las organizaciones de mujeres siguen haciendo campaña en pro de la justicia.
Encontrarán más información en el informe de AI: México: Muertes Intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, AMR 41/026/2003, http://www.amnesty.org/es/report/info/AMR41/026/2003.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:- expresando preocupación por la seguridad de Adriana Sarmiento Enríquez, vista por última vez en Ciudad Juárez el 18 de enero;- pidiendo a las autoridades que garanticen que se emprende una operación policial rápida y efectiva para investigar su desaparición y determinar su paradero;- instando a que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, efectivas e imparciales, con toda la colaboración de las instituciones municipales, estatales y federales, sobre todos los casos de mujeres asesinadas o desaparecidas en el estado de Chihuahua;- pidiendo a las autoridades que tomen medidas efectivas para prevenir, investigar y castigar la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua y para hacer rendir cuentas a todos los funcionarios implicados en actos de negligencia u omisión en las investigaciones anteriores sobre delitos violentos contra mujeres.

LLAMAMIENTOS A:Lic. José Reyes Baeza TerrazasGobernador del Estado de ChihuahuaPalacio de Gobierno, piso 1, C. Aldama #901, Col. CentroChihuahua, Estado de Chihuahua, C.P. 31000, MÉXICOFax: +52 614 4293300 ext. 11066Correo-e.: oacosta@chihuahua.gob.mx (Secretaría del gobernador)Tratamiento: Señor GobernadorPatricia González RodríguezProcuradora del Estado de Chihuahua, Procuraduría General de Justicia del EstadoVicente Guerrero 616, Col. Centro, Chihuahua 31000, Estado de Chihuahua, MÉXICOFax: +52 614 415 0314Correo-e.: pagonzale@buzon.chihuahua.mxTratamiento: Señora Procuradora GeneralLic. Juan Camilo Mouriño TerrazoSecretaría de GobernaciónBucareli 99, 1er. piso,Col. Juárez, Del. CuauhtémocMéxico D.F., C.P.06600MÉXICOFax: (+52 55) 5093 3414Correo-e.: secretario@segob.gob.mxTratamiento: Señor SecretarioCOPIA A:Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos HumanosPeriférico Sur 3469, 5º piso, Col. San Jerónimo Lídice, México D.F. 10200, MÉXICOOrganización de derechos humanosNuestras Hijas de Regreso a CasaCorreo-e.: nuestrashijas@gmail.comy a la representación diplomática de México acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 13 de marzo de 2008.

domingo, 3 de febrero de 2008

Liberan a siete activistas de Atenco



Quedaron exculpados de los cargos de secuestro y ataque a las vías de comunicación

Liberan a siete activistas de Atenco

Otros 15 miembros del FPDT continúan prisioneros, entre ellos Ignacio del Valle

Texcoco, Méx., 25 de enero. La noche de este viernes, siete activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco salieron libres del penal estatal Molino de Flores, luego de que un tribunal federal los exculpó de los delitos de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación.

Los simpatizantes del movimiento opositor a la construcción de un aeropuerto en los terrenos del ex lago de Texcoco se encontraban en prisión desde hace un año ocho meses, tras los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006.

Hoy, el cuarto tribunal colegiado de segundo circuito con sede en Toluca notificó sobre la resolución 269/07, en la cual ratificó la sentencia del juicio de amparo 757/07, que fue favorable a nueve procesados.

Desde que se conoció la noticia de la inminente liberación, centenares de estudiantes de la Escuela de Antropología, familiares y amigos de los presos, así como simpatizantes del movimiento atenquense se congregaron en el plantón que permanece a un costado del penal desde que los presos fueron trasladados a la cárcel de Texcoco.

Con música, cohetes y consignas esperaron a que se abrieran las rejas de la prisión para dar paso a los liberados.

Juan de Dios Hernández Monge, abogado del FPDT, explicó que hace unas semanas el juez Mauricio Torres Martínez, titular del juzgado federal noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl, exculpó a los acusados y ordenó su inmediata liberación.

Sin embargo, el Ministerio Público Federal, que imputó los cargos de secuestro equiparado a siete de éstos y ataques a las vías de comunicación en dos casos más, en respuesta interpuso un recurso de revisión, el cual se resolvió este viernes 25. “(Son) siete atenquenses acusados de secuestro que salen en libertad este día. El tribunal colegiado en materia penal ratificó la sentencia de amparo concedida en el expediente 757/07, otorgada por el juez federal noveno de distrito del estado de México”, dijo Hernández Monge.

Quienes obtuvieron su libertad son el doctor Guillermo Selvas Pineda y su hija Mariana Selvas Gómez; David Medina Neri, Vicente García Munguía, Martín Garrido Romero, Cecilio Ramírez Espinosa y Jorge Armando Ramírez Aguilar.

El abogado destacó que fue hasta este viernes cuando el cuarto tribunal colegiado del segundo circuito con sede en Toluca confirmó el amparo a los nueve miembros y simpatizantes del FPDT.

De los nueve a quienes se les ratificó el amparo, dos (María Luisa López Morán y Norma Haydee Jiménez Osorio) ya enfrentaban su proceso en libertad, pues únicamente estaban acusadas de ataques a las vías de comunicación, el cual no es un delito grave.

A uno más, Oscar Hernández Pacheco, la justicia federal le negó la libertad por el delito de secuestro, considerado grave, por lo que seguirá en prisión junto con otros 15 miembros del FPDT, entre estos Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, recluidos en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

Luego de que el tribunal notificó al juzgado noveno de distrito y éste, a su vez, al juzgado primero de lo penal con sede en el penal estatal de Texcoco, la noche de este viernes finalmente obtuvieron su libertad estos simpatizantes del FPDT, quienes fueron recibidos por abogados, familiares y campesinos.

Este resolutivo, favorable al FPDT, ocurrió 48 horas después de que el mismo juez federal Mauricio Torres Martínez dictó sentencia de amparo en favor de otros 53 integrantes del FPDT, a quienes exculpó de ataques a las vías de comunicación.

http://www.jornada.unam.mx/2008/01/26/index.php?section=politica&article=008n1pol

mas info:http://mujeressinmiedo.blogspot.com/



viernes, 1 de febrero de 2008

Si uno " cae " diez se levantarán, ¡ Marri chi weu !



PATRICIA TRONCOSO LEVANTA LA HUELGA DE HAMBRE

COMUNICADO PUBLICO

A mi querido pueblo Mapuche y a todos quienes han puesto en estas movilizaciones su solidaridad, su generosidad, su compromiso por las reivindicaciones de nuestro pueblo:

1.- Deseo expresar mi gran agradecimiento a ustedes hermanas y hermanos que apoyaron durante toda la huelga. Ustedes al igual que yo hemos puesto el hombro a la represión, vencimos el cerco comunicacional, vencimos el orgullo y la arrogancia de un gobierno y nos llenamos de generosidad para dejar de lado los interese personales y mezquinos por otro intereses mas solidarios que aseguren justicia y libertad para todo el pueblo mapuche y chileno, ambos empobrecidos, explotados por un modelo económico depredador e inhumano.

2.- Deseo decir que hoy si tenemos un documento que indica la forma y otorgamiento de los beneficios, pero que es mas que un documento, ya que tiene como garantía a la iglesia a través de Monseñor Alejandro Goic como ente fiscalizador del cumplimiento de este acuerdo. La iglesia ha dado su palabra para el cumplimiento de lo acordado y creemos en ella:

- CET y salida dominical para Juan Millalen.

- CET y fin de semana para Jaime Marileo.

- CET y fin de semana para Patricia Troncoso y recuperación en Temuco. Beneficio que parten desde el inicio de marzo 2008. Este documento esta en custodia de la iglesia.

Dejamos en claro, principalmente a la derecha, que el otorgamiento de estos beneficios es nada mas y nada menos que el reconocimiento que tiene todo interno condenado, porque como es sabido, contamos con los requisitos para ello no es benevolencia sino un acto de justicia.

3.- Quisiera dejar en claro que las huelgas de hambre que se han llevado a cabo no tienen otro propósito que denunciar la injusticia a la cual nos han sometido por reclamar; el derecho del pueblo a tener tierra y autonomía, a denunciar los juicios que no respetaron un debido proceso, a denunciar las aplicaciones de leyes altamente represivas como la ley antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado usadas por Pinochet para reprimir, que siempre serán licitas si ellos obedecen a denunciar injusticias.

4.- Que entendemos, que el conflicto político-histórico con nuestro pueblo obedece principalmente al reconocimiento de su territorio, autonomía y al ejercicio de estas conquistas. Que los convenios internacionales, los reconocimientos constitucionales o papeles que puedan avalarlo no tienen mayor importancia, sino somos nosotros mismos quienes los ejercitamos, hacemos respetar y perseverar en el tiempo para el futuro nuestras generaciones.

Es por esto que hoy no creemos en estos "supuestos esfuerzos" que hace el gobierno en esta línea, porque todas las voluntades políticas siempre han estado al servicio de la expansión de las forestales, hidroeléctricas, aeropuertos, celulosas, proyectos mineros, depredación y explotación de la naturaleza, sin pensar si estos ponen en riesgo nuestras pocas tierras y lo que nos queda de nuestros recursos naturales.

Pensamos que estos esfuerzos tienen una finalidad, de limpiar la mala imagen del gobierno en el extranjero y de volver a entrampar el tema mayor, que es territorio y autonomía, mientras se nos niega reprimiendo y hablando de aplicaciones de ley antiterrorista. Por esto creemos que el Estado una vez mas miente a conveniencia y lo escribe con la mano luego lo borra con el codo, que los gestos reales para avanzar en nuestro proceso de reconstrucción política deben estar mediados y orientados a buscar alianzas políticas y estratégicas afines para la reconstrucción de un movimiento sano fuerte y consecuente con la historia y con los desafíos en lo que vive hoy nuestro pueblo.

Si nos preguntamos que hemos ganado con estas movilizaciones podríamos decir:

a) Primero, haber instalado el tema en términos nacionales e internacionales acerca de la gravedad de la violencia y militarización de la zona en conflicto donde las comunidades hoy resisten.

b) Creemos que en Chile no existen condiciones para tratar el tema de Ley Antiterrorista y criminalizacion de las demandas del pueblo Mapuche. Es por esta razón que nos reservamos a la mediación que se haga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se llegue a un acuerdo mayor abordando la Ley Antiterrorista, juicios justos, debidos procesos y presunción de inocencia y fin a los testigos sin rostro o protegidos.

c) El reconocimiento de los beneficios intrapenitenciarios como a cualquier interno encarcelado.

d) El lograr hacer entender al gobierno que el tema mapuche debe ser abordado con seriedad, sin soluciones de parche o proyectos, sino con los temas de fondo que obedecen a territorio y autonomía, represión y militarización de las comunidades y grupos de apoyo en ciudades.

Y quizás de lo que hemos ganado sin llegar a dimensionarlo aun, es el "REENCUENTRO DE TODO NUESTRO PUEBLO MAPUCHE". Hemos logrado encontrarnos los dos lados de la cordillera, los puelches y los Wallmapu, ahora somos una sola propuesta política y es la que ha sido heredada de nuestros antepasados "TIERRA Y AUTONOMIA".

También nos hemos ganado nosotros mismos, la confianza y el trabajo para triunfar porque las banderas que hemos usado en esta lucha son justas y generosas. Lo que ha puesto cada uno del mas pequeño al mas grande, del mas humilde al mas letrado puede significar en un futuro cercano cambios reales en materia del respeto a los Derechos Humanos, cambios del sistema económico depredador e inhumano, protección y resguardo de los recursos naturales "de los pocos que nos quedan", legalidad que permita fiscalizar elevar las exigencias del impacto ambiental y tecnologías limpias para las futuras inversiones en este país. Frenar el avance de la forestación con bosques exóticos, frenar la depredación al bosque autóctono y flora endémica, a fin de proteger todas aquellas inversiones que pongan en peligro el equilibrio y biodiversidad de nuestros territorios junto al ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos de nuestro pueblo.

¿Cuales son nuestras principales tareas después de esta huelga?

- Consensuar una línea política que permita abordar de manera responsable, sin protagonismo y pequeñeces el tema de fondo de nuestro pueblo: territorio y autonomía y el derecho a disfrutarlo de forma integral.

- Buscar contener a través del trabajo con las redes de apoyo de Chile y el extranjero la gran represión a la que son expuestos permanentes niños, jóvenes, mujeres y ancianos.

- Volver a denunciar a niveles internacionales la situación de DDHH que afectan a nuestro pueblo.

- Trabajar y documentar el tema de la ley antiterrorista y ley de seguridad interior del estado como armas eficaces de represión, junto a la criminalizacion de la causa con juicios injustos, testigos protegidos o sin rostro, debido proceso, etc.

Finalmente, decir que hoy 30 de enero del año 2008, pongo fin a mi huelga de hambre que se prolongo durante 112 días, obedeciendo y creyendo en el rol de la iglesia, a quien pedimos su mediación debido a la defensa de los Derechos Humanos y del pueblo pobre y explotado por un modelo económico que ha condenado a la humanidad a perder lo humano, generoso y por sobre todo su relación con Dios y la naturaleza.

Solo me queda agradecer a monseñor Alejandro Goic, quien ha dado grandes muestras de consecuencia, responsabilidad y por sobre todo comprensión de lo difícil de nuestro tema. Por ultimo aclarar que el problema político histórico del pueblo mapuche es un problema a seguir solucionando y que no depende de una huelga de hambre, sino mas bien, de hombres y mujeres decididos ha hacerlo. "AHORA A TRABAJAR"

Mientras haya coligües, coligües nacerán.

Si uno cae " diez se levantaran, ¡ Marri chi weu !

Chaltumay pu lamgen Newen tuaìñ – wewaiñ

PATRICIA TRONCOS ROBLES
PRESA POLITICA MAPUCHE
Chillan, enero 30 del 2008