Alto al hostigamiento a inocentes!

Oaxaca de Juárez, Oax., a 8 de agosto de 2008.

Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz inician una cacería contra integrantesde la APPO y de la Otra Campaña.

En clara operación del Plan Mérida.

A los pueblos de Oaxaca, México y el Mundo

A los hombres y mujeres de buen corazón

A los medios de comunicación honestos

A las organizaciones de los Derechos Humanos

A todos los que sufrimos represión, hostigamiento, encarcelamiento y pérdida de un ser querido:

A escasos meses de cumplirse otro año más de impunidad para el pueblo oaxaqueño, pues ni un solo caso de los 27 asesinados en el 2006 ha sido resuelto y todos los asesinos gozan de libertad y de la protección de los malos gobiernos de Calderón y Ulises Ruiz quienes pretenden acabar contodos aquellos que reclamen sus derechos.

Es así como la PGR trata de involucrar a la APPO en el asesinato deBradley Roland Will, periodista independiente de los estados Unidos, quienfue asesinado por los grupos parapolicíacos del Municipio de Santa Lucíadel Camino, como claramente se ve en las escenas que muestran los videos,hechos que han sido confirmados por peritos internacionales de laorganización independiente Médicos por los Derechos Humanos.

Desde el 2007, la familia Will inconforme de la nula seriedad de las investigaciones de la PGR solicito a Médicos por los derechos humanos retomaran el caso de Brad, y en marzo de este año realizaron peritajes enel lugar de los hechos, cuyos resultados, arrojan que la bala que mato a Brad Will fue de larga distancia; demostrando la falsedad de su hipótesisde que alguien de la APPO le disparo. Este peritaje fue entregado a la PGR como prueba pero como sucede siempre la Procuraduría no lo ha tomado encuenta, por el contrario ahora se fabrica el expediente 274/2008 en donde pide el arraigo de 4 personas, que por el momento les ha sido negado porque no hay ninguna prueba o fundamentos que indiquen su responsabilidad, sin embargo la falta de estado de derecho y la temeraria mala fe, nos pone vulnerables y en cualquier momento pueden ser encarcelados y pretender difamar el movimiento oaxaqueño al involucrarla con el asesinato como tantas veces han querido hacerlo como en el caso de las FARC sin que hasta ahora lo hayan logrado.

La PGR ahora distorsionando la verdad real de los hechos como ha actuado en contra de muchos otros miembros y simpatizantes de la appo, con la clara tendencia de criminalizar la protesta social, culpando a personas inocentes que han participado en el movimiento social, como el caso deMiguel Cruz Moreno miembro del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón CIPO RFM, consejal de la APPO, quien se presentó voluntariamente como testigo del crimen a Brad para que no quedara impune y siempre que ha sido requerido por la PGR nunca se ha negado y como el caso de Edgar Santiago Navarro quien nunca estuvo en el lugar de los hechos pero como es un estudiante activista de Chapingo, y además ambos compañeros son adherentes de la Otra Campaña y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona por lo que es una prueba mas de la criminalización de laprotesta social del Estado mexicano y la persecución a las organizaciones Sociales que no se han prestado al juego sucio del Gobierno.

Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Todo el Poder al Pueblo.

Favor de enviar e-mails y llamadas en solidaridad y apoyo al pueblo de Oaxaca y rechazo a la represión del gobierno a las siguientes direcciones:

Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA

Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México D. F., Tel: +521 (55) 27891100, Fax: +521(55) 52772376 felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Juan Camilo Mouriño

Secretario de Gobernación,Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.,C.P. 06600, México,Fax: +521 (55) 5093 3414, Tel. +521 (55) 5093 3400

La dirección mail no aparece en los directorios, favor de mandar comunicación por faxLic.

Eduardo Medina-Mora Icaza,

Procurador General de la República Av. Paseo de la Reforma #211-213 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc.MéxicoD.F., C.P. 06500

Para enviar correos en línea: http://www.pgr.gob.mx/index.asp

Dr. José Luis Soberanes Fernández

Presidente de la CNDH

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, 10200, México, D.F.Tel: 631 00 40, 6 81 81 25, Fax: 56 81 84 90, Llada sin costo: 01 800 00

Correo electrónico: correo@fmdh.cndh.org.mx , correo@cndh.gob.mx

Jaime Mario Pérez Jiménez

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Domicilio: Calle de los Derechos Humanos no. 210, Col. América, C.P.68050, Oaxaca, Oax.Teléfonos/Fax: Lada (951) 503 02 20, 503 02 21, 513 51 85, 513 51 91,51351 97

Correo electrónico: correo@cedhoax.org

DECLARATION & CALL TO ACTION FROM OAXACA, MEXICO

Delegation Felipe Calderón and Ulises Ruiz Ortiz have set in motion a hunt against APPO and Otra Campaña members.

A clear operation of Plan Mexico.

To all the people of Oaxaca, Mexico and the World,

To men and women of good hearts,

To all honest media,

To all human rights organizations,

And to all people who suffered and who still suffer from repression, harassment, imprisonment, and from the loss of a loved one:

Almost another year of impunity for Oaxacan people while the 27 murders of2006 remain unresolved. The murderers still enjoy their freedom andbenefit from the protection of the corrupt governments of Felipe Calderónand Ulises Ruiz Ortiz who want to get rid of those who claim their rights.

It is in this context that the Procurador General de la Republica or PGR(Public Prosecutor) tries to charge the APPO with the murder of BradleyRoland Will, an independent journalist of Indymedia from the UnitedStates. As videos clearly show, he was murdered by a group of militiamenfrom Santa Lucia del Camino municipality. These facts were confirmed byinternational experts from the independent organization Doctors for HumanRights.

In 2007, Will’s family was informed of the lack of seriousness in the PGRinvestigation and therefore asked Doctors for Human Rights to handleBrad’s case. In March 2008, they investigated where Brad was murdered tofind out that the bullet that killed him came from a great distance,proving wrong the hypothesis that a member of the APPO was responsible forthis murder. The report of this investigation was sent to the PGR but asalways occurs when proofs do not serve their interests, they rejected it.

On the contrary, they are presently conducting the 274/2008 investigationasking for the detention of 4 people. For now, these people cannot beheld responsible because of a lack of evidence. However, a lack of rule oflaw and a reckless bad faith from the State put them in a vulnerableposition. Actually, they can be placed under arrest anytime while theState continues its slander against the Oaxacan social movement byassociating it with this murder.

As it did in the past with many members and sympathizers of the APPO, thePGR is now distorting the real facts with a clear tendency to criminalizesocial protest by accusing innocent people who were involved in the Oaxacan social movement, such as Miguel Cruz Moreno, member of the Popular Indigenous Council of Oaxaca Ricardo Flores Magon CIPO-RFM, councilor ofthe APPO, who voluntarily claimed to be a direct witness of Brad’s murderto make sure that it won’t remain unpunished and who were always availablewhen the PGR required him; and the case of Edgar Santiago Navarro, whonever came on the scene of crime but who is a student activist inChapingo; moreover, these two persons are adherents to the Other Campaignand to the Sixth Declaration of the Lacandon Jungle.

This is an additional proof that Mexican State is criminalizing socialprotest and persecuting social organizations that refuse to play theGovernment's dirty game.

APPO All Power to the People!

Please send emails and calls of solidarity and support to the people of Oaxaca and rejection of the government repression to the following:

Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA

Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán, Col. San MiguelChapultepec, C.P. 11850, México D. F., Tel: +521 (55) 27891100, Fax: +521(55) 52772376

felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Juan Camilo Mouriño

Secretario de Gobernación,Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.,C.P. 06600, México,Fax: +521 (55) 5093 3414, Tel. +521 (55) 5093 3400Lic.

Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República Av. Paseo de la Reforma #211-213 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc.

México D.F., C.P. 06500

To send messages online: http://www.pgr.gob.mx/index.asp

Dr. José Luis Soberanes Fernández

Presidente de la CNDHPeriférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, 10200, México, D.F.Tel: 631 00 40, 6 81 81 25, Fax: 56 81 84 90, Llamada sin costo: 01 800 00

correo@fmdh.cndh.org.mx , correo@cndh.gob.mx

Jaime Mario Pérez Jiménez

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Calle de los Derechos Humanos no. 210, Col. América, C.P. 68050, Oaxaca, Oax.Phone/Fax: Lada (951) 503 02 20, 503 02 21, 513 51 85, 513 51 91, 51351 97correo@cedhoax.org

¡ATENCO SOMOS TOD@S!

"¡También exigimos seguridad contra el secuestro!"

Rechazo a las nuevas sentencias en el caso Atenco

Carolina S. Romero | Para Kaos en la Red

Ayer, ante el penal Molino de Flores, aproximadamente 70 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y La Otra Campaña gritaron su rechazo a las nuevas sentencias brutales en el caso Atenco, mientras los Abogados Zapatistas entraron para presentar la apelación. Unos manifestantes increparon a los policías estatales (ASES) bloqueando la puerta: "¿Con qué cara pueden ver a sus propios hijos? Son pobres como nosotros. ¿Que tal se si vuelven rebeldes? También a ellos los van a asesinar, violar, torturar?" Y... ¡voilá! Al salir del reclusorio, el abogado Juan Dios de Hernández reportó que ya fue reemplazado el juez que dictó las infames sentencias, Alberto Cervantes. ¿Por secuestro? ¿Por conspiración? ¿Por corrupción? ¿Por ineptitud? Nada de eso. Siempre era un vil juez de consigna que tenía su arreglito con la mafia estatal encabezado por Enrique Peña Nieto. Ya cumplió con su trabajo sucio, avalando y prolongando el secuestro de Ignacio del Valle y los demás compañer@s que ha durado desde el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.

Las nuevas sentencias se dictaron la semana pasada. El jueves 21 de agosto, correos empezaron a salir del Plantón Molino de Flores alrededor de mediodía, avisando de la presencia de alrededor de 500 policías fuera de la prisión desde muy temprano en la mañana, incluso varias camionetas y patrullas de la Agencia Estatal de Seguridad. ¿Estaban ahí para desalojar el Plantón? Al principio, nadie estaba seguro, pero muy pronto el motivo por su masiva presencia se supo. En la corte dentro de la prisión, iban a dictar sentencia. Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco ya se habían enterado y marchaban hacia la prisión.

¿Y cuales son estas indignantes sentencias pronunciadas por el juez primero Alberto Cervantes? Se supone que Óscar Hernández, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuéllar y Eduardo Morales deben pudrirse en prisión durante 31 años, 10 meses y 15 días por el supuesto delito de secuestro equiparado.

¿Y para el dirigente atenquense Ignacio del Valle? Encontrado culpable de ser el "autor intelectual" del delito de secuestro equiparado, su destino (según el Estado) es el entierro en prisión durante 45 años adicionales, agregados a los 67 y medio que ya compurga en el penal de máxima seguridad del Altiplano, junto a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por supuestos secuestros en abril y febrero de 2006, antes de los eventos del 3 y 4 de mayo.

A la vendedora de flores Patricia Romero, hostigada en Molino de Flores desde hace meses, el juez tercero Albino Cháves le dictó una sentencia más leve, pero aún así totalmente injusta, de 4 años; ella, su hijo Arturo Sánchez Romero y su padre Raúl Romero Macías tendrán la posibilidad de salir bajo fianza si el Ministerio Público no interpone una apelación.

Como explicó Juan de Dios Hernández, del Colectivo de Abogados Zapatistas (http://atencofpdt.blogspot.com/ ), estas sentencias están basadas estrictamente en supuestos indicios: no hay una prueba plena en ningún sentido contra nadie. Los indicios consisten en las contradictorias declaraciones de los policías que se dicen víctimas del secuestro. Afirman identificar a los responsables pero también dicen que las personas que supuestamente les privaron de la libertad llevaban pasamontañas o paliacates y que como consecuencia no pudieron verles la cara. También dicen que los mismos policías les habían tapado la cara a las y los detenidos y que los habían obligado a bajar la cabeza, por eso no habían podido ver a nadie. Las declaraciones eran las supuestas pruebas utilizadas por el ministerio público para mostrar probable responsabilidad y dictar el auto de formal prisión. "Pero para sentenciar a alguien, el ministerio público no tiene que demostrar la probable responsabilidad sino tiene que demostrar la plena responsabilidad de los acusados". Nunca lo ha hecho, dice Juan de Dios Hernández, ni en las declaraciones ministeriales originales ni en las ampliaciones, ni en los careos.

Hay más. Como se ve en el video, uno de los familiares que llegó a preguntarle al juez Alberto Cervantes sobre la sentencia afirma lo siguiente: "Le pregunté por qué había tomado esta decisión sobre la sentencia y dijo que venía de allá arriba porque él nada más tenía cierto mando pero que no se debería meterse más para allá, sino que él tenía otros asuntos. El de los magistrados era él que daba las órdenes". Cabe recordar que fue el Magistrado José C. Castillo Ambriz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien se reunió con una comisión de manifestantes el 8 de agosto en Toluca, prometiendo una pronta resolución del caso. El Magistrado también tiene dueño: se llama Enrique Peña Nieto, quien se jacta abiertamente de ordenar el operativo en Atenco y está en plena campaña para ser Presidente de México.

Para el colmo, la sentencia menciona que en las pláticas del 2 de mayo con las autoridades municipales y estatales, no hubo ningún acuerdo para retirar el cordón de "seguridad" y permitir a los vendedores de flores a trabajar, a pesar de que la videograbación de la reunión claramente demuestra la verdad. Ve la Parte 1 del documental Atenco Crimen del Estado. Ve la escena de la reunión en el documental. Fíjate en la mesura mostrada por Ignacio del Valle y su voluntad de utilizar la palabra para convencer a los funcionarios a cumplir con su deber. Fíjate en los funcionarios, su manera de hablar, su postura corporal. ¿Se ven muy cómodos? ¿Ya sabían que iban a traicionar el acuerdo? http://www.youtube.com/watch?v=lVU5VuYKmpU&feature=related

Que quede claro. El supuesto "secuestro" del 3 de mayo de 2006 no fue un secuestro de verdad como los cometidos por "el mochaorejas", quien les cortó las orejas a sus víctimas, o el del hijo del empresario Martí, quien fue asesinado después de que el rescate fue pagado. El "secuestro" consistía en retener a varios policías durante unas horas después del conflicto que ellos mismos empezaron, violentamente desalojando a los vendedores de flores del mercado de Texcoco en violación del acuerdo del 2 de mayo de 2006 y sitiando la casa donde ellos y integrantes de FPDT tomaron refugio durante el día, durante el cual Ignacio del Valle pidió el retiro de los policías y un diálogo con las autoridades varias veces. Después de nueve horas, sin interés alguno en una solución negociada, la policía desalojó la casa, detuvo a los ocupantes y los golpeó hasta el cansancio. Ahora 10 personas están condenadas por "secuestro" sin evidencia alguna en su contra y Ignacio del Valle es condenado por ordenar el "secuestro" aunque ni estuvo en el lugar de los hechos. Los policías fueron retenidos cuando los pobladores de San Salvador Atenco salieron a bloquear la carretera para protestar la agresión contra sus compañeros en Texcoco. Cuando cientos de policías intentaron desbloquear la carretera con lujo de violencia, los pobladores se defendieron y hubo muchos heridos de los dos lados. Los agresores fueron retenidos para propósitos de negociación y entregados a la Cruz Roja el mismo día, con sus heridas atendidas. La evidencia está grabada para que el mundo entero lo vea. Ve la parte del documental donde el policía expresa su gratitud por poder pedir una ambulancia. Ve el documental y decide por ti mismo. ¿Los vendedores de flores, acompañados por Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y otros compañeros llegaron al mercado de Texcoco la mañana del 3 de mayo para provocar violencia? ¿Tuvieron la menor intención de secuestrar a alguien? o ¿Simplemente insistieron en su derecho a vender sus flores?

Pero ¡que conveniente! para los responsables del terrorismo de estado cometido en Texcoco y Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 ––Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo, Ardelio Vargas, Enrique Peña Nieto y Nazario Gutiérrez–– que estas sentencias se anunciaran el mismo día de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio Nacional de México bajo el pretexto de "responder a los reclamos" de la ciudadanía para más seguridad contra la tremenda ola de secuestros y asesinatos que azota el país. Las nuevas sentencias les permitieron jactar aplicar mano dura contra unos "peligrosos secuestradores". Ahí estuvieron reunidos en un bunker porque no se atreven a caminar libremente en la calle. Junto con todos los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, tramaron más medidas represivas para controlar a la ciudadanía y escarmentar a los movimientos sociales: la construcción de más prisiones de máxima seguridad; sentencias de pena de muerte y cadena perpetua; más entrenadores desde Washington y Tel Aviv; contrato de mercenarios; vigilancia total de la ciudadanía por teléfono, internet y cámaras en cada esquina de la capital y la creación de una cultura de soplones. Todo esto dentro del marco del Plan México (Iniciativa Mérida) que tiene a México bajo el régimen de la seguridad nacional de Estados Unidos y al pueblo secuestrado.

Desde Atenco, la respuesta a las sentencias fue rápida: "¡112 años y medio de cárcel a nuestro compañero Ignacio del Valle! Nos llena de coraje y desde aquí le advertimos a Peña Nieto que no nos callaremos y lo seguiremos acusando de violador y asesino. Que sus aspiraciones presidenciales se truncarán, que todo lo que orgullosamente ordenó hacer en Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo del 2006 ––violaciones, asesinatos, tortura–– no quedarán impunes, que serán un lastre a su campaña presidencial y le darán fin a su carrera "política", que se quedará como su tío Arturo Montiel en la orilla, lamentando sus torpezas". Afirma el Frente que busca "la solidaridad de todas las organizaciones nacionales e internacionales para que se le haga juicio político a Enrique Peña Nieto por sus graves violaciones a derechos humanos...."

Hasta ahora ningún alto mando ha sido consignado por los crímenes de estado cometidos el 3 y 4 de mayo en Atenco y Texcoco. 21 policías estatales y locales fueron acusados, y de ellos, 15 absueltos y 5 acusados sólo de abuso de autoridad. Sólo un policía, Doroteo Blas Marcelo, quien obligó a una de las mujeres detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco a realizarle sexo oral, ha sido sentenciado a 3 años en prisión por "actos libidinosos" y no por la tortura. Al pagar $8000 pesos evitará pisar la cárcel.

Varias de las ex presas políticas torturadas a través de la violación y abuso sexual en Atenco también han jurado que "desde abajo, nuestra justicia hará que Peña Nieto, gobernador del Estado de México, responsable político del operativo de Atenco, siga topándose en su camino con mujeres que se planten frente a él con un espejo que diga 'torturador'". Han puesto denuncias por la tortura sexualizada ante la FEVIMTRA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Audiencia Nacional de España y siguen tejiendo lazos de solidaridad con un trabajo constante de denuncia y difusión. Sus valientes testimonios se pueden ver en el documental hecho por el Centro PRODH: http://mx.youtube.com//DenunciaDH .

Como respuesta a las sentencias, los integrantes de la Otra Campaña en el Plantón fuera de la prisión ven por el bienestar de los presos y presas, como lo han hecho durante dos años y four meses, primero fuera de la prisión "Santiaguito" y después Molino de Flores, visitándol@s, apoyando a sus familiares, juntando dinero para fianzas. (¿Puedes pensar en otro plantón en cualquier lugar del mundo mantenido ante una prisión durante tanto tiempo, que sea en el frío, en el calor, en la lluvia?) Avisan de un incremento en el hostigamiento al plantón: "El día viernes 22 de agosto a lo largo de todo el día se mantuvo una discreta presencia policiaca alrededor del plantón, pues durante el día un camión de la Agencia de Seguridad Estatal estuvo estacionado por el lugar y se dieron patrullajes constantes de carros y camionetas. El día de hoy 23 de agosto alrededor de las 2 de la madrugada continuó el acoso, con el patrullaje, incluso metiéndose en el estacionamiento del penal donde nos encontramos, de 3 camionetas y dos patrullas de la Agencia de Seguridad Estatal".

Trinidad Ramírez del FPDT invitó a todos a acompañarlos al lado de la marcha blanca contra la inseguridad organizada por la ultraderecha este sábado 30 de agosto con una manta denunciando el secuestro de los pres@s polític@s de Atenco y Texcoco. También convocó una manifestación ante la Suprema Corte para el jueves 4 de septiembre y anunció que habrá una serie de acciones para impugnar las sentencias. El 15 de septiembre recibirán su compañero Jorge Flores quien ahora puede salir de la clandestinidad debido a su reciente absolución de todos los cargos en su contra.

Se puede firmar una petición exigiendo el retiro inmediato de las sentencias de 67 ½ años contra Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, el retiro inmediato de las nuevas sentencias dictadas la semana pasada, la liberación de todos las y los presos políticos de Atenco, y justicia en los asesinatos de Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortés en: contraimpunidad@gmail.com

Puedes hacer tu depósito para la fianza de Patricia Romero, su padre e hijo en:
Banorte
Numero de cuenta: # 0515325032
A nombre de: Rosalba Gómez Rivera y Begoña Lecumberri Usparan
Clabe para depositos internacionales: 072180005153250320

Fuente: www.kaosenlared.net/noticia/tambien-exigimos-seguridad-contra-secuestro

La misma injusticia,la eterna impunidad

FILTRO: 24 DE AGOSTO 1994-2008

fuente: Prensa DeFrente
La historia del Filtro es una historia de solidaridades y desmemorias, de represión bajo gobiernos conservadores e impunidad bajo gobierno progresista. La historia del Filtro es un canto a la solidaridad entre los pueblos, y es una lucha que ha quedado acuñada entre la gente. Es una de las más grandes expresiones de acción por memoria y justicia que sostiene el pueblo uruguayo de manera inclaudicable desde hace 12 años.

Nuestros vascos queridos

Hacia el año 1988, terminada la dictadura militar en Uruguay y entendiendo que el proceso constitucional abierto les garantizaba no ser sometidos a montajes judiciales y las tan corrientes torturas en sus tierras originarias, la ciudad de Montevideo recibió la llegada de unos 18 ciudadanos vascos, quienes escapaban del Estado Español como perseguidos políticos por su militancia independentista. Sin embargo, 13 de ellos fueron detenidos. Poseían documentación falsa en prevención de la persecución sufrida por vincularse –como gran parte del pueblo vasco- a la causa independentista de una u otra forma.

El gobierno español los consideró integrantes de E.T.A y pidió la inmediata extradición. Las autoridades españolas argumentaban que cualquier retraso a estas exigencias ponía en duda la continuidad del “Tratado de Cooperación” entre ambos países y que incluía el envío de 200 ambulancias, patrulleros policiales y préstamos para instalaciones hospitalarias por 2 mil millones de dólares.

Los 3 vascos presos políticos

Tras más de 2 años de negociación, el gobierno uruguayo absolvió a 10 de los acusados, pero avanzó en la expulsión de tres de ellos, Jesús Goitia, Luis Lizarralde y Mikel Ibañez.En 1993, los 3 vascos presos iniciaron una huelga de hambre, que se interrumpió ante la falsa promesa del poder ejecutivo de la época de ponerlos en libertad. Así se inició el proceso de extradición de los presos políticos a las cárceles españolas.

En agosto de 1994, llegaron a Montevideo comandos especiales de la policía española con orden de articular con su fuerza par uruguaya la extradición "sí o sí" de los vascos. Los presos políticos iniciaron una nueva huelga de hambre como última esperanza de lograr el asilo.

La solidaridad y el derecho al asilo

Una parte importante del pueblo uruguayo se solidarizó con la medida de protesta de los presos políticos vascos y se movilizó en defensa del tan preciado derecho de asilo que 10 años antes –durante la dictadura- había significado para muchos de ellos la posibilidad del escape del terrorismo de Estado.

El 19 de Agosto el estado de salud de los detenidos se va deteriorando, tras haber interrumpido la ingesta de líquidos, y son internados en el Hospital del barrio de Jacinto Vera, en Montevideo (conocido también como el hospital Filtro).

El 20 de agosto, las organizaciones que apoyaban el reclamo de los ciudadanos vascos se decidieron a acampar en torno al hospital dando a conocer su solidaridad con los presos en huelga de hambre y reclamando se cumpla con el derecho de asilo político. Con ikurriñas y cánticos armaron fogones y carpas frente a la mirada nerviosa de la policía uruguaya y los servicios de inteligencia españoles que pretendían sacar a los vascos en ambulancia hacia el aeropuerto para cumplir con la extradición.

A medida que pasaban las horas los acampados en torno al hospital aumentaron, se sumaron muchos jóvenes y trabajadores, y proporcionalmente aumentaban las fuerzas represivas dispuestas en la zona. El clima era cada vez más tenso. La madrugada del 24 de agosto fueron los primeros desalojos de las calles aledañas al hospital por parte de la fuerza policial. La brutalidad de la fuerza publica en esos primeros incidentes evidenció hasta donde estaba dispuesta la policía local en coordinación con los servicios españoles para asegurarse el inminente traslado de los presos vascos.

El complicado panorama político

Un amplio espectro de fuerzas se proclamo contrario a las medidas dispuestas por el ejecutivo uruguayo. Organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, incluso la Iglesia Católica, el Parlamento y la Junta Departamental de Montevideo no fueron escuchados por el entonces presidente Lacalle del Partido Nacional.

La izquierda parlamentaria y la Central de Trabajadores se mantuvieron críticos a la resolución de extradición pero veían con preocupación la creciente movilización popular (que –analizaban- podría complicar a la campaña de la izquierda en las cercanas elecciones nacionales y departamentales). A último momento, ambas fuerzas -por influjo de importantes sectores del pueblo en las calles- se adhirieron a las movilizaciones por la no extradición y el derecho de asilo.

Con este marco político el pueblo movilizado forzó a los sectores vacilantes de las direcciones gremiales a declarar una huelga general; encolumnados, estudiantes y trabajadores recorrieron el centro de Montevideo hacia el Hospital Filtro para sumarse a los campamentos.

La represión del Filtro

Quienes acampaban en apoyo a los presos políticos tuvieron sitiada la zona, vigilando rigurosamente cada entrada y salida de vehículos al lugar para impedir lo que se preveia como una extradición inminente. En esos instantes un avión de la fuerza aérea -con el motor encendido- esperaba en el aeropuerto.

Cuando a las 17 horas de aquel 24 de agosto la marcha obrero-estudiantil que congregó a miles, arribó a la zona del hospital, la policía comenzó un nuevo operativo desalojo de los manifestantes. encerrandolos entre los cuerpos de caballería y las brigadas de infantería. Entre gases lacrimógenos los manifestantes eran heridos y detenidos, los que lograban romper el cerco se replegaban hacia los barrios lindantes para reagruparse y regresar por sus compañeras y compañeros, y para evitar la extradición de los vascos. La autodefensa de la gente constaba de piedras y barricadas, mientras que la policía comenzaba a hacer circular la clave roja que implicaba una falsa alarma de policías heridos de bala, para provocar el ingreso de refuerzos con armas de fuego y ejecutar la masacre.

Cuando los manifestantes lograron una relativa recuperación de la zona y se mantuvieron en el lugar sin sospechar que en camino estaba un convoy de patrulleros y ambulancias que atravesarían las columnas de manifestantes abriendo fuego y atropellando.

Fue en esa emboscada demencial contra los manifestantes que la policía provoca los heridos de mayor gravedad. Los médicos que se acercaron a la zona para socorrer heridos también fueron reprimidos con ferocidad. El enfermero Esteban Massa logró sobrevivir a pesar de haber sido baleado por la espalda cuando intentaba conducir un herido al hospital. Otros heridos buscaron refugio en un centro de salud en la zona que fue atacado por uniformados con granadas de gas.

Los asesinatos de Morroni y Facal

Policía de civil esperó a los manifestantes que se dispersaron hacia los barrios cercanos. Fernando Morroni -de apenas 24 años- fue alcanzado por múltiples disparos de escopeta recortada en el hombro, en el tórax y en el corazón, realizados a menos de dos metros de distancia.

Hacia la madrugada se conoció la muerte de Roberto Facal, otro joven militante y estudiante de arquitectura. La policía intentó encubrir el asesinato con un parte policial que lo involucraba en un supuesto crimen pasional.

A parte de los 2 asesinatos se produjeron cientos de herido graves, personas que quedaron hemipléjicas por los golpes y la perdida de masa encefálica, ciegos por disparos e inválidos para siempre.

La extradición y el después

Pasadas las 22 horas los presos políticos vascos fueron transportados rápidamente hacia el aeropuerto con rumbo a España.

Días después el Ministro del Interior Uruguayo fue interpelado por el Parlamento por sus responsabilidades en la llamada desde ese día “Masacre del Filtro”.Consultado sobre las víctimas, respondió: “fue necesario sacrificar un caballo que presentaba una herida punzante en una pata”.

La justicia no encontró responsables materiales de los asesinatos, procesó sin prisión a varios oficiales a cargo del operativo represivo.

A 14 AÑOS DEL BRUTAL ATAQUE,los impunes políticos y militares continúan sin castigo

Luis Alberto Lacalle-Presidente de la Republica (1990-95)

Angel Maria Gianola- Ministro del Interior

Juan Miguel Rolán
Teniente primero al frente de un grupo de quince coraceros a pie. Procesado y condenado por el juez Imas como responsable de ataques a la población civil, castigándola con palos, gases y granadas químicas. Rolán declaró ante la justicia, buscando eximir su responsabilidad de los hechos del Filtro, alegando “su imposibilidad de ejercer control sobre 15 policías”.

Raúl Guarino

Segundo jefe, subordinado Rolán. Comandó el cuerpo denominado Hipo, de coraceros a caballo que avanzó sobre los manifestantes. La justicia comprobó que el fue quien ordenó el lanzamiento de dos granadas. Una de ellas dentro de un local de emergencia móvil. Las granadas fueron lanzadas, a pesar de que había orden expresa de la jefatura de Montevideo en cuanto a que no se usaran “armas químicas”.

Erode Ruiz

Comisario, al frente de seccional 23ª durante la represión. Al frente de la seguridad exterior del hospital Filtro, con 20 hombres a su cargo. Comandó junto con Martín Gutiérrez el convoy compuesto por ambulancias, patrulleros sin matricula y otros vehículos que irrumpió entre a multitud comenzando a disparar a mansalva contra los manifestantes.

Proclama 2008: http://uruguay.indymedia.org/news/2008/08/67507.php

¡TENEMOS MEMORIA,

QUEREMOS JUSTICIA!

Ante la condena a l@s pres@s de Atenco en Mexico

BOLETÍN DE PRENSA Nº 33 DE LA VI VISITA DE LA COMISIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS (CCIODH)

Ante las condenas a los presos de Atenco

Hoy jueves día 21 de agosto el juzgado primero de lo penal, con sede en el reclusorio Molino de Flores (Texcoco), ha dictado sentencia contra 10 presos por los sucesos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. La sentencia por la causa 58/2007 ha sido de 31 años, 10 meses y 15 días. A su vez dictó sentencia de 45 años a Ignacio del Valle por los delitos de secuestro y ataques a las vías de comunicación, que se suman a la condena que ya está cumpliendo de 67 años y medio en el Penal de máxima seguridad de El Altiplano.
A primera hora de la mañana cientos de policías se presentaron en el Plantón que está situado al lado del penal de Molino de Flores y de forma intimidatoria sorprendieron a las personas que mantienen dicho plantón en solidaridad con las personas recluidas, pensando que los iban a desalojar. Posteriormente supieron que el motivo de la masiva presencia policial era la notificación de la sentencia.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, visitó a estas personas en su IV Visita tras los hechos ocurridos en Atenco en el penal de Santiaguito, de la misma manera los visitó en su sexta visita, ya en el Penal de Molino de Flores, para recabar su testimonio y entregarles los informes realizados tras las dos visitas.
En base al seguimiento realizado por la CCIODH y a las conclusiones y recomendaciones de nuestros informes queremos manifestar lo siguiente:
* Consideramos estas sentencias completamente abusivas. En nuestras conclusiones pedimos la libertad de estas personas en base a la presunción de inocencia, hay que recordar que han estado recluidas pendientes de proceso durante dos años y cuatro meses. En este tiempo fueron puestas en libertad, algunas de ellas libres de cargos, personas consignadas por los mismos delitos. La Comisión recomendó: “Es inaplazable desmontar por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social y política. En este sentido, urge que las Procuradurias Estatales y la General de la República procedan a archivar todos los procedimientos en que la acusación se base en el patrón represivo referido con anterioridad, así como proceder a revisar la situación de privación de libertad de todos los presos políticos y de conciencia”.
* No solo no ha ocurrido así sino que las sentencias se han producido con suma dureza y bajo la sospecha de obedecer más a razonamientos políticos que de justicia.
* Es paradigmático el caso de Ignacio del Valle, que ya denunciamos anteriormente y ahora se ve sometido a otra sentencia sumando la cantidad de 112 años y medio de reclusión.
“Las autoridades políticas y judiciales han puesto en evidencia la falta de voluntad y de capacidad para castigar a los responsables intelectuales y materiales de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en el 2006. Hasta la fecha, la respuesta a las muertes, lesiones, torturas, detenciones ilegales, violaciones y agresiones sexuales ha sido la impunidad o han tenido un carácter fundamentalmente administrativo”La Comisión se manifiesta ante esta contradicción al no haber condenas, ni tan siquiera procesos abiertos sobre funcionarios públicos por los graves delitos cometidos en el operativo y por contra unas sentencias condenatorias sobre las personas detenidas por un conflicto social y político.
La sensación de impunidad sumada a la represión como modelo de respuesta a los conflictos sociales queda reafirmada con estas sentencias como así denunciamos y se mantiene en Oaxaca y en Chiapas
Barcelona, a 21 de agosto de 2008.
Comisión de Prensa de la CCIODH--Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
C/ de la Cera, 1 bis. 08001 Barcelonatel: 935113966, fax: 933290858
cciodh@pangea.org
http://cciodh.pangea.org/


Sentencia a pres@s polític@s de Atenco

A toda la Otra campaña.
A los medios libres.
Compañeros y compañeras de la Otra Campaña a nivel nacional e internacional.

Esta mañana del 21 de agosto del 2008, en el Plantón que se encuentra a las afueras del penal del molino de flores en Texcoco, donde se encuentran recluidos 13 de los 16 compañeros que aún permanecen presos por los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, recibimos la información por parte de un familiar de nuestros compañeros, de que en esta mañana la causa 58/2007 donde se encuantraen 13 compañeros presos recibieron una sentencia condenatoria a 30 años de prision.
Esta información estamos intentando a través de los abogados de nuestros compañeros que están en este en camino hacía el penal. Nosotros informaremos en cuanto tengamos segura la información.
En estos momentos a las afueras del penal se realiza un fuerte operativo policiaco [...], por lo cual llamamos a toda la Otra Campaña a estar al tanto de la situación, ante un posible ataque al plantón, de igual manera los llamamos a estar preparados para realizar acciones ante la inmunda sentencia contra nuestros compañeros.

Plantón Molino de Flores
Libertad a los presos políticos!!
Alto a los ataques contra las comunidades autónomas zapatistas!!

Primer integrante del Escuadrón de la Muerte uruguayo detenido

Detienen al agente de la CIA y terrorista Nelson Bardesio

Ernesto Tamara

El pasado miércoles 23 de julio fue detenido en la localidad de Ituzaingó, Buenos Aires, el ex policía, agente de la CIA norteamericana e integrante del Escuadrón de la Muerte en Uruguay a principios de los años 70, Nelson Bardesio. Es la primera vez que se detiene a un integrante de ese grupo terrorista, responsable de varios asesinatos, torturas, desapariciones y atentados, y se espera ahora la decisión de la justicia argentina ante el pedido de extradición realizado desde Uruguay por la investigación de desaparición del joven Héctor Castagnetto a principios de 1972.

El caso Bardesio es también emblemático ya que se trata de un agente de la CIA norteamericana, lo que involucra a esa agencia en las prácticas terroristas paraestatales en Latinoamérica. Al ser detenido, el ex policía uruguayo presentó documentos que lo identifican como ciudadano norteamericano. Su captura se impulsó tras ser ubicado en Buenos aires por un equipo periodístico del semanario Brecha, integrado por los periodistas Samuel Blixen, Walter Pernas y Fabián Kovacic.

Bardesio saltó a la notoriedad en marzo de 1972 al ser capturado por un comando del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLNT). Entonces, en un testimonio grabado y después entregado a varios miembros del parlamento uruguayo, confesó su participación en el Escuadrón de la Muerte, su participación en el asesinato del estudiante Castagnetto, y los nombres de varios miembros de esa organización criminal.

Posteriormente el agente policial fue liberado por los Tupamaros, detenido por el ejército y después la policía –donde modificó su versión de los hechos- y sacado del país en noviembre de ese año por la CIA norteamericana. Desde entonces estaba ”perdido” aunque algunas veces se lo llegó a ubicar en Texas, Estados Unidos, y México.

Bardesio era fotógrafo policial y se encargaba de tomar imágenes en el aeropuerto internacional de Carrasco de todos los viajeros sospechosos de ser de izquierda y entregar esas fotografías y los datos de las personas, a la oficina de la CIA en Montevideo. Trabajó además como chofer del jefe de la estación de la CIA en Uruguay, William Cantrell. El escuadrón funcionó con la complicidad de las autoridades políticas uruguayas según quedó de manifiesto por lo actuado después de la liberación de Bardesio por parte de los tupamaros. Documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos revelan también estas relaciones.

En una nota del entonces embajador norteamericano en Montevideo, Charles Adair a sus jefes, relata una charla con el ministro del Interior, Danilo Sena, del gobierno de Jorge Pacheco Areco. ”Dijo que Uruguay en esos momentos estaba en guerra contra el terrorismo y que en esa lucha era necesario recurrir a todo tipo de acciones….El gobierno uruguayo tenía que demostrar que el MLN no era todopoderoso y eran necesarios muchos y diferentes tipos de acción para probarlo”.

Otro documento norteamericano de 1972 relata una conversación de funcionarios de la embajada norteamericana con el entonces ex candidato a la presidencia para las elecciones de noviembre de 1971, Jorge Batlle. Batlle se lamentaba de haber perdido las elecciones y con ello la posibilidad de concretar un plan para solucionar la violencia,”por lo que sólo quedaba combatir a la subversión con sus propios métodos”. Años después, cuando se conoció este documento, Batlle negó que su comentario avalara la constitución de un escuadrón de la muerte.

Los testimonios del ex agente policial Nelson Mario Benítez a legisladores en 1972, y de Nelson Bardesio a los tupamaros que coinciden casi completamente- sostienen que el Escuadrón se organizó desde el Ministerio del Interior y contó con la colaboración de las policías y aparatos de inteligencia de Argentina, Brasil y Paraguay (Plan Cóndor). Por otra parte hay evidencia por documentos desclasificados, del hecho de que varios integrantes policiales del Escuadrón eran a su vez agentes de la CIA, y que Estados Unidos aportaba finanzas al grupo terrorista.

El Escuadrón

El Escuadrón de la Muerte, según el relato de Bardesio a los Tupamaros, se constituyó como una asociación criminal a instancias del paraguayo Ángel Pedro Crosas Cuevas, quien viajó a Montevideo a mediados de 1971, invitado por el entonces subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara. “A mediados de 1971, se me apersonó el ayudante militar del Ministerio, coronel Walter Machado, acompañado de dos personas a las cuales me presentó. Una de ellas era Ángel Pedro Crosas, de nacionalidad paraguayo y a quien llamaban ‘Doctor’”, cuenta Bardesio. “Machado me manifestó —agrega el testimonio— que, por orden de Acosta y Lara, Crosas Cuevas iba a realizar algunos ‘operativos especiales’ y por lo tanto debía prestarle toda la colaboración que solicitara.

“La otra persona era un joven de barba a quien llamaban ‘José’, al que posteriormente reconocí como Miguel Sofía, el cual según un comentario suscitado en el Ministerio, integra la JUP (Juventud Uruguaya de Pie). Crosas lo nombró varias veces como su principal colaborador”, agrega. “Algunos días después se realizó una reunión en la Oficina de Estadísticas y Contralor de Información (...), que funciona bajo la dirección del inspector retirado Jorge Grau Saint-Laurent, en la que participaron, además de éste, el oficial inspector Pedro Fleitas, Crosas Cuevas y yo.” “Se planteó la necesidad de enfrentar al MLN. Crosas Cuevas se mostró partidario de llevar adelante lo que llamó una ‘acción psicológica violenta’. Yo discrepé con él, pues pensaba que nos sería más beneficioso desarrollar un servicio de información, a lo que aquél contestó que eran sueños irrealizables”. “En otra oportunidad Crosas Cuevas me pidió la llave del estudio fotográfico ‘Sichel’, que yo arrendaba, para realizar allí una reunión compartimentada. Concurrieron, además de Crosas Cuevas, el jefe del D 5, comisario Campos Hermida, el jefe del D 6, comisario Machi, un funcionario de confianza de éste, llamado Washington Grignoli, y Miguel Sofía (...) Allí se concretó la formación del Escuadrón de la Muerte”, afirma Bardesio.

Bardesio se desdice y desaparece

Nelson Bardesio fue liberado por los tupamaros el 15 de mayo de 1972, más de tres meses después de ser capturado. Una vez en libertad, y temeroso de que sus colegas quisieran asesinarlo por sus revelaciones, intentó ponerse en contacto con algunos legisladores. Finalmente la madre de Bardesio llamó a la casa del diputado Héctor Gutiérrez Ruíz para explicar que su hijo había sido liberado y quería encontrarse con el legislador. Así se acordó una cita en la puerta del Colegio Sagrado Corazón en las calles Soriano y Médanos. Gutiérrez Ruíz convocó a la reunión al ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti, y a los senadores Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra.

Según relatos de los presentes, mientras Bardesio aguardaba en una habitación del colegio, Gutiérrez Ruíz, Sanguinetti y Ferreira Aldunate discutían que hacer con el policía. Gutérrez Ruíz y Juan Raúl Ferreira, hijo de Ferreira Aldunate, que estudiaba en el colegio y se sumó a la reunión, deciden conversar con Bardesio.

Éste, en tanto, envió una nota a Sanguinetti y Ferreira Aldunate diciendo que ahora está más tranquilo y que tenía miedo de que los policías lo encontraran antes. Poco después llegan al colegio los senadores Carlos Julio Pereyra y Eduardo Paz Aguirre. Entre todos deciden entregarlo a las Fuerzas Armadas ya que desde su desaparición estaba requerido.

Bardesio había solicitado que los senadores lo trasladaran a una embajada extranjera para solicitar asilo político. Los legisladores se negaron, ya que hubieran dado una pésima imagen solicitando asilo político para proteger a un ciudadano de su propio gobierno. Finalmente convencen a Bardesio de que lo más conveniente es su entrega al ejército y para ello convocado el comandante en jefe del Ejército, general Alfredo Gravina y el ministro de Defensa, general Enrique Magnani.

Poco a poco el colegio se llena de figuras políticas y autoridades civiles y militares. El ministro de Defensa habla con Bardesio y le promete que no será entregado a la policía sino que pasará a estar detenido en una unidad militar hasta que se resuelva su caso. Bardesio acepta pero adelanta que tiene miedo que pueda pasarle una vez liberado. Sin embargo, la promesa de Magnani no se cumple. Apenas unos días después Bardesio es entregado a la policía. Las Fuerzas Armadas explicaron que Bardesio fue entregado a sus ”mandos naturales”.

El 7 de junio, 22 días después de su liberación, el ministro del Interior, Alejandro Rovira, comunicó al parlamento que Bardesio se había retractado de todo lo dicho a los Tupamaros, y justificó sus confesiones a la ”tortura sicológica” a la que fue sometido. Así, la mayoría parlamentaria de la derecha -del oficialista Partido Colorado y sectores del opositor Partido Nacional- decidió que las denuncias de Bardesio sobre el Escuadrón de la Muerte eran un invento de la guerrilla y abandonaron toda investigación.

Después poco se supo de Bardesio. Se considera que en noviembre de 1972 abandonó el país, seguramente protegido por la oficina de la CIA en Montevideo. Algunas investigaciones lo ubican primero en Canadá, después en México y más tarde en Texas, Estados Unidos, donde contrae matrimonio.

En el año 2004 aparece en las páginas telefónicas amarillas de Texas con domicilio en las oficinas de la Compañía Cantrell, el mismo nombre que el jefe de la CIA en Montevideo del que era chofer, William Cantrell. Dos años más tarde ingresa con su nombre legal a Argentina donde establece residencia, y donde fue encontrado por un equipo de periodistas del semanario Brecha.

La denuncia

En junio de 2005, con el patrocinio de SER-PAJ, Ana Castagnetto presentó una denuncia por desaparición forzada de su hermano Héctor. La causa quedó en principio en manos del juez penal de 11o turno, Roberto Timbal que entendió que debía parar al juzgado que en 1987 había recibido la denuncia del diputado frenteamplista Nelson Rovira, por las desapariciones de Héctor Castagnetto y Abel Ayala, y los homicidios de Antonio Ramos Filippini e Ibero Guitérrez. En ese entonces, el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti había determinado que esos casos estaban amparados en la llamada ley de caducidad.

La ley establece impunidad para los crímenes cometidos desde 1973, y en la denuncia estaba la desaparición de Abel Ayala (junio de 1971) y el homicidio de Ramos Filippini (setiembre de 1971). En 2005 la denuncia pasó por otros dos juzgados hasta quedar a cargo de la jueza Graciela Eustacchio y el fiscal Ricardo Perciballe. Así la justicia uruguaya solicitó información a Interpol, y a mediados del año pasado, la policía argentina comunicó el ingreso al país y la residencia en Ituzaingó del ex policía. Pese a ello la captura preventiva nunca se activó hasta que los periodistas comenzaron a indagar.

Ahora comienza el trámite de la extradición de Bardesio a Uruguay. Uno de las dificultades puede ser que la justicia argentina considere el caso como homicidio y por lo tanto caduco ante el tiempo transcurrido. También puede pesar negativamente la ciudadanía norteamericana del involucrado, aunque para Uruguay sigue siendo ciudadano por su lugar de nacimiento.

Fuente: Barómetro Internacional (Venezuela)

http://alainet.org/active/25602

SI ESTOY EN TU MEMORIA, SOY PARTE DE TU HISTORIA

14 de agosto-recuerdo de los MARTIRES ESTUDIANTILES-URUGUAY


Líber Arce ,Hugo de los Santos Susana Pintos, Leonardo Reboledo, Heber Nieto, Julio Spósito, Mario Eguren, Joaquín Klüver, Nelson Rodríguez Muela, Íbero Gutiérrez, Ramón Peré, Walter Medina, Marcos Caridad Jordan, Silvana Saldaña, Nibia Sabalzagaray José Félix Nieto. Hugo Dermitt Barbato ...

Ellos y tantos otros… ¡PRESENTES!

“Allí estaba la clave. No se trataba solo del entierro de un muchacho caído en un enfrentamiento con la policía. El velatorio y el sepelio de Líber Arce fueron una formidable expresión de voluntad política del pueblo uruguayo. (...) Pocas veces en la historia de este país un régimen debe haber recibido un NO tan rotundo. Pocas veces debe de haber tenido un régimen además, tan admirable capacidad de no escuchar” (Semanario Marcha,1968)

El 14 de agosto de 1968, luego de un enfrentamiento con las fuerzas policiales, fallece el estudiante de odontología Líber Arce (militante de la Union de Juventudes Comunistas ,UJC) El hecho tuvo un enorme impacto social y adquirió una dimensión simbólica que se instalo de manera irrevocable en el imaginario colectivo. Esto se tradujo en una multitudinaria marcha de más de 200.000 personas que convoco a todo el movimiento popular.

El 21 de setiembre, se produce la muerte de los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos.
En 1970 un agente de la Guardia Metropolitana mata al liceal Leonardo Reboledo. El 25 de julio de 1971 es asesinado Heber Nieto estudiante del Instituto de la Construcción (IEC) y militante de la Resistencia Obrero Estudiantil(ROE). Meses después, el 1º de setiembre, muere Julio Spósito Vitali.

El 10 de agosto de 1972 Nelson Rodríguez Muela es asesinado en el liceo 8 por un grupo de ultraderecha .El 6 de diciembre el estudiante de agronomía
Joaquín Klüver es baleado por la espalda por las Fuerzas Conjuntas durante una manifestación en Paso Molino


La REBELDIA que el fascismo no pudo MATAR

En 1968 el candidato del Partido Colorado Jorge Pacheco Areco, asumió la presidencia de un país quebrado en sus cimientos democráticos y atravesado por profundas desigualdades sociales.
Su gestión dominada por la hegemonía del sector financiero, la extranjerización y el autoritarismo busco prevalecer los intereses de la burguesía y los consorcios multinacionales en desmedro de las necesidades populares.
Las Medidas Prontas de Seguridad permitieron .reprimir a la militancia organizada,concentrar el poder en el Ejecutivo,neutralizando al Parlamento y al Poder Judicial y abrieron el camino para nuclear a la plana mayor de las FF.AA a través de destituciones o remociones de jerarcas “legalistas” y el ascenso y nombramiento de cuadros dóciles y a menudo entusiastas ejecutores del nuevo autoritarismo
La militarización de funcionarios públicos ,la clausura de medios de prensa y la ilegalización de sectores políticos de izquierda ,el proyecto de Ley de Defensa de la Integridad del Estado que pretendía controlar aquellos “comportamientos que atentan contra el orden interno de la nación” ,la presencia de buques de guerra en aguas uruguayas y la participación de agentes de la CIA en los organismos de seguridad del estado y el traslado a las Fuerzas Armadas de la lucha contrainsurgente ,que hasta el momento estaba a cargo de los organismos policiales, a través de la creación del Estado Mayor Conjunto(ESMACO) , sirvieron estratégicamente al control político y la concentración de poder ,con el fin de socavar las protestas y contener el avance de las organizaciones disidentes. Frente a este panorama impune e inconstitucional la resistencia del movimiento estudiantil jugo un rol histórico y fundamental. Por esto su carácter de “enemigo” del régimen motivaba su necesaria persecución y aniquilación.
Incremento de recursos, aprobación de una Ley Orgánica para transformar los planes de enseñanza de Secundaria y UTU (Universidad el Trabajo del Uruguay) y la oposición al aumento del boleto estudiantil fueron las demandas centrales de un nuevo frente de lucha que creció progresivamente. Se masifico la participación del estudiantado a nivel de la Enseñanza Secundaria , dando origen a la CESU(Coordinadora de Estudiantes de Secundaria del Uruguay), uniéndose a la militancia ya creada desde el ámbito Universitario. Por otro lado se radicalizaron las medidas de protesta pasando a un nivel cada vez mayor de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Varios locales estudiantiles fueron ocupados en reclamo de mayor presupuesto. A su vez muchos liceos son objeto de ataques de organizaciones de extrema derecha.
Comienzo a actuar la JUP (Juventud Uruguaya de Pie movimiento afín al partido Colorado) y los “escuadrones de la muerte” avalados por la cúpula policial representada por el Ministro del Interior, Augusto Legnani,el Jefe de Policía de Montevideo,Coronel Raúl Barlocco y la Dirección de Inteligencia y Enlace dirigida por el Comisario Alejandro Otero sumándose las acciones de la Guardia Metropolitana y Republicana responsables de invadir la Universidad sin respetar su condición de autonomía.
Además de la violencia la injerencia sobre el sistema educativo se realizo a través del decreto de Intervención de la enseñanza de Secundaria y UTU(1970)
Este recurso permitió a la Comisión Interventora controlar la actividad gremial de docentes y alumnos y cambiaba las reglas sobre la ocupaciones de los locales de estudio, siendo obligación informar a las autoridades policiales quienes tenían la potestad de desalojar. Se pretendía terminar con el “caos” y “normalizar” los centros educativos.

“Ordenar el caos” significo tortura , persecución y muerte de los “iluminados defensores de la democracia” contra la “intolerable subversión”. Los mismos que dejaron la mesa tendida para que la dictadura cívico militar de Juan Maria Bordaberry y sus cómplices genocidas pudieran servirse a su antojo durante 12 años de impunidad y despojo.

“Mucho es lo que este desdichado y funesto gobierno no ha comprendido. Mucho o todo. No ha comprendido , en primer termino, que una época llegaba a su fin. Aquí y en el mundo. Que si la disconformidad se convertía en rebeldía, era porque los cuadros y las estructuras se habían tornado insoportables y no permitían vivir (...) Pero además no comprende que se esta acabando el miedo, si es que ya no se ha acabado. Y esta es mala señal para todos los despotismos.(...)” (Semanario Marcha,1971)



La historia se convierte en estorbo por lo que representa de memoria…El Poder convierte a la historia en una historieta mal hecha… Pero abajo hay mujeres y hombres soñando…recordando recordar… caminando la libertad…


Por ellos,por los otros

NO NOS CALLAMOS,
NO NOS RENDIMOS,
NO L@S OLVIDAMOS

CONTRAIMPUNIDAD.-

Info de la marcha y la proclama 2008 en Indymedia Uruguay
http://www.uruguay.indymedia.org/
http://uruguay.indymedia.org/news/2008/08/67355.php

“Porque ser defensor de Derechos Humanos no es sinónimo de terrorista”

Contraimpunidad adhiere al comunicado del Comite Cerezo en el cumplimiento del 7o año de injusta condena.

En el 2005, Alejandro Cerezo fue absuelto y Pablo Alvarado, cumplió una injusta condena de cinco años, siendo liberado en 2006. Antonio y Héctor, actualmente en el penal de Atlacholoaya, Morelos, cumplen un año más de encontrarse privados de la libertad y están a seis meses de cumplir su injusta condena.
Siete años de hostigamientos, amenazas de muerte y agresiones físicas, no han logrado vencer el anhelo de justicia que, familiares, amigos y nuestra Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México, hemos construido.

Nuestra atenta invitación para los siguientes eventos:
Fecha: Martes 19 de agosto 12:00: Proyección del documental “Seguir Siendo” del director Emiliano Altuna 13:00:

Conferencia de prensa:
“Con siete años de terrorismo de Estado en nuestra contra, RESISTIMOS”

Invitados:
Dr. Miguel Concha Malo, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC.
C. Dolores González Sarabia, Directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Comité Cerezo México e invitados por confirmar

Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Mexico
Para cualquier información comunicarse a: comitecerezo@nodo50.org y a los teléfonos 56.55.94.65, 55.10.47.20.31 y 55.27.43.70.70

ATENTAMENTE

“Porque ser defensor de Derechos Humanos no es sinónimo de terrorista”

Comité Cerezo México

Carta de los hermanos Cerezo desde Atlacholoaya
A 7 años de injusta prisión, a 6 meses de su libertad
13 de agosto del 2008

En la cárcel se sufre, a veces el dolor se siente hondo como si fuera un metal ardiente en carne viva, a veces se llora, a veces nos golpea la angustia y la impotencia se enseñorea; pero también los presos políticos y de conciencia aprendemos a reír en esta circunstancia, a seguir soñando, a seguir creyendo en el ser humano y su capacidad transformadora, a no renunciar a nuestra dignidad, incluso a seguir amando en un medio donde lo que predomina es la violencia y el odio. La cárcel no es sinónimo de haber sido derrotados...

Para seguir leyendo visita su pagina en:http://espora.org/comitecerezo/spip.php?article501

Por Estados Plurinacionales sin criminalización ni discriminación

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto, fue instituido por las Naciones Unidas en 1994. Trece años después, en setiembre del año pasado, la ONU adoptó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos hechos, sin embargo, se dieron en un contexto de expansión de la globalización neoliberal, que busca homogeneizar el mundo, anulando el respeto a la diferencia y avasallando nuestros derechos para favorecer a las empresas transnacionales.

En el mundo existen más de 370 millones de indígenas pertenecientes a más de 5,000 pueblos de 72 países. En América Latina, somos 55 millones de personas de 400 pueblos. La mayoría de ellos está en Guatemala, México, Bolivia, Perú y Ecuador. En resumen, la Región Andina concentra la mayor población indígena de Sudamérica.

Somos anteriores a los Estados actuales y resistimos más de 500 años, desde la invasión europea al Abya Yala, los intentos de aniquilarnos. Las repúblicas nacidas con las independencias criollas no cambiaron nada para nosotros. Y esa exclusión
secular se ha agravado con la globalización neoliberal.

Parte de la imposición del neoliberalismo son los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales en general y los megaproyectos de infraestructura diseñados para favorecer el saqueo de nuestros bienes naturales por las transnacionales. Los Estados emiten normas destinadas a desaparecer nuestras comunidades y a criminalizar nuestras justas protestas.

En la Región Andina, esto ocurre en Perú y Colombia, mientras Ecuador y Bolivia logran aprobar nuevas constituciones que definen los Estados Plurinacionales, una de nuestras reivindicaciones esenciales. Y Bolivia es por ello el objetivo de una campaña desestabilizadora orquestada por el imperialismo y la oligarquía local, que comprende los referendos autonómicos, la organización de grupos neonazis que agraden a los pueblos indígenas, la satanización de su nueva Constitución y el intento de boicot al referendo revocatorio del domingo 10 de agosto.

¿Tenemos, entonces, motivos para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas?

La mejor manera de conmemorar este día es fortaleciendo nuestras organizaciones y su articulación, para luchar contra el neoliberalismo, la incursión violenta de las transnacionales en nuestros territorios, los tratados de libre comercio y el incumplimiento de los Estados de las constituciones, leyes nacionales y tratados internacionales (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU) que protegen nuestros derechos.

Debemos también convocar al conjunto de movimientos sociales y organismos de derechos humanos a la solidaridad con Bolivia. Y a vigilar el proceso ecuatoriano para que realmente signifique un cambio. En una palabra, seguir luchando coordinadamente por la defensa de nuestros derechos, contra la criminalización de nuestras demandas y por la construcción de Estados Plurinacionales Comunitarios como una alternativa que garantice el Buen Vivir para toda la humanidad.

Lima, agosto de 2008.

Miguel Palacín QuispeCoordinador General CAOICOORDINADORA ANDINA DE PUEBLOS INDÍGENAS – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

http://movimientos.org/enlacei/show_text.php3?key=12831

foto: Vil Coyote

Colombia:el regreso de los BARBAROS

Informe sobre TORTURA: Colombia padece un REGIMEN TORTURADOR. Violencia sexual como estrategia del Terror Estatal

7 de junio, Toribío ,dos niñas indígenas de 12 y 14 años fueron víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército Nacional ,iban al colegio(...) teniente acusó a Vilma de ser "guerrillera"(…)

Por Latir Unidos (de informe Coalición Colombiana Contra la Tortura)

He aquí una parte del informe relativo a la tortura en Colombia, informe hecho con mucha valentía y ahínco por las organizaciones sociales que han seguido protegiendo y organizando a las personas, pese al macabro Terrorismo de Estado que se viene abatiendo sobre ellas, diezmándolas cada vez más. El siguiente informe no ha tenido ningún tipo de cobertura mediática por los grandes medios, evidentemente porque pone en relieve el carácter genocida del régimen que protege y viabiliza el saqueo económico de Colombia mediante las masacres, el paramilitarismo, las desapariciones, la tortura y el Terror.

La Coalición Colombiana Contra la Tortura, integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Asociación Minga,Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Avre, Corporación Reiniciar, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Fcspp), Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y Terre des Hommes, dio a conocer a la opinión pública, en el mes de julio 2008, los resultados del seguimiento que realizó en el año 2007

De los 97 casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante que La Coalición logró documentar, 27 las víctimas fueron torturadas y dejadas con vida, mientras que en 43 casos, las víctimas fueron torturadas y luego asesinadas por los victimarios. Formaron parte de las personas martirizadas 11 niños y 18 mujeres.

En el 90.1 por ciento de las torturas que se lograron documentar está comprometido el Estado. Por acción directa de sus agentes en el 70.4 por ciento y por el uso de la estrategia paramilitar en el 19.7 por ciento.

Algunos casos, ejemplos de tortura

El 26 de marzo de 2007 al municipio de Bello (Antioquia), llegaron paramilitares autodenominados "Águilas Negras". Los criminales hirieron a dos niñas de diez años y violaron sexualmente a una de ellas de nombre Gabriela Alzate Perea*. Cuando las niñas pidieron auxilio, acudió inmediatamente José Mendieta, quién por este acto fue asesinado por los 'paras'. Mendieta y las dos niñas vivían en el asentamiento de desplazados Altos de Oriente, ubicado en la vereda Granizal, del municipio de Bello.

El 25 de junio de 2007 en el municipio de Tulúa (Valle), fueron torturadas y violentadas sexualmente por miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, Vilma Helena Márquez* y Martha Eulalia Márquez*. Los militares ingresaron a la casa en la que ellas se encontraban junto con los campesino Alcides Granada Durango y Gerson Ladino Suárez...

El teniente Manotas agredió y acusó a Vilma Helena de ser guerrillera y la obligó a un interrogatorio a solas apuntándole con un arma. Cuando ella se quejó de un agudo dolor estomacal, el teniente le preguntó sí estaba embarazada y la golpeó brutalmente en el vientre ocasionándole desmayo y sangrado vaginal.

Posteriormente alias "Bombas", otro militar del mismo operativo, interrogó a Martha Eulalia agrediéndola y amenazándola con un cuchillo. Le exigió la entrega de unas armas que no existían y la obligó a quitarse el brasier para luego cogerle y apretarle los senos y las nalgas, sin ningún respeto por la dignidad de la persona.

Otro militar agredió y amenazó a las dos mujeres con violarlas. Los campesinos que acompañaban a las mujeres fueron brutalmente golpeados por los uniformados, quienes

antes de ponerlos en libertad los fotografiaron y les abrieron procesos por narcotráfico.

Niños y mujeres entre las víctimas

El 7 de junio de 2007, en el municipio de Toribío (Cauca), dos niñas indígenas de 12 y 14 años fueron víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército Nacional, cuando se dirigían a estudiar al colegio Eduardo Santos ubicado en la vereda Berlín.

Los uniformados las obligaron a apartarse del camino y luego a que se quitaran la ropa Las niñas lograron escapar y llegar hasta el colegio.

El 23 de diciembre del mismo año, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue torturada y asesinada por miembros del Ejército Nacional, María Margarita Giraldo Usura, perteneciente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Los militares entraron disparando a la vivienda de la víctima, poniendo en riesgo la vida de las dos hijas de María Margarita a quién se llevaron junto con algunos bienes de la desdichada mujer. Al día siguiente María Margarita fue reportada por el Ejército como "guerrillera dada de baja en combate" y remitida a la sede del Instituto de Medicina Legal del municipio de Turbo (Antioquia). El cadáver de la víctima presentaba señales de tortura.

El 23 de noviembre de 2007, en el municipio de Apartadó (Antioquia), fue detenido y torturado tanto física como psicológicamente el niño Efrén Espinoza Goes, de 10 años, por miembros del Ejército Nacional quienes lo golpearon por más de 15 minutos. Los uniformados amenazaron con cortarle los dedos y matarlo, acusándolo de ser guerrillero. El rostro y la cabeza del niño quedaron destrozados.

Los casos anteriores forman parte de los 97 que pudieron ser documentados por la Coalición que son una ínfima parte de las cifras reales, ya que muchas víctimas se abstienen de denunciar debido a las dificultades para acceder a la justicia, el temor a los victimarios y sus represalias y la ausencia de mecanismos de protección a víctimas y testigos. Los altísimos niveles de impunidad que goza el Estado colombiano, han garantizado la invisibilidad de este crimen, es tarea de todos denunciarlo.

*Nombres cambiados para proteger los derechos de las víctimas y familias