viernes, 10 de octubre de 2008

Ante la masacre de 6 indígenas en la comunidad de Chinkultik (Miguel Hidalgo, Chiapas)

BOLETÍN DE PRENSA Nº 35 DE LA VI VISITA DE LA COMISIÓN CIVIL
INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS (CCIODH)

Ante la masacre de 6 indígenas en la comunidad de Chinkultik (Miguel
Hidalgo, Chiapas)

El pasado día 3 de octubre, se llevó a cabo un operativo policial en la
comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria (Chiapas) en el
que participaron elementos de seguridad pública, y Procuración de
Justicia a nivel estatal y federal para ejecutar diferentes órdenes a
partir de la averiguación previa con motivo de la toma del predio del
centro ceremonial de Chinkultik por parte de la comunidad.

Como resultado de este operativo, 6 campesinos indígenas fueron
asesinados, lesionados de diversa gravedad dieciseis personas y treinta
y seis indígenas detenidos.

Según el Ministro de Justicia de Chiapas, este operativo se llevó a cabo
en coadyuvancia con las autoridades federales en respuesta a la denuncia
presentada por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia)
para restituir a la Federación el Parque Nacional Lagos de Monte Bello y
la zona arqueológica de Chinkultik.

Sobre las 11 de la mañana del día 3, se inció el operativo con la
participación de unos 40 elementos de la Policía Estatal Preventiva y de
la Policía Ministerial quienes ingresaron en la comunidad de forma
violenta, tirando gases lacrimógenos y allanando domicilios. Los
habitantes de la comunidad, los desarman, enecerrándolos en la Casa
Ejidal. Posteriormente, sobre las 17,30 horas, 300 elementos de las
mismas policías, ingresan en la comunidad con lujo de violencia
produciéndose un enfrentamiento, los policías disparan sus armas de
fuego hiriendo a varias personas, dos de ellas Ignacio Hernández López y
Ricardo Ramírez Ramírez, quienes fallecen mientras son trasladados al
Hospital de Amparo Agua Tinta (municipio de Las Margaritas).

El Sr. Agustín Alfaro Alfaro junto con su esposa Eloisa Margarita
Espinoza Morales, que llevaba en brazos a uno de sus hijos acuden con su
vehículo para trasladar a diversos heridos. Suben a su camioneta a
Rigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio
Martínez López y Miguel Martínez García para llevarlos al hospital más
cercano. En el camino son interceptados por un retén de la Policía
Estatal Preventiva quien les dispara. Al bajarlos, son ejecutados
quedando herido Miguel Martínez, la señora y su hijo resultan ilesos.

Las 36 personas detenidas fueron trasladados a San Cristóbal de las
Casas y a la Trinitaria y posteriormente liberados el 5 de octubre a las
21 horas a cambio de las armas y objetos sustraídos a los policías por
parte de la comunidad. Permanecen heridos por arma de fuego 6 personas
que continúan hospitalizadas

El 7 de septiembre pasado, ejidatarios del poblado Miguel Hidalgo se
apoderaron de la administración de la zona arqueológica Chinkultik
porque consideraron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) no le había dado mantenimiento adecuado y usufructúaba
excesivamente el sitio sin que ello genere beneficios para las
comunidades de la zona.

Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir,
Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita,
del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de
Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y
los mantenían abiertos al público.
En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas, demandaron penalmente a los campesinos, por el
delito de despojo a pesar de que las negociaciones con las autoridades
comenzaron poco después de que las comunidades tomaran posesión de las
instalaciones. La más reciente reunión con funcionarios estatales se
efectuó este jueves pasado y habían acordado seguir platicando, pues les
ofrecieron apoyos por más de 600 mil pesos para cosechar jitomates,
aguacates y duraznos, propuesta que en principio fue rechazada por los
ejidatarios. Estos manifestaron: “Preguntamos al presidente Felipe
Calderón y al gobernador Juan Sabines: ¿por qué nos mandaron matar si un
día antes habíamos tenido un diálogo con las autoridades para resolver
el problema?”.

El Gobierno del Estado informó que fueron giradas órdenes de
presentación a un total de 313 personas vinculadas con estos hechos. Las
órdenes de presentación son para 31 agentes del Grupo Táctico de la
Policía Ministerial del estado, cuatro peritos de la Dirección de
Servicios Periciales del Ministerio de Justicia estatal, y el resto, a
elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El
gobierno chiapaneco confirmó también la sindicación de cinco policías
estatales preventivos: Amilcar Corzo Díaz, Javier Moreno Estrada, Juan
García Villatoro, Juan Carlos Camacho Teco y Consuelo Espinoza Sánchez,
quienes permanecen en calidad de presentados y sujetos a investigación
por su presunto vínculo en el delito de homicidio.

El gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, llego la noche del
domingo día 5 a la colonia Cárdenas, en este municipio, en donde sostuvo
una reunión a puerta cerrada con autoridades ejidales de Hidalgo, La
Trinitaria y familias afectadas. La administración de Juan Sabines
anunció que firmó ya una minuta con ejidatarios, en la cual se
determinan, entre otros acuerdos, la indemnización a los deudos de las
víctimas

En ambos casos –Centro Ceremonial de Chinkultic y Parque Nacional
Lagunas de Montebello- los indígenas tojolabales de las comunidades que
en septiembre pasado realizaron su toma pacífica, reivindicaban con ello
su justo derecho al territorio y a recuperar y administrar su patrimonio
natural y cultural ancestral, tal como lo reconoce la Declaración de la
Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas, en su artículo 11, señala que “los pueblos indígenas tienen
derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres
culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar
las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como
lugares arqueológicos e históricos”. También el Convenio 169 de la OIT
suscrito por México el 5 de septiembre de 1990 cuyo artículo 14 dice
así: "deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente
ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso
para sus actividades tradicionales y de subsistencia". Según el art. 133
de la Constitución Mexicana, los convenios internacionales tienen rango
y norma constitucional

Es ya una práctica recurrente en Chiapas así como en México, que está
Comisión ha podido documentar en sus informes, la respuesta por parte
del estado a los conflictos sociales mediante la represión,
criminalizando expresiones justas de la protesta mediante operativos
policiales desmedidos que se ejercen en una total impunidad. A pesar de
la detención y procesamiento de algunos elementos de la policía por las
graves violaciones cometidas en este operativo, queda constancia de no
haber sido afectados los responsables en la línea de mando así como los
responsables políticos de tales hechos. En algunos caso esta respuesta
inmediata no se corresponde con delimitación de responsabilidades y las
sentencias correspondientes sino que terminan en meras sanciones
administrativas como es el caso reciente de Atenco El recurso inmediato
a las indemnizaciones económicas tanto a las familias como a la
comunidad mediante apoyos que en ningún caso resarcen el daño ni
satisfacen las demandas de justicia, hacen crecer la sospecha de que con
ellas, lo que se pretende es mantener la impunidad sin ejercer la
justicia contra los funcionarios públicos responsables.

Ya alertamos en nuestra última visita a Chiapas sobre la situación de
alarma ante los conflictos derivados de la tierra y el territorio. El
caso de Agua Azul lo situamos como un caso paradigmático en el que
confluyen los proyectos del estado frente a la autonomía de las
comunidades y que tuvo también su decuncia por agresión y tortura por
parte de policías del estado implicados con parmilitares de la OPDDIC.
También hay que recordar la masacre de Acteal que a más diez años de los
hechos sigue sin haberse cerrado en cuanto a los responsables
intelectuales de la matanza, negándose los familiares y la comunidad a
aceptar el acuerdo por parte del gobierno del estado.

Son muy graves los hechos ocurridos en Chikultik y las reacciones
oficiales repiten los patrones denunciados en México a saber: la
criminalización de la protesta social, la falta de solución política y
dialogada a los conflictos; las indemnizaciones como forma de tapar la
responsabilidad institucional ante la necesidad de hacer justicia y dar
satisfacción a las demandas de las comunidades; la delimitación de
responsabilidades sobre funcionarios en un nivel mínimo que no conlleva
ni tan siquiera condenas firmes y la falta de procesamiento de los
responsables.

Todo ello pone en cuestión el funcionamiento de la justicia, de los
cuerpos de seguridad del estado y de los responsables políticos que no
atacan las causas de raíz. Una matanza más en Chiapas que anuncia más
impunidad y defiende un patrón de actuación que se ha manifestado como
ineficaz e injusto.


Barcelona, a 9 de octubre de 2008.

Comisión de Prensa de la CCIODH

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Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos
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foto de indymedia chiapas, ver más en:
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