Ante la represión en Ocotlán

LLAMAMIENTO DESDE CANADÁ EN APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL VALLE DE OCOTLÁN, OAXACA

Mayo 6, 2009

A QUIEN CORRESPONDA

Nos hemos enterado, que los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz, han desatado una violenta represión en contra de las comunidades indígenas de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, por el hecho de defender el medio ambiente y sus recursos naturales, al oponerse al establecimiento de las minas FORTUNA SILVER MINES Y CUZCATLÁN, quienes además de ser altamente contaminantes y depredadoras del medioambiente, se nos ha informado que han iniciado sus trabajos sin contar con los permisos y trámites establecidos en las leyes correspondientes.

Nos preocupa que el gobierno mexicano reprima a su pueblo y violen los derechos humanos en beneficio de empresas que ni siquiera acatan las leyes nacionales.

Por lo anterior, le demandamos:

• La suspensión inmediata de la represión y la violación de los derechos humanos de los indígenas de Los Valles de Ocotlán, por el “delito” de defender el medioambiente y sus recursos naturales, lo que debería ser prioridad de todos los gobiernos del mundo.
• La libertad inmediata e incondicional de las personas detenidas injustamente, pues sabemos de la habilidad del gobierno mexicano para fabricar delitos en contra de los activistas sociales.
• El cumplimiento de la petición de los pueblos de la salida de las mineras del Valle de Ocotlán, por contaminar el agua y el medio ambiente.

Esperando que se responda positivamente a esta petición, nos mantenemos atentos de los acontecimientos en San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca.

ATENTAMENTE
BUILDING BRIDGES HUMAN RIGHTS- VANCOUVER

MAY 6, 2009 VANCOUVER, B.C.

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ACCIÓN URGENTE
Mayo 6, 2009

LOS GOBIERNOS DE FELIPE CALDERON Y ULISES RUIZ, REPRIMEN A LOS PUEBLOS DE OAXACA QUE DEFIENDEN EL MEDIO AMBIENTE Y SUS RECURSOS NATURALES

El día de hoy miércoles 6 de mayo del 2009, alrededor de las 8:30 de la mañana, con lujo de violencia; utilizando gases lacrimógenos, con disparos de diversas armas de fuego, perros policías, golpeando salvajemente a los compañeros y canteando sus domicilios, a quienes pacíficamente estaban resguardando el acceso de la mina, entraron más de 2500 efectivos de la policía FEDERAL, AFI, JUDICIAL, DEL CUERPO DE BOMBEROS; también fueron golpeados los medios de comunicación que se encontraban presentes y se les bloqueo el acceso, desde temprano estaba sobrevolando un helicóptero, como a 15 o 20 metros de altura, atemorizando a la población.

De manera general han detenido a 20 compañeros: Ignacio Vásquez Gómez, Hilario Vásquez, Joaquín López, Víctor Sánchez Martínez, Juan García, Elías López, Bernardo Vásquez Gómez, Silvino Vásquez Mérida, Alfonso Ruiz, Alfonso Rodrigo López, Luis Ruiz Martínez, Víctor Ruiz Martínez, Juan Carlos López, Agripina Vásquez Sánchez, Bernardo Vásquez Sánchez, Víctor Ortiz Hernández, Apolinar García, Carmela González, Ubaldo González, todos ellos de San José del Progreso y Alejandro Aquino Cosme de Magdalena Ocotlán.
Entre las 12:00 y las 12:30 hrs., han reforzado los cercos policiacos de todas las corporaciones para catear casa por casa al municipio de Magdalena Ocotlán e incluso detienen a quien anda en la calle, situación por la cual ya son más de 20 detenidos.

Con todo ese operativo, Mantienen el cerco policiaco sobre la comunidad de San José del progreso, en tanto las comunidades de Magdalena Ocotlán y Santa Lucia, El Maguey Largo, se están reorganizando, para liberar el cerco policiaco sobre San José del Progreso, Ocotlán, así como realizar acciones para la liberación de los detenidos.

Los intentos de dialogo, han sido nulos con la Secretaria del Medio Ambiente (SEMARNAT) y la SECRETARIA DE ECONOMIA, PROFEPA, COMISION NACIONAL DEL AGUA, Y CON LA SECRETARIA DE GOBERNACION, instituciones que son las que dan los permisos de acuerdo a un estudio de impacto ambiental que la minera CUZCATLAN presenta, y que debe darse a conocer a los dueños originales de las tierras.

Pero han podido mas los engaños, las mentiras de la empresa CUZCATLAN, pues como se ve el día de hoy el gobierno federal y estatal están dando todo el respaldo a las inversiones mineras, sin considerar la opinión de los pueblos, que van a ser afectados por las consecuencias de envenenamiento de agua, suelos, atmosfera, por el ruido, la destrucción de los cimientos de las casas, a consecuencia de las explosiones que con dinamita por las noches ha realiza la empresa minera; ninguna de las acciones que pacíficamente hemos realizado ha podido sensibilizar a las autoridades para que la petición de los pueblos sean escuchadas, así lo demuestra el respaldo que Felipe Calderón el 21 de abril, da a conocer en cadena nacional y en periódicos, a las inversiones mineras en México, lo que demuestra que el gobierno espurio de Felipe calderón se ha puesto de rodillas ante las empresas extranjeras.

Ante esta situación exigimos:
• Alto a la brutal represión y violación de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno nacional y estatal.
• Libertad inmediata de los presos políticos de las comunidades del Valle de Ocotlán y del estado de Oaxaca.
• Salida inmediata e incondicional de las mineras que envenenan el agua y destruyen el medio ambiente.
• Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), garantice la seguridad física y psicológica de los detenidos y que se pronuncie en contra de la violación de los derechos humanos cometidos en el desalojo.
• Fuera de Oaxaca el criminal Ulises Ruiz Ortiz.

Les pedimos a las organizaciones y personalidades nacionales e internacionales que se pronuncien en contra de la represión y violación a los derechos humanos que se está cometiendo en México contra los indígenas que defienden el medio ambiente y sus recursos naturales, enviando cartas de repudio al gobierno de México y del estado de Oaxaca, a las embajadas mexicanas en sus respectivos países, y donde tengan condiciones, hacer manifestaciones de repudio a estas acciones de los gobiernos espurios de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz.

ATENTAMENTE
“POR LA VIDA, DEFENDAMOS A NUESTRA MADRE TIERRA”
FORO SOCIAL MUNDIAL
CONCEJO DE GOBIERNO POPULAR MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO OCOTLÁN
COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CODEP)
COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y NUESTRA MADRE TIERRA DEL VALLE DE OCOTLÁN - EJUTLA

PROPUESTA DE MENSAJE

A QUIEN CORRESPONDA:

Nos hemos enterado, que los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz, han desatado una violenta represión en contra de las comunidades indígenas de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, por el hecho de defender el medio ambiente y sus recursos naturales, al oponerse al establecimiento de las minas FORTUNA SILVER MINES Y CUZCATLÁN, quienes además de ser altamente contaminantes y depredadoras del medioambiente, se nos ha informado que han iniciado sus trabajos sin contar con los permisos y trámites establecidos en las leyes correspondientes.

Nos preocupa que el gobierno mexicano reprima a su pueblo y violen los derechos humanos en beneficio de empresas que ni siquiera acatan las leyes nacionales.

Por lo anterior, le demandamos:

• La suspensión inmediata de la represión y la violación de los derechos humanos de los indígenas de Los Valles de Ocotlán, por el “delito” de defender el medioambiente y sus recursos naturales, lo que debería ser prioridad de todos los gobiernos del mundo.
• La libertad inmediata e incondicional de las personas detenidas injustamente, pues sabemos de la habilidad del gobierno mexicano para fabricar delitos en contra de los activistas sociales.
• El cumplimiento de la petición de los pueblos de la salida de las mineras del Valle de Ocotlán, por contaminar el agua y el medio ambiente.

Esperando que se responda positivamente a esta petición, nos mantenemos atentos de los acontecimientos en San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca.

FIRMA

ENVIAR SUS LLAMAMIENTOS A:
LIC. FELIPE CALDERON HINOJOSA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE MÉXICO
FAX (55) 52 77 23 76
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Ministro Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Suprema Corte de Justicia de la Nación
portalSCJN@mail.scjn.gob.mx

FERNANDO FRANCISCO GÓMEZ MONT
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN: BUCARELI 99 EDIFICIO COBIAN PISO 1 JUÁREZ
CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, 06600
CORREO: secretario@segob.gob.mx

LIC. EDUARDO MEDINA MORA ICAZA
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
TEL. (55) 53 46 09 08 MAIL: ofproc@pgr.gob.mx

DR. JOSÉ LUIS SOBERANES
PDTE. DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
FAX (55) 56 81 71 99, correo@cndh.gob.mx
RPTE. DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO
FAX: (55) 52812409
MAIL: oacnudh@hchr.org.mx

LIC. ULISES RUIZ ORTIZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA-PUERTO ÁNGEL, KM. 9.5,
SANTA MARÍA COYOTEPEC, OAXACA C.P. 71254,
OAXACA MÉXICO EMAIL: gobernador@oaxaca.gob.mx
Fax: (+52) 951 502 0530

Guatemala: continua represión a dirigentes indígenas

SÚMATE A LA ACCIÓN URGENTE (selecciona y copia en un correo)

Nosotr@s/Yo, [INGRESAR NOMBRE U ORGANIZACIÓN], denunciamos la ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolom, la criminalización de las luchas campesinas, y la falta de respuestas efectivas del gobierno de Álvaro Colom ante las demandas de legalización de tierras en Livingston, Izabal, Guatemala.

LOS HECHOS:

1. La muerte violenta de Mario Caal Bolom, es producto de una ejecución extrajudicial. El pasado 24 de mayo, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) emitió una resolución en la que señala la violación al derecho humano a la integridad personal en la muerte de Mario Caal Bolom, el 15 de marzo anterior, en el departamento de Izabal. El informe consigna que el señor Caal fue golpeado antes de morir, y que su cuerpo mostraba una quemadura que se corresponde con el diámetro del tipo de armas utilizadas por los miembros de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), siendo dicho impacto el que le causó la muerte. La Procuraduría concluye en que existe responsabilidad de la Dirección General de la PNC, de la dirección adjunta, de los agentes, de la fiscal distrital de Izabal, el médico forense, así como de la directora del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) por negarse a brindar la documentación pertinente durante la investigación.

2. Más de cien días luego de la detención irregular, encarcelamiento y criminalización del dirigente campesino Ramiro Choc, y de los vicios en el debido proceso que hasta hoy impiden su liberación. El 14 de febrero del 2008, a inmediaciones del Río Dulce, elementos de la Policía Nacional Civil detuvieron a Ramiro Choc, quien, pese a ser día hábil de trabajo, no fue puesto a disposición del juzgado competente de manera inmediata. Desde su detención, el dirigente campesino fue trasladado de un lugar a otro, violándosele derechos fundamentales como, la posibilidad de hacer una llamada telefónica, miembros de la policía nacional lo amenazaron persistentemente, y autoridades judiciales le requirieron firmar un documento que adolecía de una serie de imprecisiones, a lo que él claramente se negó. Esto, entre otros vicios al debido proceso, hasta que al final de ese mismo día fue trasladado a la cárcel del departamento de Zacapa en el marco de un fuerte contingente policial en el que participaron ocho radiopatrullas. Desde la defensa se interpuso un recurso de prejudicialidad, al cual se le dio lugar, presentándose oportunamente las pruebas de su inocencia ante los supuestos delitos de apropiación de tierras, robo agrabado y detención ilegal. Seis días más tarde, Ramiro Choc fue trasladado en horas de la noche al Centro Preventivo de la zona 18, en la ciudad de Guatemala, donde permanece desde entonces, violándosele el derecho constitucional de presunción de inocencia, que garantizaría su libertad. A raíz de lo anterior, y de los intereses involucrados, las comunidades de Livingston y organizaciones campesinas, han declarado al señor Choc, como el primer preso político de este gobierno.

3. El gobierno de Alvaro Colom ofrece diálogo sin resultados. Ante la sistemática negación de los derechos de posesión y administración de las tierras que ocupan desde hace más de seis décadas, cerca de 26 comunidades q´eqchi´s de Livingston, Izabal han venido desde el 2007 realizando distintas acciones de demanda y lucha social. Sus iniciativas y planteamientos han producido dos respuestas por parte del Estado: por un lado, la criminalización de las organizaciones campesinas y de sus integrantes, y por otro, el establecimiento de mesas de diálogo que al incumplir con los compromisos a los que se llega y no generar resultados concretos, terminan deslegitimando dicho mecanismo de resolución, convirtiéndolo en una medida simplemente dilatoria. De acuerdo a lo que registra un diario de circulación nacional, por ejemplo, en el mes de febrero, fue el mismo Presidente de la República Álvaro Colom, quien acusó públicamente a las comunidades q´eqchi´s de “terroristas”, aduciendo que no negociaría con “ningún grupo ilegal”.


ANTECEDENTES:

En el contexto del incumplimiento de los compromisos que llevaron a la firma de la Paz, y como en muchos países, en Guatemala las estructuras productivas están siendo reorganizadas para hacerlas coincidir con las transformaciones productivas a nivel global. Así, la legislación y las políticas agrarias del Estado, se han enmarcado en la protección de los intereses de las empresas transnacionales, vinculados a los de las elites nacionales.

El municipio de Livingston, Izabal, se sitúa en una región en disputa que tiende a convertirse en uno de los centros neurálgicos del istmo centroamericano. Ello, en tanto que más allá de ser una zona de expansión de la frontera agrícola, distintas actividades económicas como, la extracción petrolera, la explotación maderera y de minerales metálicos, grandes plantaciones de monocultivos para la producción de biocombustibles, la ganadería en función industrial, la construcción de vías de comunicación que integren redes para el traslado de mercancías con los países vecinos, el turismo y las operaciones del narcotráfico, determinan su importancia.

En sintonía con los gobiernos anteriores, la gestión de Álvaro Colom, también ha optado por ignorar la complejidad de la realidad agraria en el país, así como la agudización de la violencia que ella implica. Sólo en los primeros cuatro meses de su gestión se realizaron cinco desalojos y se continúa abordando la problemática de manera tan casuística como aislada.

El encarcelamiento de Ramiro Choc en el mes de febrero, violatorio de derechos humanos fundamentales, se produjo como respuesta a las acciones reivindicativas -tanto legales como políticas- llevadas adelante inicialmente por las familias desalojadas de manera violenta por la PNC unos meses antes, el 21 de junio del 2007, del barrio Buena Vista La Esperanza, Livingston.

A la luz de la injusta detención del señor Choc, nuevas comunidades se movilizaron y las medidas de presión impulsadas, recibieron de nuevo como respuesta la represión por parte del Estado. Fue así, como el 15 de marzo, en horas de la tarde, miembros de la PNC, del Ejército Nacional y de la Marina guatemalteca, llegaron a la Ensenada Puntarenas, disparando gases lacrimógenos, y cercando a las familias de la comunidad. Dicho despliegue de fuerza, buscaba no la solución de la problemática planteada de manera insistente desde hacía meses por las comunidades q´eqchi´s en términos de legalizar sus tierras, sino velar por los derechos de las cuatro personas belgas y dos guatemaltecas, que después de algunas horas, fueron “canjeadas” ilegalmente por las autoridades.

Fue en ese marco de enfrentamiento, entre comunidades desarmadas y fuerzas de seguridad del Estado altamente abastecidas, que la ejecución extrajudicial de Mario Caal Bolom investigada y dictaminada por la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, aconteció. A la par, y en contraste con la veracidad de los hechos, la mayor parte de los medios de comunicación tienden a favorecer los intereses de los sectores dominantes, contribuyendo a tildar de “terrorista” todo reclamo o defensa colectiva de derechos y/o de recursos, actualmente en riesgo de ser despojados.

PETICIONES:

Dada la gravedad y el carácter paradigmático de los hechos, solicitamos dirigirse en breve a las autoridades guatemaltecas, a fin de que les sea exigida:

1. La liberación inmediata del señor Ramiro Choc, dada su injusta e ilegal detención.
2. La reparación moral y material a la familia de Mario Caal Bolom por parte del Estado guatemalteco, por los daños provocados a raíz de su ejecución extrajudicial.
3. Que el Estado guatemalteco de una respuesta integral a la problemática del territorio de las comunidades q’eqchi´s de Livingston, Izabal.
4. Que se deje sin efecto las órdenes de captura y de desalojo actualmente en marcha.
5. Desmilitarizar la región, y no permitir la criminalización de las comunidades ni de las organizaciones campesinas.

Suscriben: [INGRESAR NOMBRE U ORGANIZACIÓN]



Dirigir sus comunicaciones a:

Ing. Alvaro Colom
Presidente de la Républica
Casa Presidencial, 6ª Avenida, 4-18, Zona 1.
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax + 502 2383 8390
Correo-e.: cartapresidente@scspr.gob.gt
Tratamiento: Estimado Sr. Presidente

Director General de la Policía Nacional Civil
Sr. Comisario General Isabél Mendoza Agustin
10ª Calle, 3-92
Zona 1
Antiguo Edificio de Aduanas
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel.: (00502) 2329-0000


Subdirectora de la Prevención del Delito
Sra. Marleny Lapola
10ª Calle, 3-92
Zona 1
Antiguo Edificio de Aduana
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel.: (00502) 5308-4825
Fax: (00502) 2254-5218


Dirección adjunta de la Policía Nacional Civil
Sr. Henri López
10ª Calle, 3-92
Zona 1
Antiguo Edificio de Aduanas
Ciudad de Guatemala
Guatemala


Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)
Directora General
M.A. Miriam Ovalle de Monroy
14 Calle, 5-25
Zona 1
Edificio Nasa
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel.: (00502) 2327-3100
Inacif@inacif.gob.gt


Procuradoría de los Derechos Humanos
Procurador General
Dr. Sergio Morales
12 Avenida, 12-72
Zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala
pdh@pdh.org.gt
Tel.: (00502) 2424-1717
Fax: (00502) 2424-1714


Ministerio Público Izabal
Fiscal Distrital del Ministerio Público del Departamento Izabal Lic. José Cabrera
13 Calle, entre 10ª y 11 Avenida
Puerto Barrios
Guatemala
Tel.: (00502) 7948-7923
(00502) 7948-7948
(00502) 7948-1293
fdizabal@mp.lex.gob.gt

Lic. Juan Luis Florido
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
8ª Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 2411 9124
+502 2411 9326
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General
Correo E: pojycsj@oj.lex.gob.gt

¿Quién es Ramiro Choc?

Ramiro Choc nació el 15 de julio de 1968, en la finca Rubeljú, El Estor, propiedad de Adrián Ponce, familia terrateniente conocida ampliamente en la región. Al igual que las demás familias K’ekchi’ de la zona, su familia ocupaba una porción de tierra dentro de la finca a cambio del trabajo semigratuito en la producción principalmente de cardamomo. En otras palabras eran mozos colonos de la familia Ponce.
Cuando él tenía ocho años, sus padres Manual Cuc y Natalia Choc, decidieron salir de la finca para establecerse en la cabecera municipal del Estor, y para la producción del maíz buscaron tierras fuera del municipio. Por su parte, Ramiro continúo sus estudios de primaria en la Escuela Maya del Estor y posteriormente, siendo el mayor de dos hermanos hombres, se trasladó a estudiar a la Escuela de Agricultura con sede en Cobán, donde se gradúo de Perito Agrónomo.
Siendo aún adolescente trabajo para la Parroquia del Estor como catequista, y luego de terminar sus estudios en Cobán regresó a su pueblo de origen a trabajar como maestro con los Hermanos de la Salle.
Su experiencia familiar y comunitaria junto al Pueblo K’ekchi’, complementado con su formación, fueron fortalecimiento su compromiso y entrega al trabajo con los pobres de la tierra, con el Pueblo Indígena K’ekchi’, de donde venía y al que se debía. Trabajó con PROSIDEC, un programa de la parroquia del Estor que hacia trabajo directamente con las comunidades.
Antes de trabajar como Promotor para la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (conic), Ramiro Choc ya tenía conciencia de la realidad y problemática que vivían las comunidades de la zona, encontrando en esta organización un medio para canalizar su compromiso y la lucha de las comunidades
Al retirarse de esta organización campesina, continúo trabajando de común acuerdo con las comunidades del Livingston, donde lleva casi diez años viviendo cotidianamente las alegrías, logros, problemas, contradicciones y dificultades de la vida comunitaria y de la lucha.