lunes, 11 de febrero de 2008

¡YA BASTA!


"Aquí estamos nosotros,
los muertos de siempre,
muriendo otra vez,
pero ahora para vivir"


En los meses pasados, las agresiones contra las comunidades zapatistas han aumentado drásticamente. La guerra de baja intensidad ha adquirido una dimensión que ya no ha tenido desde la masacre de Acteal hace diez años.
La situación de las comunidades indígenas en resistencia se ha
empeorado con la realización del PPP (Plan Puebla Panamá) y otros megaproyectos
neoliberales, que requieren el acceso infraestructural y turístico de
las reservas de biosfera en Chiapas: En agosto de 2007 cuatro
comunidades indígenas fueron desplazadas violentamente de la reserva de biosfera
Montes Azules en la Selva Lacandona. Hace un año la cuantidad e
intensidad de los ataques paramilitares por parte de la OPDDIC (Organización
de la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos) contra las
comunidades zapatistas están aumentándose alrededor de Agua Azul, las
cascadas más conocidas y visitadas de México.
Desde septiembre de 2007, el poblado zapatista Bolon Ajaw ha sido
afectado por varios amenazas y ataques por parte de la OPDDIC por el hecho
de que el pueblo está localizado en el camino hacia unas cascadas que
todavía no tienen acceso turístico. Junto con el gobierno estatal la
OPDDIC planea un nuevo proyecto turístico con lo que se pretende desplazar
a la comunidad. Ya que la comunidad deniega el reasentamiento
voluntario la misma ha sido afectada por varias ataques y amenazas de muerte y
violación por parte de la OPDDIC. Además, quemaron algunas casas de
Bolon Ajaw. Los agresores de estos hechos fueron habitantes del ejido Agua
Azul, que pertenecen casi todos a la OPDDIC. Por eso organizaciones
locales e internacionales han convocado a un boicot turístico hasta que
cesen las agresiones contra las comunidades zapatistas.
En la comunidad Vetel Yo'chib, cerca de Agua Azul, el día 29.12.07 al
camino a su milpa el compañero Pablo Silvano Jiménez recibió un disparo
en su pierna por dos policías y un miembro de la OPDDIC. Desde entonces
el compa tiene que esconderse y ya no puede trabajar para alimentar a
su familia. En la última semana de enero, una brigada internacional de
observación, que estaba en Vetel, fue amenazada de violación y muerte.
El 1.2.08 les dispararon al compañero Eliseo Silvano Jiménez y a su
hijo Eliseo Silvano Espinoza por miembros de la OPDDIC y policías. Después
les detuvieron en la camioneta de la OPDDIC. En la cárcel fueron
torturados y forzados a dejarse fotografiar con armas en sus manos.Tras conocer las denuncias fueron liberados.

Informe de la Comision Civil Internacional de Observacion por los Derechos Humanos
VI visita.Estado de Chiapas


Diez años después de nuestra primera visita y, tras el trabajo desarrollado a lo largo de estos siete días, podemos hacer un balance provisional del estado de cumplimiento de nuestras anteriores recomendaciones. La perspectiva histórica que nos ofrece el tiempo transcurrido desde nuestra primera visita, así como el anuncio por parte del nuevo gobernador Juan Sabines de dejar atrás algunas de las prácticas de gobiernos anteriores, justificaba el interés de nuestra presencia en Chiapas. Después de entrevistarnos con un amplio número de personas, organizaciones, sectores sociales e instituciones, presentamos las siguientes

CONCLUSIONES PROVISIONALES

1. A 10 años de la masacre de Acteal, la situación social en Chiapas sigue atravesada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión. Tales dinámicas afectan a la mayor parte de su población, siendo especialmente intensa en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina.

2. Los poderosos obstáculos en el acceso a recursos básicos para la supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo, se sitúan en el trasfondo del conjunto de las graves vulneraciones de los derechos humanos detectadas. Tales dificultades afectan esencialmente a la posesión de la tierra, el acceso al agua, a la energía y a la biodiversidad en su conjunto.

3. La desigual e insuficiente satisfacción de servicios básicos en el terreno educativo y de salud, junto con otras vulneraciones de derechos sociales y culturales fundamentales explican igualmente la preocupante situación de los derechos humanos en la región.

4. La existencia de necesidades básicas insatisfechas, junto con la falta de confianza en los cauces institucionales de participación, genera procesos de organización social. La reivindicación colectiva organizada, en efecto, es vista como única vía de realización, siempre parcial, coyuntural y competitiva, de los intereses y necesidades más esenciales.

5. En algunos casos la movilización colectiva supera la dimensión reivindicativa para apostar por respuestas de autotutela de los derechos. La construcción de las autonomías indígenas de las comunidades zapatistas es sin duda el ejemplo más avanzado pues genera espacios propios de participación social, económica y política cuya intensidad desborda los referentes institucionales y confronta profundas dinámicas de dominación cultural todavía vigentes.

6. Frente a lo anterior, los poderes públicos han venido respondiendo con políticas de desarrollo social que no han respetado esta realidad, ni han incorporado seriamente la participación de las comunidades en el diseño de las mismas. Por tanto, su implementación viene creando división y conflictos en muchas comunidades.

7. La política de control y represión de esta movilización colectiva también ha diseñado contextos de vulneración de derechos humanos. Tal y como ya se constató en informes anteriores, la presencia militar en la zona constituye también un elemento que favorece el conflicto. La continuidad de tal presencia militar resulta desproporcionada y por tanto es injustificada.

8. La primera visita tuvo como objeto la reacción de la sociedad civil internacional frente a la masacre de Acteal. En la actualidad –diez años después- podemos afirmar que la impunidad continúa. La creación, por parte del nuevo gobierno, de la Fiscalía especializada para el caso de Acteal no ha logrado ningún avance significativo al respecto. La detención de sujetos ya condenados por estos hechos, la revisión de las sanciones administrativas ya impuestas o la firma de acuerdos con la comunidad sin reconocimiento de la verdad sobre los hechos son simplemente actos políticos de carácter simbólico, inútiles para el alcance de la justicia.

9. La CCIODH advierte que en la actualidad continúan apareciendo numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. Este hecho no favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto para la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no se ha avanzado realmente en este aspecto. Especialmente inquietante resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos consistente en la consideración denuncias falsas, el uso del maltrato físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorios y el valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial. Este modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia, en el que participan además particulares en connivencia con las autoridades.

10. Desde nuestros primeros informes hemos venido destacando la presencia de grupos paramilitares así como recomendando su disolución y desarme. Lamentablemente, seguimos detectando tanto la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de la seguridad pública. En algunas áreas geográficas su actividad incluso ha aumentado.

11. La CCIODH ha detectado numerosas irregularidades en el funcionamiento de la justicia que la hacen partícipe del mencionado modelo de reacción frente a las organizaciones sociales y en especial contra personas y comunidades indígenas, respecto de las cuales la indefensión continúa siendo regla general.

RECOMENDACIONES

1. La extensión y democratización del acceso a los recursos y servicios básicos constituye el punto de partida de cualquier avance en la vigencia de los derechos humanos en Chiapas. Por ello, deberían abandonarse aquellas políticas de carácter neoliberal que conducen a un acceso restringido y privatizado a los recursos básicos y que además se han demostrado insostenibles ecológica y socialmente.

2. Los poderes públicos deben respetar y promover los procesos de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, dada su demostrada capacidad de satisfacción de necesidades básicas.

3. Cualquier programa gubernamental de desarrollo económico y social deber ser consensuado con los sectores sociales verdaderamente representativos. Cuando éstos afecten a los intereses de los pueblos indígenas necesariamente se deberá obtener de los mismos su consentimiento previo, libre e informado, tal y como exige la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

4. Constituye una necesidad inaplazable emprender la desmilitarización de la zona. La presencia militar debe ser estrictamente limitada al desarrollo de las funciones constitucionalmente señaladas, evitando a toda costa su incidencia en la vida de las comunidades.

5. Debe procederse definitivamente al desarme y disolución de todos los grupos paramilitares aún presentes en el Estado, a la persecución jurídica de sus miembros y máximos responsables y a la depuración de responsabilidades políticas que se pudieran derivar.

6. Los poderes públicos deben implicarse de inmediato y de manera contundente en la lucha contra la impunidad. Más allá de reformas normativas pendientes, es imprescindible la determinación política para acabar con este fenómeno.

7. Debe abandonarse toda práctica de utilización del sistema punitivo para criminalizar y reprimir los movimientos y las organizaciones sociales. En este sentido, es necesario introducir reformas tendentes a eliminar las situaciones de indefensión, abuso de poder, vulneración del principio de presunción de inocencia, construcción de denuncias falsas, y la creación de delitos que por su amplitud puedan ser utilizados en esta dinámica represiva.

8. Es urgente abordar una reforma estructural del sistema de impartición de justicia que asegure su verdadera accesibilidad, su imparcialidad y la vigencia de todas las garantías básicas. Debe asegurarse una defensa de oficio de calidad, la presencia de traductores de confianza que garanticen los derechos lingüísticos de las personas indígenas y permitir que las víctimas de sucesos delictivos puedan actuar como parte en los procesos judiciales, abandonando el monopolio del ministerio público y con ello evitar sospechas sobre su parcialidad.

9. Por último, la realización de la justicia se constituye como el elemento imprescindible e inaplazable para construir la memoria histórica del conflicto.

Sólo sobre el reconocimiento de la verdad es posible construir las bases para la reparación a los afectados y la solución de los problemas psicosociales derivados del mismo.

San Cristóbal de las Casas, a 9 de febrero de 2008
Atentamente:
Comisión de Prensa de la CCIODH

http://www.blogger.com/www.enlacezapatista.org.mx
http://www.blogger.com/www.chiapas.indymedia.org






¡YA BASTA! a la militarizacion en Chiapas

¡YA BASTA! al despojo y la explotación de los de abajo

¡YA BASTA! a la persecusión, represión y asesinato de tod@ los luchadores sociales


"No nos dejen solos.
Con ustedes todos somos.
Sin ustedes , somos otra vez ese rincon sucio y olvidado de la patria"






martes, 5 de febrero de 2008

Acción Urgente: Desaparición de Adriana Sarmiento Enríquez en Ciudad Juárez, Chihuahua: Amnistía Internacional

* foto: Vil Coyote (copyleft)


El 18 de enero, Adriana Sarmiento Enríquez, de 15 años, desapareció en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Se teme que haya sido secuestrada. Su vida corre peligro, ya que centenares de mujeres y niñas han sido asesinadas en Ciudad Juárez en los últimos 15 años. En algunas ocasiones, las autoridades no han respondido con la debida rapidez a las denuncias de desaparición de mujeres y niñas.
Adriana Sarmiento Enríquez fue vista por última vez por sus amigas la tarde del 18 de enero, cuando se dirigía a tomar un autobús para regresar a su casa a la salida de la escuela, cerca del centro de Ciudad Juárez. Su familia denunció su desaparición a las autoridades. Organizaciones de mujeres, amigos y familiares han repartido folletos en los que piden a los testigos que puedan haberla visto que se presenten. El 27 de enero, sus compañeros de escuela llevaron a cabo una manifestación para pedir a las autoridades más acciones para encontrar a Adriana Sarmiento Enríquez. Otras dos muchachas que asistían a la misma escuela fueron secuestradas y asesinadas en 2003 y 2004.
Según las organizaciones locales de derechos humanos, al menos cuatro niñas y mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez en 2008. El 2 de enero, Johana Radilla Sánchez, de 20 años, fue agredida sexualmente y asesinada en casa de un familiar. El 18 de enero, María Guadalupe Esparza Zavala murió de una puñalada en el corazón, según los informes a manos de su compañero. El 20 de enero, Mirna Yeremía Muñoz Ledo Marín, de 10 años, fue hallada muerta en su casa: había sido agredida sexualmente y asesinada a puñaladas. El 21 de enero, Ericka Sonora Trejo, de 38 años y embarazada de ocho meses, fue hallada muerta a golpes en el cuarto de baño de su casa. La policía dijo que creía que el responsable era su suegro.
El 29 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe en el que evaluaba las medidas tomadas por las autoridades municipales, estatales y federales para poner fin a las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. El informe concluía que ninguno de los tres niveles de gobierno había tomado medidas suficientes para terminar con la constante violencia contra las mujeres.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Al menos 430 mujeres y niñas han sido asesinadas en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua desde 1993, y más de 40 permanecen desaparecidas. Muchos de estos asesinatos tuvieron lugar en diferentes contextos y por diferentes motivos, pero al menos una tercera parte estuvieron relacionados con la violencia sexual, y muchos fueron también resultado de la violencia doméstica. En 2003, la intensa presión nacional e internacional llevó al gobierno federal y los gobiernos estatales a centrar sus esfuerzos en mejorar, con un éxito limitado, la prevención y el castigo de estos delitos. Pese a ello, menos de la mitad de los asesinatos han concluido con el procesamiento y la condena de su autor, y un tercio de los casos siguen bajo investigación. Además, a pesar de que un fiscal federal recomendó que se investigara a más de 170 funcionarios estatales y municipales por actos de negligencia y omisión en el manejo de los casos, ninguno de ellos ha comparecido ante la justicia. Las familias y las organizaciones de mujeres siguen haciendo campaña en pro de la justicia.
Encontrarán más información en el informe de AI: México: Muertes Intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, AMR 41/026/2003, http://www.amnesty.org/es/report/info/AMR41/026/2003.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:- expresando preocupación por la seguridad de Adriana Sarmiento Enríquez, vista por última vez en Ciudad Juárez el 18 de enero;- pidiendo a las autoridades que garanticen que se emprende una operación policial rápida y efectiva para investigar su desaparición y determinar su paradero;- instando a que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, efectivas e imparciales, con toda la colaboración de las instituciones municipales, estatales y federales, sobre todos los casos de mujeres asesinadas o desaparecidas en el estado de Chihuahua;- pidiendo a las autoridades que tomen medidas efectivas para prevenir, investigar y castigar la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua y para hacer rendir cuentas a todos los funcionarios implicados en actos de negligencia u omisión en las investigaciones anteriores sobre delitos violentos contra mujeres.

LLAMAMIENTOS A:Lic. José Reyes Baeza TerrazasGobernador del Estado de ChihuahuaPalacio de Gobierno, piso 1, C. Aldama #901, Col. CentroChihuahua, Estado de Chihuahua, C.P. 31000, MÉXICOFax: +52 614 4293300 ext. 11066Correo-e.: oacosta@chihuahua.gob.mx (Secretaría del gobernador)Tratamiento: Señor GobernadorPatricia González RodríguezProcuradora del Estado de Chihuahua, Procuraduría General de Justicia del EstadoVicente Guerrero 616, Col. Centro, Chihuahua 31000, Estado de Chihuahua, MÉXICOFax: +52 614 415 0314Correo-e.: pagonzale@buzon.chihuahua.mxTratamiento: Señora Procuradora GeneralLic. Juan Camilo Mouriño TerrazoSecretaría de GobernaciónBucareli 99, 1er. piso,Col. Juárez, Del. CuauhtémocMéxico D.F., C.P.06600MÉXICOFax: (+52 55) 5093 3414Correo-e.: secretario@segob.gob.mxTratamiento: Señor SecretarioCOPIA A:Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos HumanosPeriférico Sur 3469, 5º piso, Col. San Jerónimo Lídice, México D.F. 10200, MÉXICOOrganización de derechos humanosNuestras Hijas de Regreso a CasaCorreo-e.: nuestrashijas@gmail.comy a la representación diplomática de México acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 13 de marzo de 2008.

domingo, 3 de febrero de 2008

Liberan a siete activistas de Atenco



Quedaron exculpados de los cargos de secuestro y ataque a las vías de comunicación

Liberan a siete activistas de Atenco

Otros 15 miembros del FPDT continúan prisioneros, entre ellos Ignacio del Valle

Texcoco, Méx., 25 de enero. La noche de este viernes, siete activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco salieron libres del penal estatal Molino de Flores, luego de que un tribunal federal los exculpó de los delitos de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación.

Los simpatizantes del movimiento opositor a la construcción de un aeropuerto en los terrenos del ex lago de Texcoco se encontraban en prisión desde hace un año ocho meses, tras los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006.

Hoy, el cuarto tribunal colegiado de segundo circuito con sede en Toluca notificó sobre la resolución 269/07, en la cual ratificó la sentencia del juicio de amparo 757/07, que fue favorable a nueve procesados.

Desde que se conoció la noticia de la inminente liberación, centenares de estudiantes de la Escuela de Antropología, familiares y amigos de los presos, así como simpatizantes del movimiento atenquense se congregaron en el plantón que permanece a un costado del penal desde que los presos fueron trasladados a la cárcel de Texcoco.

Con música, cohetes y consignas esperaron a que se abrieran las rejas de la prisión para dar paso a los liberados.

Juan de Dios Hernández Monge, abogado del FPDT, explicó que hace unas semanas el juez Mauricio Torres Martínez, titular del juzgado federal noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl, exculpó a los acusados y ordenó su inmediata liberación.

Sin embargo, el Ministerio Público Federal, que imputó los cargos de secuestro equiparado a siete de éstos y ataques a las vías de comunicación en dos casos más, en respuesta interpuso un recurso de revisión, el cual se resolvió este viernes 25. “(Son) siete atenquenses acusados de secuestro que salen en libertad este día. El tribunal colegiado en materia penal ratificó la sentencia de amparo concedida en el expediente 757/07, otorgada por el juez federal noveno de distrito del estado de México”, dijo Hernández Monge.

Quienes obtuvieron su libertad son el doctor Guillermo Selvas Pineda y su hija Mariana Selvas Gómez; David Medina Neri, Vicente García Munguía, Martín Garrido Romero, Cecilio Ramírez Espinosa y Jorge Armando Ramírez Aguilar.

El abogado destacó que fue hasta este viernes cuando el cuarto tribunal colegiado del segundo circuito con sede en Toluca confirmó el amparo a los nueve miembros y simpatizantes del FPDT.

De los nueve a quienes se les ratificó el amparo, dos (María Luisa López Morán y Norma Haydee Jiménez Osorio) ya enfrentaban su proceso en libertad, pues únicamente estaban acusadas de ataques a las vías de comunicación, el cual no es un delito grave.

A uno más, Oscar Hernández Pacheco, la justicia federal le negó la libertad por el delito de secuestro, considerado grave, por lo que seguirá en prisión junto con otros 15 miembros del FPDT, entre estos Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, recluidos en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

Luego de que el tribunal notificó al juzgado noveno de distrito y éste, a su vez, al juzgado primero de lo penal con sede en el penal estatal de Texcoco, la noche de este viernes finalmente obtuvieron su libertad estos simpatizantes del FPDT, quienes fueron recibidos por abogados, familiares y campesinos.

Este resolutivo, favorable al FPDT, ocurrió 48 horas después de que el mismo juez federal Mauricio Torres Martínez dictó sentencia de amparo en favor de otros 53 integrantes del FPDT, a quienes exculpó de ataques a las vías de comunicación.

http://www.jornada.unam.mx/2008/01/26/index.php?section=politica&article=008n1pol

mas info:http://mujeressinmiedo.blogspot.com/



viernes, 1 de febrero de 2008

Si uno " cae " diez se levantarán, ¡ Marri chi weu !



PATRICIA TRONCOSO LEVANTA LA HUELGA DE HAMBRE

COMUNICADO PUBLICO

A mi querido pueblo Mapuche y a todos quienes han puesto en estas movilizaciones su solidaridad, su generosidad, su compromiso por las reivindicaciones de nuestro pueblo:

1.- Deseo expresar mi gran agradecimiento a ustedes hermanas y hermanos que apoyaron durante toda la huelga. Ustedes al igual que yo hemos puesto el hombro a la represión, vencimos el cerco comunicacional, vencimos el orgullo y la arrogancia de un gobierno y nos llenamos de generosidad para dejar de lado los interese personales y mezquinos por otro intereses mas solidarios que aseguren justicia y libertad para todo el pueblo mapuche y chileno, ambos empobrecidos, explotados por un modelo económico depredador e inhumano.

2.- Deseo decir que hoy si tenemos un documento que indica la forma y otorgamiento de los beneficios, pero que es mas que un documento, ya que tiene como garantía a la iglesia a través de Monseñor Alejandro Goic como ente fiscalizador del cumplimiento de este acuerdo. La iglesia ha dado su palabra para el cumplimiento de lo acordado y creemos en ella:

- CET y salida dominical para Juan Millalen.

- CET y fin de semana para Jaime Marileo.

- CET y fin de semana para Patricia Troncoso y recuperación en Temuco. Beneficio que parten desde el inicio de marzo 2008. Este documento esta en custodia de la iglesia.

Dejamos en claro, principalmente a la derecha, que el otorgamiento de estos beneficios es nada mas y nada menos que el reconocimiento que tiene todo interno condenado, porque como es sabido, contamos con los requisitos para ello no es benevolencia sino un acto de justicia.

3.- Quisiera dejar en claro que las huelgas de hambre que se han llevado a cabo no tienen otro propósito que denunciar la injusticia a la cual nos han sometido por reclamar; el derecho del pueblo a tener tierra y autonomía, a denunciar los juicios que no respetaron un debido proceso, a denunciar las aplicaciones de leyes altamente represivas como la ley antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado usadas por Pinochet para reprimir, que siempre serán licitas si ellos obedecen a denunciar injusticias.

4.- Que entendemos, que el conflicto político-histórico con nuestro pueblo obedece principalmente al reconocimiento de su territorio, autonomía y al ejercicio de estas conquistas. Que los convenios internacionales, los reconocimientos constitucionales o papeles que puedan avalarlo no tienen mayor importancia, sino somos nosotros mismos quienes los ejercitamos, hacemos respetar y perseverar en el tiempo para el futuro nuestras generaciones.

Es por esto que hoy no creemos en estos "supuestos esfuerzos" que hace el gobierno en esta línea, porque todas las voluntades políticas siempre han estado al servicio de la expansión de las forestales, hidroeléctricas, aeropuertos, celulosas, proyectos mineros, depredación y explotación de la naturaleza, sin pensar si estos ponen en riesgo nuestras pocas tierras y lo que nos queda de nuestros recursos naturales.

Pensamos que estos esfuerzos tienen una finalidad, de limpiar la mala imagen del gobierno en el extranjero y de volver a entrampar el tema mayor, que es territorio y autonomía, mientras se nos niega reprimiendo y hablando de aplicaciones de ley antiterrorista. Por esto creemos que el Estado una vez mas miente a conveniencia y lo escribe con la mano luego lo borra con el codo, que los gestos reales para avanzar en nuestro proceso de reconstrucción política deben estar mediados y orientados a buscar alianzas políticas y estratégicas afines para la reconstrucción de un movimiento sano fuerte y consecuente con la historia y con los desafíos en lo que vive hoy nuestro pueblo.

Si nos preguntamos que hemos ganado con estas movilizaciones podríamos decir:

a) Primero, haber instalado el tema en términos nacionales e internacionales acerca de la gravedad de la violencia y militarización de la zona en conflicto donde las comunidades hoy resisten.

b) Creemos que en Chile no existen condiciones para tratar el tema de Ley Antiterrorista y criminalizacion de las demandas del pueblo Mapuche. Es por esta razón que nos reservamos a la mediación que se haga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se llegue a un acuerdo mayor abordando la Ley Antiterrorista, juicios justos, debidos procesos y presunción de inocencia y fin a los testigos sin rostro o protegidos.

c) El reconocimiento de los beneficios intrapenitenciarios como a cualquier interno encarcelado.

d) El lograr hacer entender al gobierno que el tema mapuche debe ser abordado con seriedad, sin soluciones de parche o proyectos, sino con los temas de fondo que obedecen a territorio y autonomía, represión y militarización de las comunidades y grupos de apoyo en ciudades.

Y quizás de lo que hemos ganado sin llegar a dimensionarlo aun, es el "REENCUENTRO DE TODO NUESTRO PUEBLO MAPUCHE". Hemos logrado encontrarnos los dos lados de la cordillera, los puelches y los Wallmapu, ahora somos una sola propuesta política y es la que ha sido heredada de nuestros antepasados "TIERRA Y AUTONOMIA".

También nos hemos ganado nosotros mismos, la confianza y el trabajo para triunfar porque las banderas que hemos usado en esta lucha son justas y generosas. Lo que ha puesto cada uno del mas pequeño al mas grande, del mas humilde al mas letrado puede significar en un futuro cercano cambios reales en materia del respeto a los Derechos Humanos, cambios del sistema económico depredador e inhumano, protección y resguardo de los recursos naturales "de los pocos que nos quedan", legalidad que permita fiscalizar elevar las exigencias del impacto ambiental y tecnologías limpias para las futuras inversiones en este país. Frenar el avance de la forestación con bosques exóticos, frenar la depredación al bosque autóctono y flora endémica, a fin de proteger todas aquellas inversiones que pongan en peligro el equilibrio y biodiversidad de nuestros territorios junto al ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos de nuestro pueblo.

¿Cuales son nuestras principales tareas después de esta huelga?

- Consensuar una línea política que permita abordar de manera responsable, sin protagonismo y pequeñeces el tema de fondo de nuestro pueblo: territorio y autonomía y el derecho a disfrutarlo de forma integral.

- Buscar contener a través del trabajo con las redes de apoyo de Chile y el extranjero la gran represión a la que son expuestos permanentes niños, jóvenes, mujeres y ancianos.

- Volver a denunciar a niveles internacionales la situación de DDHH que afectan a nuestro pueblo.

- Trabajar y documentar el tema de la ley antiterrorista y ley de seguridad interior del estado como armas eficaces de represión, junto a la criminalizacion de la causa con juicios injustos, testigos protegidos o sin rostro, debido proceso, etc.

Finalmente, decir que hoy 30 de enero del año 2008, pongo fin a mi huelga de hambre que se prolongo durante 112 días, obedeciendo y creyendo en el rol de la iglesia, a quien pedimos su mediación debido a la defensa de los Derechos Humanos y del pueblo pobre y explotado por un modelo económico que ha condenado a la humanidad a perder lo humano, generoso y por sobre todo su relación con Dios y la naturaleza.

Solo me queda agradecer a monseñor Alejandro Goic, quien ha dado grandes muestras de consecuencia, responsabilidad y por sobre todo comprensión de lo difícil de nuestro tema. Por ultimo aclarar que el problema político histórico del pueblo mapuche es un problema a seguir solucionando y que no depende de una huelga de hambre, sino mas bien, de hombres y mujeres decididos ha hacerlo. "AHORA A TRABAJAR"

Mientras haya coligües, coligües nacerán.

Si uno cae " diez se levantaran, ¡ Marri chi weu !

Chaltumay pu lamgen Newen tuaìñ – wewaiñ

PATRICIA TRONCOS ROBLES
PRESA POLITICA MAPUCHE
Chillan, enero 30 del 2008



martes, 22 de enero de 2008

Resistencia Mapuche, desalambrando esperanza




"Me duele ver a mi tierra rodeada de carabineros (policía uniformada) ¿Por qué tengo que estar vigilado, controlado, preso en mi propio territorio?", se pregunta entre triste y encolerizado el "werkén" (portavoz) de la comunidad, Jorge Huenchullán, imputado de varios delitos al igual que otros comuneros de Temucuicui.



Compuesta por 120 familias, Temucuicui (puente hecho de temu, un árbol) se ubica en una zona rural de la comuna de Ercilla, en la Araucanía. El werkén de Temucuicui afirma que cuando Chile consiguió la democracia en 1990, la comunidad echó a andar una "estrategia de recuperación de tierras ancestrales" perdidas a fines del siglo XIX, durante el proceso usurpatorio del Estado conocido como "Pacificación de la Araucanía". Hasta 2002, las 120 familias de la comunidad vivían en apenas 250 hectáreas. Tras numerosos enfrentamientos con la empresa Forestal Mininco, dueña del fundo que ellas reclamaban, la gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) les restituyó el predio a través de su Fondo de Tierras. Según la Conadi, Temucuicui recibió 1.937 hectáreas valorizadas en tres millones de dólares actuales. Desde 1990, el gobierno ha restablecido cerca de 500.000 hectáreas a comunidades mapuches. Y hoy existen 500 comunidades en proceso de compra. Pero Temucuicui reivindica otras 800 hectáreas, en manos privadas.

Quieren recuperar todo lo que les pertenecía y no cejarán hasta lograrlo, advierte su werkén. Esta actitud le ha valido a la comunidad ser sindicada por la prensa como la más "radicalizada" del pueblo mapuche. Los indígenas no han presentado nuevas solicitudes a la Conadi porque están cansados de las trabas burocráticas, dice Jorge, quien niega tajantemente que su comunidad tenga vínculos con grupos subversivos de izquierda, como han especulado en los últimos meses medios de prensa.






Criminales en su propia tierra

Desde inicios de los 90, parte del pueblo mapuche comenzó protestas en demanda de mayores derechos territoriales, políticos y culturales, disconforme con la política "asistencialista" de la coalición de centroizquierda que gobierna hasta hoy. También cuestionaban que el Estado incentivara las inversiones forestales y las obras de infraestructura en su territorio ancestral, que comprende las sureñas regiones del Bío-Bío, la Araucanía y Los Lagos. Esto potenció los conflictos por la posesión de los recursos naturales, vitales en la cosmovisión indígena. La respuesta estatal fue invocar severas leyes como la de Seguridad Interior del Estado y la antiterrorista, impuesta durante la dictadura (1973-1990).

Según estimaciones de la agrupación mapuche Meli Wixan Mapu de Santiago, 500 miembros de este pueblo han sido procesados desde 1990 por delitos vinculados a reivindicaciones territoriales. Según el investigador Eduardo Mella, autor del libro "Los mapuches ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile", publicado en 2007, "el Estado ha reducido el conflicto a un plano meramente judicial", penalizando a los nativos para desmovilizarlos.

Entre 2003 y 2007, cuatro organismos internacionales han recomendado a Chile revisar la política penal aplicada a los pueblos indígenas, entre ellos el relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Ana Lucía Cayul, de 51 años, asegura que durante un allanamiento policial fue amarrada a un poste fuera de su casa mientras los uniformados registraban su vivienda. "Fue como una hora, me desmayé y me tiraron agua, me mojaron entera", recordó. Decenas de denuncias como ésta fueron constatadas en enero de 2007 por una misión internacional convocada por el no gubernamental Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con representantes de Amnistía Internacional, la Ayuda Popular Noruega y el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, entre otros.

Los comuneros aseguran que los uniformados, no siempre portando órdenes judiciales, ingresan violentamente a sus casas, destruyen enseres y objetos de valor cultural, maltratan a ancianos, mujeres y niños, no dudan en utilizar armas letales y profieren epítetos racistas.



Vulnerables y sin derechos

Las condiciones y duración del encarcelamiento y los testimonios de expertos revelan que su
marginación los hace más vulnerables a los abusos del sistema y a las fallas habituales del debido proceso en la región. En Chile, hay nueve etnias reconocidas por el Estado. Según estadísticas de 2006, el pueblo mapuche está conformado por 922.833 personas, que representan 87,2 por ciento de la población indígena del país. De acuerdo con un estudio de Gendarmería (guardia de prisiones), en 2005 había 1.207 indígenas encarcelados en cinco regiones: 82,9 por ciento eran mapuches. Los principales delitos cometidos por los indígenas fueron contra la propiedad (50,2 por ciento) y contra las personas (15,9 por ciento), además de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas (15,2 por ciento).


Aunque los mapuches presos están vinculados mayoritariamente a delitos contra la propiedad, las estadísticas no especifican cuáles fueron cometidos en el marco del conflicto ancestral que mantiene ese pueblo originario con el Estado, por sus demandas de mayores derechos territoriales, políticos y culturales.
Según estimaciones de la agrupación mapuche de Santiago Meli Wixan Mapu, al comenzar 2008 hay 15 "presos políticos mapuches" en las cárceles del sur del país, la mayoría de ellos juzgados por la severísima ley antiterrorista impuesta durante la dictadura (1973-1990) y modificada en democracia. Desde 1990 a la fecha cerca de 500 mapuches habrían sido procesados por su participación en actos de protesta social. Hoy estarían encausados cerca de 150. Algunos delitos imputados son usurpación de tierras, atentados incendiarios a predios agrícolas y forestales, amenazas y daños a dueños de latifundios, robo de animales y madera y desórdenes públicos.

Hay comuneros que prefieren permanecer en la clandestinidad por considerar que no existen garantías en los procesos judiciales. Las comunidades en conflicto también denuncian graves atropellos policiales en allanamientos en busca de pruebas y prófugos. En 2006, el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas documentó 18 casos de violencia policial y en 2007 otros 26.

Este año se inauguró con el asesinato del joven universitario Matías Catrileo, baleado por la policía mientras participaba junto a un grupo de comuneros en la toma de un predio privado. Se trata del episodio más grave ocurrido en la zona desde el asesinato en 2003 del joven comunero mapuche Alex Lemún, quien recibió un impacto de bala en la cabeza en un enfrentamiento con carabineros (policía militarizada). El caso, investigado por la justicia militar, fue sobreseído sin condenas.

Por otra parte, Patricia Troncoso, una activista de la causa mapuche, lleva mas de tres meses de huelga de hambre, dispuesta a morir por conseguir la libertad de todos los autodenominados presos políticos mapuches y por la desmilitarización de las comunidades que reivindican tierras. Los otros cuatro comuneros que ayunaban junto a ella desistieron pasados los 60 días por el delicado estado de salud en que se encontraban. Troncoso, de 37 años, cumple una condena de 10 años y un día imputada del delito de "incendio terrorista". La justicia le atribuyó responsabilidad en el incendio en diciembre de 2001 de 100 hectáreas que contenía una plantación de pinos en el predio Poluco Pidenco, de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía.

Esto ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales por considerar desproporcionadas las penas aplicadas y por estimar que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche no son actos de terrorismo. Aunque la presidenta Bachelet se comprometió a no aplicar más la ley antiterrorista para perseguir acciones de protesta social mapuche, los activistas piden revisar las condenas dictadas bajo esa legislación.
Las más importantes son la liberación inmediata de todos los "presos políticos mapuches", cifrados en cerca de 20, y la "desmilitarización y fin a la represión hacia las comunidades movilizadas por sus derechos políticos y territoriales". Además, reclaman el término de "los montajes políticos judiciales en contra de dirigentes mapuches". Esto ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar desproporcionadas las penas aplicadas y por estimar que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche no son actos de terrorismo.

A lo largo de estos meses, se han realizado manifestaciones ciudadanas en Temuco, Santiago y otras ciudades de Chile en reclamo de una solución al conflicto, el cual también ha tenido eco en Europa.



Fuente:IPS(InterPres Service-http://www.ipsnoticias.net/)

domingo, 20 de enero de 2008

"Quien golpea olvida, quien recibe recuerda"



Nuestra lamngen Patricia Troncoso está cumpliendo 103 días en huelga de hambre, su estado de salud es gravísimo, ha entrado en la tercera fase de riesgo vital, que trae consigo la muerte súbita.

COOAMS


La Chepa hoy con 30 kilos menos, torturada y hostigada por Gendarmería dependiente del Gobierno chilenoEl Estado, la Concertación de Partidos por la Democracia, y su Presidenta, doctora Michele Bachelet Jeria, han aislado a Patricia Troncoso, trasladándola a la fuerza desde el Hospital de Angol al centro hospitalario de Chillán, el cual no tiene las condiciones mínimas que garanticen la vida de nuestra lamngen. Claramente, esta actitud gubernamental deja a Patricia a merced de la muerte.

Pero no sólo esto, el Gobierno, ha buscado por medio de otros actores, quebrar la huelga de hambre de Patricia. No porque se interese en la vida de ella, sino porque sabe que la huelga de hambre de nuestra hermana tiene objetivos tan importantes como la desmilitarización del Territorio Mapuche y defender los derechos y la vida en nuestras comunidades. Así, el Partido Comunista y su jerarca Lautaro Carmona, han servido de instrumento para ello, pretendiendo dividir al movimiento Mapuche y aislar a don Roberto Troncoso, padre de nuestra hermana, de las decisiones tomadas por ella. Esto, nos lleva a decir que el Partido Comunista, NO ES un ente político válido para la hermana Patricia, ni para su familia ni para las comunidades Mapuche en conflicto.

Así mismo, el Gobierno en su escalada contra el pueblo Mapuche y sus líderes, y en su estilo inhumano ha decidido torturar a la huelguista desde su misma llegada al hospital de Chillán, instruyendo al personal de Gendarmería para que ingiera alimentos en presencia de ella, también llevando a psiquiatras y psicólogos que la interrogan constantemente, lo que representa torturas psicológicas y una clara violación a los DDHH de Patricia Troncoso Robles. Junto con ello, en el hospital de Chillán, además de Gendarmería, encargados de custodiar a nuestra lamngen, son también efectivos de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Igualmente, pese a todo estos hechos: la tortura, el cerco informativo y el aislamiento, el Gobierno de Chile, con Michelle Bachelet Jeria a la cabeza, no ha podido quebrar la convicción, valentía y compromiso de lucha de nuestra Lamngen Patricia Troncoso con la Nación Mapuche. Ella a 103 días de huelga de hambre, la más extensa en la historia de Chile, sigue en su planteamiento político.

Por todo esto, las redes de apoyo al pueblo Mapuche, de Osorno, de Concepción, de Temuco, de La Serena, de Chillán, de Rancagua y Santiago, convocamos a que desde mañana 21 de enero de 2008, se inicien a lo largo de todo Chile, ayunos y diversas acciones en solidaridad con nuestra hermana Patricia Troncoso Robles.


¡Por la libertad de las y los Presos políticos Mapuche!

¡Por el fin de la militarizacion de wallmapu!

¡Por la derogación de la Ley antiterrorista!

¡Por la vida de nuestra lamngen!

¡Contra el Femicidio de Estado!

¡Contra el Etnocidio!

Marrichiweu¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


Coordinaciónde Organizaciones Autónomas Mapuchesde SantiagoAgrupación Mapuche Kilapan, Consejo Mapuche Pikunche, Jufken Mapu, WemulfunRedes de apoyo de Osorno, Concepción, Temuco, La Serena, Chillán, Rancagua y Santiago

jueves, 3 de enero de 2008

Nuestra palabra también es urgente.. Solidaridad con el Pueblo Mapuche!!

El joven estudiante Mapuche Matías Catrileo, de la universidad de La Frontera de Temuco, murió en el día de ayer luego de ser baleado por ráfagas que habría disparado la policía militar chilena según informaron representantes de las comunidades indígenas. El hecho ocurrió en Vilcún, 18 kilómetros al nororiente de Temuco, donde familias Mapuche habían ocupado territorios que reclaman como de propiedad histórica.El cuerpo del universitario Mapuche durante toda la mañana permanecía en poder de la comunidad que impidió que la misma policía se hiciera cargo de la víctima por temor a que estos funcionarios estatales modifiquen las evidencias acusatorias. El abogado del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, José Aylwin, señaló de inmediato que la muerte de Matías Catrileo es el “resultado del silencio y complicidad del actual Gobierno con carabineros”. El asesinato de Catrileo ocurre a cuatro años de la muerte por parte de carabineros de otro estudiante mapuche, Alex Lemún, quién recibió un balazo en la cabeza proveniente de la escopeta del mayor de carabineros Marcos Treuer. Estos hechos suceden mientras existe un reclamo generalizado de organismos nacionales e internacionales, incluida las Naciones Unidas, por el trato que el Estado chileno está dando al pueblo Mapuche. La protesta social e histórica de los Mapuche se enfrenta a militarización de los territorios ancestrales, aplicación de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet, la ocupación de los territorios por parte de las grandes compañías forestales, y la negativa del estado chileno a firmar los diferentes acuerdos internacionales que la mayoría de las naciones los han firmado.

De esta forma en Chile una cincuentena de organizaciones sociales dirigen carta a Presidenta / Por su parte, también se pronuncian la Escuela de periodismo de la PUC de Valparaíso; La coordinadora Internacional de apoyo al Pueblo Mapuche con diversos referentes de DDHH; La Asociación Americana de Juristas; el Colegio de antropólogos; La Consejería indígena urbana y, el Consejo de Todas las Tierras, entre otros.

Palabra urgente al pueblo mapuche (Por Tito Tricot)

Quién sabe que pensó Matías en el momento preciso cuando aquella bala le acribilló para siempre sus sueños de tierra madre. Tal vez sintió una lluvia de buganvillas amaranto en el pecho que se confundió irremediablemente con su furia de siglos. La misma que ahora nos embarga y nos duele, como chilenos, como mapuche de viento antiguo. Y por eso te escribo hermano mapuche, por eso te lloro hermana mapuche, porque las profundidades del silencio solo albergan la complicidad de los que callan y miran hacia el lado cuando la guerra quema la piel indígena desde hace centurias. Pero también están los que mienten y, desde la arrogancia del poder, hablan de terrorismo, cuando estos peculiares “terroristas” mapuche jamás han asesinado a nadie, por el contrario, los únicos muertos son dos jóvenes mapuche: Alex Lemun y Matías Catrileo quienes cayeron acribillados en una tormenta de luciérnagas azules que atravesó el terciopelo de la noche sureña la madrugada en que la policía hizo lo que sabe hacer mejor: matar. Y mataron en dictadura y matan en democracia, quedaron impunes en dictadura y quedan impunes en democracia.
Nos hablan del conflicto mapuche y del problema mapuche, cuando el conflicto y el problema lo comenzaron los chilenos cuando ocuparon militarmente territorio mapuche a fines del siglo diecinueve. Les arrebataron tierra y territorio, bosques y ríos, pájaros y montes, pero jamás pudieron quitarle sus sueños de dignidad. Entonces, cada cierto tiempo y desde siempre, el mapuche dice basta, cansado de la expoliación chilena que se viste de colono, latifundista, de empresa forestal y, por cierto, de la abisal violencia del winka que no puede soportar que le recuerden su morenidad.
Por ello mi palabra urgente, para que sepas que no todos somos el gobierno, no todos somos el Estado, no todos somos racistas, no todos renegamos de nuestras raíces.
Por ello mi palabra urgente, para que sepas que no estás solo en tu incesante periplo para que simplemente te dejen ser. Que somos muchos los que nos dolemos de tu dolor, nos reímos con tu alegría y que nos asombramos con el canto de las bandurrias.
Por ello mi palabra urgente, para que sepas que el asesinato de Matías nos alborota la garganta, nos oprime el corazón y nos ensombrece la mirada.
Por ello mi palabra urgente, para que sepas que la huelga de hambre de los hermanos y hermanas presos nos enfurece el alma ante el fuego de su sacrificio.
Por ello mi palabra urgente, para que sepas que tu lucha por la autodeterminación es también nuestra lucha
Por ello mi palabra urgente, para que sepas que tu urgencia es nuestra urgencia.
Por ello mi palabra urgente, para que sepas que la furia contra la policía asesina es nuestra furia.
Por ello mi palabra urgente, para que sepas que la furia contra el gobierno racista es nuestra furia.
Por ello mi palabra urgente, para que sepas que nadie puede matar impunemente, que el gobierno debe responder por sus actos y debe cesar de utilizar la represión contra un pueblo que solo brega por sus derechos.
Por ello mi palabra urgente al pueblo mapuche, para que sepas que tiene la urgencia de la vergüenza, del dolor, de la ira, pero también de la esperanza, pues tengo la certeza que algún día la cordillera se estremecerá de fuego cuando los chilenos, por fin, reconozcan su india morenidad.
Tito Tricot, Sociólogo
Director del Centro de Estudios Interculturales ILWEN
Chile
Enero 2008

Desde el colectivo contraimpunidad manifestamos nuestro repudio a los violentos tiempos que sufren los Mapuches en la defensa de sus tierras…legitimo derecho de todo pueblo originario a defender lo que le pertenece.
Nuestra palabra también es urgente..
Solidaridad con el Pueblo Mapuche!!

lunes, 10 de diciembre de 2007

¡NO TODOS SOMOS IGUALES, NO TODOS SOMOS LIBRES!

1O DE DICIEMBRE: 58 ANIVERSARIO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Intervencion de contraimpunidad y Las Decidoras mostrando solo algunas situaciones que vive nuestra America.

ARGENTINA

JORGE JULIO LÓPEZ – Sobreviviente de la dictadura argentina, (Ex detenido-desaparecido, 1976). Fue testigo clave y querellante en el juicio por genocidio en contra del ex jefe de policía Miguel Etchecolatz, quien fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes. Jorge se encuentra desaparecido desde la madrugada del 18 de setiembre de 2006. En la mañana de ese mismo día debía presentarse en el edificio de la Municipalidad de La Plata para presenciar los alegatos de la defensa del genocida Etchecolatz. Al no presentarse, su ausencia se constató desde muy tempranas horas.

BRASIL

EN BRASIL se recibieron informes de homicidios a la manera de los «escuadrones de la muerte» en los estados de Bahía, Pernambuco y Sergipe, en el nordeste del país. En el estado de Sergipe nombraron secretario de Seguridad Pública y jefe de la Policía Militar a dos hombres a los que con anterioridad se había acusado de estar vinculados en la década de los noventa con el «escuadrón de la muerte» conocido por el nombre de «La Misión». Miembros de la comisión estatal de derechos humanos expresaron preocupación por el retorno del «escuadrón de la muerte» tras recibirse informes sobre varios homicidios y desapariciones forzadas. En un incidente que tuvo lugar en abril, del que fueron testigos más de 50 personas, miembros de la unidad de élite de la policía militar prendieron a tres adolescentes de la comunidad de Mosqueiro. Uno de los chicos fue presuntamente torturado hasta que se desmayó; más tarde recobró el conocimiento en un bosque. Según los informes, los otros dos desaparecieron y al terminar el año no se había hallado rastro alguno de ellos. (fuente: Informe Anual 2007 de Amnistía Internacional).

CHILE
Cuatro comuneros mapuches, entre ellos una mujer, condenados a diez años por el delito de "incendio terrorista" mas un profesional universitario que se encuentra imputado por delitos considerados "comunes", cumplen sesenta días de Huelga de Hambre, solicitando los primeros les sean reconocidos sus derechos ciudadanos, teniendo en cuenta que sus casos se encuentran en medio de una incongruencia jurídica, toda vez que otras personas acusadas del mismo delito fueron dejadas en libertad. El sentirse víctima de una maquinación judicial, redobla en ellos la voluntad de llevar adelante su movilización, exigiendo que el estado respete y garantice sus derechos como personas humanas. Resulta curiosa la celeridad y severidad de los castigos , para con los delitos que atentan contra la sacrosanta propiedad de los poderosos y la mano inexplicablemente blanda que se emplea en contra de los criminales en nuestro país. Por un delito de incendio de 80 hectáreas de bosques de pino,(debidamente asegurados), se condena a estas personas a 10 años y un día, al mismo tiempo que un ex general, que sembró el terror y el horror en todo el territorio nacional, que además es responsable de múltiples asesinatos, recibe benévolas y casi simbólicas condenas. Frente a esos atropellos, la poderosa empresa y su muy eficiente equipo jurídico, no dice una palabra. Dirán que no son cosas de su incumbencia. Claro, vale más un incendio en tierras usurpadas a los comuneros mapuches, que la vida de cientos de compatriotas. La huelga de hambre, como último recurso, está llamada a golpear las conciencias de quienes tienen el poder de decisión en nuestro país. Ojalá este enorme sacrificio, no sea en vano y que estos hermanos nuestros, que no han matado a nadie y que han sido injusta y vilmente acusados, puedan recobrar la libertad y vuelvan a caminar en sus paisajes pobres, pero dignos, donde se esfuerzan por sobrevivir, miles de los descendientes de, los Caupolicanes, Galvarinos y Lautaros, de quienes tanto nos enorgullecemos en los libros de historia. ( Texto publicado en Diario El Gong de la Araucania )

LOS PRESOS MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE HACE 60 DIAS SON:

JOSÉ HUENCHUNAO, JAIME MARILEO, HECTOR LLAITUL, JOSÉ MALLALEN, PATRICIA TRONCOSO .- Activista

"No permitiremos que nos arrebaten el beso de la luna, el calor radiante del sol, la húmeda caricia del mar, el aroma del canelo, el rojo del copihue y la sombra del Pewuen; alimento de nuestra esperanza."

COLOMBIA

LA COLOMBIA DE ÁLVARO URIBE

Denuncias del Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario, en un balance de la primera presidencia de Álvaro Uribe.

Por fuera de combate
En un informe del Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario se señala que "durante el período comprendido entre julio de 2002 y junio de 2006, por lo menos 11.084 personas fueron asesinadas o desaparecidas por fuera de combate, a consecuencia de la violencia sociopolítica". Según el informe, en los casos en que se conoce el presunto autor de los hechos, la responsabilidad del 74,5 por ciento de las muertes y desapariciones es del Estado, ya sea por acción directa de agentes estatales (752 víctimas) o por tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por los grupos paramilitares (3.887 víctimas). En otro aparte del documento, el Observatorio destacó que "las detenciones arbitrarias se han convertido en una práctica generalizada, masiva y sistemática". Al respecto precisó que "durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2006, por lo menos 6.912 personas fueron detenidas arbitrariamente". "En relación con las cifras correspondientes a los seis años precedentes, durante la administración de Uribe las detenciones arbitrarias se incrementaron en un 240,9% por ciento", indicó. Finalmente el Observatorio destacó que las detenciones arbitrarias afectan especialmente "a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y a las personas que ejercen legalmente la oposición política". Y denunció que "en algunos casos, existen serios indicios sobre los vínculos que habría entre la detención arbitraria de una persona y su posterior asesinato o desaparición".

MEXICO


ATENCO-FLORES MARCHITAS

El día 3 de mayo de 2006 en el Municipio de Texcoco, Estado de México, elementos de la fuerza pública del Gobierno reprimieron y privaron de su libertad a un grupo de floricultores que previamente habían acordado con la autoridad municipal la autorización para que se instalaran a las afueras del mercado municipal a comercializar sus productos. En apoyo de los floricultores, habían acudido diversos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra los cuales también fueron atacados y encarcelados. Con el propósito de lograr la liberación de los detenidos en la intervención emprendida por la Policía Estatal, los habitantes del Municipio de San Salvador Atenco iniciaron diversas acciones de apoyo.En las primeras horas del día 4 de mayo de 2006, una fuerza integrada por elementospertenecientes a la Policía Estatal, Federal Preventiva, Militar, Judicial del Estado y Municipal de Texcoco, inició un operativo en contra de los habitantes de Atenco y pueblos vecinos, realizando detenciones masivas, allanamientos de viviendas, infringiendo a los detenidos tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Cientos de personas fueron detenidas sin respetar sus minimas garantias.
Dos jovenes , JAVIER CORTÉS SANTIAGO(14 años) y ALEXIS BENHUMEA HERNÁNDEZ(19 años) fueron asesinados.
Las mujeres se convirtieron en el botín de guerra del operativo. Muchas de ellas violadas y torturadas sicológicamente.
Ninguna de las recomendaciones de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales fueron atendidas ni por el Gobierno de Vicente Fox ni por el de su sucesor Felipe Calderón.

Los responsables continúan impunes.

OAXACA EN LLAMAS

El estado de Oaxaca, en mayo del 2006, estalló en un conflicto magisterial en demanda de mejoras en el sistema educativo encabezada por La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación El 14 de junio el Gobernador Ulises Ruiz(Partido Revolucionario Institucional) intentó de manera violenta desalojar el Plantón Magisterial. A partir de ese momento se desató una intensa represión comenzando una escalada de violencia interminable
3000 efectivos de la Policía Ministerial, Municipal y Preventiva, invadieron la ciudad con helicópteros, gases y armas en un enfrentamiento que terminó con decenas de heridos.
Éste derivó en un amplio movimiento de resistencia, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) exigiendo la renuncia del Gobernador Ulises Ruiz y la construcción de un gobierno democrático con justicia social.
El conflicto se fue agudizando progresivamente.
El 27 y 28 de octubre hubo ataques simultáneos. La Policía y civiles armados no identificados atacaron a las barricadas de la Asamblea Popular en acciones donde fueron asesinados el documentalista de Indymedia Bradley Roland Will, el profesor Emilio Alonso Fabián y Esteban Ruiz .Además varias personas resultaron heridas .
El 29 de octubre el presidente Vicente Fox autorizó la intervención de la Policía Federal Preventiva(PFP). Más de 4.500 efectivos entraron en Oaxaca sitiando la ciudad.
Durante el mes de noviembre se desato una de las mayores ofensivas contra el movimiento social que provocó graves violaciones a los Derechos Humanos. El 25 de ese mes se produjo una arremetida contra los maestros .Se registró el mayor número de detenciones arbitrarias y tortura física y psicológica, dando un trato de delincuentes de alta peligrosidad a los detenidos, con lo que se inició el proceso de los traslados ilegales a distintos Centros Federales de mediana y máxima seguridad en el país . 141 detenidos, cientos de heridos, y daños irreparables, quedando esta noche en la memoria del país como la noche más brutal hacia la APPO, la noche en que ardió Oaxaca.
En Oaxaca se violaron todas las garantías individuales . 26 personas fueron asesinadas, cientos de ellas han sido detenidas y hay constancia de decenas de personas desaparecidas. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado las torturas, maltratos y amenazas a las que han sido sometidas las personas apresadas, así como los abusos y la persecución protagonizados por miembros de grupos policiales y parapoliciales.

Tanto Vicente Fox como el actual presidente Felipe Calderón insisten en que se vive un estado de normalidad.

Ninguno de los responsables ha sido investigado ni castigado.

La persecución y represión contra el movimiento popular sigue aplicándose sistemáticamente.


El gobernador Ulises Ruiz continúa en su cargo
.

PRESOS POLITICOS-HECHO EN MEXICO

La organización de defensa de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad - agrupación que nace el 9 de diciembre de 2004, y está conformada por familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos y también por organizaciones no gubernamentales - presentó su informe «La situación de los presos políticos en México», documento con el cual se pretende «romper el cerco de impunidad y que se termine con el ocultamiento y la distorsión de la realidad en que viven los presos y presas políticos».

Según el informe en México hay más de 500 presos políticos, aunque precisa que es difícil saber el número real por la poca documentación que existe y por las condiciones en que son llevados sus juicios.

Muchos luchadores sociales son encarcelados en penales de máxima seguridad done se violan todas las garantías individuales. La criminalización de la protesta ha convertido la resistencia popular en una actividad de alto riesgo, por las constantes amenazas, hostigamientos y las detenciones arbitrarias.

El gobierno ha dejado de acusar a los presos políticos de delitos como rebelión, conspiración y sedición, para responsabilizarlos de terrorismo, secuestro, delincuencia organizada, homicidio, despojo y narcotráfico, entre otros.

Desde hace varias legislaturas se han presentado iniciativas de Ley de Amnistía, que no han prosperado debido tanto a la indiferencia de todas las fracciones parlamentarias como a la oposición de hecho del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Estos son algunos de los muchos luchadores sociales que permanecen encarcelados:

Jorge Marcial y Gerardo Tzempoaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López, como probables responsables del delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo. Llevan 22 meses detenidos y aún no se les dicta sentencia.

Los hermanos Marcial y Gerardo Tzempoaxtle se les detuvo porque su consanguíneo Andrés está preso, acusado de ser parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR). En este caso se demanda que el gobierno deje de criminalizar a los familiares de las personas que se asumen como integrantes de grupos rebeldes.

Los hermanos Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras, y el indígena nahua Pablo Alvarado Flores,hace 6 años, a quienes se acusa de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. «Alejandro fue exonerado en 2005 luego de cuatro años de prisión». En este caso a los detenidos les fueron fabricados delitos, se les torturó y acusó de asociación delictuosa, terrorismo, almacenamiento de armas y cartuchos. Se violó el derecho a un debido proceso y a un juicio justo. Se denuncia que en realidad los hermanos Cerezo Contreras, destacados estudiantes universitarios, son rehenes de los órganos de seguridad del Estado que de esa manera presionan y/o se vengan de sus padres considerados como dirigentes del EPR.

Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales; ambos purgan una condena de 40 años por los delitos de rebelión, homicidio calificado y tentativa de homicidio. Se señala que se les detuvo por integrar el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Desde su consignación comenzaron las violaciones a sus derechos humanos, fueron torturados y se les coartó su derecho a la defensa.

Varios presos políticos por los sucesos de ATENCO aun permanecen en los penales sometidos a maltratos y traslados irregulares.

Ignacio del Valle Medina ,Héctor Galindo Gochicoa y Felipe Alvarez Hernández, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra , fueron sentenciados a 67 años de prisión.

La represión ocurrida en Oaxaca todavía mantiene detenidos de conciencia. Flavio Sosa Villavicencio vocero de la APPO, quien fue apresado en la ciudad de México en compañía de Marcelino Coache, Horacio Sosa e Ignacio García Maldonado(los tres últimos ya liberados) se convirtió en el primer preso político del gobierno de Felipe Calderón. Fue trasladado al penal de máxima seguridad “El Altiplano”, Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde paso ocho meses y medio, sufriendo abusos ,violentando sus derechos constantemente, internado en el área donde se encuentran los reos más peligrosos del país Después de una lucha constante fue trasladado al penal regional de San Juan Bautista Cuicatlán, donde se encuentra actualmente.

PLAN MEXICO:

El regreso de los bárbaros.
Desde la asunción de Felipe Calderón (Partido Acción Democrática) México se ha convertido en un país militarizado.
Este fue su principal logro político desconociendo las urgencias sociales y reprimiendo a los movimientos populares.

El Ejército Mexicano se ha convertido en una institución que goza de fueros especiales. Es, por así decirlo, intocable.

En varios puntos del país se han instalado retenes donde se detiene indiscriminadamente en una acción inconstitucional.

Con la excusa de la lucha contra el narcotráfico el gobierno ha volcado todo el poderío militar al servicio de una causa cuyo objetivo final es acallar la resistencia popular en beneficio de su proyecto neoliberal.

El PLAN MEXICO o Iniciativa Mérida, acordado entre el presidente mexicano y George Bush, es la nueva estrategia al servicio del poder.

500 millones de dólares, logística, servicios de inteligencia, entrenamiento y armamento proveniente de los Estados Unidos serán destinados en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

El Plan se expande también a Guatemala,El Salvador y Honduras.

Pero esto es solo la fachada de las verdaderas intenciones que la potencia bélica mundial pretende para América Latina.

Como el PLAN COLOMBIA, con el cual desde hace siete años las fuerzas norteamericanas pretenden aniquilar a la guerrilla revolucionaria, este proyecto no es mas que un reposicionamiento geoestratégico de Estados Unidos en la región para controlar el negocio del narcotráfico y sobre todo las reservas naturales de estas tierras.

Es una intervención directa a la soberanía de las naciones desconociendo los derechos fundamentales de los ciudadanos y acentuando la persecución, la violencia y la criminalización de la protesta de los luchadores sociales.
NO AL PLAN MEXICO!!!

URUGUAY

En Uruguay la justicia nos sigue faltando, nuestros muertos tienen nombre y sus asesinos también.


A no olvidarnos de Gavazzo, Silveira, Arab, Medina, Sande Lima, Gilberto Vazquez, Méndez, Trocoli, Ferro, Cordero, Carlos Larcebau, Gregorio "GOYO" Alvarez,... A LA CARCEL!!











jueves, 6 de diciembre de 2007

Solidaridad con Lydia Cacho


México, alza tu voz hasta curarle a la justicia la sordera.
Que se alce también tu razón y tu cordura,
Que te regrese la calma.
México, mi más sentido pésame.
Si mis manos no hacen nada, que lo haga mi palabra.
Juan Ríos

Una vez mas la Justicia se queda ciega. Una vez mas el poder y el dinero gritan mas fuerte que el dolor y la tragedia. Una vez más,entre tantas, los de abajo son los culpables en beneficio de los corruptos, los indecentes, los mercenarios.

Este ataque contra Lydia es un atentado contra la libertad de expresión para criminalizar el ejercicio del periodismo libre e independiente. Pero es sobre todo una mordaza a la conciencia digna y rebelde de l@s luchador@s sociales que continúan denunciando y resistiendo.

Repudiamos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que continua amparando a las redes de explotación sexual infantil y a los implicados en ella como el reconocido pederasta Jean Succar Kuri, y sus cómplices políticos como el ex diputado y actual subsecretario de Seguridad Pública federal Miguel Angel Yunes, el senador Emilio Gamboa Patrón, y el propio Gobernador de Puebla Mario Marín,todos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional.

Exigimos una investigación seria y responsable y justicia para Lydia.

Colectivo CONTRA IMPUNIDAD: Ana De León, Andrea Caraballo, Natalia Castelgrande y Humberto Robles . http://contraimpunidad.blogspot.com/ contraimpunidad@gmail.com , Montevideo,Uruguay