Terrorismo de Estado en Juárez

Denuncian terrorismo contra activistas en Ciudad Juárez

Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 8 de enero de 2010

Ciudad Juárez, Chih., 7 de enero. Decenas de integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) realizaron una marcha y protestaron frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Juárez para exigir que se aclare el asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, perpetrado el 3 de enero. Asimismo denunciaron que existe una política de terror contra quienes denuncian abusos de las fuerzas armadas y la policía.

El diputado local perredista Víctor Quintana Silveyra anunció que, ante la situación de violencia extrema y crisis de garantías individuales en la entidad, un representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU visitará la capital de Chihuahua el próximo miércoles.

Durante la protesta, Judith Galarza Campos, integrante de la Federación de Familiares de Personas Desaparecidas, dijo que con el terror se pretende amedrentar a las familias que protestan por las operaciones del Ejército Mexicano en la región. Quienes aplican esta política –a quienes no identificó– están aprovechando la presunta lucha contra el narcotráfico para acabar con luchadores sociales.

Durante la movilización, a la cual acudieron representantes de más de 20 ONG, se exigió la renuncia del titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, por su abierta incapacidad. Galarza Campos recordó que Josefina Reyes fue regidora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Guadalupe, y que fue asesinada a balazos el domingo anterior, cuando viajaba de Ciudad Juárez a la comunidad El Sauzal, por la carretera Juárez-Porvenir.

La activista Cipriana Jurado dijo que Reyes Salazar recibió varias amenazas de muerte tras protestar por la militarización de Ciudad Juárez.

Jurado consideró que la ciudad parece en estado de sitio, por la presencia de miles de soldados que entran a viviendas sin orden de cateo y “colocan retenes para molestar a civiles, no a sicarios ni narcos, y para amedrentar a la población”.

Las más de 50 personas que participaron en la protesta exigieron a la PGR atraer las pesquisas del homicidio de Josefina Reyes, porque se cometió con armas de uso exclusivo de lasfuerzas armadas.

Vigilados por militares y policías federales, los manifestantes pintaron en las paredes de la delegaciuón de la PGR consignas como Juárez no es un cuartel, asesinos y el Ejército es un peligro para México.

Exige Amnistía Internacional proteger a activistas en Juárez

R. Villalpando, E. Olivares, G. Saldierna y E. Méndez

Corresponsal y reporteros

Periódico La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010

Amnistía Internacional (AI) advirtió que la ola de violencia que azota Ciudad Juárez, Chihuahua, pone en riesgo la vida de defensores de los derechos humanos, por lo que emitió una acción urgente en la que insta a las autoridades federales y estatales a proteger la vida e integridad de varios activistas, sobre todo los que trabajaron con Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero.

El organismo internacional exigió una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Reyes, que los resultados de las indagatorias se hagan públicos y que los responsables del crimen sean presentados ante la justicia.

AI señaló que varios sujetos intentaron secuestrar a Reyes, pero como se resistió le dispararon en la cabeza.

El organismo señaló que integrantes de la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez también han sido amenazados y corren peligro. Se refirió en particular a Cipriana Jurado, quien ha trabajado con AI en casos de abusos cometidos por militares.

En tanto, familiares de Josefina Reyes aseguraron que ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) hicieron caso de la denuncia que presentó la activista por las repetidas amenazas de muerte que había recibido.

Durante el funeral de Reyes Salazar, en el municipio de Guadalupe, sus cinco hermanos dieron a conocer que toda la familia tuvo que abandonar su lugar natal por las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado y negaron tener vínculos con organizaciones criminales.

Recordaron que la semana pasada Josefina Reyes y Cipriana Jurado, activista del Centro de Investigación y Solidaridad, acudieron ante un fiscal militar en relación con la muerte de Saúl Becerra y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga, casos documentados por Amnistía Internacional en los que se implica al Ejército Mexicano.

Ahí, dijeron, la fundadora del Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez y Cipriana Jurado fueron presionadas para que se desistieran.

Con el homicidio de Reyes Salazar, en los dos años recientes suman seis asesinatos de activistas y personas cercanas en Chihuahua, entre ellos Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa; el profesor Manuel Arroyo Galván; la activista Alicia Salaiz Orrantía; su esposo, Paz Rodríguez, y su hijo Paz Alberto Rodríguez, así como el líder de la Organización Agrodinámica Nacional Armando Villarreal Martha, amigo de Salaiz Orrantía.

Mientras, en la ciudad de México, los partidos políticos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardaron un minuto de silencio en memoria de Esther Chávez Cano, activista por los derechos de las mujeres y precursora de la lucha por el esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los legisladores también acordaron expresar a familiares, amigos, amigas y compañeras de Casa Amiga su pesar y acompañamiento solidario.