Guatemala: Sentencian a 8 años de prisión a Ramiro Choc!!!

MÓVIL POLÍTICO EN LA SENTENCIA DE PRISIÓN EN CONTRA DE RAMIRO CHOC

El 26 de marzo de 2009, fue condenado a ocho años de prisión inconmutables nuestro compañero Ramiro Choc, dirigente campesino comprometido con las luchas de nuestro pueblo.

Este hecho nos llena de indignación. Es una condena que plasma la injusticia que predomina en este Estado de clase y racista.

Condenamos a quienes desde el gobierno de Colom, a través del Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el Juzgado a cargo del caso, se convirtieron en operadores políticos y judiciales de la política de criminalización en contra de las luchas de comunidades campesinas e indígenas.

Al compañero Ramiro Choc se le condena después de un proceso lleno de irregularidades y por el delito de robo agravado al Estado, el cual se fundamenta en pruebas no acreditadas y donde existen contradicciones fundamentales entre los agentes policiales.

Es evidente que el Estado está actuando como operador de intereses oligárquicos que pretenden despojar las tierras nacionales, municipales y comunitarias en Izabal y otras regiones del país.

Llamamos a las organizaciones campesinas, indígenas y populares a cerrar filas y exigir la liberación de Ramiro Choc, así como unirnos en la lucha contra la política represiva y criminalizadora que está implementando el Estado en su conjunto.

EXIGIMOS LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE RAMIRO CHOC, PRESO POLÍTICO DEL GOBIERNO Y DE LA OLIGARQUÍA GUATEMALTECA.

UNETE A LA CAMPAÑA EN CONTRA DE LA REPRESIÓN Y POR LA LIBERTAD DE NUESTROS PRESOS POLÍTICOS

FRENTE POPULAR POR LA SOBERANIA, LA DIGNIDAD Y LA SOLIDARIDAD

Impunidad y discriminación en contra de comunidades indígenas por el Estado de Guatemala

Impunidad y discriminación en contra de comunidades indígenas por el Estado de Guatemala

Por varias organizaciones - Guatemala, 29 de marzo de 2009

Ante el dictamen emitido por el Tribunal de Sentencia Penal de Izabal en contra de Ramiro Choc líder de las comunidades Q’eqchis de Livingston Izabal, preso político del gobierno de Álvaro Colom.

MANIFESTAMOS

Nuestra enérgica condena por el nefasto resultado del tribunal al dictar sentencia en contra de nuestro compañero Ramiro Choc el 26 de marzo de 2009.
Ante la falta de investigación y pruebas presentadas por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y por la señora de Castellan, evidencian la parcialidad del tribunal a favor de intereses económicos particulares para apropiarse de las tierras de las comunidades indígenas y criminalizar al Pueblo Q’eqchi, al quedar demostrado que la señora Silvia Ileana Lemus Solórzano de Castellan no es dueña de los terrenos donde se ubica el Barrio Buena Vista la Esperanza de Livingston Izabal.
Durante el proceso se evidencio las irregularidades en el actuar del Ministerio Público en la creación de delitos inexistentes coordinados entre la policía nacional civil y asesinos a sueldo de la señora de Castellan cuando el 27 de junio 2007 con total impunidad atacaron e hirieron a dos campesinos e inventar el delito de Robo Agravado.
En la acusación de robo de armas asignado a la PNC, el MP no presento ningún documento que demostrara que las armas estuvieron asignadas en Izabal y que el Tribunal de Sentencia Penal considero como fundamento para dictaminar condena.
Con esta sentencia, queda demostrada las claras intenciones de institucionalizar la criminalización de la lucha de las comunidades indígenas, con proceder racista y discriminatorio de los organismos del Estado en su papel de portavoces serviles a los intereses del poder económico oligarca, condenando a las comunidades a la muerte y el despojo de sus territorios.
Ante repudiable accionar de los tribunales llamamos al Movimiento Indígena Campesino, Organizaciones del Movimiento Social, Organizaciones que luchan por la defensa de los Derechos Humanos a unificar nuestras fuerzas para contrarrestar la institucionalidad de la impunidad que contraviene la búsqueda de justicia y construcción de un país donde se erradique el racismo y discriminación.

BASTA DE IMPUNIDAD, BASTA DE SERVILISMO ALTO AL NEOCOLONIALISMO PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DE LA RESISTENCIA AL PODER

Comunidades Q’eqchis de Encuentro Campesino
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej
Frente popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad
Coordinación de ONG y Cooperativas
Bloque Antimperialista

Comité de Solidaridad con Guatemala en Uruguay

Envia tu firma de repudio a:
quejuzguelahistoria@gmail.com

Mas info en:
Comité de Solidaridad con Guatemala en Uruguay
http://solidaridadconguatemala.blogspot.com/
CAMPAÑA POR LA LIBERACIÓN DE RAMIRO CHOC
http://liberacionderamirochoc.blogspot.com/

Quito - Ecuador

Quito, 18 de Febrero 2008

Amnistía para líderes sociales criminalizados por defender sus derechos
INREDH-CEDHU-ACCIÓN ECOLÓGICA

Sr. Economista Alberto Acosta Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente

Sras./Sres. Asambleístas Mesa de Legislación Asamblea Nacional Constituyente

De nuestras consideraciones:

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos -CEDHU-, ACCIÓN ECOLÓGICA y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos -INREDH-, ante la sistemática criminalización que vienen sufriendo centenares de líderes sociales y comunitarios a causa de ejercer el derecho fundamental a protestar y resistir ante proyectos altamente destructivos de la naturaleza y violatorios de los derechos humanos, nos dirigimos a Ustedes para solicitar, en base a la fundamentación jurídica adjunta, que la Asamblea Nacional Constituyente otorgue AMNISTÍA para dichos líderes.

Estos líderes sociales y muchos pobladores en general por los cuales pedimos su intervención, están sometidos a procesos judiciales por efectuar acciones de defensa del ambiente ante las actividades mineras, petroleras, hidroeléctricas, madereras, agro-industriales. La criminalización de la lucha social es una estrategia que no sólo implica el uso de las leyes para detener y perseguir judicialmente a los luchadores sociales, también se manifiesta en otras medidas —fuera de la ley— a través de actos de hostigamiento, persecución, tortura e incluso asesinato a quienes luchan por mejores condiciones de vida. Se los señala e incluso se los califica de delincuentes, llegando al extremo de equipararlos con terroristas, lo que permite que una gran parte de la sociedad vea el trabajo de defensa de los derechos humanos como fuente del conflicto social y llevará más adelante que el Estado los criminalice sin que haya oposición social.

La experiencia ecuatoriana ha sido muy dura en este sentido en que la estrategia represiva de Estado hacia la protesta social ha implicado la militarización de la sociedad sacando al ejército de los cuarteles, aplicando estados de emergencia. Se aplica la Ley de Seguridad Nacional creada durante la dictadura militar, con lo cual se restringen derechos fundamentales de la población en general, sin considerar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes sobre Ecuador ha sido muy clara en establecer que las protestas sociales por el descontento popular no deben, ni pueden ser atacados mediante estados de emergencia que contradicen el artículo 27 de la Convención Americana. El Estado debe contar dentro del marco del derecho con otros mecanismos que permitan solucionar la situación.

Los estados de emergencia implican la acción militar que no solo reprime las manifestaciones, sino que además hiere e incluso mata a la población que ejerce un derecho garantizado en la Constitución. También se detiene a los dirigentes o participantes de la protesta a los cuales se los somete a procesos judiciales de sabotaje y terrorismo.

El Poder Judicial termina por reducir la protesta a un tema de legalidad, desalentando así cualquier abordaje centrado en el conflicto. La sanción legal busca desplazar lo político del conflicto, reforzar el supuesto carácter abstracto e imparcial del precepto jurídico, transformando así el conflicto social en mero litigio jurídico. Las reivindicaciones políticas devienen en actos "subversivos", la denuncia se convierte en "apología del delito", y la movilización en "rebelión" "sabotaje" o "asonada".

La Criminalización de la protesta social busca reducir a los actores sociales en meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que establecen los ejecutores de la ley, estimulando el repliegue de los sujetos a su esfera privada, el ámbito prepolítico por excelencia en el sentido más clásico del término.

Las formas de protesta popular no deben ser reprimidas en ningún caso, salvo que se atente contra derechos fundamentales de otras personas. La canalización del descontento de las bases, son formas de hacer política, por lo cual su represión a través de la judicialización del conflicto pasa a ser un elemento de control social y de disciplinamiento que impide el avance de las organizaciones sociales.

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la protesta, la resistencia, la defensa de la dignidad humana, no significa que uno sólo tenga el derecho a pensar lo que quiera, también tiene el derecho de expresarlo y comunicar el mensaje de la mejor manera. Lo otro es renunciar y aceptar que sólo hay algunas formas políticamente correctas de manifestar: ir al Parlamento con un proyecto de ley, que los afectados presenten un escrito al gobierno reclamando sus derechos y esperen respuesta, etcétera. Ese es el sistema que tiene la democracia representativa para amortiguar y diluir la protesta social.

Esta criminalización, llevada adelante por los intereses privados que se encuentran detrás de proyectos petroleros, mineros, madereros, hidroeléctricos, camaroneros, agro-industriales, etc. y en ocasiones también por el Estado, ha perseguido por mucho tiempo debilitar o anular la protesta social, respuesta obvia de parte de quienes resultan ser víctimas de un modelo económico que en su afán de lucro y desarrollismo busca mayor control y sobre-explotación de la naturaleza.

Los casos que estamos presentando se derivan de problemáticas en las que está en juego ¿para qué y para quién el agua, la tierra, los bosques? ¿hasta dónde rigen los derechos de las comunidades, su permanencia, y el respeto a sus valores? Criminalizar a quienes defienden los derechos comunitarios no sólo es un acto odioso que debe ser superado, constituye un hecho POLÍTICO, y como tal proponemos que sea tratado en el actual proceso constituyente que vive nuestro país.

No tendremos una verdadera refundación del Ecuador si los procesos judiciales que enfrenta un sector de nuestro país por defender la naturaleza y los derechos humanos no son reparados ahora, ni, como un acto de prevención, la nueva Constitución no provee de garantías plenas a quienes, por las mismas razones, están sufriendo amenazas, acoso y persecución.

Además de la fundamentación jurídica, también adjuntamos la propuesta de Resolución con que se apruebe la Amnistía que estamos solicitando, la descripción de cada problemática y los expedientes correspondientes.

Atentamente, Hna. Elsie Monge Directora Ejecutiva Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Ivonne Ramos Presidenta ACCIÓN ECOLÓGICA

Luis Ángel Saavedra Presidente INREDH

http://www.inredh.org/noticias/noticias.php?modulo=noticiasleermas&idioma=es&id=152