Periódico La Jornada
Martes 12 de enero de 2010, p. 27
Chihuahua, Chih., 11 de enero. Con la asesoría de especialistas colombianos y estadunidenses, autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno pondrán en marcha el denominado Plan de Intervención Juárez, el cual reproduce un modelo aplicado en Colombia que incluye mayor presencia militar y policiaca en Chihuahua.
Además, prevé la aplicación de programas sociales para atender las causas del crimen en las zonas urbanas del estado (adicciones a las drogas, violencia de género e intrafamiliar, entre otras).
El gobernador José Reyes Baeza y el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, adelantaron que en unas semanas se espera presentar oficialmente la estrategia especial para hacer frente a la ola de asesinatos con la ampliación de la presencia militar, mayor trabajo de inteligencia e inversión en programas de desarrollo social.
Reyes Ferriz confirmó que a mediados de 2009 arribaron a Juárez asesores colombianos y estadunidenses enviados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quienes se encargarán de reproducir la aplicación del Plan Colombia en la zona fronteriza, con las correspondientes adaptaciones a la región.
El proyecto incluye una inversión de cientos de millones de pesos aportados por el BID y los tres niveles de gobierno, adelantó el edil priísta.
Explicó que la idea es combatir el rezago social en la franja fronteriza, la violencia de género e intrafamiliar, así como brindar capacitación para el trabajo y crear de infraestructura educativa en zonas marginadas.
El alcalde juarense detalló que estudios del Colegio de la Frontera Norte sobre la violencia en Ciudad Juárez han señalado que en los sectores urbanos cuyos habitantes no tienen estudios de preparatoria se incrementan los índices de delincuencia.
El gobernador y los presidentes municipales de las principales ciudades de Chihuahua demandaron al gobierno federal que, además de enviar soldados, libere de inmediato recursos para poner en marcha una estrategia de desarrollo y cohesión social.
Denuncian terrorismo contra activistas en Ciudad Juárez
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 8 de enero de 2010
Ciudad Juárez, Chih., 7 de enero. Decenas de integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) realizaron una marcha y protestaron frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Juárez para exigir que se aclare el asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, perpetrado el 3 de enero. Asimismo denunciaron que existe una política de terror contra quienes denuncian abusos de las fuerzas armadas y la policía.
El diputado local perredista Víctor Quintana Silveyra anunció que, ante la situación de violencia extrema y crisis de garantías individuales en la entidad, un representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU visitará la capital de Chihuahua el próximo miércoles.
Durante la protesta, Judith Galarza Campos, integrante de la Federación de Familiares de Personas Desaparecidas, dijo que con el terror se pretende amedrentar a las familias que protestan por las operaciones del Ejército Mexicano en la región. Quienes aplican esta política –a quienes no identificó– están aprovechando la presunta lucha contra el narcotráfico para acabar con luchadores sociales.
Durante la movilización, a la cual acudieron representantes de más de 20 ONG, se exigió la renuncia del titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, por su abierta incapacidad. Galarza Campos recordó que Josefina Reyes fue regidora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Guadalupe, y que fue asesinada a balazos el domingo anterior, cuando viajaba de Ciudad Juárez a la comunidad El Sauzal, por la carretera Juárez-Porvenir.
La activista Cipriana Jurado dijo que Reyes Salazar recibió varias amenazas de muerte tras protestar por la militarización de Ciudad Juárez.
Jurado consideró que la ciudad parece en estado de sitio, por la presencia de miles de soldados que entran a viviendas sin orden de cateo y “colocan retenes para molestar a civiles, no a sicarios ni narcos, y para amedrentar a la población”.
Las más de 50 personas que participaron en la protesta exigieron a la PGR atraer las pesquisas del homicidio de Josefina Reyes, porque se cometió con armas de uso exclusivo de lasfuerzas armadas.
Vigilados por militares y policías federales, los manifestantes pintaron en las paredes de la delegaciuón de la PGR consignas como Juárez no es un cuartel, asesinos y el Ejército es un peligro para México.
Exige Amnistía Internacional proteger a activistas en Juárez
R. Villalpando, E. Olivares, G. Saldierna y E. Méndez
Corresponsal y reporteros
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010
Amnistía Internacional (AI) advirtió que la ola de violencia que azota Ciudad Juárez, Chihuahua, pone en riesgo la vida de defensores de los derechos humanos, por lo que emitió una acción urgente en la que insta a las autoridades federales y estatales a proteger la vida e integridad de varios activistas, sobre todo los que trabajaron con Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero.
El organismo internacional exigió una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Reyes, que los resultados de las indagatorias se hagan públicos y que los responsables del crimen sean presentados ante la justicia.
AI señaló que varios sujetos intentaron secuestrar a Reyes, pero como se resistió le dispararon en la cabeza.
El organismo señaló que integrantes de la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez también han sido amenazados y corren peligro. Se refirió en particular a Cipriana Jurado, quien ha trabajado con AI en casos de abusos cometidos por militares.
En tanto, familiares de Josefina Reyes aseguraron que ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) hicieron caso de la denuncia que presentó la activista por las repetidas amenazas de muerte que había recibido.
Durante el funeral de Reyes Salazar, en el municipio de Guadalupe, sus cinco hermanos dieron a conocer que toda la familia tuvo que abandonar su lugar natal por las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado y negaron tener vínculos con organizaciones criminales.
Recordaron que la semana pasada Josefina Reyes y Cipriana Jurado, activista del Centro de Investigación y Solidaridad, acudieron ante un fiscal militar en relación con la muerte de Saúl Becerra y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga, casos documentados por Amnistía Internacional en los que se implica al Ejército Mexicano.
Ahí, dijeron, la fundadora del Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez y Cipriana Jurado fueron presionadas para que se desistieran.
Con el homicidio de Reyes Salazar, en los dos años recientes suman seis asesinatos de activistas y personas cercanas en Chihuahua, entre ellos Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa; el profesor Manuel Arroyo Galván; la activista Alicia Salaiz Orrantía; su esposo, Paz Rodríguez, y su hijo Paz Alberto Rodríguez, así como el líder de la Organización Agrodinámica Nacional Armando Villarreal Martha, amigo de Salaiz Orrantía.
Mientras, en la ciudad de México, los partidos políticos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardaron un minuto de silencio en memoria de Esther Chávez Cano, activista por los derechos de las mujeres y precursora de la lucha por el esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los legisladores también acordaron expresar a familiares, amigos, amigas y compañeras de Casa Amiga su pesar y acompañamiento solidario.
Corte Suprema peruana ratifica condena de 25 años contra Fujimori
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Perú ratificó este sábado por la noche la condena a 25 años de prisión para el ex presidente Alberto Fujimori por dos matanzas y dos secuestros.
Con esta decisión se respalda el fallo del 7 de abril de 2009, que se realizó en juicio público y que se prolongó por 16 meses contra el ex mandatario, que gobernó Perú entre 1990 y 2000.
La decisión en segunda y definitiva instancia en el proceso contra Fujimori fue unánime al ratificar la pena en los casos de Barrios Altos y La Cantuta por los delitos de "homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves".
Los magistrados de esta sala Duberlí Rodríguez, Julio Biaggi, Elvia Barrios, Roberto Barandiarán y José Neyra, emitieron su fallo cerca de la medianoche del sábado tras reunirse por tres días consecutivos para realizar revisiones al documento final.
Se espera que el documento final que fija la sentencia sea publicado en las próximas horas.
Mientras, Fujimori que ahora cuenta con 71 años, se encuentra recluido en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes) desde su extradición desde Chile en septiembre del 2007 por dos casos de violación de los derechos humanos y cinco de corrupción.
Asimismo, el ex mandatario también fue condenado el pasado año a 8 años por el pago de una indemnización laboral a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, a 6 años por el allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de éste y a otros 6 años por otros casos de corrupción, pero en Perú las penas no son acumulativas, sino que prevalece la mayor.
El ex gobernante, fue juzgado como autor intelectual de las matanzas del barrio limeño de Barrios Altos donde resultaron muertas 15 personas (1991) y de la Universidad de La Cantuta con el saldo fatal de 10 muertos (1992) y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
En el caso de las matanzas, fueron ejecutadas por un comando paramilitar del Ejército en el marco de la guerra que el Gobierno declaró contra el grupo rebelde Sendero Luminoso.
La Comisión de la Verdad, que documentó el conflicto -que produjo 70 mil muertos entre 1980 y 2000- determinó que ninguna de las víctimas de Barrios Altos o La Cantuta tenía relación con la guerrilla como presumían los organismos de seguridad.
Tenemos el agrado de informales que la defensa legal de Juan Manuel Martínez Moreno, injustamente acusado del asesinato de Brad Will, ha obtenido el amparo que reconoce su inocencia y le concede su libertad. Sin embargo, deberá esperar diez días hábiles más para salir de prisión.
Durante este periodo la Procuraduría General de la República (PGR) podría interponer un recurso de revisión que dilate el proceso unos meses más, tiempo que Juan Manuel tendría que pasar en prisión, lo que consideramos totalmente injusto después de los catorce meses que lleva preso sin ninguna prueba en su contra.
Por eso, les pedimos apoyar su libertad y enviar la carta adjunta como una medida de presión que impida que la PGR continue manteniéndolo como un Rehén del Estado.
El 30 de diciembre de 2009 la Justicia Federal, a través del Juzgado Quinto, concedió el AMPARO A JUAN MANUEL MARTINEZ MORENO, reconociendo con ello su INOCENCIA y la falta total de elementos para mantenerlo en prisión.
Consideramos que después de un proceso de 14 meses, esta resolución pone en evidencia la falta de diligencia en la investigación y el incumplimiento de las garantías de seguridad jurídica, legalidad y el derecho al debido proceso, desnudando la verdadera situación de la procuración e impartición de justicia en el Estado de Oaxaca.
El papel que la Procuraduría General de Justicia (PGR) ha jugado en el caso ha sido lamentable. Los recursos interpuestos por la PGR han carecido de fundamento, contribuyendo a alargar el proceso, manteniendo injustamente en prisión a Juan Manuel Martínez Moreno, sin que haya elementos que lo inculpen.
Con ello, solo ha obstaculizado el acceso a la justicia, más que favorecerla. En este momento, aunque el amparo ha sido concedido, JUAN MANUEL sigue preso mientras transcurre el plazo de diez días hábiles para, si la PGR no presenta otro Recurso de Revisión, pueda ser puesto en LIBERTAD al Sr. Martínez Moreno. Reiteramos, la PGR no tiene ningún argumento y su intervención obedecería a intereses estrictamente políticos y económicos, pues el caso está resuelto.
Por ello, exigimos a la PGR permita acceder a la justicia en el caso de JUAN MANUEL MARTINEZ MORENO, y evite interponer otro recurso dilatorio en el caso, siendo congruente con los principios que fundan esa institución como lo es él de PROCURAR JUSTICIA. Mantenemos nuestra exigencia de una verdadera investigación que esclarezca el asesinato de Bradley Roland Will, se evite la IMPUNIDAD, y se avoque a realizar la investigación para dar con los verdaderos responsables de este asesinato –y no con culpables fabricados- y todos los perpetuados en el marco del conflicto social del 2006.
ATENTAMENTE
Nombre de la organización/persona
FAVOR DE ENVIAR A: LIC. FRANCISCO GÓMEZ MONT SECRETARIO DE GOBERNACIÓN FAX (+52) 55 50933414 MAIL: secretario@segob.gob.mx LIC. ARTURO CHAVEZ PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TEL. (+52) 55 53 46 09 08 MAIL: ofproc@pgr.gob.mx RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Fax: (+52) 55 5681 7199 MAIL: correo@cndh.gob.mx Con copia para Comité 25 de Noviembre: Mail: Comite25noviembre@yahoo.com.mx
Demanda a la PGR abstenerse de presentar recurso de revisión
Exculpa juez a acusado del asesinato de Brad Will, asegura la defensa
Octavio Vélez Ascencio y Agustín Galo Samario Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 31 de diciembre de 2009, p. 8
Oaxaca, Oax., 30 de diciembre. El juzgado quinto de distrito con sede en esta ciudad concedió un amparo contra el auto de formal prisión a Juan Manuel Martínez Moreno, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por no encontrar pruebas que demuestren su culpabilidad en el asesinato del reportero estadunidense Brad Will, camarógrafo de Indymedia, cometido el 27 de octubre de 2006.
Alba Cruz Ramos, abogada de Martínez Moreno, aseveró que éste no salió de inmediato de la prisión central de Santa María Ixcotel, donde se encuentra recluido desde octubre de 2008, porque la juez Rosa Iliana Noriega Pérez, quien le concedió el amparo, dio un plazo de 10 días para ejecutar la sentencia, ante lo cual la Procuraduría General de la República (PGR) puede presentar un recurso de revisión.
La PGR todavía puede atacar la determinación de Noriega Pérez, aunque no haya recursos legales para hacerlo. De modo que si lo hace, presentaremos una denuncia formal contra la procuraduría porque sería un recurso frívolo. La libertad de Juan Manuel ahí está, afirmó Gilberto López Jiménez, otro de los abogados de Martínez Moreno.
En pocas palabras, (la juez) lo exoneró, y lo hizo por varias razones, entre ellas, porque la PGR hizo caso omiso a su propio análisis de criminalística, en el que establece que no es posible determinar al culpable de haber disparado contra Brad Will, y porque de los 71 testimonios recogidos, sólo dos eran de personas que estuvieron en el lugar de los hechos, pero ninguno vio a quien disparó, agregó López Jiménez.
La PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado han usado dos testigos, Alfredo Feria Pérez y Karol Iván Illescas Reséndiz. El primero, relacionado con los grupos priístas de Santa Lucía del Camino (donde mataron a Brad Will), y el segundo, ex camarógrafo de Televisa y actualmente empleado del gobierno estatal. Su testimonio rendido el 29 de septiembre pasado perdió todo valor probatorio en la acusación contra Juan Manuel, al afirmar que él no observó quién disparó (contra el periodista), apuntó.
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Fuente: Milenio.com
Ordena juez liberar al único implicado en el asesinato de Brad Will
En la resolución se establece que Martínez Moreno no tiene ninguna responsabilidad directa en el asesinato del extranjero, se argumenta que hubo pruebas prefabricadas realizadas por el ministerio público federal dependiente de la PGR.
Mié, 30/12/2009 - 14:41
De acuerdo con la causa 155/2008, el activista según testigos había realizado un único disparo contra Will. Foto: Archivo
Oaxaca.-Una juez federal con cede en Oaxaca, ordeno poner en libertad a Juan Manuel Martínez Moreno, presunto activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y único implicado en el crimen del norte americano Brad Will, ocurrido en octubre del 2006.
La juez 5ª de distrito, Rosa Iliana Noriega Pérez, resolvió el juicio de amparo 941/2009 presentado por la defensa y en contra de al auto de formal prisión, determina do por el juez 4ª de lo penal Luis Salvador Colmenares, por el delito de homicida calificado.
En la resolución se establece que Martínez Moreno no tiene ninguna responsabilidad directa en el asesinato del extranjero, se argumenta que hubo pruebas prefabricadas realizadas por el ministerio público federal dependiente de la Procuraduría General de la Republica.
La defensa, el abogado del activista, Giliberto López Jiménez quien también logro la excarcelación de Flavio Sosa Villavicencio, principal dirigente de la APPO. Dijo que una vez resuelto el amparo la justicia de Oaxaca, tiene un termino de diez días, a partir de que la sentencia causa ejecutoria, para sacar de prisión a Martínez Moreno, es decir hasta el 16 enero de 2010.
De acuerdo con la causa 155/2008, el activista según testigos había realizado un único disparo a quema ropa contra el estadunidense, el pasado 29 de octubre del 2006, cuando en el municipio de Santa Lucia del Camino, activistas de la APPO y maestros de la Sección XXII, se enfrentaron contra un grupo de paramilitares al parecer policías municipales vestidos de civil que evitaban la toma del palacio municipal del lugar, y en su tiempo gobernada por el priista Manuel Martínez Feria.
tras tres años de reveses y alegatos en los tribunales, poco a poco se han ido desvaneciendo los señalamientos que responsabilizaban al único presunto implicado del crimen. Apenas en noviembre pasado un camarógrafo se Televisa testigo protegido por la PGR en el caso, se echo para atrás del argumento que sostenía, respecto a que el disparo contra Brad Will salio del bando de la APPO.
Martínez Moreno se encuentra en prisión encarcelado en una pequeña crujía, de la penitenciaria central de Ixcotel, donde admite y reconoce siempre que ha sido preso político del gobierno de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz.
Por otra parte la sección XXII del STE dio a conocer que la libertad de Martínez Moreno es ya una bandera de lucha de su movimiento, adelantando acciones de protesta para evitar que la justicia federal quiera volver a torcer la ley para mantener en prisión a un inocente
El secretario de organización del magisterio Gabriel López Chiñas dijo que el caso Brad Will, en su esclarecimiento forma parte de la minuta de acuerdo presentada ante el gobierno de Felipe Calderón, y donde esta pendiente de resolver la apertura de una nueva línea de investigación para encontrar a los verdaderos responsables del asesinato en contra de del estadunidense William Bradley Roland.
En este 1 de enero de 2010, 16° aniversario del levantamiento la insurgencia zapatista, Tlaxcala envía un saludo muy caluroso a sus herman@s que siguen luchando de manera ejemplar, construyendo alternativas en Chiapas. “No hay sentido de negocio. Es sólo una necesidad de los pueblos y hasta ahora todos están contentos porque ven que está funcionando y se están resolviendo los problemas en colectivo”. La Realidad, Chiapas. Todos los días los pueblos zapatistas enfrentan nuevos retos para hacer realidad la autonomía de sus territorios. Una historia de logros y tropiezos, de crear, inventar y poner en práctica nuevas ideas. De perder el miedo a equivocarse en un camino que iniciaron en 1994, formalizaron con la creación de los gobiernos autónomos en el 2005 y siguen construyendo todos los días. Y todo en medio del hostigamiento militar y paramilitar, el acoso policíaco y los proyectos gubernamentales encaminados a dividir a las comunidades, a lo que se suman las miles de carencias de los más de 40 municipios autónomos en resistencia. La autonomía se construye, casi, sobre la nada. Y sobre la nada nació hace más de un año el insólito Banco Popular Autónomo Zapatista (Banpaz), en la región de la selva fronteriza. Lograr la autosuficiencia en condiciones de extrema precariedad suena imposible, pero no para los zapatistas que, asegura Roel, de la Junta de Buen Gobierno Hacia la esperanza, “demostramos que se pueden hacer las cosas de otra manera…imagínate, un banco anticapitalista, sin señores banqueros y con beneficios para el pueblo”. La sede del gobierno autónomo de la selva fronteriza es el caracol “Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños”. La región cuenta con cuatro municipios autónomos y es la primera en echar a andar el banco popular, una iniciativa que tiene su mayor fortaleza, como todos los proyectos autónomos, en la decisión de las asambleas comunitarias. Su concepción, discusión, aceptación y puesta en práctica es una muestra del ejercicio colectivo y democrático que predomina en las comunidades indígenas zapatistas. El proceso autonómico de las bases de apoyo del EZLN incluye sistemas de salud, educación, proyectos productivos, medios de comunicación y nuevas formas de comercialización de sus productos, todo en condiciones precarias pero con la finalidad mayor de poner en práctica una de las premisas fundamentales del zapatismo: la del mandar obedeciendo, que se traduce en formas de gobiernos que basan sus decisiones en los consensos de los pueblos. Pero nada es ideal ni carente de problemas. Los hay “y muchos… el asunto es que aquí les buscamos la solución entre todos. Si una cosa no nos funciona no nos quedamos conformes. Le buscamos la forma. Nos lo tomamos en serio y luego sale. Todo el mundo se equivoca, pero cuando la equivocación es colectiva pues ahí no hay culpable…”, explica Roel, autoridad autónoma que está por finalizar su gestión al frente de la Junta de buen gobierno. Y precisamente uno de estos problemas es que a pesar de que cuentan con un sistema de salud autónomo, resulta insuficiente para la atención de enfermedades graves y en estos casos los pacientes tienen que salir de sus pueblos para buscar ayuda especializada, necesitando dinero para trasportarse y pagar los servicios médicos. El dinero no lo tienen y buscan a quién pedir prestado. Hace unos años comenzó a vislumbrarse en las cañadas de la selva Lacandona el fantasma de la migración. Cientos de indígenas, zapatistas y no, salieron de la zona en busca de trabajo. La baja de precios de sus productos agrícolas y los intermediarios para su comercialización, provocaron el flujo de hombres, jóvenes en su mayoría, a ciudades turísticas del sur del país (Cancún y Ciudad del Carmen) y, por supuesto, hacia Estados Unidos. Empezaron a llegar las divisas a las comunidades y algunas familias “se hicieron de un dinerito” con el que iniciaron el negocio de la usura o el coyotaje, como se le conoce en la región. La necesidad urgente de dinero para enfrentar un problema de salud grave, por un lado, y el incremento del coyotaje, por el otro, conformaron un escenario en el que empezó a predominar el abuso de los prestadores, quienes cobran un interés de entre el 15 y 20 por ciento mensual. Ahorcados, sin ninguna otra opción, los indígenas de cualquier filiación política recurren a estos préstamos. Pero los zapatistas empezaron a inconformarse y “a buscarle cómo salir de esta situación”. “La gente de los pueblos empezó a discutir cómo resolver el problema de los réditos. Empezaron las asambleas en el 2008 y pueblo por pueblo fuimos discutiendo la idea de formar un pequeño banco para cubrir las necesidades de urgencia de salud, los casos graves que no pueden cubrir los servicios de salud autónomos”, explica Roel. En los casos de urgencias, añade, “se necesita trasladar al enfermo a recibir atención especializada y pues al no haber dinero se tenía que recurrir a los coyotes. Así nació la idea de hacer mejor un banco de préstamos y empezó la discusión de cómo hacerlo. Las comunidades decidieron que sí se cobraran intereses, pero que fueran muy bajos. Con esos intereses se incrementaría el fondo del banco para hacer otros préstamos. Al final de la discusión se acordó que fuera el 2 por ciento de interés mensual”. Una vez decidido el interés para préstamos por motivos de salud, las asambleas discutieron los préstamos para proyectos colectivos, cooperativas y sociedades. Y ellos mismos acordaron un interés del 5 por ciento. En un principio se pensó también en préstamos para proyectos individuales, pero, explican, “nos dimos cuenta que eran para puro negocio y los suspendimos, quedando sólo vigentes los préstamos por problemas de salud y para después los préstamos para proyectos colectivos. Lo importante aquí es que ninguna decisión es individual y los pueblos son los que analizan cada paso y van decidiendo lo que les conviene”, señala el integrante de la Junta de Buen Gobierno. El aval de cada solicitante es la autoridad de la comunidad a la que pertenece y el pueblo queda como testigo. De esta manera, todo el pueblo está enterado de que uno de sus compañeros solicitó al banco un dinerito y que lo tiene que pagar. Ellos mismo, los que piden el préstamo, son los que se ponen el plazo para cubrirlo, de acuerdo a sus gastos. Puedes ser seis meses, un año o más, según cada quien. También se enteran de cada préstamo los pueblos de los otros municipios autónomos, pues se trata, señalan las autoridades de la región, “de que todos estemos comprometidos “. Para hacer posible el banco popular, el fondo inicial provino de un aporte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); de una parte de las ganancias del transporte colectivo que es administrado por la Junta; y de una donación que llegó de afuera para un niño enfermo, “quien no necesitaba de todo el dinero que le estaban mandando y junto con la familia y la asamblea decidieron que lo que no ocupaba se aportara al fondo colectivo”. Asimismo, decidieron que el impuesto que los pueblos cobran a las compañías que están construyendo caminos que pasan por sus comunidades, también se añadiera al fondo del banco. En este proyecto, advierte Roel, “no hay sentido de negocio. Es sólo una necesidad de los pueblos y hasta ahora todos están contentos porque ven que está funcionando y se están resolviendo los problemas en colectivo”. Para los pueblos en rebeldía, el Banco Popular Autónomo Zapatista (Banpaz) “es, sin duda, parte de nuestra autonomía, en la que nosotros mismos podemos crear nuestros propios recursos económicos, nuestros alimentos, nuestros servicios de salud y educación, nuestros medios de comunicación y modos de comercialización. Así lo estamos haciendo, cada vez con menos dependencia de afuera, porque al principio (hace ya seis años), empezamos con más apoyos del exterior. Ahora somos cada vez más independientes y, por lo tanto, cada vez más autónomos”. De hecho, este es uno de los primeros proyectos de la autonomía zapatista en el que no interviene ningún factor o asesoría de la sociedad civil nacional e internacional. “Todo fue interno. Lo que pasa es que nosotros le probamos hasta que algo funciones. Y si no nos funciona no nos quedamos conformes y le buscamos otra forma”, afirma Roel, con la convicción y el orgullo de quien ha crecido a lo largo de 25 años con la lucha zapatista. “La colectividad —sostiene— es la base y lo que más nos fortalece como zapatistas”. Y, dentro de este proceso, la Junta de Buen Gobierno de la selva fronteriza analiza como uno de sus máximos logros la participación de la mujer en los trabajos de la autonomía. Con su inclusión, afirman, “ha cambiado la vida de los pueblos. Poco a poco lo vamos entendiendo. Y pues aquí ya todo se cambió”. A los niños y niñas que han crecido en la autonomía “ya no les cuesta la participación de la mujer”. En otro momento, admiten los miembros de Junta, “los préstamos del Banpaz hubieran sido impensables para mujeres y sólo se les hubieran dado a los hombres, pero ahora también se les dan a ellas y quedan como responsables”. Aquí, afirman “ya todo es muy otro”.
Carta del Colectivo Contraimpunidad A LOS COMPAÑEROSDE ATENCO QUE RESISTEN Y LUCHAN
En uno de sus tantos relatos Eduardo Galeano cuenta:
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Desde el año 2006,cuandola barbarie gubernamental desato su furia contra elpueblo de San Salvador Atenco,el COLECTIVO CONTRAIMPUNIDAD de URUGUAY ha acompañado la incansable lucha que los compañeros han mantenido en busca de justicia.
“¡Justicia!
¿Pero que palabra es esta que no conocen los dioses?”
Ciega ,sorda y muda, ha quedado relegada al olvido de un sistema que expolia y oprime en busca de sostener el poder de las clases privilegiadas frente a las mayorías desposeídas.
Amparado desde la impunidad más descarada el capital trasnacional ha demostrado su fase más aterradora. Torturando y asesinando , persiguiendo y criminalizando en nombre de la “seguridad planetaria” ha arrasado todos los derechos y violado todas las garantías.
Por eso la lucha de Atenco es también la nuestra,y la de todos aquellos que buscan otros mundos muy otros.
Por los 12 compañeros que aun mantienen encarcelados conaberrantes sentencias,por Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea Hernández asesinados por las fuerzas represoras y por todas las mujeres abusadas física y sicologicamamente hacemos llegar nuestro más fraterno apoyo para gritar junto a ustedes ¡LIBERTAD Y JUSTICIA!
Seguimos caminando juntos y apoyandolas causas libertarias de nuestros compañeros en Oaxaca,Chiapas y cada rincón del México rebelde.
¡Somos una sola voz que impulsa la digna rabia!
¡Alto a la Militarización, alto a la Iniciativa Mérida!
Carmen Huete, Trinidad Ramírez y RocoFoto Jesús Villaseca
Juan José Olivares
Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 14 de diciembre de 2009, p. a15
San Salvador Atenco, México, 13 de diciembre. El ska-fusión de Los de Abajo y Panteón Rococó, así como el reggae, son, cumbia, hip hop y trova de diversos grupos, aunado al entusiasmo de varias actrices (a quienes no les importa que los rayos del sol dañen la piel de su rostro), fueron la dinamita que explotó en el centro energético de un pueblo luchador, con orígenes prehispánicos: San Salvador Atenco, que exigió justicia y libertad, que reclamó el respeto a los derechos de 12 presos políticos recluidos por “defender sus tierras”.
El festejo fue la muestra de que los mexicanos no se cansan de divertirse aun en situaciones de acoso e injusticia. Los creadores del rock steady y el reggae, que hicieron posible el ska, nunca imaginaron que este ritmo se convertiría en himno libertario. Y esa esencia se respiró en este pueblo de orígenes chichimecas y toltecas. La energía se desencadenó por el ruido de los metales, percusiones, baterías, bajo, guitarras y cajas de ritmos que acompañaron a los músicos presentes, siempre solidarios con lo justo.
El festín devino mitin sonoro, acto político de información, que solidarios grupos de rock, son, hip hop, trova y reggae, entre otros géneros, brindaron para levantar el puño y la voz para gritar: “libertad, libertad, a los presos por luchar”.
Exigieron la excarcelación de quienes defendieron su tierra ante las atrocidades del gobierno, iniciadas los pasados 3 y 4 de mayo de 2006 (días de la represión policial). Fue el cerrojazo de la gira nacional denominada 12 estados/12 presos políticos, enmarcada en la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, para continuar “con la siguiente fase definitoria por la libertad de los 12 presos y dos perseguidos” de este pueblo, ejemplo de la lucha social.
La festividad comenzó en la mañana. Ante la adversidad, hay que reír, bailar, gozar, dijo una de las abuelas que servían el alimento que daba fortaleza a las piernas para poder brincar y saltar, que proporcionaba energía para el clamor libertario. Ofrecían arroz, chicharrón en salsa verde y frijoles de la olla. Se adquirían con cooperación voluntaria. También estaba el localito de las chelas, con las que se mitigaba el calor. Desde temprano brotaron la energía y buena voluntad de los atenquenses y atenquistas (aquellos que se solidarizan con la lucha de este pueblo), quienes disfrutaron de buenas rolas, comida, artículos como camisetas, discos, libros, artesanías y comida, para celebrar que “aún podemos estar unidos para exigir a los juzgadores” que están a tiempo de revertir una decisión injusta del gobierno.
El acto fue también para decir que los “presos políticos” no están solos, que “hay 300 organizaciones, colectivos, ONG, asociaciones y artistas que saben “que los juzgadores pueden ser los depredadores de la justicia, y que la sangre de los abuelos no se vende”, expresó Trinidad del Valle, esposa de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que junto con el Comité Libertad y Justicia para Atenco, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Mujeres sin Miedo y Servicios y Asesoría por la Paz organizó el acto.
Se hizo teatro (supervisado por el dramaturgo y luchador social Humberto Robles, así como por las integrantes de la organización Mujeres Sin Miedo, como Carmen Huete, Francesca Guillén, Claudia Santiago, Paola Medina, Mercedes Hernández y Jana Raluy, entre otras).
La siempre combativa Ofelia Medina no pudo llegar, pero mandó un mensaje por teléfono en el que decía que hoy “sólo concluye una etapa. La lucha sigue”.
El convite lo iniciaron Guerica y Pacharama. Siguieron La Resistencia y La Barricada. Gente de todas las edades movió el cuerpo a las tonadas dub y ska. Los rayos del sol caían como golpe de macana de granadero. Pero no importaba: la resistencia es parte de esta gente. La alegría de celebrar la unión y solidaridad fue más fuerte. Más aún por la genética de fortaleza precolombina que corre por sus cuerpos.
Cien Pies se encargó de dar unas dosis de ska, detonador de brincos. Los primeros slams se daban bajo los fulminantes rayos de sol. Moyenei, rapera de Chile, daba sus primeros acordes raggamufin para recordarles que ella vivió por sus padres también una injusticia gubernamental, “raro” en pueblos de Latinoamérica. Rapeaba con los brazos en alto. La acompañó en una sesión jam de MC’s, Roco, de Maldita Vecindad, quien vino con su proyecto Cyberpachukote Sound System para hacer un rap social. Roco fue reconocido con el machete y el paliacate rojo, distinción que se otorga a la gente que lucha a la par de este pueblo.
Roco, a su vez, invitó a MC Loco, rapeador de Zumpango, Hidalgo, que debería escuchar gente de Cypress Hill o Public Enemy. Nomás “para toda la pandilla machín”.
También se escucharon los sones, con aquellos “que dominan palabra” antes de que existieran los MC’s.
Símbolos de la lucha
Entre las presentaciones de las bandas se leyeron textos libertarios. Sin embargo, el acto político tuvo su clímax cuando Mario, de siete años, y quien apenas podía levantar el machete (“símbolo de la defensa de la tierra; el paliacate rojo es para limpiar el sudor del campesino y las lágrimas por los presos políticos”), gritó: “No somos uno, no somos cien; pinche gobierno, cuéntanos bien”. El pequeño es nieto de Felipe Álvarez, preso político de San Salvador Atenco, quien purga una condena en el penal de El Altiplano.
Y siguió el carnaval con Cayo Vicente y su prosa de lucha. Radio Son daba sus dosis de son y cumbia. Los Guanábana recordaban al Babilón con su reggae sabroso. Pero la gente esperaba los energéticos tamborazos de Los de Abajo y el Panteón, esas bandas que no se cansan de mentarle la madre a los malos gobiernos, en Atenco, Canadá o donde sea.
MOVILIZACION EN TLAPA POR LA LIBERTAD DE LOS 12 PRESOS POLITICOS
Atenco y Atoyac, hermanados por la represión: OCSS
Atoyac
Representantes de San Salvador Atenco y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) realizaron ayer aquí un foro y una marcha por la libertad de los presos políticos integrantes de aquel movimiento del estado de México en defensa de sus tierras.
Al término del foro partieron en marcha al zócalo de la ciudad, donde depositaron una ofrenda floral en el obelisco a Lucio Cabañas, que aloja sus restos mortales, y montaron una guardia de honor con sus machetes alzados.
“Tierra sí, aviones, no”, gritaron los campesinos de la OCSS y de San Salvador Atenco por la calles de Atoyac, durante su visita para la realización del foro de denuncia “Libertad y justicia”, celebrado en esta cabecera municipal como parte de la campaña nacional e internacional que realiza el Frente de Pueblos Defensores de la Tierra de San Salvador Atenco.
Autoridades se han ensañado con luchadores sociales: FAO
Atenquenses buscarán apoyo en San Luis para lograr liberación de presos políticos
El integrante del Frente Amplio Opositor (FAO) y de San Luis Pro-ecológico, Sergio Serrano Soriano, anunció la visita de la caravana del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco a la capital potosina este sábado, buscarán el apoyo de los potosinos para promover la libertad de 12 presos políticos.
Los macheteros de Atenco piden solidaridad a la sociedad tapatía El grupo culpó a autoridades de ser culpables de la embestida que ha sufrido el pueblo mexicano
Los macheteros de San Salvador Atenco están en Guadalajara; Jalisco es el tercer estado que visitan en lo que han denominado Segunda Campaña Nacional e Internacional por la Libertad y Justicia para Atenco: ¡Libertad para los 12 presos políticos de Atenco!, que comenzó justamente para exigir la libertad de sus compañeros que se levantaron en defensa de sus tierras y no permitieron que se construyera ahí un aeropuerto.
