martes, 28 de julio de 2009

Mujeres de Arena: el libro


"Los Textos de La Capilla"
- Segunda Época -
edita dentro de su colección Dramaturgia Mexicana
Mujeres de Arena
- Testimonios de mujeres en Ciudad Juárez -

Teatro Documental con textos de Antonio Cerezo Contreras, Denise Dresser, Malú García Andrade, María Hope, Eugenia Muñoz, Marisela Ortiz y Juan Ríos Cantú - Dramaturgia: Humberto Robles

Con prólogo de Marisela Ortiz (co-presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa) y un artículo de la doctora Eugenia Muñoz

En agosto a la venta en México D.F.:

* Teatro La Capilla, Madrid # 13, Coyoacán
* Librería Morgana, Colima # 143-A, Col. Roma Norte
* Café 22, Montes de Oca 22, Col. Condesa
* Café Comité Cerezo (Filosofía y Letras, UNAM)
* Librerías de La Jornada, (Sucursales Cuauhtémoc y Álvaro Obregón)

También puedes solicitarlo a hrobles(at)hotmail.com

Gracias a que los autores cedieron solidariamente sus derechos, las ganancias este libro serán destinadas a las organizaciones Nuestras Hijas de Regreso a Casa y el Comité Cerezo México

domingo, 19 de julio de 2009

Necesitamos tu firma


FIRMA LA PETICIÓN EN LÍNEA: JUSTICIA PARA L@S NIÑ@S ASESINADOS EN LA GUARDERÍA ABC de Hermosillo, Sonora, México


http://www.ipetitions.com/petition/justiciahermosillo/

sábado, 18 de julio de 2009

Otra vez la (in) justicia da vuelta la cara...

Activistas protestan por la encarcelación del activista oaxaqueño en asesinato de Will

Aquí en Nueva York, un grupo de activistas manifestó afuera del consulado mexicano el lunes para denunciar lo último en el caso del asesinato del periodista estadounidense, Brad Will. Will fue asesinado el 27 de octubre del 2006 cuando fue baleado mientras cubría el levantamiento popular en el estado mexicano de Oaxaca. Los balazos fueron grabados con su propia cámara de Will. La familia y amigos de Will han criticado al gobierno mexicano por acusar a un activista de Oaxaca con el asesinato de Will en vez de a la policía. Se ha reportado que la semana pasada, un juez mexicano halló que el activista, Juan Manuel Martínez Moreno, debe permanecer en prisión indefinidamente, y que se aceptaría testimonio de terceros presentado por la acusación. Mark Read, amigo de Brad Will, criticó la acusación.

Mark Read: “Juan Manuel Martínez Moreno, el hombre falsamente acusado del asesinato de Brad, también es del movimiento, es un hombre de valores. El hecho de que el asesinato de Brad se utilice en contra de otro activista político es el insulto más fuerte que se pueda dar a su memoria. Y no es la primera vez que su muerte haya sido utilizada en tal manera.”


13 julio, Nueva York – El lunes 8 de Julio, la juez Rosa Pérez dio marcha atrás de su fallo de enero. Ahora acepta los testimonios de terceros, previamente considerados “deficientes” como evidencias en el caso contra el activista local Juan Manuel Martínez Moreno por el asesinato del periodista estadounidense Brad Will. La juez también determinó que Martínez Moreno permanecerá encarcelado durante un periodo indefinido de tiempo hasta cuando haya un veredicto en el caso.

El caso está siendo monitoreado por organizaciones de derechos humanos, tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; incluso se mencionó específicamente en el texto de la Iniciativa Mérida en julio del 2008, en el cual requiere “progreso en la realización de una investigación a fondo, legítima y transparente para identificar los verdaderos autores de este crimen y llevarlos a justicia.”

A pesar de un informe independiente de Médicos por Derechos Humanos (Physicians for Human Rights), el gobierno rehusó investigar a los sospechosos más probables – los funcionarios del gobierno mexicano que fueron grabados por cámaras de video y fotográficas disparando contra los activistas, incluyendo a Will. En vez de hacer eso, la juez ha aceptado el testimonio de dos “testigos” que, según lo que ellos mismos dijeron, no estuvieron presentes cuando ocurrió el asesinato de Will. Estos dos “testigos” ocupan un papel central en el caso contra Martínez Moreno.

“El gobierno de México necesita condenar a alguien en el caso de Brad porque eso es lo que el congreso de los EE.UU. les dijo que tenían que hacer,” dijo Mark Read, amigo de Will. “Si ellos quieren ese dinero de EE.UU., tienen que meter a alguien a la cárcel, pero los verdaderos asesinos andan con impunidad total mientras el gobierno sigue con este caso absurdo contra una de las personas de las que Brad reportaba, un activista que se levantó contra el mando corrupto del gobierno. Con este cambio de posición reciente de la juez, queda claro que los planes que el gobierno mexicano tiene para Martínez Moreno ya están hechos, a pesar de las evidencias. Es la pura corrupción.”
www.frindsofbradwill.org

domingo, 12 de julio de 2009

Indígenas de Michoacán contra el exterminio neocolonialista


Ostula: la autodefensa indígena

Luis Hernández Navarro

Algunas poblaciones ocupan un lugar privilegiado en la historia de las luchas emancipadoras en México. Tienen ese espacio porque allí se han lanzado proclamas, planes o manifiestos libertarios o porque han sido el territorio en el que se han escenificado grandes combates sociales. Entre los primeros se encuentran, por citar algunos, Ayutla, San Luis Potosí o Ayala. Entre los segundos están localidades como Veracruz, Cananea y Río Blanco.

Probablemente, con el paso de los años, la comunidad indígena de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, en Michoacán, formará parte de la nomenclatura histórica que alimenta el imaginario de la gleba. Otras pequeñas comunidades, como La Realidad y Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, o El Charco y Aguas Blancas, en Guerrero, ocupan ya un lugar central en el relato que da cuenta de las modernas luchas de liberación.

Santa María de Ostula se convertirá en referencia por dos razones distintas. La primera, porque allí se promulgó el pasado 13 y 14 de junio el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa indígena. La segunda, porque dos semanas después centenares de comuneros nahuas de esa localidad recuperaron más de 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por poderosos caciques mestizos, en una época en la que se ha izado la bandera blanca en el campo.

El Manifiesto de Ostula es un documento de enorme trascendencia histórica, pues reivindica el derecho a la autodefensa indígena. Está redactado en el mismo tono y aliento con que fueron escritas las grandes proclamas contra la servidumbre del siglo XIX. No es una declaración de una organización político-militar clandestina. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea del Congreso Nacional Indígena en la región centro Pacífico del país.

La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Denuncia la represión gubernamental y paramilitar en su contra, que ha provocado el asesinato y encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas y la ocupación militar de sus territorios. Compara la situación que actualmente padecen los indígenas con la que se vivió durante la fase última de la dictadura de Porfirio Díaz.

El manifiesto explica cómo a lo largo de la historia, los pueblos indios han creado formas legítimas y legales para su autodefensa. Reivindica que, frente a la guerra de exterminio neoliberal que sufren, los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios.

Este derecho a la autodefensa cobra vida con la formación de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas de organización comunales, en tanto no violen los derechos humanos. Estas fuerzas son necesarias porque las instancias encargadas de impartir justicia son corruptas.

Escasos días después de su firma, la letra del Manifiesto de Ostula se hizo realidad en el mismo sitio de su proclamación. Ante la ausencia de autoridades estatales que defiendan su integridad, las comunidades de Ostula, Coire y Pómaro activaron su policía comunitaria, institución responsable de resguardar las tierras y la seguridad de 23 localidades de la comunidad indígena.

La comunidad indígena de Ostula posee un territorio de más de 19 mil hectáreas, que se extiende del asentamiento costero de La Ticla a las sierras. Está integrada por 49 asentamientos diferentes. La comunidad fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales mediante la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. Aunque es la legítima poseedora del paraje costero de La Canahuancera y cuenta con títulos de propiedad que datan de 1802 y 1803, los supuestos pequeños propietario de La Placita se lo habían arrebatado desde hace 45 años.

El 29 de junio pasado pistoleros al servicio de los caciques agredieron a tiros a un grupo de mil pobladores de Ostula que habían recuperado, pacíficamente y por la vía de los hechos, el paraje. El campesino Manuel Serrano resultó herido de bala. La policía comunitaria detuvo a cinco agresores que posteriormente dejó en libertad. Otros tres fueron condenados moralmente y entregados al gobierno del estado. Los indígenas recuperaron la posesión de La Canahuancera.

Pero, más allá del hostigamiento de los caciques, las tierras comunales se encuentran amenazadas por dos proyectos sobre los que no han sido consultados: el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán y la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas. Ambos buscan meter al mercado las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región.

Una vez que recuperó la tierra, la comunidad de Ostula comenzó a trabajar en la edificación de un nuevo poblado, que será bautizado como Xayacalan, su nombre original. En cinco días construyeron 25 casas. Este terreno es el límite de la comunidad hacia el norte y la puerta de entrada a toda la región nahua.

En Ostula, El Coire y Pómaro no se instalaron casillas electorales. Los comuneros exigen el inmediato castigo de los responsables del ataque sufrido el pasado 29 de junio, y el respeto irrestricto a la posesión que la comunidad tiene sobre La Canahuancera y sobre todas las tierras comunales que le pertenecen en forma inmemorial, así como el respeto y reconocimiento de su policía comunitaria.

La reivindicación de la autodefensa indígena sistematizada en El Manifiesto de Ostula es, simultáneamente, un viejo y profundo anhelo de los pueblos originarios de nuestro país, y una indicación del rumbo que su lucha ha tomado: la construcción de la autonomía de facto.

www.jornada.unam.mx/2009/07/07/index.php?section=opinion&article=017a2pol


viernes, 10 de julio de 2009

La injusticia en México tiene el nombre de cada un@ de l@s pres@s polític@s


Son liberados cinco de los siete tzeltales de Bachajón presos en el penal de El Amate

Persisten los atracos a transportes turísticos; hay versiones de que policías protegen a los delincuentes

Hermann Bellinghausen

Salieron libres cinco de los siete ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, Chiapas, detenidos en abril pasado en las inmediaciones de Agua Azul en distintas acciones policiacas. Desde mayo permanecían presos en el penal de El Amate, en Cintalapa de Figueroa, luego de varias semanas en arraigo en la Quinta Pitiquitos de Chiapa de Corzo. Se les acusaba, sin pruebas, de ser asaltantes de caminos en el tramo carretero Ocosingo-Palenque.

Las autoridades ejidales de San Sebastián, adherentes de la otra campaña del EZLN, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dieron a conocer hoy que la liberación ocurrió el pasado lunes 6, gracias a la solidaridad nacional e internacional.

Mediante el desistimiento de la acción penal por parte de las autoridades judiciales de Chiapas, cinco de los siete indígenas de la otra campaña, quienes permanecieron injustamente encarcelados tres meses por acciones en defensa de su territorio, salieron libres.

Ellos son: Gerónimo Moreno Deara, Alfredo Gómez Moreno, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara y Pedro Demeza Deara. Siguen recluidos en El Amate, injustamente según insisten sus compañeros y la defensa, los hermanos Gerónimo y Antonio Gómez Saragos, sobre quienes se mantienen los cargos de robo con violencia y delincuencia organizada.

Con ellos había sido encarcelado Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN, habitante del municipio autónomo Comandanta Ramona, quien salió libre pocas semanas después de los operativos policiacos, también sin cargos.

A raíz de estas aprehensiones, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron no sólo lo infundado de las acusaciones, sino el que algunos de ellos fueron torturados física y sicológicamente para que se declaran culpables, y obligados a firmar declaraciones sin la asistencia de un traductor de su lengua ni de un abogado que conociera su cultura y su idioma, como establece la ley.

La junta de buen gobierno zapatista del caracol de Morelia dio a conocer en mayo los nombres de una banda de asaltantes, identificados en el vecino ejido Agua Clara. El gobierno estatal se comprometió a investigar, hasta ahora sin resultados, si bien los atracos a transportes turísticos se han repetido en la zona.

Los tzeltales detenidos realizaban vigilancia en la carretera, precisamente para evitar los robos, que también afectan a las comunidades. Tras la inicial aprehensión de Gerónimo Gómez Saragos en el mercado de Ocosingo, el 13 de abril, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón establecieron un bloqueo carretero demandando su libertad. En los días siguientes, el gobierno estatal realizó varios operativos policiacos donde desalojó el bloqueo, destruyó la caseta de cobro del ejido en el acceso a las cascadas de Agua Azul y despojó a los indígenas de un banco de grava.

En todas estas acciones, las policías estatales Preventiva (PEP) y de Caminos (PEC), así como la Secretaría de Gobierno, se asociaron con una minoría priísta de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), cuyos miembros actuaron como delatores de los ejidatarios detenidos, y además resultaron beneficiados tras la destrucción de la caseta y el despojo del banco de grava. En el primer sitio se estableció un campamento de la PEP, mientras las patrullas de la PEC y la Policía Federal Preventiva mantenían patrullajes en la carretera, y según denuncias de los lugareños, protegen a los verdaderos asaltantes.

Así, permanecen presos dos indígenas de la otra campaña y el banco de grava es explotado por constructoras privadas, mientras los dirigentes de la Opddic reciben fuertes sumas de dinero por la concesión. Todo esto, en el contexto de la construcción de una controvertida autopista a Palenque, la cual afectaría al ejido de manera significativa y sin el acuerdo de sus pobladores.

Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2009/07/09/index.php?section=politica&article=021n1pol

http://enlacezapatista.ezln.org.mx

¡AUN QUEDAN DOS COMPAÑEROS INJUSTAMENTE PRESOS!

¡Libertad para todas y todos los presos políticos!
¡Libertad a las y los desaparecidos políticos!
¡Cancelación de todas las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales!

¡Abajo los muros de las prisiones de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Tabasco...de todo México!
¡Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas!



lunes, 6 de julio de 2009

Solidaridad con las familias de l@s niñ@s de la guardería ABC, Hermosillo, Sonora, México






Imaginación y creatividad para lograr justicia

Gracias al ejemplo y la dignidad de los padres de l@s 48 niñ@s fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y después de tres marchas en esa ciudad y una a nivel estatal, este sábado 4 de julio se llevó a cabo la primera Marcha Nacional para que se haga justicia y se castigue a los culpables de este horrible crimen contra la infancia.

Las Mujeres sin Miedo convocamos a la sociedad civil a realizar actos autónomos y cotidianos en nuestros centros de trabajo, medios de transporte, teléfono, Internet; con nuestros amigos, familiares y grupos. Dediquemos unos minutos a realizar estos actos que crecerán hasta que se haga justicia.

Organicémonos y coloquemos distintivos o botones en nuestros pechos, letreros en nuestros autos o vehículos exigiendo justicia para l@s niñ@s, llevemos un lazo negro, portemos un cartel que exija justicia o fotografías de l@s niñ@s fallecid@s, etcétera. Despertemos nuestra imaginacion y creatividad para que la justicia se sienta entre no- sotros. Como parte de estas acciones, les recordamos que hemos abierto la cuenta 0621312438 de Banorte, a nombre de María del Carmen Huete Lira y/o Ofelia Medina, CLABE 072180006213124382, para que los familiares de las víctimas, puedan hacer la denuncia penal contra los presuntos culpables de las muertes de niñ@s.

¡Manifestemos nuestra adhesión con esta causa y convirtamos este dolor en fuerza!

¡Qué viva la infancia! Cada niñ@ muerto duele en el cuerpo de México. Infancia es futuro, el futuro es de tod@s . Exigimos respeto a los Derechos de la Infancia Mexicana.

Por Mujeres sin Miedo: Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Francesca Guillén, Giovanna Cavasola, Beatriz Zalce, Patricia Díaz y Humberto Robles.

Más información en: