viernes, 2 de abril de 2010

Uruguay: carta de Walter Engler sobre la impunidad


Walter Engler, expreso político de la dictadura uruguaya, exiliado político y médico psiquiatra, siempre actuó de forma solidaria y consecuente en nuestro país y en Suecia, lugar donde reside. Hoy padece una enfermedad muy seria que limita su capacidad física, pero no mental. Chody (como le decimos quienes estamos cerca de él) es además de ser mi tío, un hombre al que respeto, quiero y admiro, al igual que lo hacen muh@s compañer@s que conocen su recorrido.

Muchas veces en nuestra ciudad natal, Paysandú, me encontré con gente que atesora un sinfín de anécdotas y un caluroso recuerdo de su niñez y juventud, y después de que salió de la cárcel, de su desempeño como médico y su actitud siempre correcta y solidaria. Sus compañeros de reclusión también lo recuerdan con mucho cariño y respeto. Hoy me envió un mail donde vierte su opinión sobre lo que está pasando en nuestro país con el tema de los militares y la ley de caducidad, lo que dice en dicho mail es importante, por lo tanto quiero compartirla con ustedes, sumar su voz a la de quienes pedimos Verdad y Justicia e invitandolos a todos a sumarse a este reclamo.

Por Verdad Y Justicia


Verónika Engler


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Querida Verónika:


Si, estoy de vuelta en casa y un poco mejor porque me aumentaron la
cantidad de oxígeno de 2 a 3 lts/min lo cual hace que me sienta menos cansado y pueda estar un poco más activo. Por lo demás los colegas del hospital Académico de Uppsala tienen poco y nada para ofrecerme en cuanto al tratamiento de mi fibrosis pulmonar.

En estos días pasados he recibido un par de cartas tuyas con temas de la
llamada "ley de Caducidad..." y sobre el proyecto que aparentemente Mujica tiene de promulgar una ley otorgando a los jueces la posibilidad de ordenar prisión domiciliaria o aún de liberar a presos mayores de 70 años que aparentemente incluiría hasta a los poquísimos violadores de los DDHH que están presos en nuestro país.

Aquí paso a darte mi opinión al respecto:


Como ex preso considero que puedo ser generoso y que no tengo porque
presentar cuentas por haber sido torturado, haber sido juzgado por jueces militares que no tenían competencia para condenarme, por haber tenido que pasar muchos años preso en condiciones duras y prácticamente aislado del mundo exterior a causa de mi participación en el movimiento tupamaro y finalmente por haber tenido que optar por el camino del exilio. Como Mujica estoy totalmente dispuesto a perdonar todo el mal que los militares me hicieron Todo sea para favorecer la reconciliación entre los uruguayos.

Pero como ciudadano uruguayo y también sueco y sintiéndome todavía
comprometido con las metas que tengan que ver con el desarrollo y el bienestar general de toda la humanidad no puedo ni aceptar ni apoyar que se atenúe de modo alguno la condena de quienes amparados en el poderío del aparato estatal cometieron horribles crímenes de lesa humanidad. Y que además no han contribuido en lo más mínimo para que esos crímenes sean investigados.

Para esos crímenes no puede haber olvido ni perdón en ninguna
circunstancia.

Quienes violaron a las detenidas, quienes les robaron los hijos a las
mujeres que dieron a luz en la cárcel, quienes asesinaron impunemente a detenidos, quienes hicieron "desaparecer" a a tantas personas deben ser juzgados de acuerdo con el principio de que todos somos iguales ante la ley y responsables de los delitos que hayamos podido cometer.

Yo no quiero ninguna venganza. Nadie debe ser sometido a la "picana" o
al "submarino" o al "teléfono" ni a ningun otro de los métodos que nuestros captores usaban en sus "hábiles interrogatorios". No; lo que quiero es de que los sospechosos sean sometidos a juicio con las máximas garantías que brinda la ley y que si deben cumplir una condena de reclusión puedan hacerlo en una cárcel decente como tienen los presos militares y no que se los confine en pozos o aljibes como ellos solían usar para recluir alguno de nuestros combatientes.

Una vez que los culpables hayan sido condenados podrá finalmente
desaparecer esa "mochila" de la cual las Fuerzas Armadas dicen querer desprenderse

No quiero venganza, sólo justicia. Y quiero recordar de que el fenómeno
de la dictadura en Uruguay no fué ni es un asunto entre los Tupamaros y las Fuerzas Armadas. La dictadura sumió a toda la sociedad uruguaya en un régimen de terror espantoso que no puede volver a repetirse.

La ley de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" fué redactada
en un momento muy especial de la historia del país. Pero hoy contradice una serie de acuerdos internacionales que Uruguay ha firmado y que se dirigen precisamente a evitar que se cometan delitos tan execrables como los cometidos durante la dictadura. Muy pronto el estado uruguayo tendrá que "allanarse" ante un tribunal internacional y reconocer que la ley es un engendro indefendible.

El gran peligro es que la ley pueda ser "derogada" lo que impedirá
cualquier investigación en el futuro y asegurará definitivamente la impunidad de los criminales.

Esa ley deberá por lo tanto "eliminarse" y no derogarse. Pero como
siempre hay profesores de abogacía, aún de izquierda que ya sostienen que eso es imposible.

Lo peor que podría pasar es que blancos, colorados y algunos sectores de
el Frente se unieran en una mayoría transitoria para "derogar" la ley. Astori por ejemplo hizo declaraciones en Argentina donde sostuvo que "todos los torturadores estaban presos en Uruguay" y todos conocemos las estrechas relaciones que alguno de nuestros legisladores tienen con ciertas organizaciones del ejercito como la llamada "Logia de Tenientes de Artigas".

Mi opinión es que los plazos urgen y que habría que concentrar todos los
esfuerzos militantes para lograr un acción de mucha envergadura contra la posibilidad de que la ley sea derogada. Porque en ese caso sería mejor que quedara como está. La Suprema Corte de Justicia ha llegado a la conclusión de que la ley es inconstitucional o sea que en el momento no significa ninguna defensa para los criminales, basta con que el fiscal esgrima el argumento de inconstitucionalidad.

Para lograr una manifestación popular lo más grande posible habrá que
movilizar abogados, periodistas, personalidades de la cultura, el PIT-CNT que ya se ha manifestado etc, etc.

Pero más que nada usar todo el poder de la electrónica para activar las
redes frenteamplistas que jugaron un papel tan importante en las pasadas elecciones y lograr un apoyo masivo para la campaña. Todo esto debería ponerse en marcha antes de que la militancia empiece con el desgastador proceso de las elecciones municipales.

Bueno y por hoy se me ha terminado la energía que se me ha disminuido mucho a causa de la enfermedad. Si puedo te escribiré más adelante algo que tiene que ver con otros aspectos políticos ,pero ello dependerá de como me sienta.

Me despido con un abrazo muy, muy fuerte y con todo mi cariño de hoy y
de siempre.

Chody

PD: Podés usar esta carta para lo que quieras si pensás que puede llegar
a servir de algo.

Argentina: asesinaron a Silvia Suppo, testigo contra el represor Brusa

Ex juez Brusa
Fuente: Kaosenlared
Argentina: Asesinan ex detenida
Asesinan a Silvia Suppo en su negocio en Santa Fé; testigo contra el juez Brusa. Doce puñaladas para una víctima de la dictadura
Silvia Suppo impulsaba también la causa por la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter. Dos de los imputados viven en Rafaela. Ayer fue asesinada en su negocio en el centro de esa ciudad. Las hipótesis van desde el robo hasta la venganza.

Por Sonia Tessa
Desde Rosario


Silvia Suppo
fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Esta causa tiene imputados que viven en la misma ciudad. Ayer, entre las 9 y las 10 de la mañana, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio, ubicado en pleno centro de su ciudad, de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería. Al cierre de esta edición había dos personas detenidas, de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo. En cambio, la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró una “irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato en su calidad de testigo”.

Puyol subrayó que “por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo”.


La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía, cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.

Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero –del que también sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: “Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho”. Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que –según una fuente– “tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad”.

Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato revela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos en relación con ella”, indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. “Queremos saber
si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado”, agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.

Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún viven en Rafaela.

Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó “al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”.
http://www.represoresrosario.blogspot.com
contraimpunidad se suma al reclamo por el esclarecimiento de este terrible asesinato y por que se denuncie y detenga todo acto de intimidación y represión hacia los testigos de las causas contra los violadores de DDHH en Argentina y el mundo.