Encuentro por el Agua y la Pachamama

Por Raúl Zibechi para el Programa de las Americas

“Este encuentro surge por la necesidad de articular las luchas aisladas de diferentes partes del continente que sufrimos las mismas consecuencias”, dijo Carlos Pérez Guartambel, abogado quichua, dirigente de los sistemas de agua y coordinador del Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama, celebrado entre el 21 y el 23 de junio.

“El mismo discurso de las multinacionales de una minería sustentable y responsable, lo repiten Rafael Correa en Ecuador, Juan Manuel Santos en Colombia, Alan García en Perú. Ni Chávez se salva. Frente a eso vemos la debilidad de luchas aisladas”, agrega Pérez. El encuentro fue convocado por los principales movimientos del país: los sistemas comunitarios del Azuay, la Ecuarunari, la Conaie, la comisión ecuménica de derechos humanos y Acción Ecológica, entre otros[1].

En el encuentro participaron unas dos mil personas de 15 países del continente americano que debatieron en torno a tres ejes: el Buen Vivir o Sumak Kawsay, el extractivismo y la mercantilización de la naturaleza, los medios de comunicación y la cultura. En varias actividades alojadas en el campamento juvenil, combinaron talleres y debates con videos y música.

El agua estuvo en el centro de la convocatoria; las comunidades tienen una relación íntima con ella, “sobre todo las mujeres indígenas que son la clave de esta resistencia”, asegura Pérez. En el sur de Ecuador, las empresas trasnacionales de la minería han comprado políticos, periodistas y gobiernos locales, pero aún no pudieron doblegar a una parte de los campesinos que no viven de la tierra sino “con la tierra”, como dicen los quichuas.

Minería es igual a impunidad

En la inauguración del Encuentro, Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y actual opositor al gobierno de Correa, dijo que “el socialismo del siglo XXI se parece al extractivismo del siglo XXI”, en relación a las experiencias de gobiernos progresistas en el continente. Aunque reconoce avances en algunos sentidos en relación al neoliberalismo, señaló que aún con una Constitución de avanzada como la de Ecuador no se ha cambiado la matriz económica y de pensamiento.

“La Constitución debe ser entendida como una caja de herramientas”, dice Acosta en el sentido de que la letra legal nada vale si no consigue hacerse carne en los movimientos. “La minería a gran escala en nuestro país será la continuación de la colonización y la conquista de hace más de 500 años”.

Luis Macas, fundador y ex dirigente de la Conaie, insistió en que “vivimos una crisis civilizatoria, en la cual no se puede aislar un tema porque para nosotros lo importante es la integralidad”. Aseguró que estamos viviendo una ruptura “porque hasta ahora se creía que este modelo es irremplazable, pero vemos el resurgir de las propuestas comunitarias como el Sumak Kawsay”. En su opinión los movimientos no pueden limitarse a la protesta sin enarbolar propuestas alternativas al modo de vida occidental.

Una de las mesas más concurridas fue la de minería, en que la que participaron Jennifer Moore del Observatorio Canadiense sobre la Minería, y William Sacher, coautor del libro “Noire Canada”. Explicaron en detalle las razones por las cuales su país se ha convertido en el paraíso de las inversiones mineras.

El 75% de las empresas mineras del mundo son canadienses, lo que convierte al país en la principal potencia minera del planeta. Las razones son varias: Canadá es un paraíso judicial con leyes muy permisivas que favorecen la especulación con títulos mineros, ventajas fiscales y subvenciones estatales; una red diplomática poderosa y extensa que apoya a esas empresas y presiona a los gobiernos locales; una amplia experiencia en criminalizar a los actores críticos en todo el mundo.

Esto se resume, para los autores, en una frase: “impunidad de hecho”, porque no hay ningún tribunal canadiense que condene a las empresas mineras de modo que el país es un verdadero “paraíso judicial”. El potencial económico de Canadá se debe a la minería, es el primer productor mundial de uranio, pero hay diez mil minas abandonadas y más de 600 pueblos indígenas sufrieron despojo. Hay 500 grandes mineras canadienses operando en América Latina.

Las empresas canadienses tienen el 40% de las concesiones mineras en Ecuador y manejan tres de los cinco proyectos estratégicos, siendo los otros dos de China. Pero lo importante es comprender que cuando un país ingresa en la minería está llevando a su tierra un complejo no sólo económico sin también militar-policial y político, ya que se trata de un modo de extraer los recursos naturales que supone despejar a la población civil, instalar modos de control autoritarios y, de hecho, militarizar regiones enteras.

En Colombia, un delegado al Encuentro señaló que un 20% de la superficie del país está concedida a la megaminería. En Ecuador, según miembros de organizaciones campesinas el 60% de la provincia de Bolívar está en manos de esas empresas. En esos espacios, amplios y alejados de las grandes ciudades, rigen leyes internacionales, no las nacionales, y están vigiladas por guardias privados de las empresas. Son pequeños estados dentro del Estado.

Por eso, varios dirigentes indígenas hablaron de colonialismo. En su opinión, los nuevos emprendimientos mineros, petroleros y de monocultivos (soya, palma, caña de azúcar), representan una forma nueva de colonialismo ya que imponen una lógica externa y vertical sobre la naturaleza y las poblaciones para apropiarse de los bienes comunes.

La protesta como delito

Uno de los temas centrales que abordó el Encuentro fue el de la criminalización de la protesta. En Ecuador hay 189 personas sometidas a juicio por manifestarse contra la minería y otros emprendimientos. Para los indígenas, se trata de defender sus territorios de la invasión que realizan las grandes empresas, y de defender recursos como el agua que es vital para la reproducción de las comunidades. Sin agua no pueden sembrar ni alimentarse y criar sus animales.

Muchos de los encauzados han sido acusados de sabotaje y terrorismo por el hecho de cortar rutas, como viene haciendo el movimiento indígena desde hace más de dos décadas en Ecuador. Las acusaciones son tan poco creíbles que en varios juicios se debió modificar el delito a causas más sencillas como “obstaculización de vías públicas”. Es lo que le sucedió al coordinador del Encuentro, Carlos Pérez.

El 4 de mayo de 2010 cientos de vecinos del pueblo Victoria del Portete cortaron la carretera en protesta por la Ley de Aguas. La manifestación fue pacífica, pero la Fiscalía XI de lo Penal decidió enjuiciar a tres dirigentes por sabotaje. Se trata del presidente de la junta parroquial, un dirigente de los sistemas de agua y un campesino. La Fiscalía decidió prisión preventiva pero la Corte Provincial de Azuay dijo que no se trata de sabotaje y los dejó en libertad. Pero el juicio sigue.

El presidente de la Federación Shuar, Pepe Acacho, fue procesado junto a otros dirigentes amazónicos por un paro realizado en 2009 en el que se produjo la muerte de un manifestante shuar por la cual el gobierno culpa a los indígenas. En febrero pasado fue capturado junto a otros líderes shuar y trasladado sin orden judicial a través de un operativo que incluyó helicópteros y un amplio despliegue militar, a pesar de encontrarse en negociaciones con el gobierno por demandas contra las empresas petroleras en la región amazónica.

Estuvieron siete días en prisión acusados de sabotaje y terrorismo, fueron puestos en libertad pero no pueden abandonar el país y tienen la obligación de presentarse semanalmente en dependencias policiales de su provincia, Morona Santiago. “Estamos convencidos de que no importan los juicios y las cárceles sino la libertad de la población y la defensa de nuestros bienes naturales”, dijo Acacho.

El Tribunal Ético del Encuentro revisó trece casos, escuchó a los acusados y al Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez Vera, quien dijo que “criminalizar es atribuir a la protesta un carácter criminal”. Denunció al gobierno de “utilizar al podrido sistema de justicia para criminalizar a los movimientos” y se preguntó si hay una política sistemática del Estado destinada a enjuiciar la protesta social.

En ese sentido, el Tribunal Ético consideró que existe un patrón que consiste en utilizar “herramientas jurídicas y policíacas para inhabilitar la resistencia, a pesar de que está consagrada en la Constitución”. En efecto, el artículo 98 de la Constitución aprobada en 2008 dice: “Los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos”.

No es el único caso constatado en que las decisiones del Estado vulneran los derechos. Varios de los encauzados aseguraron que no se les aplicó la amnistía otorgada en 2008 por la Asamblea Constituyente. En ese sentido el Tribunal dijo que “el mantenimiento de los antecedentes penales de las personas es una forma de desestimular e intimidar la organización y la acción colectiva, y de desmoralizar a las comunidades”.

Una segunda característica de la criminalización de la protesta, que va en el mismo sentido, consiste en focalizar los juicios contra los dirigentes que ven como se les acumulan causas penales. El castigo a los dirigentes busca disuadir a los activistas y afiliados de base a continuar en la organización social y tiende a aislar a quienes se mantienen firmes en la resistencia al modelo extractivo.

La tercera cuestión se relaciona con el hecho de que las autoridades suelen atribuir las protestas a la intervención de “agentes externos”, que serían los que inducen a las comunidades a movilizarse y protestar. Se trata de una concepción del mundo cargada de prejuicios, ya que supone que las comunidades indígenas, campesinas y urbanas con incapaces de moverse por sí solas sin la intervención de agitadores. En este sentido se reproducen algunos patrones propios de la “doctrina de seguridad nacional” de la década de 1960 que atribuía todos los problemas a los agitadores foráneos.

Finalmente, el Tribunal Ético constató en base a la consulta con especialistas que el Código Penal reformado en 2006 va en contra de la Constitución, sobre todo en lo relativo al derecho a la resistencia. En resumen: “Con el cuerpo militar instruido para intimidar amparado en la fuerza, se pretende acallar o impedir la protesta, intimidar a los dirigentes sociales y desgarrar el tejido social que permite la protesta y sobre el que se asientan los movimientos sociales”[2].

Ética de la resistencia

Llama la atención que un país que cuenta con la Constitución más avanzada del mundo en materia ambiental, proteja y fomente la actividad minera y petrolera. El artículo 71 establece que la naturaleza “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Y agrega que toda persona o comunidad podrá exigir a las autoridades que se cumplan esos derechos.

Por eso el Defensor del Pueblo dijo que “la próxima batalla es por leyes inspiradas en el espíritu de la Constitución”. Esa batalla es hoy posible porque en los últimos meses los pueblos indígenas y los movimientos sociales vienen fortaleciéndose. Parte de ese proceso es el nuevo Consejo de Gobierno de la Conaie, dirigido por Humberto Cholango, quien asumió el pasado 18 de mayo. La unidad del movimiento y su recambio generacional prometen que será un actor cada más importante.

El crecimiento de la fuerza del movimiento social va en paralelo al deterioro del gobierno de Correa que no pudo superar el 50% de los votos en la consulta del pasado 7 de mayo. Aunque las preguntas formuladas por el Ejecutivo triunfaron por escaso margen, en las provincias donde la Conaie tiene mayor arraigo el gobierno fue derrotado.

La activista de Acción Ecológica, Esperanza Martínez, hizo énfasis en dejar de ver los casos de violaciones vinculados a la minería, el petróleo y los monocultivos como casos aislados para poder visualizarlos como un complejo único, económico, político, judicial y militar. Para enfrentarlo debemos “apegarnos a los principios de la no violencia activa” sobre la que debe apoyarse la ética de la resistencia.

El Encuentro permitió profundizar en la comprensión del modelo extractivo y cuestionarlo desde un análisis más integral que no sólo incluye la cuestión ambiental. En la Declaración final puede leerse que el extractivismo “arrebata los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y formas ancestrales de vida, violando Derechos Humanos y de la Naturaleza” y que “profundiza el modelo patriarcal capitalista (…) somete a las mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del cuidado de la vida, ignora su participación en la toma de decisiones sobre proyectos o políticas, genera violencia, femicidios y violaciones”[3].

Blanca Chancoso, veterana dirigente quichua de la Conaie, intervino ante el Tribunal Ético luego de hacer una ofrenda al agua o Yakumama. Habló sobre el Sumak Kawsay, diciendo que esos términos pueden ser corrompidos o folclorizados, y ante eso el movimiento indígena debe profundizar su sentido. “El Sumak Kawsay es nuestra utopía, que pasa por entrar en lo comunitario, en lo que quedó truncado en nuestra historia, en retomar los sueños”.

En estrecha sintonía con la cultura de su pueblo, señaló que el Sumak Kawsay “hay que sentirlo”, que no debe ser congelado en un programa para ser ofrecido al mercado de la política electoral o partidaria. Finalizó llamando a resistir a la minería con una frase que resonó entre todos los participantes: “No le tenemos miedo a este gobierno”.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org/es).

Recursos

CONAIE (Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador): www.conaie.org

Encuentro Continental de los Pueblos del Abya Yala por el Agua y la Pachamama: www.aguaypachamama.org

Entrevista a Carlos Pérez Guartambel, Cuenca, 21 de junio de 2011.

Intervenciones de Alberto Acosta, Humberto Cholango, Pepe Acacho y Delfín Tenesaca ante el Tribunal Ético, 21 de junio de 2011.

Veredicto del Tribunal Ético ante la Criminalización de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza, Cuenca, 22 de junio de 2011.

[1] Se trata de organizaciones indígenas y ecologistas. Sobre los sistemas comunitario de agua del Azuay puede consultarse, Raúl Zibechi, “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, en http://www.cipamericas.org/es/archives/1888

[2] Veredicto del Tribunal Ético ante la Criminalización de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos y la Naturaleza, Cuenca, 22 de junio de 2011.

[3] “Declaración del Encuentro Continental de los Pueblos de Abya Yala por el Agua y la Pachamama” en www.conaie.org

Uruguay: se seguirá tratando a los violadores de DDHH como a pichones...

Acerca de las viejas y nuevas generaciones de represores uruguayos, del congelamiento de la búsqueda de justicia y de la posibilidad de excarcelar a los pocos criminales de lesa humanidad procesados en el Uruguay.

Fuente: La Diaria

Imprescindibles, Impresentables...

Marcelo Jelen

Lo dijo el presidente José Mujica: las Fuerzas Armadas “son imprescindibles”. Por eso debe de creer que son un buen negocio: el año pasado, por ejemplo, costaron algo más de 350 millones de dólares. O sea que la defensa nacional se devoró casi un millón por día, la suma que se calcula necesaria para construir un liceo.

Demasiado para una nación que declaró su última guerra internacional en 1945, cuando los enemigos, Alemania y Japón, ya habían sido aplastados. Demasiado para una empresa pública que tiene a la mayoría de sus 30.000 funcionarios buena parte de sus jornadas pintando árboles, haciendo ejercicio, desfilando y preparándose para batallas que nunca terminan de comenzar. Demasiado para un país cuya hipótesis de conflicto más próxima lo enfrenta con un puñado de argentinos armados de reposeras. Demasiado para una institución que agredió a inocentes hace bien poco y que todavía defiende a los autores de esos crímenes.

Demasiado. Las Fuerzas Armadas podrían emplear mucho menos personal, pagándole mejor y reduciendo bastante el gasto, para cubrir las pocas tareas útiles a su cargo, como vigilar las fronteras y el espacio aéreo y marítimo, construir la paz en países asolados por la guerra y asistir a los afectados por esporádicas catástrofes. Pero hasta se dan el lujo de usar dinero de todos los uruguayos para defender a los oficiales extraditados a Chile por el caso Berríos.
El presidente Mujica les declaró la guerra a los empleados del Estado que toman mate en horario de trabajo. Al mismo tiempo, considera imprescindibles a miles de funcionarios a quienes, por estar acuartelados y a disposición de sus superiores, se les brinda varias comidas diarias. Los malos burócratas, por lo menos, se pagan los bizcochos de su propio bolsillo.

El presidente Mujica se queja porque hay muchos abogados y pocos ingenieros, agrónomos y veterinarios. Al mismo tiempo, declara imprescindible el adiestramiento de cadetes a quienes se les paga un sueldo (modesto, pero sueldo al fin) sólo por estudiar. Los universitarios, en cambio, invierten mucho en su preparación y todavía los amenazan con el cobro de una matrícula. El presidente Mujica piensa que él y el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, “conocen las entrañas de las Fuerzas Armadas”. Lo dice porque los tupamaros que estuvieron presos, como ellos, sufrieron tratos inhumanos en los cuarteles. Los represores, muchos de ellos aún vivos y libres, también conocen entrañas, pero anatómicas y dolientes, de guerrilleros y de pacíficos activistas políticos y sociales a los que asesinaron y torturaron.

El presidente Mujica, al imponer en el ministerio a Rosadilla, dijo: “No somos aficionados”. Quiso decir: los ex combatientes tupamaros eran y son militares profesionales, porque tomaron las armas en nombre de ese valor multitarget al que se da en llamar “patria”. La tesis, hija de la teoría de los dos demonios, se aplicó en cenas de camaradería entre miembros del MLN y de la ilegal logia Tenientes de Artigas celebradas en democracia.

El presidente Mujica exhortó a evitar el “ejercicio de saldar cuentas cuando hay que construir”. Poco se puede construir con una institución tan desleal hacia la ciudadanía y los gobiernos democráticos. Encerró en una caja fuerte las citaciones judiciales a militares en la presidencia de Julio Sanguinetti, se insubordinó ante el secuestro del chileno Eugenio Berríos en la de Luis Lacalle, engañó a la Comisión para la Paz creada por la de Jorge Batlle y siguió mintiéndoles a las autoridades en la de Tabaré Vázquez.

Dirigentes de todos los partidos les deparan un inusual respeto a profesionales de la muerte que no son necesarios (o al menos no a tal escala) en un mundo que debería avanzar hacia la paz. Gastar en su mantenimiento les resta recursos a la producción, a la educación, a la salud, a la seguridad ciudadana, al desarrollo social.

Mientras, las Fuerzas Armadas se rehúsan a pedir perdón a la sociedad por crímenes gravísimos a los que les restan importancia, cometidos por sus miembros, utilizando su infraestructura y amparados en la institución que había usurpado los poderes del Estado. El recambio generacional de los últimos 25 años no ha sido suficiente. Los soldados más jóvenes han recibido educación impartida por criminales, que serán algunos cientos o unos pocos miles pero sumergen a 30.000 en un denso pantano de sospechas. Nomás la semana pasada, un oficial en actividad, el general Miguel Dalmao, se burló de la justicia al mentir ante un tribunal.

Perdón, Brecht, pero para ser imprescindible no basta con luchar toda la vida. Es preciso elegir buenas causas, como la verdad y la justicia. Difícil que estas Fuerzas Armadas lo hagan sin un decidido empujón del comandante en jefe.

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AZUCENA Y LA DESMEMORIA

Sobre el peligro de confundir justicia con venganza

María M. Delgado *

En homenaje a quienes resistieron
la tortura y las cárceles de la dictadura,
a 25 años de su liberación.
Y a quienes no pudieron, también.

Cuando conocí a Azucena -a secas, como la llamábamos entonces- en 1981, ella era una abogada madura y aguerrida que defendía presos políticos y que había renunciado al Colegio de Abogados por considerar que éste había tenido una postura demasiado complaciente con la dictadura cívico-militar.

Eran tiempos tan duros que desde el presente es imposible imaginarlos a quienes no los vivieron. Defender presos políticos ante la “Justicia Militar” era una causa perdida en un país donde ni siquiera la Justicia Civil funcionaba de manera independiente. Se trataba más bien de una excusa para visitar a los presos y presas (que tenían un régimen de visitas tremendamente restringido), darles apoyo moral, demostrar al enemigo que alguien se preocupaba por ellos/as, presentar algún escrito pidiendo la libertad anticipada cuando alguno estaba gravemente enfermo o en fase terminal... y muy poca cosa más. Azucena fue una de las pocas defensoras que, excepcionalmente, consiguió alguna vez que un preso político muriera en su casa y no en el penal de Libertad.

Esa Azucena que forma parte de mis recuerdos entrañables de los primeros tiempos del SERPAJ, no tiene nada que ver -hace mucho rato ya- con la ex ministra de Defensa que acaba de expresar públicamente sus ideas a favor de la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Su metamorfosis podría ser un ejemplo más del efecto perjudicial que tiene sobre las personas la convivencia cercana con las altas esferas y el poder.

En este caso, es una pena que esa convivencia -y al parecer identificación- no haya servido para que la ministra ejerciera su autoridad para obligar a las Fuerzas Armadas a colaborar seriamente con las investigaciones y revelar el destino de los detenidos-desaparecidos asesinados por sus integrantes; o al menos para evitar que hicieran declaraciones mentirosas, confundiendo a las instituciones de gobierno, burlando a la opinión pública, ofendiendo la memoria de sus víctimas y jugando con los sentimientos de familiares y sobrevivientes.

Debería sorprendernos -aunque a esta altura me sorprende cada vez menos- que no haya habido reacciones desde los grupos de derechos humanos, y hasta del propio Poder Judicial (tan sensible siempre a cualquier crítica hacia la corporación), ante las declaraciones de una profesional del Derecho -y ex representante del Poder Ejecutivo- que considera “una venganza” cuando la Justicia actúa con todas las garantías del debido proceso y en consonancia con el Derecho Internacional para sancionar a los responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos.

Las/os sobrevivientes de la represión y los familiares de las víctimas del puñado de criminales de lesa humanidad que hoy están en prisión (mientras cientos de ellos todavía permanecen impunes), las/os defensoras/os de derechos humanos y la sociedad en su conjunto, tuvimos que esperar más de dos décadas para que por fin se abriera una mínima fisura en el poderoso muro de la impunidad -construido y defendido por el sistema político a partir de 1985-, y para que Uruguay dejara de ostentar el vergonzoso récord de ser el único país del Cono Sur donde ningún militar o ex dictador había siquiera declarado ante un juzgado.

Azucena Berrutti sabe mejor que nadie que si esos “pobres” señores “viejos y enfermos” están hoy en la cárcel (y apenas desde hace un par de años) es porque la impunidad reinante en el país les permitió gozar de los mejores años de su vida en total libertad, viviendo cómodamente cerca de sus víctimas sin tener que rendir cuentas de sus crímenes, y disfrutando de la holgada jubilación que les pagamos las ciudadanas y ciudadanos con nuestro aporte (también el de sus víctimas).

Y ¿qué pensarán los 8000 presos comunes que se hacinan en las cárceles uruguayas como pollos en una avícola moderna -en condiciones de encierro, alimentación e insalubridad que el mismo Relator Especial sobre Tortura de la ONU Manfred Nowak consideró entre las peores que ha visto en el mundo- de que la Dra. Berrutti considere como 'venganza cruel' las condiciones de absoluto privilegio que disfrutan en una cárcel VIP los peores criminales que ha tenido este país en toda su historia?

¿Cómo calificar a un Estado que -a través de su gobierno progresista- les construye una cárcel especial y de lujo a los autores de decenas de secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, traslados clandestinos internacionales, robos de bebés, y millares de torturas aberrantes, mientras amontona en cárceles inmundas a los miles de hijos del neoliberalismo de los 80 y 90 por robar celulares o vender pasta base al menudeo? (Sí, ya sabemos que hay grandes criminales, y asesinos y violadores en esas cárceles; pero son los menos, como también sabemos).

El flamante presidente José Mujica -quien fue uno de los presos políticos que sufrieron las condiciones más extremas de prisión prolongada, tortura sistemática, total aislamiento y falta de las mínimas garantías- ha expresado en varias ocasiones ideas afines a las de Azucena Berrutti. No debería sorprendernos demasiado que en algún momento de su mandato tome la iniciativa de 'perdonar' a los pocos militares que están procesados por delitos de lesa humanidad. No sería la primera vez que, en esta materia, Uruguay desconoce y viola groseramente el Derecho Internacional de los DDHH. Lo hizo al aprobar la ley de impunidad en 1986, y al ratificarla por voto popular en 1989 y 2009.

Esa normativa internacional -que Uruguay debería cumplir y respetar, por haberla ratificado- establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben, no son amnistiables ni indultables (“tampoco son plebiscitables”, habría que haber agregado, para que los partidarios de la justicia no cometieran dos veces el mismo error), y que los Estados están obligados a investigarlos y sancionarlos con todo el rigor y las garantías de la ley.

En realidad, a ese orden jurídico internacional le tiene sin cuidado lo que la ciudadanía uruguaya haya decidido en las tres instancias mencionadas arriba, porque la ley de Caducidad nació ilegítima desde el punto de vista del Derecho Internacional, y seguirá siéndolo más allá de todas las ratificaciones que tenga en el orden interno. Daría lo mismo que mañana esa misma ciudadanía aprobara por voto popular el retorno de la esclavitud, o ratificara una ley estableciendo que las mujeres no pueden votar. Para la comunidad internacional, Uruguay seguiría siendo un Estado que viola la legislación internacional en materia de DDHH, igual que al mantener la ley de impunidad.

Pero no es buena señal que desde el poder político y sus voceros (o ex voceras) se insinúe que lo poco que se ha podido hacer en 25 años de institucionalidad democrática para combatir la impunidad y cumplir con el Derecho Internacional, es demasiado. Y peor aún que entre ellos/as haya quienes pretenden confundir el actuar limpio de la Justicia con la “venganza”.

Hay que reconocer, no obstante, que a Uruguay su 'inconducta' prolongada y reiterada le ha salido barata hasta ahora, gracias a la debilidad del sistema internacional. Recién este año, y por primera vez, la Corte Interamericana de DDHH va a juzgar al Estado uruguayo por no haber investigado ni sancionado el secuestro, traslado internacional, prisión clandestina y asesinato en nuestro país, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de una ciudadana argentina de 19 años, y el robo de su bebé recién nacida y la sustracción de su identidad, hace 34 años.

Sería conveniente que quienes están pensando desde las altas esferas en algún prematuro 'acto de generosidad' hacia ese puñado de criminales presos tengan en cuenta este antecedente, antes de implementar cualquier medida de perdón que nos vuelva a avergonzar ante la comunidad internacional.

Y más saludable aún sería que la opinión pública que reclama sin cesar “mano dura” contra la delincuencia cotidiana también exprese enérgicamente su alarma ante la amenaza social que representaría dejar en libertad a estos criminales internacionales -sin importar la edad que tengan.

* María M. Delgado fue co-fundadora e integrante de SERPAJ entre 1981 y 1999. Desde 2000 no participa en ninguna organización de derechos humanos en Uruguay.

¡Mentira,no es cierto,nada esta resuelto!

NO ESTAMOS DE LUTO... porque no sentimos que el muerto esté muerto, porque palpita y se mueve con rabia y ganas de vivir, porque si de algo sirvió este plebiscito, es para remarcar que el tema de la impunidad en Uruguay, lejos de estar solucionado (como desde hace 20 años proclaman los cómplices civiles de la dictadura, entre otros), está más que nunca a flor de piel de muchísima gente, de más de 1 millón de personas que se expresaron a través de las urnas, y de muchas más que no pudieron hacerlo pero sienten la herida abierta... Un plebiscito que quizás fue mal implementado desde un principio, que se presentaba de una forma muy difícil, que exigía un nivel de votación elevadísimo, y para el cual se necesitaba una campaña de concientización tan profunda que no se podía lograr en medio de unas elecciones presidenciales, a pesar del enorme esfuerzo y disposición de muchos compañeros y compañeras, y que recibió apenas un apoyo timorato y desentendido de la fuerza política que debió apoyarlo a raja tabla, y no lo hizo (la misma fuerza política que pudo haber anulado la Ley desde el parlamento, cosa que tampoco hizo).

Entre esas personas que no votaron por el SI, muchos no lo hicieron porque apoyan la impunidad, pero ¿cuántos no lo hicieron porque no sintieron el tema como propio, porque han vivido toda la vida escuchando las mentiras repetidas hasta el cansancio por el poder y no se sienten identificadas con la situación? O, directamente, no escuchando nada; solo el silencio impuesto durante tantos y tantos años. ¿Cuántos jóvenes hay, nacidos después de la dictadura, que no saben nada de ella ni de los desaparecidos y no tienen ni idea de qué significa el Nunca más? ¿A cuántos no se pudo llegar con el tema? La papeleta única no dejó vislumbrar esto; no lo podemos saber.

También hubo, y es justo decirlo, quienes no querían que el tema se plebiscitara nuevamente, sobre el entendido de que la impunidad no es un tema definible por las urnas, y que, así como el primer plebiscito fue un error que nos costó muy caro, volver a hacerlo era tropezar dos veces con la misma piedra. Muchas personas no firmaron para definir la anulación por plebiscito (aunque tuvieron que ir a votar, una vez resuelta la vía electoral), basándose en la idea de que no podemos, así seamos mayoría, decidir de ninguna manera si se va a hacer justicia o no en nombre de toda la sociedad, y mucho menos en nombre de quienes fueron víctimas directas y ya no están, ni en nombre de los niños, quienes no pueden decidir en este momento pero van a sufrir en el futuro las consecuencias de todo esto. No se puede votar si la justicia se cumple o no; es algo que debería ser y listo. Por lo tanto, la Ley de Caducidad es nula de por sí, y anularla propiamente significa realizar un mero trámite legislativo que el sistema político le debe aún a toda la sociedad. La responsabilidad de hacer justicia a nivel institucional es del Estado, y esa decisión, ¿debe recaer como un fardo sobre las personas, que no estamos preparadas para afrontarlo ni somos quienes deberíamos estar haciéndonos responsables de ello? ¿Es lo mismo la justicia social que la Justicia institucional? Entonces, quizás las mismas energías que se volcaron en la campaña por el SI, deberíamos volcarlas en presionar al sistema político...

En fin, las preguntas son muchas, las propuestas pueden variar enormemente, las discusiones pueden enriquecerse con muchas más apreciaciones que no están plasmadas en este escrito. Podemos empezar a volcar tantas opiniones como personas seamos, con respecto a por qué llegamos hasta este momento; pero lo más importante ahora es lo que nos queda, lo que compartimos.

Porque quedamos la gente... somos muchos, muchísimos quienes una vez pasado el domingo, nos encontramos con la sorpresa de esta bronca diferente, vivida con la extrañeza de quien se cruza con un viejo conocido ya casi olvidado; esta bronca, que lejos de venir de la tristeza y del odio, viene de la indignación y de la necesidad de solidaridad, y en ese sentimiento resulta que no estamos solos, resulta que empezamos a mirar para los costados y nos encontramos con otras caras que muestran la misma bronca, la misma indignación creciendo con paulatina firmeza, apartando a la tristeza hacia un costado, dejando de lado el duelo, porque no queremos hacer un duelo, porque no sentimos que se acabó...

ESTO NO ES EL FINAL, ESTO ES EL PRINCIPIO... La gente es la que dice y la gente es la que hace... Quizás contrariamente a lo que se hubiera esperado, vemos movilización, vemos ganas y fuerza. Pensemos entonces, ¿quién debe decir si el tema está liquidado? ¿La derecha? ¿Los represores que continúan libres y que desde lugares como el Círculo Militar salen a regodearse por el resultado? ¡¿Los políticos de izquierda que no quieren hacerse cargo?!
Los únicos que pueden decir si el tema está liquidado, son los mismos que pueden dar la lucha: nosotros. Somos una mayoría social con memoria, con una sana memoria, que busca recuperar la dignidad.

Es así que nos repetimos, desde nuestra bronca, desde nuestra búsqueda, que no estamos solos, y desde este colectivo les decimos a todos y a todas, a quienes estén de acuerdo con lo que acá escribimos, y también a quienes no lo estén del todo, pero compartan el mismo sentimiento: compañero, compañera, de verdad, la lucha continúa.

Colectivo CONTRAIMPUNIDAD

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Compartimos información que nos llega de gente que ya se está empezando a movilizar en esta nueva etapa, por distintos barrios de Montevideo:


Domingo 1 de noviembre de 2009
de 17:00 a 21:00
Empezamos en la Rambla esquina Concepción del uruguay y terminamos en Kibón

Porque un 52% de los uruguayos decidió no aprobarlo...
Marchemos a favor del SÍ, para poner fin a la impunidad y abrir las puertas a la justicia. Marchemos, por los desaparecidos y sus familiares, por el pueblo uruguayo, por la convicción de que en nuestro país ni el olvido ni el perdón se otorgan con un plebiscito. ¡Marchemos a favor de la vida!
SÍ-GAMOS EN MARCHA.

Sin banderas partidarias,
sólo llevando algo rosado y negro.

Una marcha sale de Concepción del Uruguay y la otra de Ciudadela, ambas irían por la rambla y se encontrarían en Kibón.
Saldrían al mismo tiempo de cada lado para llegar más o menos al mismo tiempo al destino.



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Viernes 20 de noviembre
20hs. Plaza Libertad

Tu voto vale por uno. Tus acciones se multiplican.

El viernes 20 de noviembre, a las 20 hs, nos encontramos en la Plaza Libertad, sin banderas, vestidos de negro, en protesta contra la impunidad.

1.200.000 uruguayos votaron por anular la Ley de Caducidad.

¡LA LUCHA CONTINUA! ¡LA JUSTICIA SE HACE!

¡Gloria y Jacobo libres! La lucha continúa...

Excarcelan a Gloria Arenas; fue acusada de pertenecer al ERPI

Javier Salinas

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 29 de octubre de 2009

Ecatepec, Méx., 28 de octubre. Gloria Arenas Agís, quien permaneció poco más de 10 años presa acusada de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), salió del penal de Chiconautla la noche de este miércoles.

Sin previa notificación ni documento que firmar, Arenas Agís fue liberada alrededor de las 19:30 horas y sacada por la aduana. Entre otros delitos fue acusada de terrorismo, sabotaje, homicidio, acopio de armas y daños.

La ahora ex presa política fue detenida, lo mismo que su esposo Jacobo Silva Nogales (actualmente preso en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit), el 22 de octubre de 1999 en la capital de San Luis Potosí, y dos días después fue presentada en el Altiplano, donde se le acusó de unos 10 delitos. Este gobierno y este sistema injusto en el que vivimos tarde o temprano va a caer, va a caducar, y lograremos que todos los presos políticos del país salgan en libertad, dijo Gloria Arenas al salir del reclusorio.

Señaló que todavía el martes a medianoche las autoridades del penal le advirtieron que no saldría en libertad, no obstante que esperaba recibir a su favor dos amparos promovidos en Chilpancingo, Guerrero, y en Toluca, la capital mexiquense. Yo no sabía que iba a salir, de manera sorpresiva sólo me dijeron agarra tus cosas y sal, comentó.

Arenas Agís sostuvo que su primera acción al salir del penal será incorporarse a la lucha que mantienen diversas organizaciones sociales, por lograr la liberación de los presos políticos de México. Yo salí por el movimiento y la lucha social, y todavía hacen falta que liberen a cientos de compañeros, incluido el compañero Ignacio del Valle, además de los de Guerrero y otras partes del país, dijo.

A su salida, Gloria Arenas fue recibida por varios de sus familiares, y después por un grupo de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, estado de México.

Liberan a Jacobo Silva, ex líder del ERPI, informa su esposa

Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 30 de octubre de 2009

Ecatepec, Méx., 29 de octubre. Jacobo Silva Nogales, ex dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) –quien estuvo preso por más de 10 años acusado de diversos delitos–, salió esta noche del penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, conocido como El Rincón, informó su esposa, Gloria Arenas Agís.

La noche del miércoles, Arenas también recuperó su libertad, al salir del penal de Chiconautla, en Ecatepec, luego de estar presa más de 10 años, acusada de pertenecer al ERPI.

Silva fue dejado en libertad alredor de las 20 horas de este jueves y personal del penal de Tepic lo trasladó a la terminal camionera de esa ciudad, informó Gloria Arenas.

Agregó que fue el propio Silva quien, vía telefónica, le comunicó que ya había salido de la prisión, dado el hermetismo que mantienen las autoridades para informar sobre la excarcelación.

Se espera que este viernes por la mañana Jacobo Silva, conocido como comandante Antonio, arribe a la ciudad de México, donde, se prevé, ofrecerá una conferencia de prensa, junto con Arenas.

Silva fue detenido el 19 de octubre de 1999 en la ciudad de México. Le imputaron, entre otros delitos, terrorismo, delincuencia organizada, acopio de armas, asociación delictuosa, homicidio, rebeldía y daños en propiedad ajena.

Primero fue recluido en el penal de máximo seguridad de Almoloya (hoy Altiplano), en el estado de México, y en mayo pasado fue trasladado al penal de alta seguridad de Tepic.

En varias ocasiones, en sus demandas de amparo, Arenas y Silva demostraron que su detención fue ilegal. Se pretendía hacer creer que habían sido aprehendidos durante una redada en Chilpancingo, Guerrero, cuando en realidad, Silva había sido apresado en el Distrito Federal el 19 de octubre de 1999.

Durante su reclusión, familiares del ex dirigente del ERPI denunciaron anomalías en los procesos penales, y tratos denigrantes contra Silva, quien en la última etapa se encargó de la defensa legal de él y de su esposa.

En los más de 10 años que permaneció recluido, Jacobo Silva creó una colección de pinturas al óleo, cartones y cuadros. Incluso fue considerado por la crítica de arte Irene Herner un artista ecléctico en búsqueda de su propio lenguaje.

A vos que no estuviste... Sobre el sistema de mentiras de la Impunidad‏

La impunidad se asienta sobre un eficiente sistema de mentiras bien aceitadas, repetidas hasta el cansancio desde distintos sectores del poder, como son el sistema político y la prensa alineada con él, aplicando aquello de que una mentira repetida 100 veces termina convirtiéndose en verdad.

A vos, que quizás no estuviste durante la dictadura pero que estás ahora, te invito a reflexionar juntos sobre estas cosas…


Recordemos algunas de esas mentiras convertidas en verdad a cachetada de prensa:


El que pide justicia es un rencoroso que no vive ni deja vivir, porque la justicia es igual a la venganza...

Resulta que desde que vamos a la escuela nos meten la palabra “justicia” hasta en la sopa, y que la justicia esto y que la justicia lo otro, y qué buena, y qué justa es la justicia, che, lo mejor que hay después del arroz con leche; y cuando las familias de los desaparecidos y los asesinados, y los que sufrieron tortura y años de cárcel política exigen justicia, ¡¿entonces la justicia es mala?! ¿¡Entonces la justicia es igual a la venganza?!!.

¿Cómo pueden ser iguales dos cosas que ni siquiera son sinónimos? El propio Estado contempla la necesidad de tener un órgano que “administre justicia” (o por lo menos en teoría), y por lo tanto existe el Ministerio de Justicia; pero nunca se escuchó hablar del Ministerio de Venganza.

La venganza es un acto personal; no le importa más que al que se venga, y el que se venga lo hace en nombre propio o de alguien muy cercano, pero no lo hace pensando en un bienestar social ulterior a su acto de venganza, ni pensando en mejorar el futuro de una sociedad, ni nada que se le parezca.


Como la justicia es igual a la venganza, lo más sano es perdonar...

Pero ¿con qué derecho perdonamos en nombre de las víctimas que ya no están? El perdón es tan personal como la venganza. Supongamos que alguien comete un crimen contra mí: por más atroz que sea, y siempre y cuando yo sobreviva, podría optar por perdonar a esa persona y, por lo tanto, decidir no vengarme de ella; así también podría decidir si me reconcilio o no, siempre y cuando la otra parte me haya pedido un sincero perdón y dé muestras de querer reconciliarse, ya que la reconciliación es tan personal como el perdón o la venganza. Pero no puedo perdonar a alguien y decidir, como si fuera lo mismo, no hacer justicia, porque la justicia es un derecho social, porque obtener justicia no es un derecho solamente mío, sino de todas las personas que formamos parte de esta sociedad, y yo no puedo decidir por todas las personas, mucho menos por aquellas víctimas directas que ya no están y por lo tanto no se les puede preguntar: “che, ¿te molestaría mucho si no metemos presos a estos tipos que te mataron?”.

También es el derecho de los que no pueden decidir en el presente, como los niños, que dentro de unos años se van a tener que fumar las consecuencias de las decisiones que tomemos hoy, y en ese sentido yo no puedo decirle a un niño: “mirá, nene, ahora vos no entendés nada pero yo voy a dejar libres a estos hijos de puta a pesar de todo lo que hicieron, para que se les siga enseñando a los milicos más jóvenes que torturar, asesinar y desaparecer gente está bien. Cuando vos seas grande estos viejos ya se habrán muerto, pero vas a tener a las nuevas generaciones de milicos que habrán aprendido la misma doctrina, y por lo tanto podrían hacerte lo mismo a vos si les llega a joder tu forma de pensar… No te molesta, ¿verdad, nene?”.

Y, después de todo, ¿quién carajo pidió perdón? Que yo recuerde, nadie. La idea en realidad viene desde la instauración oficial de la impunidad, con la promulgación de la Ley de Caducidad, y se trata más bien de una forma de reconciliación bastante particular, al mejor estilo Fuerzas Armadas: “te reconciliás o te refundo”.

El hecho es que no existe el torturador arrepentido o con remordimientos. Para ser torturador, para poder perpetrar los actos que cometieron sin que les temblara el pulso, sin vacilar, no podía haber lugar para la duda o el remordimiento, y es lógico pensar que sentían satisfacción por lo que hacían. Pero no hay que confundir al torturador con un delincuente común, ni con un psicópata que no puede dominar sus actos debido a una enfermedad mental. Un torturador no es un enfermo psiquiátrico; no existe una justificación médica para sus crímenes. Tampoco es un criminal común; quizás en la historia personal de un criminal común exista alguna causa, que si bien no justifique sus crímenes, nos ayude a comprender cómo esa persona derivó en un criminal. Pero el caso del torturador no es ese. La explicación de cómo un torturador se convierte en lo que es, está en el mismo Estado, está en los llamados aparatos del Estado. Los torturadores se crean. No son un accidente de la sociedad, ni una consecuencia no deseada de la pobreza extrema, de la corrupción en todas sus escalas, anexada a los bolsones donde campea el crimen organizado a bajo y alto nivel, etc. etc.; esos sí son los criminales que el Estado no desea y quiere combatir (o por lo menos eso es lo que se pondera desde los discursos oficiales). Pero el torturador no es un criminal no deseado, sino todo lo contrario. El Estado los crea a propósito para que cumplan un cometido, al igual que se fomentan médicos para la salud pública, abogados de oficio para los juzgados, maestros para las escuelas, etc. Los torturadores son funcionarios del Estado.

El torturador está entrenado por instituciones estatales, nacionales y extranjeras, para ser torturador; y por su parte, el torturador eligió como función, como tarea a desempeñar en su carrera, ser torturador. Y tanto por ese entrenamiento previo, como por el contexto de las situaciones extremas en que se va a ver ubicado, no hay lugar para remordimientos ni cuestionamientos morales tal como nosotros los podríamos entender. Ese tipo de trabajo no se puede cumplir con dudas a nivel ético, sino con decisión y goce. Si el torturador llega a ser lo que es, es porque eligió serlo, lo disfruta y recibe el crédito de sus superiores.

El hecho se confirma en que hasta el momento ninguno pidió perdón de nada; por el contrario, reivindican sus actos cada vez que pueden, diciendo que todo lo que hicieron, lo volverían a hacer, y mientras se autoproclaman como víctimas, continúan negándole a los familiares de los desaparecidos la verdad sobre sus seres queridos. El grado de perversidad de esta situación llega al punto de que en muchos casos las viejas (como se les dice cariñosamente), que ya se están despidiendo de este mundo, tienen prácticamente la misma cantidad de información sobre la desaparición de sus hijos que hace 30 años atrás, y las están dejando morir negándoles el mínimo derecho a la verdad.

La mayoría de estos torturadores continúan libres al día de hoy. De esta clase de gente se valieron los gobiernos pre-dictatoriales, el gobierno de la dictadura, y defendieron y defienden hoy sin ningún escrúpulo los partidos blanco y colorado (y, lamentablemente, algunos personajes de la izquierda electoralista, para enorme tristeza de mucha gente que cree en ellos).

- ¿Y el “perdón” conque se llena la boca Monseñor Cotugno?

Juan Pablo II dijo en un discurso que perdonaba a su agresor Ali Agca por intentar matarlo a tiros, pero nunca pidió una rebaja en la pena que le había dictado la Justicia. ¡Mucho menos que lo dejaran libre!


En Uruguay hubo una guerra sucia…

Qué guerra sucia ni qué ocho cuartos... Acá hubo una dictadura cívico-militar, donde las Fuerzas Armadas tomaron el poder junto a sus secuaces civiles.

Hoy ya ni siquiera corren las viejas excusas de siempre para no juzgar a la dictadura como tal, porque no resisten el mínimo análisis: el golpe de estado se dio el 27 de junio de 1973, y los propios milicos, con su jefe civil a la cabeza - Juan María Bordaberry-, dijeron haber terminado con la guerrilla en 1972; por consiguiente, ya no había lucha armada en el momento del golpe.

Hasta Sanguinetti tuvo que achicar un poco con la farsa, por lo que hace algunos años admitió que no se podía seguir sosteniendo la idea de que el golpe de Estado se dio para detener el avance de la guerrilla. Repito: el mismísimo Sanguinetti no pudo seguir usando gratuitamente una de sus mentiras favoritas, la misma que usó durante muchos años para justificar las atrocidades de sus aliados militares y la permanencia de la Ley de Caducidad.

No podemos obviar el hecho de que las dictaduras fueron, en gran medida, un invento extranjero, maduradas, evaluadas y financiadas por los Estados Unidos de Norteamérica. Se pensaron como herramientas, y como tales, se volvieron obsoletas una vez que cumplieron su objetivo (instaurar un modelo político-económico bien determinado), por lo que posteriormente se dejaron de lado, muy a pesar de sus cabecillas, quienes tenían la intención de perpetuarse en el poder.

Ahora, miremos un poco a la otra orilla:

Hoy en día, en la Argentina se habla de genocidio en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Se habla de genocidio desde el gobierno, en las escuelas, en la prensa, etc. Ese genocidio de la Argentina no es un hecho aislado, porque las dictaduras de nuestra región no fueron hechos aislados, sino que los aparatos represivos de nuestros países estuvieron coordinados y colaboraron entre sí: a esta coordinación se le llamó Plan Condor, porque surgió desde Chile como una estrategia regional, planeada por Pinochet y su gente (y con la plena colaboración de EEUU). Es por eso que los miles de desaparecidos de Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, están vinculados por un mismo accionar. Es por eso que el genocidio de Argentina es también nuestro; se le suman los más de doscientos detenidos-desaparecidos uruguayos, la mayoría de ellos, desaparecidos en Argentina, donde la dictadura uruguaya tenía represores colaborando con el terrorismo de estado argentino; represores que están involucrados en desapariciones de ciudadanos de varias nacionalidades (esa colaboración e intercambio de torturadores sucedió en todos los países bajo dictaduras en el Cono Sur).

Entonces, los torturados, asesinados y desaparecidos, ¿estaban haciendo la guerra a los tipos que los torturaban? Una persona presa o secuestrada - guerrillera, sindicalista, maestra, militante social, delincuente común o lo que sea; no importa - atada en el suelo e indefensa, ¿está en igualdad de condiciones que el hijo de puta que la revienta a patadas hasta matarla, o le pega un tiro en la nuca? Entonces, siguiendo la misma lógica, los muertos y torturados en los campos de concentración nazis, ¿le estaban haciendo la guerra a los nazis? ¿Alguien en su sano juicio podría llegar a pensar que estaban en igualdad de condiciones? ¡¿Son las caras opuestas de una misma moneda los muertos de Auschwitz y los nazis de Auschwitz!?

¿Y acá en casa? ¿En guerra contra quien estaban las jóvenes mujeres embarazadas, como María Claudia García, a las que mantenían con vida solo hasta que dieran a luz, para después matarlas y quedarse con sus bebés? ¡¿En guerra contra quien estaban esos bebés que fueron expropiados!?

El Nunca más es una cuestión meramente política a solucionar con un par de actos y una fecha de calendario…

No, el Nunca más es una posición política e histórica que se asume a nivel social, y una garantía de futuro digno.

Y es mucho más que eso, no debe quedarse en una mera posición sobre el pasado sino que debe ser un compromiso real de todos en este presente, y no ha de ser dejado en manos de aquellos que manosean y distorsionan los hechos, tanto para salvaguardar su impunidad como terroristas de estado, como para mantener el secreto de su cobarde colaboración, así como tampoco en manos de aquellos que no tienen escrúpulos en manipular la verdad con tal de asegurarse réditos electorales.

El Nunca más es el legado más importante a las nuevas generaciones, aunque estas nuevas generaciones, gracias a la política de mentiras y silencio que hemos sufrido desde hace tanto tiempo, no tengan ni idea de qué carajo se les habla cuando escuchan decir “Nunca más”.

Algunas certezas:

Un torturador no es mi hermano.

La mentira oficial se construye sobre la verdad secuestra.

La justicia, al igual que la memoria, tienen como punto de partida la recuperación de la verdad, como un derecho de todos.

La memoria es nuestra historia como sociedad; la compartimos y construimos entre todos. Vos se lo vas a contar a tus hijos, y ellos a sus hijos, y así sucesivamente, pero también se la vas a contar a quien tengas al lado, a tus amigos, tus compañeros de clase, de trabajo, y a su vez ellos te la van a contar a vos también. Incluso quizás se la cuentes a tus padres y demás mayores, si aún no la compartieron con nadie, porque ellos vienen de vivir más de cerca los años donde el terror se imponía, y puede ocurrir que se animen a hablar de ciertos temas recién conversándolos con vos ahora.

Esto quizás pueda parecer difícil porque depende de nosotros y no nos lo va a solucionar ningún Estado ni ningún gobierno; pero si lo pensamos un poco, no es más que una práctica ancestral del ser humano: los más viejos trasmiten su historia a los más jóvenes, que a su vez la van a transformar al hacerla propia y al transmitirla a la siguiente generación. No se trata de un trabajo a realizar; no hace falta sudar para construir la memoria colectiva. Se hace instintivamente, siempre y cuando no te hayan impuesto el miedo a hacerlo, siempre y cuando no te hayan dicho que conocer el pasado es peligroso, y vos lo te hayas creído.


A alguien le sirve que no sepamos nada del pasado reciente, y que, por lo tanto, no aprendamos nada de él... Los giles se gobiernan más fácil.

ABAJO LA LEY DE IMPUNIDAD

Colectivo CONTRAIMPUNIDAD

¡Ahora SI,a quebrar la IMPUNIDAD! ¡Ahora SI,Juicio y Castigo!

Realización: Conbronca
www.conbronca.org

Brasil: comandante responsable de la masacre de Eldorado de Carajá podría quedar impune definitivamente

Fuente: Minga informativa de Movimientos Sociales

Campaña por la ratificación de la condena del Coronel Mario Pantoja, comandante responsable de la masacre de Eldorado de Carajás

Comandante de masacre será juzgado por el STJ el día 23

Recurso Especial n.º 818815
QUINTA TURMA
Ministra Relatora LAURITA VAZ – gab.laurita.vaz@stj.jus.br
Ministro NAPOLEÃO MAIA FILHO (pres. da turma) -
gab.napoleao.maia@stj.jus.br Ministro FELIX FISCHER –
gab.felix.fischer@stj.jus.br
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – gab.arnaldo.lima@stj.jus.br
Ministro JORGE MUSSI – gmjm@stj.jus.br

“Es difícil defender
sólo con palabras la vida
(todavía más cuando ella es
ésta que ve, severina).”
João Cabral de Meto Neto

El próximo 23 de junio, después de más de tres años de espera, será juzgado por la Quinta Turma del Superior Tribunal de Justicia, el recurso planteado por el Coronel Mario Colares Pantoja, uno de los comandantes de la Masacre de Eldorado de Carajás, que tiene por objeto la anulación del juicio en el cual él fue condenado a 228 años de cárcel.

El único y absurdo argumento por él presentado es el de que habría habido nulidad del juicio por deficiencia en la formulación de las preguntas presentadas al cuerpo de jurados, lo que no pasa de una ficción jurídica, creada para volver la impunidad definitiva.

El día 17 de abril de 1996, en el estado brasileño de Pará, en las proximidades del municipio de Eldorado del Carajás, en un trecho de la autovía PA 150, en el local denominado como curva “S”, 155 policías militares, divididos en dos tropas, cercaron y atacaron con armas de fuego una manifestación de trabajadores rurales sin tierra que bloqueaban la carretera para reivindicar la realización de la reforma agraria.

Estos hechos quedaron grabados en la memoria del pueblo brasileño y de todo el mundo como la masacre de Eldorado del Carajás.

Seis trabajadores rurales fueron asesinados con disparos de armas de fuego durante la operación militar de despeje de la pista de la autovía. Tras el despeje y terminada la misión de los policías, fueron ejecutados sumariamente todavía otros trece trabajadores, que estaban heridos e inconscientes en la pista y otros que, conscientes, no tenían más condiciones de locomoción, debido a heridas de bala en los pies y piernas. Quedaron 19 trabajadores rurales muertos, 69 heridos y, de entre estos, tres fallecieron algunos meses después en razón de las secuelas producidas por la brutal violencia.

Pasados trece años de uno de los más vehementes ejemplos de impunidad que rodea los crímenes cometidos en el país contra los trabajadores rurales, ninguno de los responsables de la masacre fue efectivamente sancionado.

Todo fue hecho para que los responsables queden impunes.

El día de la masacre, los cuerpos fueron retirados del lugar antes de la llegada del peritaje. No se realizaron exámenes de residuos de pólvora en las manos de los policías militares para verificar quien había efectuado los tiros. Tampoco fueron recogidas las armas de los policías para averiguación de cuál arma, bajo el poder de cuál policía era responsable por la muerte de cada uno de los 19 trabajadores sacrificados. Ante todo, como todo había sido planificado, los Policías Militares salieron de sus batallones sin las identificaciones que deberían ostentar en sus uniformes.

En la sede judicial, se evidenció también de manera abundante la colusión para la impunidad.

El juez Ronaldo Valle, presidente de los primeros juicios realizados por el Tribunal del Jurado de Belém/Pará, en agosto de 1999, dejó que ocurriesen innumerables violaciones al procedimiento legal, siendo la más grave el permiso para que uno de los jurados manifestase en público, durante la sesión, su opinión sobre la ausencia de culpa de los policías por la masacre.

Al final de la primera sesión que llevó a juicio a los comandantes de la masacre, con evidente interés de perjudicar la comprensión de los jurados, el juez formuló de forma confusa las preguntas a ellos dirigidas, culminando en la absolución del coronel Mário Colares Pantoja, del mayor Maria José Oliveira y del capitán Raimundo Almandra Lameira.

En el año 2000, en razón de esas nulidades, el Tribunal de Justicia de Pará anuló el juicio, el juez Ronaldo Valle pidió alejarse del caso y de entre los 18 jueces de la Comarca de Belém, 17 se declararon impedidos de presidir el juicio, alegando ser favorables a los Policías y contrarios al MST.

Sin embargo, aceptando presidir el juicio bajo el alegato público de no tener miedo del MST, la jueza Eva do Amaral Coelho estableció una nueva sesión de juicio de los comandantes para el mes de julio de 2001, determinando que fuese retirada del proceso la principal prueba de la acusación, un laudo del perito Ricardo Molina, de la Universidad de Campinas, demostrando que los primeros disparos habían sido hechos por la PM, y no por los sin-tierra.

El Ministerio Público y los asistentes de la acusación protestaron contra esa determinación, el jurado fue aplazado hasta el mes de mayo de 2002 y se determinó la separación de la Jueza.

Designado el juez Roberto Moura para presidir el caso, este decidió juzgar, en sólo cinco sesiones, 144 policías militares, y hubo innumerables denuncias de testigos que sufrieron amenazas.

Al final de los juicios, sólo el Coronel Pantoja y el mayor Oliveira fueron condenados. Habían recibido la pena de 228 años de cárcel, pero obtuvieron el beneficio de apelar en libertad. Ambos presentaron recurso de apelación al Tribunal de Justicia de Pará, que les negó los pedidos. Ambos también apelaron al Superior Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal y aguardan en libertad el juicio de esos recursos.

Por todas esas razones, pedimos a todos/as que se manifiesten, enviando a los Ministros integrantes de la Quinta Turma del Superior Tribunal de Justicia y a la Ministra Relatora, el pedido para que sea mantenida la condena del Coronel Mario Pantoja, con lo que se dará un paso más en dirección de la justicia. “Si nosotros callamos, las piedras gritarán”

(Pedro Tierra)



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Minga Informativa de Movimientos Sociales

http://movimientos.org/

Recordamos que la fecha en que se conmemora la masacre fue declarada Día Internacional de la Lucha Campesina - 17 de abril -

Uruguay por ATENCO!

En mayo de 2006 el pueblo de San Salvador Atenco sufrió uno de los ataques represivos más brutales de la historia reciente en México. Cientos de personas detenidas, torturadas, mujeres abusadas sexualmente y dos jóvenes asesinados, fueron el resultado de la barbárica acción de las fuerzas policíacas.

A tres años de los hechos, y ante la inacción e impunidad gubernamental, el dolor se transforma en digna rabia, para renacer en esperanza y justicia.

La sociedad civil uruguaya , a través del Colectivo Contraimpunidad, Conbronca, Globale09 MVD y SERPAJ América Latina , se suma a la “Campaña Nacional e Internacional por libertad y justicia para Atenco” contra la criminalización de los movimientos sociales en Latinoamérica .En el marco del Festival de Cine Documental, Globale Montevideo, el viernes 22 de mayo, a las 20 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR, se exhibirá el documental “Atenco: romper el cerco”, con posterior panel de debate . Entrada libre.

www.atencolibertadyjusticia.com

www.serpajamericalatina.org

www.contraimpunidad.blogspot.com

www.festivalglobale.org

www.conbronca.org