CONTRAIMPUNIDAD y SERPAJ-AMÉRICA LATINA:
NOS SUMAMOS A LA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL POR LIBERTAD Y JUSTICIA PARA LOS PRESOS DE ATENCO
Esta campaña busca promover la libertad de los 12 presos políticos que se encuentran detenidos a raíz de los acontecimientos represivos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, México, considerando que no han cometido delito alguno, siendo víctimas de numerosas irregularidades en sus procesos, entre otras violaciones a los derechos humanos.
¿Qué pasó en ATENCO?
El día 3 de mayo de 2006 en el Municipio de Texcoco, Estado de México, elementos de la fuerza pública del Gobierno reprimieron y privaron de su libertad a un grupo de floricultores, que previamente habían acordado con la autoridad municipal la autorización para que se instalaran en las afueras del mercado a comercializar sus productos. En apoyo de los trabajadores, habían acudido diversos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los cuales también fueron atacados y encarcelados.
Con el propósito de lograr la liberación de los detenidos durante la intervención emprendida por la Policía Estatal, los habitantes del Municipio de San Salvador Atenco iniciaron diversas acciones de apoyo. En las primeras horas del día 4 de mayo de 2006, una fuerza integrada por elementos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva, Militar, Judicial del Estado y Municipal de Texcoco, inició un operativo en contra de los habitantes de Atenco y pueblos vecinos, realizando detenciones masivas, allanamientos de viviendas, e infringiendo a los detenidos tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Cientos de personas fueron detenidas sin respetar sus mínimas garantías.
Dos jóvenes, JAVIER CORTÉS SANTIAGO (14 años) y ALEXIS BENHUMEA HERNÁNDEZ (19 años) fueron asesinados.
Las mujeres se convirtieron en el botín de guerra del operativo. Muchas de ellas fueron violadas y torturadas física y psicológicamente.
Ninguna de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales fueron atendidas por el Gobierno de Vicente Fox, ni por el de su sucesor Felipe Calderón.
Los responsables continúan impunes.
¿Qué esconde la represión en Atenco?
Los hechos sucedidos no son fruto de una acción casual y aislada. Responden a un patrón estratégico enmarcado en la Doctrina de Seguridad Hemisférica diseñada por la política norteamericana para la región, modelo que toma forma a través de la Iniciativa Mérida, también conocido como Plan México, elaborado bajo la administración Bush con un costo de 1.4000 millones de dólares, concebido como un paquete de asistencia para la seguridad por un periodo de dos años (2008-2010) para México y Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Haití).
Bajo el rubro “Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Seguridad Fronteriza”, la mayoría del apoyo financiero se destinará a las Fuerzas Armadas mexicanas. Más del 40% se entregará a la industria bélica para la compra de equipo especial y otro tanto a las organizaciones de seguridad, donde el grueso de los fondos lo recibirá la Policía Federal Preventiva (PFP). Se impone así una solución de corte militarista que ha demostrado ser ineficiente y solo ha aumentado la escalada de violencia y el autoritarismo, como en el caso de Colombia. De esta forma se establece toda una infraestructura bélica al servicio de un único objetivo: el reposicionamiento geopolítico en el hemisferio sur.
Para proteger los megaproyectos (por medio de programas desarrollistas como el Plan Puebla Panamá o el ASPAN) y garantizar el suministro de los recursos naturales, se ha incrementado la ofensiva militar buscando criminalizar la protesta social, con el fin de eliminar la disidencia interna. En este contexto, y respondiendo a los intereses del gran capital, numerosas organizaciones populares son hoy perseguidas y reprimidas en México y muchos otros lugares, que con la excusa de la “lucha contra el narco”, han sido militarizados.
¿Por qué la Campaña Internacional?
La campaña considera que los 12 presos han sido condenados por razones políticas, y afirma que el movimiento de pueblos y comunidades en defensa de la tierra es legítimo y justo. Ese movimiento está representado en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes - entre otras organizaciones solidarias - sufrieron la represión y violaciones a los derechos humanos.
Permanecen presas 12 personas con penas que van de los 31 años de prisión, como en los casos de Oscar Hdz. Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales, y también penas de 67 y hasta 112 años de prisión en un penal de máxima seguridad, como ocurre con Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Otros, como América del Valle y Adán Espinosa Rojas, se encuentran en condición de perseguidos.
Todos ellos fueron condenados a terribles e injustas sentencias por delitos que no cometieron. Contra ellos se empleó el sistema de justicia de manera facciosa. Ellos no son delincuentes, algunos son los líderes más visibles del movimiento en defensa de la tierra, y otros, sencillos y humildes pobladores; algunos incluso, nunca habían participado en ningún movimiento social.
Esta iniciativa, civil y pacífica, busca promover la participación nacional e internacional de personas, familias, grupos, colectivos, organizaciones, redes y movimientos que estén de acuerdo en actuar, exigiendo:
· La LIBERTAD de los 12 presos políticos;
· La revocación de las sentencias;
· El respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos;
· Juicio a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos.
Esta iniciativa se suma a la impulsada por la sociedad civil mexicana y es organizada por personas, colectivos y organizaciones que promueven el respeto irrestricto y la defensa de los derechos humanos.
CONDENAR Y DETENER LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN NUESTRA REGIÓN, Y PARTICULARMENTE EN MÉXICO.
Mas de 100 organizaciones, colectivos, redes y movimientos de 17 estados del país y 6 naciones.
www.atencolibertadyjusticia.com
¿Qué pasó en ATENCO?
El día 3 de mayo de 2006 en el Municipio de Texcoco, Estado de México, elementos de la fuerza pública del Gobierno reprimieron y privaron de su libertad a un grupo de floricultores, que previamente habían acordado con la autoridad municipal la autorización para que se instalaran en las afueras del mercado a comercializar sus productos. En apoyo de los trabajadores, habían acudido diversos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los cuales también fueron atacados y encarcelados.
Con el propósito de lograr la liberación de los detenidos durante la intervención emprendida por la Policía Estatal, los habitantes del Municipio de San Salvador Atenco iniciaron diversas acciones de apoyo. En las primeras horas del día 4 de mayo de 2006, una fuerza integrada por elementos pertenecientes a la Policía Federal Preventiva, Militar, Judicial del Estado y Municipal de Texcoco, inició un operativo en contra de los habitantes de Atenco y pueblos vecinos, realizando detenciones masivas, allanamientos de viviendas, e infringiendo a los detenidos tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Cientos de personas fueron detenidas sin respetar sus mínimas garantías.
Dos jóvenes, JAVIER CORTÉS SANTIAGO (14 años) y ALEXIS BENHUMEA HERNÁNDEZ (19 años) fueron asesinados.
Las mujeres se convirtieron en el botín de guerra del operativo. Muchas de ellas fueron violadas y torturadas física y psicológicamente.
Ninguna de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales fueron atendidas por el Gobierno de Vicente Fox, ni por el de su sucesor Felipe Calderón.
Los responsables continúan impunes.
¿Qué esconde la represión en Atenco?
Los hechos sucedidos no son fruto de una acción casual y aislada. Responden a un patrón estratégico enmarcado en la Doctrina de Seguridad Hemisférica diseñada por la política norteamericana para la región, modelo que toma forma a través de la Iniciativa Mérida, también conocido como Plan México, elaborado bajo la administración Bush con un costo de 1.4000 millones de dólares, concebido como un paquete de asistencia para la seguridad por un periodo de dos años (2008-2010) para México y Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Haití).
Bajo el rubro “Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Seguridad Fronteriza”, la mayoría del apoyo financiero se destinará a las Fuerzas Armadas mexicanas. Más del 40% se entregará a la industria bélica para la compra de equipo especial y otro tanto a las organizaciones de seguridad, donde el grueso de los fondos lo recibirá la Policía Federal Preventiva (PFP). Se impone así una solución de corte militarista que ha demostrado ser ineficiente y solo ha aumentado la escalada de violencia y el autoritarismo, como en el caso de Colombia. De esta forma se establece toda una infraestructura bélica al servicio de un único objetivo: el reposicionamiento geopolítico en el hemisferio sur.
Para proteger los megaproyectos (por medio de programas desarrollistas como el Plan Puebla Panamá o el ASPAN) y garantizar el suministro de los recursos naturales, se ha incrementado la ofensiva militar buscando criminalizar la protesta social, con el fin de eliminar la disidencia interna. En este contexto, y respondiendo a los intereses del gran capital, numerosas organizaciones populares son hoy perseguidas y reprimidas en México y muchos otros lugares, que con la excusa de la “lucha contra el narco”, han sido militarizados.
¿Por qué la Campaña Internacional?
La campaña considera que los 12 presos han sido condenados por razones políticas, y afirma que el movimiento de pueblos y comunidades en defensa de la tierra es legítimo y justo. Ese movimiento está representado en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes - entre otras organizaciones solidarias - sufrieron la represión y violaciones a los derechos humanos.
Permanecen presas 12 personas con penas que van de los 31 años de prisión, como en los casos de Oscar Hdz. Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales, y también penas de 67 y hasta 112 años de prisión en un penal de máxima seguridad, como ocurre con Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Otros, como América del Valle y Adán Espinosa Rojas, se encuentran en condición de perseguidos.
Todos ellos fueron condenados a terribles e injustas sentencias por delitos que no cometieron. Contra ellos se empleó el sistema de justicia de manera facciosa. Ellos no son delincuentes, algunos son los líderes más visibles del movimiento en defensa de la tierra, y otros, sencillos y humildes pobladores; algunos incluso, nunca habían participado en ningún movimiento social.
Esta iniciativa, civil y pacífica, busca promover la participación nacional e internacional de personas, familias, grupos, colectivos, organizaciones, redes y movimientos que estén de acuerdo en actuar, exigiendo:
· La LIBERTAD de los 12 presos políticos;
· La revocación de las sentencias;
· El respeto irrestricto de los derechos humanos de los detenidos y perseguidos;
· Juicio a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos.
Esta iniciativa se suma a la impulsada por la sociedad civil mexicana y es organizada por personas, colectivos y organizaciones que promueven el respeto irrestricto y la defensa de los derechos humanos.
CONDENAR Y DETENER LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN NUESTRA REGIÓN, Y PARTICULARMENTE EN MÉXICO.
¡Ellos ya se sumaron!
¡ENLAZATE A LA RESISTENCIA!
Samuel Ruiz García, Obispo Emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas; Ofelia Medina, actriz; Manu Chao, músico; Julieta Egurrola, actriz; Carlos Montemayor, escritor; Ana Francis Mor, actriz; Raúl Vera, Obispo de la Diócesis de Saltillo, Coahuila; Francisco Toledo, pintor; Diego Luna, actor; Roco, vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio; Adolfo Gilly, académico; Luis Villoro, filósofo; Bruno Bichir, actor; Paco Ignacio Taibo II, escritor y periodista; Daniel Giménez Cacho, actor; Miguel Ángel Granados Chapa, periodista; Demián Bichir, actor; Odiseo Bichir, actor; Fray Miguel Concha Malo, fraile dominico, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Luis Hernández Navarro, periodista; Rubén Albarrán, vocalista de la banda de rock Café Tacuba; Jorge Zárate, actor; Los de Abajo, banda de ska y rock; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Por Juárez; Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Comité Cerez; Comité Monseñor Romero; Colectivo de abogados Zapatistas (CAZ); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; La voladora Radio; Mujeres sin miedo; Servicios legales, Investigación y Asesoría Jurídica, Servicios y Asesoría para la paz (SERAPAZ). ¡ENLAZATE A LA RESISTENCIA!
Mas de 100 organizaciones, colectivos, redes y movimientos de 17 estados del país y 6 naciones.
www.atencolibertadyjusticia.com
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