"Me duele ver a mi tierra rodeada de carabineros (policía uniformada) ¿Por qué tengo que estar vigilado, controlado, preso en mi propio territorio?", se pregunta entre triste y encolerizado el "werkén" (portavoz) de la comunidad, Jorge Huenchullán, imputado de varios delitos al igual que otros comuneros de Temucuicui.
Compuesta por 120 familias, Temucuicui (puente hecho de temu, un árbol) se ubica en una zona rural de la comuna de Ercilla, en la Araucanía. El werkén de Temucuicui afirma que cuando Chile consiguió la democracia en 1990, la comunidad echó a andar una "estrategia de recuperación de tierras ancestrales" perdidas a fines del siglo XIX, durante el proceso usurpatorio del Estado conocido como "Pacificación de la Araucanía". Hasta 2002, las 120 familias de la comunidad vivían en apenas 250 hectáreas. Tras numerosos enfrentamientos con la empresa Forestal Mininco, dueña del fundo que ellas reclamaban, la gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) les restituyó el predio a través de su Fondo de Tierras. Según la Conadi, Temucuicui recibió 1.937 hectáreas valorizadas en tres millones de dólares actuales. Desde 1990, el gobierno ha restablecido cerca de 500.000 hectáreas a comunidades mapuches. Y hoy existen 500 comunidades en proceso de compra. Pero Temucuicui reivindica otras 800 hectáreas, en manos privadas.
Quieren recuperar todo lo que les pertenecía y no cejarán hasta lograrlo, advierte su werkén. Esta actitud le ha valido a la comunidad ser sindicada por la prensa como la más "radicalizada" del pueblo mapuche. Los indígenas no han presentado nuevas solicitudes a la Conadi porque están cansados de las trabas burocráticas, dice Jorge, quien niega tajantemente que su comunidad tenga vínculos con grupos subversivos de izquierda, como han especulado en los últimos meses medios de prensa.
Criminales en su propia tierra
Desde inicios de los 90, parte del pueblo mapuche comenzó protestas en demanda de mayores derechos territoriales, políticos y culturales, disconforme con la política "asistencialista" de la coalición de centroizquierda que gobierna hasta hoy. También cuestionaban que el Estado incentivara las inversiones forestales y las obras de infraestructura en su territorio ancestral, que comprende las sureñas regiones del Bío-Bío, la Araucanía y Los Lagos. Esto potenció los conflictos por la posesión de los recursos naturales, vitales en la cosmovisión indígena. La respuesta estatal fue invocar severas leyes como la de Seguridad Interior del Estado y la antiterrorista, impuesta durante la dictadura (1973-1990).
Según estimaciones de la agrupación mapuche Meli Wixan Mapu de Santiago, 500 miembros de este pueblo han sido procesados desde 1990 por delitos vinculados a reivindicaciones territoriales. Según el investigador Eduardo Mella, autor del libro "Los mapuches ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile", publicado en 2007, "el Estado ha reducido el conflicto a un plano meramente judicial", penalizando a los nativos para desmovilizarlos.
Entre 2003 y 2007, cuatro organismos internacionales han recomendado a Chile revisar la política penal aplicada a los pueblos indígenas, entre ellos el relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen. Ana Lucía Cayul, de 51 años, asegura que durante un allanamiento policial fue amarrada a un poste fuera de su casa mientras los uniformados registraban su vivienda. "Fue como una hora, me desmayé y me tiraron agua, me mojaron entera", recordó. Decenas de denuncias como ésta fueron constatadas en enero de 2007 por una misión internacional convocada por el no gubernamental Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con representantes de Amnistía Internacional, la Ayuda Popular Noruega y el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, entre otros.
Los comuneros aseguran que los uniformados, no siempre portando órdenes judiciales, ingresan violentamente a sus casas, destruyen enseres y objetos de valor cultural, maltratan a ancianos, mujeres y niños, no dudan en utilizar armas letales y profieren epítetos racistas.
Vulnerables y sin derechos
Las condiciones y duración del encarcelamiento y los testimonios de expertos revelan que su
marginación los hace más vulnerables a los abusos del sistema y a las fallas habituales del debido proceso en la región. En Chile, hay nueve etnias reconocidas por el Estado. Según estadísticas de 2006, el pueblo mapuche está conformado por 922.833 personas, que representan 87,2 por ciento de la población indígena del país. De acuerdo con un estudio de Gendarmería (guardia de prisiones), en 2005 había 1.207 indígenas encarcelados en cinco regiones: 82,9 por ciento eran mapuches. Los principales delitos cometidos por los indígenas fueron contra la propiedad (50,2 por ciento) y contra las personas (15,9 por ciento), además de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas (15,2 por ciento).
Aunque los mapuches presos están vinculados mayoritariamente a delitos contra la propiedad, las estadísticas no especifican cuáles fueron cometidos en el marco del conflicto ancestral que mantiene ese pueblo originario con el Estado, por sus demandas de mayores derechos territoriales, políticos y culturales.
Según estimaciones de la agrupación mapuche de Santiago Meli Wixan Mapu, al comenzar 2008 hay 15 "presos políticos mapuches" en las cárceles del sur del país, la mayoría de ellos juzgados por la severísima ley antiterrorista impuesta durante la dictadura (1973-1990) y modificada en democracia. Desde 1990 a la fecha cerca de 500 mapuches habrían sido procesados por su participación en actos de protesta social. Hoy estarían encausados cerca de 150. Algunos delitos imputados son usurpación de tierras, atentados incendiarios a predios agrícolas y forestales, amenazas y daños a dueños de latifundios, robo de animales y madera y desórdenes públicos.
Hay comuneros que prefieren permanecer en la clandestinidad por considerar que no existen garantías en los procesos judiciales. Las comunidades en conflicto también denuncian graves atropellos policiales en allanamientos en busca de pruebas y prófugos. En 2006, el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas documentó 18 casos de violencia policial y en 2007 otros 26.
Este año se inauguró con el asesinato del joven universitario Matías Catrileo, baleado por la policía mientras participaba junto a un grupo de comuneros en la toma de un predio privado. Se trata del episodio más grave ocurrido en la zona desde el asesinato en 2003 del joven comunero mapuche Alex Lemún, quien recibió un impacto de bala en la cabeza en un enfrentamiento con carabineros (policía militarizada). El caso, investigado por la justicia militar, fue sobreseído sin condenas.
Por otra parte, Patricia Troncoso, una activista de la causa mapuche, lleva mas de tres meses de huelga de hambre, dispuesta a morir por conseguir la libertad de todos los autodenominados presos políticos mapuches y por la desmilitarización de las comunidades que reivindican tierras. Los otros cuatro comuneros que ayunaban junto a ella desistieron pasados los 60 días por el delicado estado de salud en que se encontraban. Troncoso, de 37 años, cumple una condena de 10 años y un día imputada del delito de "incendio terrorista". La justicia le atribuyó responsabilidad en el incendio en diciembre de 2001 de 100 hectáreas que contenía una plantación de pinos en el predio Poluco Pidenco, de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía.
Esto ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales por considerar desproporcionadas las penas aplicadas y por estimar que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche no son actos de terrorismo. Aunque la presidenta Bachelet se comprometió a no aplicar más la ley antiterrorista para perseguir acciones de protesta social mapuche, los activistas piden revisar las condenas dictadas bajo esa legislación.
Las más importantes son la liberación inmediata de todos los "presos políticos mapuches", cifrados en cerca de 20, y la "desmilitarización y fin a la represión hacia las comunidades movilizadas por sus derechos políticos y territoriales". Además, reclaman el término de "los montajes políticos judiciales en contra de dirigentes mapuches". Esto ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar desproporcionadas las penas aplicadas y por estimar que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche no son actos de terrorismo.
A lo largo de estos meses, se han realizado manifestaciones ciudadanas en Temuco, Santiago y otras ciudades de Chile en reclamo de una solución al conflicto, el cual también ha tenido eco en Europa.
Fuente:IPS(InterPres Service-http://www.ipsnoticias.net/)
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