¡ROMPER EL CERCO!

Vela la noche
el mundo
de los olvidados.
Para ello ha hecho
soldados sus
recuerdos y los ha
armados de memoria,
para que se alivie el
dolor de los
mas pequeños.

Informe de la Tercera Caravana en Solidaridad con las Comunidades Zapatistas

Sábado 22 de Marzo 2008

La caravana de observación convocada por La Otra Campaña, del 14 al 23 de marzo del presente año, tuvo como objetivo visitar a las comunidades zapatistas para documentar las agresiones en contra de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas.
Se realizaron visitas a 12 comunidades de los siguientes caracoles:

Caracol I La Realidad

Caracol II Oventic

Caracol III La Garrucha

Caracol IV Morelia

Caracol V Roberto Barrios

Tercera Caravana en Solidaridad con las Comunidades Zapatistas

Brigada 1
Caracol La Realidad
Comunidad 24 de Diciembre.

La comunidad 24 de Diciembre, del municipio autónomo San Pedro Michoacán, Caracol La Realidad fue desalojada en 1995, y se construyo un cuartel del ejército federal. El 24 de diciembre del 2006, 31 familias retoman sus tierras. A partir de este momento, han recibido agresiones constantes por parte de la Unión de Ejidos de la Selva UES, a quienes el gobierno otorgo el derecho a trabajar estas tierras de 525 hectáreas después del desalojo en 1995. Las agresiones mas graves son las siguientes.

Los integrantes de la UES entran a la comunidad y machetean, queman sus milpas y cafetales. Realizan la tala clandestina de árboles. La comunidad es despojada de su manantial de agua, siendo este apoderado por el ejército, lo cual comparte el agua con los integrantes de la UES.

La comunidad se encuentra amenazada; por la UES, el ejército y un campamento de la Policía Estatal Preventiva.

Brigada 2.
Caracol Oventic.
Comunidad Huitepec Ocotal sección II.

Esta comunidad está conformada por BAZ que desde 2006 protegen una reserva ecológica de 102 Has. El gobierno busca tener la propiedad a través del despojo ilegal mediante la falsificación de documentos.
Los habitantes sufren una serie de hostigamiento y amenaza de desalojo, tanto por parte de Mariano Ochoa, presidente municipal del PRI, San Cristóbal de las Casas, como de habitantes, priistas de la zona.

Comunidad 5 de Marzo.

Esta comunidad que comprende 55 hectáreas esta integrada por BAZ, sociedad civil y adherentes a la Otra Campaña que desde 1994 están en resistencia. Desde el 5 de marzo de este año la colonia 5 de marzo se autonombro comunidad de 5 de marzo, siendo ahora autónoma de San Cristóbal de las Casas.

Actualmente se presentan dos problemáticas, una es la negativa al acceso del agua y el corte de energía eléctrica por parte de las autoridades municipales. La otra es la venta y el despojo de terrenos comunitarios, falsificando documentos. Los terrenos afectados miden aproximadamente 1,259 m2.

Comunidad Sokon.

Esta comunidad esta integrada por 42 personas de origen tzotzil que habitan en un terreno de aproximadamente 2 hectáreas. Desde el 2002 son despojados de un manantial que esta dentro de su terreno, por habitantes de la comunidad aledaña de Nachig de afiliación al PRD. Este problema se intenta solucionar de forma pacifica sin que haya habido respuesta.

Esta situación genera una problemática de salud a todos los habitantes, por lo que se presentan enfermedades como infecciones de la piel, diarrea, calenturas, entre otras.

Las condiciones de vida de las mujeres es difícil, dado que tiene que caminar una hora y media en condiciones de inseguridad (dado el hostigamiento de los habitantes de Nachig) para lavar sus ropas y, conseguir agua para uso domestico.

Comunidad y Municipio Autónomo San Pedro Polhó.

A partir de 1997, ésta comunidad está conformada por originarios y desplazados de guerra por ataques paramilitares y del ejército. La problemática que viven los desplazados es la falta total de servicios básicos (drenaje, agua, educación, alimentación).

Otra es la necesidad de rescatar sus tierras de las que fueron desplazados, las cuales no pueden recuperar porque están ocupadas por paramilitares que hacen uso de éstas; además, sus casas fueron destruidas y son amenazados permanentemente para no volver.

Existe información fundada de que se está preparando la legalización del despojo, argumentando que tienen más de 6 años de no habitarlas.

Comunidad y Municipio Autónomo San Andrés Sakamch´en de los Pobres.

A partir de 1995 San Andrés, se declara Municipio Autónomo. Al mismo tiempo se conforman grupos paramilitares, los cuales hostigan y violentan a la comunidad para desalojar a las autoridades tradicionales y al Consejo Autónomo.

Otros espacios de los que los intentan desalojar es el mercado autónomo y el albergue el cual es resguardado por el Comisariado de Bienes Comunales (construcción que sería destinada para conformar una escuela autónoma.

Brigada 3.
Caracol La Garrucha

Esta brigada visito las comunidades de San Manuel y Benito Juárez, en el Municipio Autónomo de San Manuel, y la comunidad de Javier Hernández, en el Municipio Autónomo Francisco Gómez. El despojo de tierra, agresiones verbales, amenazas e intimidación, son las problemáticas constantes de estás comunidades, así como la contaminación de agua en la comunidad de Javier Hernández.

Comunidad San Manuel. A partir del 11 de Julio de 2007, la comunidad de San Manuel, municipio de San Manuel, ha sido despojada de 232 has., de un total de 420 has., de tierra recuperada pertenecientes a 8 familias bases de apoyo de la comunidad de San Manuel, así como 148 has. están amenazadas de despojo, por miembros de las organizaciones de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC Oficial) y la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).

Comunidad Benito Juárez. En la comunidad Benito Juárez, Municipio Autónomo de San Manuel, los potreros comunales y el centro de la comunidad están siendo invadidos con el ganado y caballos de 60 familias de la Aric, la Organización de Caficultores de Ocosingo (ORCAO) y la Organización Proletaria de Emiliano Zapata (OPEZ), quienes han fincado sus casas a 300 mts. de esta comunidad. Asimismo, han tratado construir más casas en tierra recuperada, pero las bases de apoyo no lo han permitido, sin embargo siguen las amenazas de despojo de esta tierra.

Comunidad Javier Hernández. La comunidad de Javier Hernández del Municipio Autónomo de Francisco Gómez. Padece la contaminación de agua, que proviene de un manantial en la comunidad priista de Pamalá. Por lo cuál, esto ha afectado la salud de sus habitantes y, causando enfermedades estomacales y de la piel, esto ha afectado principalmente a los niños y ganado de esta comunidad.

En Javier Hernández se encuentran 20 familias desplazadas, desde hace un mes. Son Bases de Apoyo Zapatistas de la comunidad Benito Juárez del Caracol de la Realidad, por miembros del Aric Independiente y Democrático de la misma comunidad bajo amenazas y acciones violentas.

Brigada 4
Caracol de Morelia

El martes 18 al medio día, entraron al territorio de Bolon Ajaw, dos turistas nacionales guiados por un integrante alcoholizado de OPDDIC. Esta invasión forma parte de una estrategia de provocación, basada en la violación del derecho territorial y la difamación de las Bases de Apoyo Zapatistas de este lugar. Esta difamación consiste en decirles a los turistas que, hay gente mala y que por tanto corren peligro.

Brigada 5
Caracol Roberto Barrios
Comunidad Choles de Tumbalá. En Choles de Tumbalá del Municipio Autónoma El Trabajo hay amenaza de desalojo para el día 9 de abril, por parte de los rancheros y organizaciones opuestas al zapatismo que actúan conjuntamente con el gobierno, la policía estatal y municipal. La comunidad ya fue desalojada hace dos años, persistiendo la tensión en las Bases de Apoyo Zapatistas de esta comunidad.

Comunidad Nueva Tila. En Nueva Tila del Municipio Autónomo de Vicente Guerrero la estrategia de despojo de tierra, sigue el mismo patrón.
En Nueva Tila los pobladores se han percatado de la constante presencia de retenes militares, sobrevuelos de helicópteros y aviones, así como de incursiones de camiones del ejército mexicano en los alrededores, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, resultando en el hostigamiento y la presión psicológica para los pobladores de la zona.

Conclusiones:

Los sucesos recién descritos, contradicen contundentemente las declaraciones del gobernador Juan Sabines Guerrero en una carta dirigida a las Juntas de Buen Gobierno; la cual fue publicada el día 12 de Marzo de Apoyo Zapatistas de todo el territorio indígena recuperado de Chiapas.
Por lo tanto y en vista de lo anterior, hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil para que se mantenga informada y alerta de las declaraciones falsas y contradictorias del gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero; puesto que como ha quedado evidenciado y obvio que los y las Zapatistas se encuentran en una situación de inminente emergente de ataques, robos, violaciones, acusaciones falsas; despojo y desalojo de sus tierras, así como su integridad física, en donde los grupos total o parcialmente armados, así como policías, elementos del gobierno municipal, estatal y federal gozan de plena impunidad.

Conociendo además la situación de los 35 presos políticos en huelga de hambre en Chiapas decidimos visitarlos en el penal número 14 del Amate el sábado 15 de marzo. Comprobando que las autoridades carcelarias y el gobierno estatal no respetan el derecho de visita y no nos permitieron la entrada.
Nos sumamos al grito de justicia y libertad para los presos en huelga de hambre.

En los penales de Chiapas hay alrededor de cien personas privadas de su libertad por razones políticas.
Hace dos años, a raíz de la convocatoria zapatista a sumarse a la Otra Campaña, los presos políticos del Cereso número 14 El Amate, todos indígenas tzotziles y tzeltales, se organizaron en un plantón permanente para exigir su libertad.
La mayoría de ellos se reúnen en la organización llamada Voz del Amate, otros se coordinan con ellos aún formando grupos diferentes.
Actualmente los presos políticos del Cereso 14 han empezado una huelga de hambre indefinida como última acción para reclamar los derechos que el gobierno del Estado de Chiapas les ha violado al momento de su injusta detención.
El primer preso que entró en huelga de hambre es el señor Zacario Hernández Hernández, que lleva ya 22 días de huelga, la mayoría de los otros presos se han sumado a la huelga a partir del día 25 de febrero, cuando la Presidente de la Magistratura Superior del Estado anuló una cita concretata en el palacio de Govierno de Tuxlta para resolver los casos de esos prisioneros. Ahora son 14 los presos en huelga, más dos presas del brazo femenino que están apoyando con ayuno y oraciones.

Mas info:www.chiapas.indymedia.org

Una flor...

Para dejar presente la situación de violencia contra las mujeres en Uruguay como en otros paises de Latinoamerica damos muestra de tres eventos realizados en la pasada semana en Montevideo.

Con ello queremos dejar desde nuestro colectivo en este 8 de Marzo dia Internacional de la Mujer un motivo mas de reflexión sobre la situación que viven tantas mujeres contemporáneas y colaborar a la difusion de los eventos realizados por Mujeres de Negro, la obra de teatro Mujeres de Arena y el colectivo Las Decidoras.

Mujeres de Negro en Montevideo.

Mujeres de Arena

En Ciudad Juárez, México, mujeres jóvenes y de origen humilde, en su mayoría, son raptadas, mantenidas en cautiverio y sujetas a una feroz violencia sexual antes de ser asesinadas y dejadas en lotes abandonados. En algunos casos, sus restos son hallados por transeúntes al cabo de unos días o años después. En otras ocasiones las mujeres nunca son encontradas y sus familiares tienen que vivir con la angustia permanente de desconocer su destino o paradero. Todo parece indicar que estas jóvenes son seleccionadas por sus victimarios por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad. Suelen ser trabajadoras de las industrias maquiladoras que dominan la economía de Ciudad Juárez; camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes. Muchas viven en circunstancias precarias, a veces con hijos que mantener.

Los integrantes de esta obra y las organizaciones participantes, junto con la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, nos unimos a la lucha contra la impunidad y el silencio que prevalecen en Ciudad Juárez y el resto del país a más de 15 años del inicio de una guerra de baja intensidad en contra de las mujeres, fenómeno que se extiende alarmantemente en otras ciudades de México. Asimismo queremos darle eco a esas voces que fueron silenciadas por la fuerza y a aquellas otras voces que han dado sus testimonios en libros, entrevistas y documentales.

Las Decidoras

Las Decidoras, feministas autónomas hicieron una intervención en la Plaza Matriz el sabado 8 de Marzo.

¡POR EL DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTROS CUERPOS!

¡NO MAS VIOLENCIA SEXISTA!

Nosotras las mujeres:

Las mayores,

las jóvenes,

las pequeñas y las que vendrán,

Las bellas,

las sabias,

las intuitivas,

Las inquietas,

las pensadoras,

las buscadoras,

las revoltosas,

Las decidoras

Hoy otra vez, como tantas veces, estamos aquí, en otro 8 de marzo.

Estamos cansadas, hartas, de tanto cuento, de tanta y tanta democracia y discurso falso...

No más pobreza

No más guerra

No más violencia

No más manipulación

No más discriminación

No al poder autoritario y represivo

Queremos Poder de decidir entre todas y todos

Poder gustar

Poder saborear

Poder visualizar

Poder tocar

Poder aprehender

Crear un verdadero compromiso, en el pensar, sentir, hacer.

Hablamos de revolución, esa palabra tan usada, bla bla bla

Queremos una recreación de esa palabra: re evolución, es evolucionar...

Es constituir un espacio diferente, diverso,

Es rebuscar, reencontrar,

Nuestra memoria de todos los tiempos

Ese mundo posible es el que queremos.

No hay que tenerle miedo a la libertad.

FEMINISTAS AUTONOMAS LAS DECIDORAS.

• Más imágenes en rebelArte

¿QUIEN ES EL TERRORISTA?

El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, confirmó este sábado la muerte del guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Luis Edgar Devia, mejor conocido como Raúl Reyes, quien fue asesinado por el Ejército de ese país durante una operación que inició en el departamento de Putumayo (sur), y luego incursionó en territorio ecuatoriano.

Junto a Reyes, quien formaba parte del Secretariado de las FARC, fueron abatidos otros 17 guerrilleros, entre ellos Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado.

Colombia aseguró que la muerte del número dos de las FARC, Raúl Reyes, se produjo durante una persecución ''en caliente'' y que las tropas habían incursionado en territorio ecuatoriano al repeler el fuego de las FARC, quienes se habían adentrado en la selva de Ecuador para huir de los combates. Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano desmintió esa versión al constatar, con un revisión del sitio, que los guerrilleros habían sido ''masacrados'' mientras dormían, es decir, no había habido ningún combate.
Mas info:
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/24951/ministro-de-defensa-colombiano-confirma-que-ejercito-asesino-a-guerrillero-raul-reyes/
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota/25005/asesinato-de-raul-reyes-no-se-produjo-en-combate/

El gobierno de Uribe pretendió humillar al pueblo de Ecuador con la invasión a su territorio y el saqueo de cadáveres de personas fallecidas en su territorio. Ahora somete a la calumnia y al montaje policial al gobierno ecuatoriano. Lo que hace el gobierno de Uribe es criminal, no porque cumpla con su obligación de combatir a la guerrilla ni por el hecho en sí de enfrentarse y matar a sus adversarios en la guerra, en lo que al principio nos había hecho creer que era un combate iniciado en territorio colombiano, sino porque en el desespero por las revelaciones del ex senador y ex secuestrado Luis Eladio Pérez, que dejaron en claro el fracaso de la "seguridad democrática" en Caquetá, Meta, Guaviare y Vaupés, el gobierno de uribista además de cometer flagrantes violaciones al derecho internacional y al territorio de un pueblo hermano, con ínfulas de Israel sudamericano al servicio del imperio, aprovechó la negociación de un acuerdo humanitario para atacar al negociador y simular éxitos militares, logrando además abortar la posibilidad del acuerdo para liberar a los secuestrados y a los policías y militares retenidos mediante un canje por guerrilleros presos. Uribe quiere además cubrirse de gloria falsa, pues en territorio colombiana la guerrilla sigue igual aunque Reyes haya muerto. Es ridículo afirmar que Raúl Reyes estaba en Ecuador -cerca de la frontera- huyendo o escondido, pues es sabido que Raúl Reyes estaba en Putumayo hace meses en función de reunirse con los delegados de Francia y con Piedad Córdoba. De hecho, tras anteriores encuentros con los franceses, en agosto de 2005 lo bombardearon en territorio colombiano (cuando Sabas Pretelt dijo que le estaban respirando en la nuca) y un mes después la cancillería acusó a Francia de "intervenir" en Colombia. En agosto de 2007 fue bombardeado el campamento donde Reyes se acababa de reunir con Piedad Córdoba; Reyes estuvo a punto de morir y si hubiera sido dado de baja desde entonces, se habría interrumpido el proceso que condujo a liberar a Clara Rojas, Consuelo González, Jorge Eduardo Gechem, Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán. Los uribistas quieren ahora proclamar un triunfo y abortar el acuerdo humanitario, a costa de la soberanía de un país vecino, más pequeño pero con una gran dignidad, que le ha dicho a Uribe basta de engañar, de mentir y de violar. Con ínfulas de Israel sudamericano al servicio del imperio, los aviones y tropas colombianas no sólo operaron en cielo y territorio ecuatoriano, sino que se llevaron cuerpos que estaban en Ecuador sin esperar a que fueran levantados por las autoridades ecuatorianas, desbaratando evidencia para las investigaciones de rigor. Cuando Ecuador responde con dignidad serena, el uribismo para justificarse, a última hora, tratar de enlodar con burdas patrañas policiales al gobierno de Ecuador. El presidente Correa ha dicho que su país irá hasta las últimas consecuencias para enfrentar este ultraje que continúa.
Fuente:www.colombia.indymedia.org

¿Quien es el responsable de los cerca de cuatro millones de personas desplazadas? ¿De los al menos 15.000 desaparecidos? ¿De las más de 3.000 fosas comunes? ¿De los más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas, y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica asesinados?. ¿De las torturas , más de 3.500 masacres y robo de más de seis millones de hectáreas de tierra por parte de los paramilitares?. ¿Quien es el responsable de la narcoparapolítica que llego a controlar el 35% del Parlamento?
¿Quien recibe aproximadamente 600 millones de dolares anuales para ejecutar el PLAN COLOMBIA el PLAN DE GUERRA financiado por los Estados Unidos? ¿Quien viola sistematicamente los derechos humanos cometiendo crímenes de lessa humanidad?

¿Quién es ,Señor Presidente Alvaro Uribe, el verdadero terrorista?

ANTE LA NUEVA AGRESION DEL GOBIERNO COLOMBIANO

Quito - Ecuador
BOLETIN DE PRENSA
Quito, 3 de marzo de 2008
INREDH
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, ante los acontecimientos dados en la frontera colombo –ecuatoriana, en los alrededores del caserío de Angostura, expresa lo siguiente:

1. Rechaza enérgicamente la actitud belicista del presidente Uribe que, en múltiples ocasiones y en afán de involucrar al Ecuador en un conflicto que no le pertenece, ha llevado al ejército colombiano a incursionar en territorio nacional, provocando muertes, daños materiales e imponiendo un ambiente de zozobra y pánico entre las comunidades indígenas y campesinas de la zona de frontera. Para ejemplo, mencionamos las siguientes:

a. Enero de 2006: un helicóptero y un avión ametrallaron en varias ocasiones una lancha que surcaba las aguas del río San Miguel, a la altura de la desembocadura del río Bermeja. En la embarcación viajaban civiles integrantes del Comité Binacional de los Pueblos de la Frontera del Ecuador y Colombia, que representa a 250 organizaciones de base de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos y 240 "veredas" (vecindarios rurales) de la zona limítrofe de los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño. Los directivos del Comité estaban en la zona para verificar una denuncia previa acerca de violación del espacio aéreo ecuatoriano por parte de militares de Colombia.

b. Agosto de 2006: El ejército colombiano dispara morteros sobre General Farfán; uno cae en la sede de la cooperativa de transportes Putumayo, hiriendo a tres personas, entre los que consta una menor de apenas tres años.

c. Octubre de 2006: el ejército colombiano disparó en contra de cinco campesinos ecuatorianos. Ellos viajaban en una canoa por el río San Miguel, dos de ellos murieron por los impactos de las balas, uno resultó herido y los dos restantes se lanzaron al río y se desconoce su paradero. Los campesinos iban a votar en las elecciones presidenciales ecuatorianas.

d. Marzo del 2007: dos personas murieron y seis resultaron heridas en una incursión militar colombiana en territorio del Ecuador en Puerto Nuevo. Los militares colombianos dispararon una granada de mortero contra la vivienda del ecuatoriano Jorge Plaza. Luego, ingresaron 15 militares al pueblo y se lo llevaron a él y al colombiano Daniel Marroquí, quienes luego aparecieron muertos.

e. Noviembre de 2007: entre el 2 y 5 de noviembre, helicópteros artillados del ejército colombiano maniobraron sobre las casas de los habitantes de Yana Amarúm para, desde ahí, disparar a presuntos guerrilleros que se encontraban en la orilla colombiana del río San Miguel. Al disparar desde territorios ecuatorianos, el ejército Colombiano no sólo violó convenios y tratados internacionales, sino que puso en riesgos a una comunidad de otro país a quienes utilizó, en la práctica, como un escudo de protección humana para evitar la respuestas de la guerrilla.

2. Rechaza la nueva incursión militar colombiana del pasado 1 de marzo de 2008 a territorio del Ecuador, más aún cuando se conoce que fue una operación planificada con anterioridad y que deliberadamente el presidente Uribe violó los acuerdos bilaterales y el Derecho Internacional que obligan a informar al Ecuador sobre la presencia de fuerzas irregulares en su territorio, a fin de que el gobierno implemente las acciones necesarias para la captura de estas fuerzas por parte de la policía y el ejército nacional.

3. Califica la acción militar colombiana en territorio del Ecuador como una masacre en la que murieron 20 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y tres resultaron heridas. Esta masacre viola todos los convenios internacionales sobre los procedimientos a seguir en el marco de conflictos bélicos.

4. Denuncia el interés de los Estados Unidos en convulsionar a Latinoamérica para frenar el proceso de cambio político que vive la Región; es de su interés el arrastrar a los pueblos latinoamericanos a una confrontación fratricida y para ello no dudó en proporcionar apoyo con tecnología de punta para que se lleve a cabo esta nueva agresión del ejército colombiano.

5. Exhorta al gobierno del Ecuador a no únicamente aceptar "disculpas diplomáticas", ya que ha sido una constante del gobierno colombiano el actuar sobre hechos consumados, tal como lo ha evidenciado en todas las incursiones militares anteriores. Es hora de llevar al gobierno colombiano ante los tribunales internacionales para que responda por las reiteradas agresiones infringidas al Ecuador, incluyendo la demanda por las fumigaciones tóxicas.

6. Exhorta al gobierno del Ecuador, en el marco de la asistencia humanitaria y en defensa de los derechos humanos, proteger la vida de las guerrilleras heridas, evitando, por esta vez, su deportación. De ser responsables por posibles delitos cometidos en territorio ecuatoriano, a estas personas se las deberá procesar en el marco de la legislación nacional y atendiendo a las normas del debido proceso, entre las cuales está el derecho a la defensa y el contar con la asistencia de un abogado.

7. Exhorta al gobierno del Ecuador a no dejarse arrastrar hacia un conflicto ajeno y, al contrario, declarar formalmente la "neutralidad" del Ecuador, asumiendo todas la derivaciones formales y jurídicas que implica esta declaratoria.

8. Hace un llamado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, a continuar con la ruta trazada hacia la consecución de un acuerdo humanitario que permita la liberación recíproca de las personas retenidas por ambas partes de este conflicto, a pesar de la muerte de Raúl Reyes.

9. Hace un llamado a las organizaciones sociales, políticas, organismos de iglesia, ONGs, comunidades indígenas de base y sus consejos de gobierno, y a todos los ciudadanos y ciudadanas a movilizarse para ratificar la vocación de paz que siempre ha caracterizado al Ecuador Consejo Directivo de INREDH Luis Ángel Saavedra Rodrigo Trujillo Beatriz Villarreal.

Las siguientes fotografías evidencian los daños causados de la incursión aérea del ejército colombiano en la comunidad indígena de Yana Amarum efectuada el 2 y 5 de noviembre de 2007

Viviendas afectadas por disparos del ejército colombiano en suelo ecuatoriano.

Impacto de disparos aéreos del ejército colombiano

Casquillos encontrados en comunas indígenas de frontera

Escuela afectada por bombardeo aéreo

comunidad fronteriza Yana Amárúm agredida el 2 y 5 de noviembre de 2007

MIREMOS EL TODO

HOMBRES Y MUJERES DE AMÉRICA LATINA

ACOMPAÑAMOS DESDE QUITO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO SOCIAL, POLÍTICO Y ARMADO EN COLOMBIA.

COMO ELLAS, EXIGIMOS VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

Pronunciarnos sólo contra el secuestro o contra uno de los actores armados, es silenciar a la mayoría de las víctimas de la guerra en Colombia y contribuir a la impunidad de todos los crímenes de lesa humanidad que a diario se cometen en el país.

A las voces contra el secuestro en Colombia, debemos sumar las denuncias de más de 41.400 casos de PERSONAS TORTURADAS, 15.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS, más de 3.500 MASACRES, 1.700 ASESINATOS DE INDÍGENAS, 2.550 de SINDICALISTAS, 5.000 MIEMBROS DE LA UNIÓN PATRIÓTICA, mas de 700 personas halladas en FOSAS COMUNES, así como un sinnúmero de EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES y de VIOLACIONES SEXUALES. De igual forma, deben contarse los más de 4 millones de personas DESPLAZADAS, por lo menos 250.000 en SITUACIÓN DE REFUGIO en Ecuador y más de 7 millones de hectáreas de TIERRAS a ellas y ellos DESPOJADAS.

Sumamos también nuestras voces contra las MASACRES y los DESPLAZAMIENTOS masivos en Mapiripán, El Aro, La Granja, Chengue, Mejor Esquina, Barcelona, La Negra, el Alto Naya, Honduras, Pueblo Bello, Las Tangas, Buenos Aires, El Salado, La Chinita y San José de Apartadó. Casos representativos, en los cuales el estado colombiano viene siendo investigado o ha sido condenado por altas cortes internacionales, debido a su participación directa o a la omisión de sus funciones de protección de la población. Igual eco deben tener las víctimas que en el actual proceso de negociación entre gobierno y paramilitares, no encuentran garantías efectivas a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

La responsabilidad fundamental del estado colombiano es la protección integral de todas y todos sus ciudadanos y la garantía de los derechos humanos con especial énfasis en la reparación a las víctimas como una forma de evitar que estos crímenes se repitan.

Por ningún motivo el gobierno colombiano puede contribuir a la polarización del país y a la impunidad, y menos aun, a la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Tampoco puede pronunciarse o actuar solo a favor de algunas de las víctimas, mientras calla o contribuye por acción o por omisión, a la perpetración de crímenes contra otras.

Hombres y mujeres de diversos países latinoamericanos en Quito, estamos comprometidos con la búsqueda de salidas negociadas al conflicto colombiano. Creemos que el ACUERDO HUMANITARIO es una alternativa entre otras y debe estar acompañado de acciones concretas de PROTECCIÓN y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, al tiempo que se enfrentan las crecientes desigualdades sociales y económicas que alimentan la guerra. Creemos que la injusticia social y económica, la impunidad y la violencia no son un problema exclusivo de las y los colombianos, por eso las y los convocamos a acompañarnos y pronunciarse.

Contra el silencio y la impunidad.
Contra la militarización de la vida civil.
Contra todos los crímenes de lesa humanidad.
Contra los crímenes de estado.
Por las víctimas del conflicto social, político y armado.
Por la negociación política del conflicto. Por el acuerdo humanitario.
Por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral


http://www.inredh.org/noticias/noticias.php?modulo=noticiasleermas&idioma=es&id=157

MEXICO: Legalización de la violencia

Hacia un Estado policiaco

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el controvertido proyecto de reformas constitucionales en materia judicial –conocidao popularmente como ley Gestapo–, que incluye disposiciones severamente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos y por otros sectores de la sociedad, como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos, el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos, y la inclusión de la figura del arraigo –que podrá ser hasta por 80 días– en el marco constitucional.

Por fortuna logró evitarse la supresión de las modificaciones al artículo 16 de la Constitución, mediante las cuales se autorizaba el allanamiento de domicilios por las policías, sin orden judicial de por medio, por más que el fracaso de esa adulteración aberrante del marco legal no obedeció a un espíritu de respeto a las garantías individuales, sino a una lógica pragmática de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quienes, ante la oposición de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), decidieron eliminarla para alcanzar los dos tercios de la votación necesarios para la aprobación del proyecto en su conjunto.

Así, aunque se eliminó el allanamiento injustificado de los domicilios, se mantuvieron intactas otras disposiciones violatorias a los derechos humanos, entre las que destacan la facultad que, en lo sucesivo, tendrán las policías para realizar detenciones discrecionales y arbitrarias, así como la inclusión del arraigo en el marco legal vigente, que rompen con el principio constitucional de presunción de inocencia, abren un amplio margen para el atropello de las libertades ciudadanas y colocan a la población en su conjunto en un estado de indefensión ante la autoridad.

El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, éste debe contar con instrumentos jurídicos adecuados y eficaces, pero no lesivos para las garantías individuales. Esto no es cosa menor en el contexto de un país en el que los derechos humanos son violentados en forma cotidiana y en el que el gobierno ha exhibido constante indiferencia al respecto. Como botón de muestra ha de recordarse que, durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si fueran menores los atropellos que cometen las propias fuerzas públicas y que han mostrado un claro incremento en esta administración y en la pasada.

Por otra parte, la reforma judicial exhibe una terrible insensibilidad ante las causas profundas de la delincuencia, como la miseria, la desigualdad, la falta de educación, el desempleo, los ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, la desintegración familiar y la descomposición del tejido social. La lucha contra la delincuencia, por tanto, no debiera centrarse en aparatosos despliegues militares ni en reformas retrógradas y autoritarias que colocan al país en la lógica de un Estado policial, sino en la atención gubernamental a los factores señalados.

Se argumenta que las alteraciones al marco constitucional operadas ayer son indispensables para garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho. Pero salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones policiales nacionales, cuyo grave descontrol es admitido hasta por los altos círculos del gobierno, no se logrará más que incrementar la zozobra de la población, la cual no gana nada en protección contra la delincuencia pero queda prácticamente inerme ante los abusos de la policía. Flaco favor, por último, puede hacerse al estado de derecho cuando se socava uno de sus pilares esenciales, que son de las garantías individuales. Lo aprobado ayer es una regresión a las ideas de “paz y orden” porfiristas, expresión de una mentalidad autoritaria e impermeable al entendimiento de las realidades nacionales, y resulta tan peligroso como impresentable. Debe ser revertido.

Fuente:
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/27/index.php?section=opinion&article=002a1edi

Mas info: http://mujeressinmiedo.blogspot.com/

Quito - Ecuador

Quito, 18 de Febrero 2008

Amnistía para líderes sociales criminalizados por defender sus derechos
INREDH-CEDHU-ACCIÓN ECOLÓGICA

Sr. Economista Alberto Acosta Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente

Sras./Sres. Asambleístas Mesa de Legislación Asamblea Nacional Constituyente

De nuestras consideraciones:

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos -CEDHU-, ACCIÓN ECOLÓGICA y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos -INREDH-, ante la sistemática criminalización que vienen sufriendo centenares de líderes sociales y comunitarios a causa de ejercer el derecho fundamental a protestar y resistir ante proyectos altamente destructivos de la naturaleza y violatorios de los derechos humanos, nos dirigimos a Ustedes para solicitar, en base a la fundamentación jurídica adjunta, que la Asamblea Nacional Constituyente otorgue AMNISTÍA para dichos líderes.

Estos líderes sociales y muchos pobladores en general por los cuales pedimos su intervención, están sometidos a procesos judiciales por efectuar acciones de defensa del ambiente ante las actividades mineras, petroleras, hidroeléctricas, madereras, agro-industriales. La criminalización de la lucha social es una estrategia que no sólo implica el uso de las leyes para detener y perseguir judicialmente a los luchadores sociales, también se manifiesta en otras medidas —fuera de la ley— a través de actos de hostigamiento, persecución, tortura e incluso asesinato a quienes luchan por mejores condiciones de vida. Se los señala e incluso se los califica de delincuentes, llegando al extremo de equipararlos con terroristas, lo que permite que una gran parte de la sociedad vea el trabajo de defensa de los derechos humanos como fuente del conflicto social y llevará más adelante que el Estado los criminalice sin que haya oposición social.

La experiencia ecuatoriana ha sido muy dura en este sentido en que la estrategia represiva de Estado hacia la protesta social ha implicado la militarización de la sociedad sacando al ejército de los cuarteles, aplicando estados de emergencia. Se aplica la Ley de Seguridad Nacional creada durante la dictadura militar, con lo cual se restringen derechos fundamentales de la población en general, sin considerar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes sobre Ecuador ha sido muy clara en establecer que las protestas sociales por el descontento popular no deben, ni pueden ser atacados mediante estados de emergencia que contradicen el artículo 27 de la Convención Americana. El Estado debe contar dentro del marco del derecho con otros mecanismos que permitan solucionar la situación.

Los estados de emergencia implican la acción militar que no solo reprime las manifestaciones, sino que además hiere e incluso mata a la población que ejerce un derecho garantizado en la Constitución. También se detiene a los dirigentes o participantes de la protesta a los cuales se los somete a procesos judiciales de sabotaje y terrorismo.

El Poder Judicial termina por reducir la protesta a un tema de legalidad, desalentando así cualquier abordaje centrado en el conflicto. La sanción legal busca desplazar lo político del conflicto, reforzar el supuesto carácter abstracto e imparcial del precepto jurídico, transformando así el conflicto social en mero litigio jurídico. Las reivindicaciones políticas devienen en actos "subversivos", la denuncia se convierte en "apología del delito", y la movilización en "rebelión" "sabotaje" o "asonada".

La Criminalización de la protesta social busca reducir a los actores sociales en meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que establecen los ejecutores de la ley, estimulando el repliegue de los sujetos a su esfera privada, el ámbito prepolítico por excelencia en el sentido más clásico del término.

Las formas de protesta popular no deben ser reprimidas en ningún caso, salvo que se atente contra derechos fundamentales de otras personas. La canalización del descontento de las bases, son formas de hacer política, por lo cual su represión a través de la judicialización del conflicto pasa a ser un elemento de control social y de disciplinamiento que impide el avance de las organizaciones sociales.

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la protesta, la resistencia, la defensa de la dignidad humana, no significa que uno sólo tenga el derecho a pensar lo que quiera, también tiene el derecho de expresarlo y comunicar el mensaje de la mejor manera. Lo otro es renunciar y aceptar que sólo hay algunas formas políticamente correctas de manifestar: ir al Parlamento con un proyecto de ley, que los afectados presenten un escrito al gobierno reclamando sus derechos y esperen respuesta, etcétera. Ese es el sistema que tiene la democracia representativa para amortiguar y diluir la protesta social.

Esta criminalización, llevada adelante por los intereses privados que se encuentran detrás de proyectos petroleros, mineros, madereros, hidroeléctricos, camaroneros, agro-industriales, etc. y en ocasiones también por el Estado, ha perseguido por mucho tiempo debilitar o anular la protesta social, respuesta obvia de parte de quienes resultan ser víctimas de un modelo económico que en su afán de lucro y desarrollismo busca mayor control y sobre-explotación de la naturaleza.

Los casos que estamos presentando se derivan de problemáticas en las que está en juego ¿para qué y para quién el agua, la tierra, los bosques? ¿hasta dónde rigen los derechos de las comunidades, su permanencia, y el respeto a sus valores? Criminalizar a quienes defienden los derechos comunitarios no sólo es un acto odioso que debe ser superado, constituye un hecho POLÍTICO, y como tal proponemos que sea tratado en el actual proceso constituyente que vive nuestro país.

No tendremos una verdadera refundación del Ecuador si los procesos judiciales que enfrenta un sector de nuestro país por defender la naturaleza y los derechos humanos no son reparados ahora, ni, como un acto de prevención, la nueva Constitución no provee de garantías plenas a quienes, por las mismas razones, están sufriendo amenazas, acoso y persecución.

Además de la fundamentación jurídica, también adjuntamos la propuesta de Resolución con que se apruebe la Amnistía que estamos solicitando, la descripción de cada problemática y los expedientes correspondientes.

Atentamente, Hna. Elsie Monge Directora Ejecutiva Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Ivonne Ramos Presidenta ACCIÓN ECOLÓGICA

Luis Ángel Saavedra Presidente INREDH

http://www.inredh.org/noticias/noticias.php?modulo=noticiasleermas&idioma=es&id=152

Lanzamos al viento nuestros ritmos solidarios que cantan, una y otra vez...¡NO ESTAN SOLOS!

Desde Montevideo,Uruguay nos enlazamos al grito de apoyo a los compañeros indigenas zapatistas que se rebelan frente a la opresion y continuan resistiendo alzando fuerte su dignidad. lanzamos al viento nuestros ritmos solidarios que cantan, una y otra vez...¡NO ESTAN SOLOS!

CHIAPAS, TERRITORIO REBELDE


CHIAPAS ES UN ESTADO MILITARIZADO

LAS REPRESIONES Y HOSTIGAMIENTOS DE PARAMILITARES CONTRA LAS COMUNIDADES INDIGENAS REBELDES SON CONSTANTES.

EN CHIAPAS SE VIVE UNA “GUERRA DE BAJA INTENSIDAD” QUE PRETENDE EL EXTERMINIO DE LOS POBLADORES ORIGINARIOS PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DEL SISTEMA NEOLIBERAL APROPIANDOSE DE SUS RIQUEZAS NATURALES.

ACUERDOS DE SAN ANDRES
16 de febrero 1996-2008

12 AÑOS DE TRAICION E IMPUNIDAD

1995
Octubre
Día 19: Por primera vez en más de 22 meses de conflicto el gobierno y el EZLN iniciaron la discusión de las causas que originaron el alzamiento armado el 1 de enero de 1994, en grupos de trabajo sobre el tema de Derechos y Cultura Indígena, con la participación de indios, campesinos, intelectuales, religiosos, comunicadores, legisladores y funcionarios, entre otros. En la primera sesión se planteó el reconocimiento político de las comunidades indígenas y sus formas de participación, reglamentar el derecho a la información para garantizar su acceso a los medios de comunicación e impulsar la cultura y tradiciones autóctonas.
Día 23: Concluye la primera fase de los trabajos de la mesa Derechos y Cultura Indígenas del diálogo de San Andrés Larráinzar, en los que participaron 496 personas, de los cuales 308 fueron invitados y asesores del EZLN y 188 del gobierno federal.

1996
Febrero
Día 16: Después de una amplia consulta con sus bases de apoyo el EZLN llega a un acuerdo con el gobierno federal para firmar los acuerdos sobre Derecho y Cultura indígena. En estos acuerdos el gobierno federal se compromete a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General, a ampliar su participación y representación política, a garantizar el acceso pleno a la justicia, a promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, a asegurar la educación y capacitación, a garantizar las necesidades básicas, a impulsar la producción y el empleo y como conclusión de todo esto se plantea la necesidad de un nuevo marco jurídico, tanto nacional como en las diversas entidades, que garanticen: los derechos políticos, fortaleciendo su representación política, sus derechos jurisdiccionales aceptando sus propios procedimientos para designar autoridades y sus sistemas normativos, sus derechos sociales para que se garanticen sus formas de organización social, sus derechos económicos para que se desarrollen sus alternativas de organización para el trabajo y la producción, y sus derechos culturales para que preserven sus identidades y su creatividad. Reconociendo en la legislación nacional a las comunidades indígenas como entidades de derecho público y su capacidad para organizarse autónomamente.

Marzo
Día 21: Después de estiras y aflojas, las negociaciones sobre la Mesa 2. Democracia y Justicia por fin dan inicio. El diálogo rápidamente se convierte en monólogo, en tanto los representantes gubernamentales y sus asesores no participan y guardan un total silencio. Mientras el gobierno federal se rehúsa a discutir, en el estado de Chiapas la represión se incrementa.

Abril
Del 18 a 24: Se lleva a cabo la Fase II de la Mesa 2. Democracia y Justicia. Si bien los representantes del gobierno ya plantean sus posiciones, inmediatamente señalan que la discusión sobre la reforma del Estado es la que está realizando el secretario de Gobernación con los dirigentes de los partidos políticos.

Septiembre
Día 2: El EZLN, después de la consulta realizada entre sus bases de apoyo, resuelve suspender su participación en los diálogos de San Andrés, ante la actitud gubernamental.

1997
Enero
Día 11: El EZLN se reúne con la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) en La Realidad y rechaza la contrapropuesta gubernamental, señalando que no regresará a la mesa de negociaciones hasta que los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, firmados en febrero del 96, sean implementados. El Subcomandante Marcos hace un llamado especial a la COCOPA para que defienda frente al gobierno su propuesta original. Esperará el pronunciamiento oficial de la COCOPA ante la nueva situación.

Febrero
Día1: Diez mil zapatistas civiles marchan por las calles de San Cristóbal, exigiéndole al gobierno respete los acuerdos de San Andrés y acepte la reforma propuesta por la COCOPA.
Marzo
Día 4: Después de 50 días de suspenso, finalmente la COCOPA hace un pronunciamiento sobre la situación en un confuso y contradictorio documento que, virtualmente, significa el abandono de su proyecto de ley.
Día 9: El EZLN responde al comunicado de la COCOPA. Critica su decisión y señala que con ese documento la situación política empeora.

2000
Diciembre
Día 1. El presidente electo, Vicente Fox, quién ganó las elecciones presidenciales el día 2 de Julio, toma posesión de su cargo. Afirma que combatirá la corrupción y la impunidad, y se compromete a solucionar el conflicto chiapaneco. Fox ordena el retiro de 53 retenes militares de la zona de conflicto y parar los patrullajes y sobrevuelos del Ejército.
Día 2. El EZLN pide tres señales al Ejecutivo para reiniciar el diálogo: cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés a través de la aprobación de la ley COCOPA, libertad para todos los presos políticos zapatistas, cierre de siete campamentos militares "de las 259 que mantiene actualmente en la zona de conflicto". Anuncia la caravana zapatista a la ciudad de México para demandar al
Congreso de la Unión el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

2001
Abril
Día 27. La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, con 386 votos a favor y 60 en contra. El presidente en turno de la COCOPA, Félix Castellanos, advirtió que la ley indígena aprobada está naciendo muerta porque no considera las necesidades de las etnias ni está a la altura de sus reclamos. Por su parte, mientras la titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia, Xochitl Gálvez Ruiz, dijo que el Poder Legislativo deberá asumir su responsabilidad histórica por haber aprobado una ley indígena que no es la que se esperaba. Dijo que en el Congreso se hizo un esfuerzo, pero que este fue insuficiente porque no recoge la esencia de la iniciativa de la COCOPA, el presidente Fox dijo que no vetara la ley indígena aprobada por las Cámaras y agrego que es un paso gigantesco para alcanzar la paz en Chiapas.
Día 29. El EZLN hace público un comunicado en el que dice: "El EZLN formalmente desconoce esta reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. No retoma el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, no respeta la 'iniciativa de ley de la COCOPA', ignora por completo la demanda nacional e internacional dereconocimiento de los derechos y la cultura indígenas". A consecuencia, rompe el diálogo con el gobierno.


22 DE DICIEMBRE DE 1997

10 AÑOS DE IMPUNIDAD EN LA MASACRE DE ACTEAL


El día 22 de diciembre marca, para los indígenas tzotziles y también para todos aquellos que luchan por un mundo más justo, el décimo aniversario de uno de los capítulos más tristes de la historia mexicana: la masacre en Acteal de 45 indígenas de esa etnia. La matanza de Acteal, como se le conoce, todavía hoy está marcada por el no respeto de los derechos humanos, pues los militares acusados por los crímenes todavía siguen impunes.
Cerca de 90 paramilitares, supuestamente del grupo Máscara Roja, invadieron la zona zapatista de Los Altos de Chiapas (sureste de México) y atacaron a los indígenas, que integraban la organización Las Abejas, mientras rezaban en una capilla. El resultado del ataque, que duró cerca de siete horas, dejó 16 niños y adolescentes, 20 mujeres -de las cuales siete estaban embarazadas-, y 9 hombres muertos.
Las organizaciones sociales, como Sociedad Civil Las Abejas y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez, consideran, que "todo intento por olvidar o atenuar el caso fomenta la impunidad de los responsables materiales e intelectuales, ya que pretende eximir al Estado de toda responsabilidad directa en ese crimen".
Estas organizaciones critican el hecho de que el Estado no reconoce que la matanza era parte de un plan estratégico contrainsurgente para terminar con el movimiento zapatista y que niega la justicia a las víctimas de la Matanza de Acteal y sus familiares. En ese sentido, el Estado "demuestra su falta de compromiso con el respeto pleno de los derechos humanos.
"La masacre no fue un acontecimiento aislado, numerosos hechos anteriores condujeron a este terrible suceso, entre ellos cabe destacar el desalojo de miles de personas así como los asesinatos perpetrados durante 1996 y 1997 en el territorio de Chenalhó, Chiapas.
La indolencia del Estado, que no investiga, ni esclarece la masacre indígena en la justicia, deja espacio para que lo ocurrido contra los indígenas tzotziles se repita, sea bajo el pretexto del combate gubernamental al narcotráfico o a la guerrilla. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, presidente en 1997, no se investigó con seriedad la matanza de Acteal, ni en los gobiernos siguientes.


BREVE CRONOLOGIA DEL EZLN

« 1983- Con seis integrantes se funda el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

« 1994- El EZLN se levanta en armas,toma: San Cristóbal de las Casas,Ocosingo,Altamirano,Las Margaritas y Comitán, Chiapas. Lanza la Primera Declaración de la Selva Lacandona.Marcha de la sociedad civil y anuncio presidencial de cese al fuego. Segunda Declaración de la Selva Lacandona .Inicia la Convención Nacional Democrática con cerca de siete mil delegados en todo el país.


« 1995- La Tercera Declaración de a Selva Lacandona. Ernesto Zedillo lanza una ofensiva militar contra el EZLN. El país al borde de una guerra. Se firman los acuerdos e San Miguel y se inician los diálogos de San Andrés.Se realiza la consulta Nacional por la Paz y la Democracia con un millón ochenta y ocho mil participantes nacionales y cien mil extranjeros de cincuenta países.

« 1996- Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. Se realiza el encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo en los cinco Aguascalientes zapatistas con la participación de mas de cinco mil delegados de 42 países.

« 1997- La Marcha de los 1,111 zapatistas que culmina en la ciudad de México por el cumplimiento de os acuerdos de San Andrés y para participar en la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional(FZLN) y en el Segundo Congreso Nacional Indígena. Matanza de Acteal.

« 1998- El Ejercito Federal, tras un año de fuerte represión, ataca violentamente los municipios autónomos zapatistas .El municipio Flores Magón es desmantelado y se instala un grupo paramilitar en dicha comunidad. La Quinta Declaración de la Selva Lacandona rompe el silencio del EZ convocando a una Consulta Nacional sobre los Derechos y Cultura Indígena.

« 1999-Se realiza la Consulta Nacional por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y contra la guerra de exterminio.

« 2000- La Marcha del Color de la Tierra es anunciada. Es una marcha de la comandancia general al D.F con la intención de dialogar con el Congreso de la Unión para impulsar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

« 2001-Inicia la Marcha del Color de a Tierra. Durante 37 días la delegación zapatista hace un recorrido por trece estados para culminar en el D.F.La comandancia general llega a la ciudad de México y reúne a mas de doscientas cincuenta mil personas en el Zócalo capitalino.El Senado de la República aprueba una reforma que desconoce los principales puntos de los acuerdos de San Andrés y en consecuencia el EZ suspende su comunicación con el gobierno federal.

« 2002- Durante todo el año el silencio zapatista se hizo patente .

« 2003- La comandancia del EZ anuncia la desaparición de de los Aguascalientes, la creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno .

« 2005- Alerta Roja(proceso de reorganización de la estructura político-militar) Disolución del FZLN. Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Reuniones preparatorias para LA OTRA CAMPAÑA

Solidaridad Internacional con Chiapas

Viernes 15 de febrero convocamos al grito internacional contra la represión y la violencia hacia las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas.

Habrá:

Música, danza, malabares, alegría, personajes, info… y sorpresas.

Sitio:

Callejón de la universidad, 19:00hs.

DESPIERTA TU MAGIA
NO CHARLES CHAPLIN (Córdoba)
CONTRAIMPUNIDAD http://contraimpunidad.blogspot.com/

¡SI TOCAN A UN@ NOS TOCAN A TOD@S!

Solidaridad con Chiapas: Llamada al día de acción internacional

Llamada al día de acción internacional el 15.02.2008 por el respeto a la autonomía indígena y contra la represión en Chiapas En los meses pasados, las agresiones contra las comunidades zapatistas han aumentado drásticamente. La guerra de baja intensidad ha adquirido una dimensión que ya no ha tenido desde la masacre de Acteal hace diez años. Al mismo tiempo la atención mediática baja. Nos parece muy importante señalar a la opinión pública Internacional que no hemos olvidado el conflicto y la resistencia en Chiapas. Queremos mostrar al gobierno mexicano que en el mundo observamos atentamente y preocupadamente la situación en Chiapas. Por eso convocamos a un día de acción internacional para el 15.2.2008, p.e. en frente de embajadas y consulados mexicanos, en el marco del duodécimo aniversario de los Acuerdos de San Andrés. (El aniversario es el 16 de febrero, pero el sabado las embajadas están cerradas). Los acuerdos de San Andrés que se discutieron entre el EZLN y el gobierno mexicano tienen el objetivo de garantizar la autonomía indígena. Estos incluyen, por ejemplo, la autonomía indígena y la autogestión de los recursos naturales por los pueblos indígenas residentes. El EZLN interrumpió las negociaciones, dado que el gobierno no cumplió ni respetó los acuerdos. Nos solidarizamos con la realización autogestionaria de la autonomía indígena.

La situación de las comunidades indígenas en resistencia se ha empeorado con la realización del PPP (Plan Puebla Panamá) y otros megaproyectos neoliberales, que requieren el acceso infraestructural y turístico de las reservas de biosfera en Chiapas: En agosto de 2007 cuatro comunidades indígenas fueron desplazadas violentamente de la reserva de biosfera Montes Azules en la Selva Lacandona. Hace un año la cuantidad e intensidad de los ataques paramilitares por parte de la OPDDIC (Organización de la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos) contra las comunidades zapatistas están aumentándose alrededor de Agua Azul, las cascadas más conocidas y visitadas de México. Desde septiembre de 2007, el poblado zapatista Bolon Ajaw ha sido afectado por varios amenazas y ataques por parte de la OPDDIC por el hecho de que el pueblo está localizado en el camino hacia unas cascadas que todavía no tienen acceso turístico. Junto con el gobierno estatal la OPDDIC planea un nuevo proyecto turístico con lo que se pretende desplazar a la comunidad. Ya que la comunidad deniega el reasentamiento voluntario la misma ha sido afectada por varias ataques y amenazas de muerte y violación por parte de la OPDDIC. Además, quemaron algunas casas de Bolon Ajaw.

Los agresores de estos hechos fueron habitantes del ejido Agua Azul, que pertenecen casi todos a la OPDDIC. Por eso organizaciones locales e internacionales han convocado a un boicot turístico hasta que cesen las agresiones contra las comunidades zapatistas. En la comunidad Vetel Yo'chib, cerca de Agua Azul, el día 29.12.07 al camino a su milpa el compañero Pablo Silvano Jiménez recibió un disparo en su pierna por dos policías y un miembro de la OPDDIC. Desde entonces el compa tiene que esconderse y ya no puede trabajar para alimentar a su familia. En la última semana de enero, una brigada internacional de observación, que estaba en Vetel, fue amenazada de violación y muerte. El 1.2.08 les dispararon al compañero Eliseo Silvano Jiménez y a su hijo Eliseo Silvano Espinoza por miembros de la OPDDIC y policías. Después les detuvieron en la camioneta de la OPDDIC.

En la cárcel fueron torturados y forzados a dejarse fotografiar con armas en sus manos. Actualmente todavía están en la carcel de Palenque sin atención medica.

Exigimos:

1.La suspensión de cualquier tipo de agresiones contra las comunidades zapatistas y otras en resistencia.

2.La suspensión de la guerra de contra insurgencia contra las comunidades indígenas y zapatistas y el retiro de los campos militares en la región indígena de Chiapas.

3.La libertad de Eliseo Silvano Jiménez y Eliseo Silvano Espinoza así como de todos los demás presos políticos.

4.La anulación definitiva de los desalos violentos en el terreno indígena de Chiapas.

5.El fin de la cooperación entre organizaciones paramilitares como la OPDDIC y el ejército federal o la policía, tanto como la realización de los conocimientos sobre aquella en el sentido de una aclaración jurídica de sus crímenes.

6.El respeto a la autonomía indígena.

Activistas del Gruppe B.A.S.T.A. (Münster, Alemania) y Atenco Resiste (Berlin), actualmente Chiapas, México

Más información: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/

http://www.capise.org.mx/

http://chiapas.indymedia.org/

¡YA BASTA!

"Aquí estamos nosotros,
los muertos de siempre,
muriendo otra vez,
pero ahora para vivir"

En los meses pasados, las agresiones contra las comunidades zapatistas han aumentado drásticamente. La guerra de baja intensidad ha adquirido una dimensión que ya no ha tenido desde la masacre de Acteal hace diez años.

La situación de las comunidades indígenas en resistencia se ha
empeorado con la realización del PPP (Plan Puebla Panamá) y otros megaproyectos
neoliberales, que requieren el acceso infraestructural y turístico de
las reservas de biosfera en Chiapas: En agosto de 2007 cuatro
comunidades indígenas fueron desplazadas violentamente de la reserva de biosfera
Montes Azules en la Selva Lacandona. Hace un año la cuantidad e
intensidad de los ataques paramilitares por parte de la OPDDIC (Organización
de la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos) contra las
comunidades zapatistas están aumentándose alrededor de Agua Azul, las
cascadas más conocidas y visitadas de México.

Desde septiembre de 2007, el poblado zapatista Bolon Ajaw ha sido
afectado por varios amenazas y ataques por parte de la OPDDIC por el hecho
de que el pueblo está localizado en el camino hacia unas cascadas que
todavía no tienen acceso turístico. Junto con el gobierno estatal la
OPDDIC planea un nuevo proyecto turístico con lo que se pretende desplazar
a la comunidad. Ya que la comunidad deniega el reasentamiento
voluntario la misma ha sido afectada por varias ataques y amenazas de muerte y
violación por parte de la OPDDIC. Además, quemaron algunas casas de
Bolon Ajaw. Los agresores de estos hechos fueron habitantes del ejido Agua
Azul, que pertenecen casi todos a la OPDDIC. Por eso organizaciones
locales e internacionales han convocado a un boicot turístico hasta que
cesen las agresiones contra las comunidades zapatistas.

En la comunidad Vetel Yo'chib, cerca de Agua Azul, el día 29.12.07 al
camino a su milpa el compañero Pablo Silvano Jiménez recibió un disparo
en su pierna por dos policías y un miembro de la OPDDIC. Desde entonces
el compa tiene que esconderse y ya no puede trabajar para alimentar a
su familia. En la última semana de enero, una brigada internacional de
observación, que estaba en Vetel, fue amenazada de violación y muerte.
El 1.2.08 les dispararon al compañero Eliseo Silvano Jiménez y a su
hijo Eliseo Silvano Espinoza por miembros de la OPDDIC y policías. Después
les detuvieron en la camioneta de la OPDDIC. En la cárcel fueron
torturados y forzados a dejarse fotografiar con armas en sus manos.Tras conocer las denuncias fueron liberados.

Informe de la Comision Civil Internacional de Observacion por los Derechos Humanos
VI visita.Estado de Chiapas

Diez años después de nuestra primera visita y, tras el trabajo desarrollado a lo largo de estos siete días, podemos hacer un balance provisional del estado de cumplimiento de nuestras anteriores recomendaciones. La perspectiva histórica que nos ofrece el tiempo transcurrido desde nuestra primera visita, así como el anuncio por parte del nuevo gobernador Juan Sabines de dejar atrás algunas de las prácticas de gobiernos anteriores, justificaba el interés de nuestra presencia en Chiapas. Después de entrevistarnos con un amplio número de personas, organizaciones, sectores sociales e instituciones, presentamos las siguientes

CONCLUSIONES PROVISIONALES

1. A 10 años de la masacre de Acteal, la situación social en Chiapas sigue atravesada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión. Tales dinámicas afectan a la mayor parte de su población, siendo especialmente intensa en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina.

2. Los poderosos obstáculos en el acceso a recursos básicos para la supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo, se sitúan en el trasfondo del conjunto de las graves vulneraciones de los derechos humanos detectadas. Tales dificultades afectan esencialmente a la posesión de la tierra, el acceso al agua, a la energía y a la biodiversidad en su conjunto.

3. La desigual e insuficiente satisfacción de servicios básicos en el terreno educativo y de salud, junto con otras vulneraciones de derechos sociales y culturales fundamentales explican igualmente la preocupante situación de los derechos humanos en la región.

4. La existencia de necesidades básicas insatisfechas, junto con la falta de confianza en los cauces institucionales de participación, genera procesos de organización social. La reivindicación colectiva organizada, en efecto, es vista como única vía de realización, siempre parcial, coyuntural y competitiva, de los intereses y necesidades más esenciales.

5. En algunos casos la movilización colectiva supera la dimensión reivindicativa para apostar por respuestas de autotutela de los derechos. La construcción de las autonomías indígenas de las comunidades zapatistas es sin duda el ejemplo más avanzado pues genera espacios propios de participación social, económica y política cuya intensidad desborda los referentes institucionales y confronta profundas dinámicas de dominación cultural todavía vigentes.

6. Frente a lo anterior, los poderes públicos han venido respondiendo con políticas de desarrollo social que no han respetado esta realidad, ni han incorporado seriamente la participación de las comunidades en el diseño de las mismas. Por tanto, su implementación viene creando división y conflictos en muchas comunidades.

7. La política de control y represión de esta movilización colectiva también ha diseñado contextos de vulneración de derechos humanos. Tal y como ya se constató en informes anteriores, la presencia militar en la zona constituye también un elemento que favorece el conflicto. La continuidad de tal presencia militar resulta desproporcionada y por tanto es injustificada.

8. La primera visita tuvo como objeto la reacción de la sociedad civil internacional frente a la masacre de Acteal. En la actualidad –diez años después- podemos afirmar que la impunidad continúa. La creación, por parte del nuevo gobierno, de la Fiscalía especializada para el caso de Acteal no ha logrado ningún avance significativo al respecto. La detención de sujetos ya condenados por estos hechos, la revisión de las sanciones administrativas ya impuestas o la firma de acuerdos con la comunidad sin reconocimiento de la verdad sobre los hechos son simplemente actos políticos de carácter simbólico, inútiles para el alcance de la justicia.

9. La CCIODH advierte que en la actualidad continúan apareciendo numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. Este hecho no favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto para la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no se ha avanzado realmente en este aspecto. Especialmente inquietante resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos consistente en la consideración denuncias falsas, el uso del maltrato físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorios y el valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial. Este modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia, en el que participan además particulares en connivencia con las autoridades.

10. Desde nuestros primeros informes hemos venido destacando la presencia de grupos paramilitares así como recomendando su disolución y desarme. Lamentablemente, seguimos detectando tanto la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de la seguridad pública. En algunas áreas geográficas su actividad incluso ha aumentado.

11. La CCIODH ha detectado numerosas irregularidades en el funcionamiento de la justicia que la hacen partícipe del mencionado modelo de reacción frente a las organizaciones sociales y en especial contra personas y comunidades indígenas, respecto de las cuales la indefensión continúa siendo regla general.

RECOMENDACIONES

1. La extensión y democratización del acceso a los recursos y servicios básicos constituye el punto de partida de cualquier avance en la vigencia de los derechos humanos en Chiapas. Por ello, deberían abandonarse aquellas políticas de carácter neoliberal que conducen a un acceso restringido y privatizado a los recursos básicos y que además se han demostrado insostenibles ecológica y socialmente.

2. Los poderes públicos deben respetar y promover los procesos de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, dada su demostrada capacidad de satisfacción de necesidades básicas.

3. Cualquier programa gubernamental de desarrollo económico y social deber ser consensuado con los sectores sociales verdaderamente representativos. Cuando éstos afecten a los intereses de los pueblos indígenas necesariamente se deberá obtener de los mismos su consentimiento previo, libre e informado, tal y como exige la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

4. Constituye una necesidad inaplazable emprender la desmilitarización de la zona. La presencia militar debe ser estrictamente limitada al desarrollo de las funciones constitucionalmente señaladas, evitando a toda costa su incidencia en la vida de las comunidades.

5. Debe procederse definitivamente al desarme y disolución de todos los grupos paramilitares aún presentes en el Estado, a la persecución jurídica de sus miembros y máximos responsables y a la depuración de responsabilidades políticas que se pudieran derivar.

6. Los poderes públicos deben implicarse de inmediato y de manera contundente en la lucha contra la impunidad. Más allá de reformas normativas pendientes, es imprescindible la determinación política para acabar con este fenómeno.

7. Debe abandonarse toda práctica de utilización del sistema punitivo para criminalizar y reprimir los movimientos y las organizaciones sociales. En este sentido, es necesario introducir reformas tendentes a eliminar las situaciones de indefensión, abuso de poder, vulneración del principio de presunción de inocencia, construcción de denuncias falsas, y la creación de delitos que por su amplitud puedan ser utilizados en esta dinámica represiva.

8. Es urgente abordar una reforma estructural del sistema de impartición de justicia que asegure su verdadera accesibilidad, su imparcialidad y la vigencia de todas las garantías básicas. Debe asegurarse una defensa de oficio de calidad, la presencia de traductores de confianza que garanticen los derechos lingüísticos de las personas indígenas y permitir que las víctimas de sucesos delictivos puedan actuar como parte en los procesos judiciales, abandonando el monopolio del ministerio público y con ello evitar sospechas sobre su parcialidad.

9. Por último, la realización de la justicia se constituye como el elemento imprescindible e inaplazable para construir la memoria histórica del conflicto.

Sólo sobre el reconocimiento de la verdad es posible construir las bases para la reparación a los afectados y la solución de los problemas psicosociales derivados del mismo.

San Cristóbal de las Casas, a 9 de febrero de 2008
Atentamente:
Comisión de Prensa de la CCIODH

http://www.blogger.com/www.enlacezapatista.org.mx
http://www.blogger.com/www.chiapas.indymedia.org

¡YA BASTA! a la militarizacion en Chiapas

¡YA BASTA! al despojo y la explotación de los de abajo

¡YA BASTA! a la persecusión, represión y asesinato de tod@ los luchadores sociales

"No nos dejen solos.
Con ustedes todos somos.
Sin ustedes , somos otra vez ese rincon sucio y olvidado de la patria"