Ampara la SCJN a indígenas presos por matanza en ActealCon cuatro votos a favor y el del ministro Sergio Valls en contra, se determinó la inmediata liberación de 20 por irregularidades en el proceso judicial, como invención de pruebas, y la situación de otros 31 será analizada en otra sesión.
La Jornada 12/08/2009
México, DF. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la libertad absoluta e inmediata de 20 indígenas sentenciados por la matanza de 45 tzotziles el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, Chiapas.
Los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza consideraron que hubo irregularidades en el proceso judicial de los indígenas que los llevó a prisión, como invención de pruebas y falta de respeto a sus derechos humanos.
Sergio Valls, como se esperaba, fue el único ministro que votó en contra de otorgar el amparo.
De los 57 indígenas que presentaron demandas de amparo, sólo 20 podrán obtener su libertad inmediata tras el fallo de los ministros, mientras que la situación del otro bloque será analizado en una sesión posterior.
Lo anterior, debido a que el resto de los casos se encontraban a cargo de la ponencia del ministro Sergio Valls, quien se pronunció por negar el amparo a los quejosos. Esto implica que otro ministro sea designado para elaborar un nuevo proyecto en el que se impulse dar el amparo.
Durante la sesión, Cossío Díaz se pronunció a favor de otorgar la liberación inmediata, en virtud de que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados.
"Se dieron irregularidades en las actuaciones procesales, hubo pruebas indebidamente recabadas con lo que se afectó el debido proceso y la obligación de salvaguardar las garantías individuales, por lo que me pronuncio a favor del amparo para excarcelarlos", dijo.
Sánchez Cordero, en tanto, señaló que el juez de la causa extendió su facultad porque incluyó los delitos de portación de armas sin permiso y de uso exclusivo del Ejército, los cuales no formaron parte del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público.
La ministra reiteró que se violaron garantías individuales al derecho de un debido proceso, por lo que se pronunció a favor de que queden en libertad quienes promovieron el amparo.
En el mismo sentido se expresó el ministro Silva Meza, quien dijo que no se debe permitir que a través de injusticias se cometan violaciones a los derechos fundamentales, por lo que las pruebas presentadas carecen de validez.
"La mayor impunidad es privar de la libertad a una persona con pruebas endebles, como lo es el hecho de que las armas presentadas no pertenecen a las balas percutidas", puntualizó.
En su turno Gudiño Pelayo destacó que las pruebas deficientes no pueden llevar a una sentencia, la cual debe acreditarse fehacientemente.
Persistente negación de derechos, afirma Amnistía Internacional
La Jornada 10/8/09
No obstante que el Estado mexicano ha reconocido la pluriculturalidad del país y los derechos de los pueblos indígenas mediante la reforma al artículo segundo de la Constitución de 2001, y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre comunidades originarias y tribales, la situación de pobreza, desigualdad y marginación en la que se encuentran éstas se ha agravado de manera alarmante, advierte el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos (OPSDH).
El organismo señaló que en México los pueblos autóctonos representan alrededor de 10 por ciento de la población total, hablan 68 lenguas nativas, más sus 364 variantes, y se concentran básicamente en ocho entidades: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, estado de México, Puebla, Hidalgo y Guerrero.
Indicó que de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los municipios donde los índices de educación, salud e ingreso por familia son los más bajos del país se concentran en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En este último se localiza el municipio con menor desarrollo humano del país, Cochoapa El Grande, y Chiapas está en el segundo lugar de pobreza.
A escala nacional, el ejercicio de los derechos básicos no está plenamente garantizado a la población indígena. En materia de educación, de las 6 millones 255 mil 35 personas en edad escolar, un millón 161 mil 64 (22.9 por ciento) tiene la primaria terminada y 967 mil 399 (18.6 por ciento) han concluido la secundaria.
Según cifras oficiales, 56 por ciento de los niños indígenas del país padece desnutrición y al menos 690 mil menores de cuatro años presentan graves problemas de desnutrición y estatura. La mortalidad infantil es mucho más frecuente en niños indígenas que en la población infantil promedio del país, señala el observatorio.
La realidad de pobreza que evidencian las cifras anteriores, dice, nos lleva a cuestionarnos por qué si, según el gobierno federal, uno de los objetivos de su mandato es orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicos para alcanzar el desarrollo integral y sustentable de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas
, las medidas implementadas por el Estado no han sido suficientes para abatir la pobreza y garantizar los derechos básicos de las personas y las comunidades indígenas.
Una de las limitaciones principales y cuestiones pendientes que ha sido determinante para agravar la condición de los pueblos indígenas es la negación, por parte del Estado, a reconocer en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas tal y como se enmarcan en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas, resalta un análisis de ese observatorio.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) recordó que como pueblos no han sido reconocidos constitucionalmente los derechos a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales, o son ignorados o aplicados de un modo que no se respetan de forma adecuada sus tradiciones culturales.
Destaca que la extracción de recursos, la explotación agrícola y maderera y otros proyectos de desarrollo en tierras indígenas se acompañan a menudo de actos de acoso y violencia, pues intereses privados y poderosas empresas incumplen las leyes nacionales e internacionales en su deseo de obtener beneficios.
Frente a este legado de atroces violaciones de derechos humanos, los pueblos indígenas de la región se movilizan para hacer oír su voz. Su lucha contra la discriminación; por su derecho a recuperar sus tierras, al territorio y a ser consultados de manera libre, previa e informada sobre las decisiones que los afectan y a participar en las decisiones y los beneficios de la explotación de los recursos naturales de sus territorios ancestrales.
Lamentablemente, denuncia AI, estas legítimas luchas por sus derechos son muchas veces violentamente reprimidas por los Estados, que deberían garantizar dichos derechos, y sus líderes muchas veces criminalizados. Este ciclo persistente de discriminación y exclusión social está arraigado en las sociedades y contribuye a que los responsables rara vez rindan cuenta por las violaciones a los derechos humanos de los pueblos índígenas americanos.
Análisis De
En lo que va de la administración de Felipe Calderón, desde su toma de posesión no ha habido determinaciones y definiciones claras y contundentes de política pública en materia de derechos humanos, y el tema apenas se incluyó en forma muy acotada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012; por el contrario, se ha incurrido en prácticas como el notable incremento del empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, así como la aceptación tácita de la criminalización de la protesta social que, se sabe desde siempre, propician violaciones masivas a las garantías individuales, las libertades y los derechos políticos. Es más, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada ha llegado a proponer reformas penales contrarias a la Constitución, que comprometen gravemente la vigencia de derechos humanos fundamentales, y en la última reforma que realizó el Senado al Código Penal Federal, se asimiló de manera confusa al delito de terrorismo la protesta social pacífica y el derecho a la manifestación pública. Todo ello ha hecho pensar en el propósito del régimen de montarse sobre el reclamo de la sociedad de ver satisfecho su derecho a la seguridad, para deslizarse hacia un gobierno cada vez más autoritario y represivo.
Lo cierto es que la tortura ha seguido siendo persistente y sistemática; y que precisamente la Agencia de Investigación (AFI), la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano sean unos de las principales responsables en usar la tortura, en tanto que la Procuraduría General de la República se ha convertido en juez y parte.
Durante este primer año de gobierno de Calderón el CCTI registro por diversos medios y centros de derechos humanos las denuncias de alegatos de tortura de 150 casos de los cuales pudimos documentar 50 casos esto contrasta con los casos que veníamos documentando en promedio en el sexenio pasado, mostrando una tendencia a incrementar, tratándose principalmente de casos ocurridos en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sin que por su puesto estos sean los únicos, como el caso de doña Ernestina en Veracruz.
Está claro que la administración actual ha proseguido con la política represiva de su antecesora, dando paso a una mayor presencia de la fuerzas armadas. No solamente porque ha dejado en la impunidad los casos pendientes -Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, las matanzas de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y Teojomulco, Minera de San Javier y otros, sino que ha ahondado la represión y la tortura, como parte del terrorismo de Estado. Otro ejemplo paradigmático, además del de doña Ernestina, es el de Emeterio Merino Cruz, a quien visitamos en su casa, encontrándolo en estado semicomatoso, con traqueotomía y gastrostomía, y con manifestaciones de daño cerebral severo; esto a 2 meses de haber sido torturado.
La impunidad continúa siendo una constante y es una muestra de los pocos avances concretos en materia de derechos humanos en México. Entre los casos paradigmáticos se encuentran la discriminación y violencia de género en los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas que han ocurrido no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino también en otros estados de la República, como Sonora, Sinaloa, Nuevo León y el Estado de México; el caso de Lidia Cacho en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró al Gobernador de Puebla y secuaces de actos de pederastía, la violencia de género ejercida por militares en contra de indígenas en varios estados del país; las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres y los crímenes de homofobia.
Por otra parte a la administración actual le quedó el pendiente de la anterior de implementar y definir la estructura operativa del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ya en funciones, decretó que el MNPT estará a cargo de la “tercera visitaduría” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cancelando así el enorme esfuerzo de dos años de cabildeo desplegado por las organizaciones independientes de derechos humanos, que fueron simplemente echadas de lado.
Otra señal de la escalada de la tortura es la invalidación de los peritajes independientes por los jueces. En su oportunidad, enviamos al IRCT y a otras organizaciones del ámbito internacional, la denuncia de la forma y el contenido de la aplicación de lo que las autoridades judiciales llaman “Protocolo de Estambul”: Se trata de un estudio criminológico que busca retraumatizar a l@s sobrevivientes que se atrevan a denunciar la tortura (ref. Carta dirigida a la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres sobre el peritaje a Bárbara Italia Méndez Moreno).
Por lo que las recomendaciones que se han solicitado cumpla el gobierno mexicano, por parte de algunos organismos internacionales sobre la tortura (Comité Contra la Tortura, el Relator Especial de la Tortura de NU) estas siguen aún siendo vigentes ya que no se han dado respuestas serias de fondo:
El fuero militar ha sido reafirmado por la administración actual.
Por cuanto a la recomendación de que “No debe considerarse que las declaraciones hechas por los detenidos tengan un valor probatorio a menos que se hagan ante un juez”, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores llevan 6 años discutiendo cómo cambiar el sistema inquisitorial por el acusatorio, sin llegar a tomar una sola medida práctica al respecto; con el aumento de las protestas sociales ante la violación cada día más intensa de los DESCA, el mencionado sistema inquisitorial es una invitación a la detención arbitraria y a la búsqueda de los ministerios públicos de la autoinculpación mediante la tortura.
La recomendación de que “los procuradores y jueces no deben considerar necesariamente que la falta de señales corporales que pudieran corroborar las alegaciones de tortura demuestre que esas alegaciones sean falsas” no solo no se cumple, sino que las procuradurías no pueden ser imparciales ni independientes en México, pues son sus elementos quienes perpetran la tortura. Las dificultades de las organizaciones independientes de derechos humanos para acceder a los sobrevivientes en las cárceles y centros de detención van en aumento, los jueces actúan por consigna y no admiten peritos independientes.
Aunque la PGR aduce que aplica el Protocolo de Estambul, hemos demostrado que aplica un estudio criminológico para criminalizar a las víctimas de tortura.
Por lo que concierne a los médicos de los centros de detención y los ministerios públicos, son cómplices de la tortura por comisión o por omisión; la muerte de Alexis Benhumea en Atenco, el ocultamiento de Emeterio Merino Cruz, gravemente lesionado por la tortura, en Oaxaca y los certificados médicos hechos a las víctimas en general, y en particular las de Atenco y Oaxaca, sustentan la afirmación anterior.
Finalmente, la policía no investiga a los perpetradores del hostigamiento a l@s defensoras-es de los derechos humanos, ni siquiera cuando sean los propios defensores quienes muestren pruebas.
México D.F. a 25 de enero de 2008
COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD A.C.
Aumenta EU fondos del programa de seguridad para México en 30 mdd
Ese dinero irá destinado a los estados fronterizos con México "para garantizar que los responsables en primera línea estén equipados con los recursos necesarios para enfrentarse a los complejos y dinámicos desafíos a lo largo de nuestra frontera sur", declaró Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interior de EU.
La Jornada 11/08/2009
Washington. Estados Unidos aumentará en 30 millones de dólares los fondos del programa de seguridad en la frontera sur conocido como Stonegarden, que refuerza la coordinación con autoridades estatales y locales, anunció este martes la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano.
Ese dinero irá destinado a los estados fronterizos con México "para garantizar que los responsables en primera línea estén equipados con los recursos necesarios para enfrentarse a los complejos y dinámicos desafíos a lo largo de nuestra frontera sur", declaró Napolitano.
El programa Stonegarden (Jardín de Piedra) ya recibió 45 millones de dólares en junio pasado, y estos nuevos fondos corresponden a un suplemento presupuestario aprobado por el Congreso recientemente para el resto del año.
"La máxima prioridad de nuestra misión en la frontera es combatir la violencia de los carteles mexicanos", recordó Napolitano en el acto celebrado en la universidad de Texas, en la fronteriza El Paso.
"Primero debemos contenerla y luego reducirla", añadió.
Los más de 12 mil muertos causados por la violencia relacionada con el narcotráfico en México en los últimos dos años y medio es algo que preocupa especialmente a Estados Unidos.
"No hemos presenciado algo parecido en Estados Unidos" hasta ahora, explicó Napolitano, quien advirtió sin embargo que el crimen organizado es "por su propia naturaleza, transnacional".
Napolitano aseguró que el gobierno del presidente Barack Obama ha empezado a tratar el problema del narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal de forma conjunta.
La agencia de aduanas y migración (ICE por sus siglas en inglés) duplicó el número de agentes en la frontera, y se triplicó también el número de analistas y agentes de inteligencia.
En lo que va de año, el Departamento de Seguridad Interna decomisó más de 69 millones de dólares a los cárteles (34 millones en el mismo periodo en 2008) y aumentó igualmente los decomisos de droga en más de 400 toneladas.
Estados Unidos ha completado también la construcción de 633 millas (unos 1.018 km) de muro en la frontera, de las 662 millas (1.065 km) previstas.
Finalmente, la ICE arrestó en lo que va de año 181mil 060 indocumentados, un aumento del 106 por ciento; comparado con dos años atrás.
Las expulsiones de extranjeros ilegales totalizan por el momento 214.347 (+125 %).
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