"URO", el gobernador de la violencia

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Como ningún otro en el país, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, tiene en su haber el mayor índice de violencia y represión social en su estado, así como violaciones a los derechos humanos y asesinatos a lideres sociales, como el ocurrido apenas el martes en la noche contra la Caravana Internacional de Observadores que acudía a documentar los abusos a los derechos humanos en la región indígena triqui de San Juan Copala.
La criminalización de la protesta social es la marca indeleble del gobierno de Ulises Ruiz. Desde que llegó y hasta el año pasado se tenía un registro escalofriante: 62 muertos por cuestiones políticas, más de 500 detenidos por protestas sociales y una decena de desaparecidos.
Ulises Ruiz Ortiz –URO, le llaman los oaxaqueños--, ha demostrado que no tiene límites para usar la fuerza y mantenerse en el poder sembrando el terror entre la sociedad.
En el 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe de la situación en Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco, en el Estado de México, en el cual destacaba que entre junio del 2006 a abril del 2008 se documentaron 62 casos de homicidios por cuestiones políticas o sociales, de entre las cuales figuraban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.
Antes del 2006, cuando se originó el conflicto de la APPO, el gobierno de URO ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio del 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo del 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre del 2005 en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa; y los ocurrido en 2006 contra Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.
Catalogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en el 2006, Ulises Ruiz carga en su espalda muchos muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos que le dan un saldo histórico preocupante.
Pero más preocupantes son los planes que tiene URO de permanecer en los primeros planos de la política nacional y para ello planea ganar estas elecciones locales con su candidato a gobernador Eviel Pérez Magaña y colocarse como un operador político electoral al servicio de Enrique Peña Nieto.
La impunidad con la que ha gobernado URO es impresionante y lo es más por la manera tan abierta y frecuente con que lo sigue haciendo hasta hoy en día.
Durante el conflicto de la APPO fue documentada la aparición de un grupo de sicarios que se dedicaron a sembrar el terror entre los simpatizantes de este movimiento popular que luchaba por un cambio de gobierno. A este grupo se le conoció como la Caravana de la Muerte y se le achacó el asesinato de varios maestros, colonos e incluso del periodista estadunidense Brad Will.
Curiosamente el 30 de enero del 2008, Alejandro Barrita, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, a quien se le identificaba como uno de los integrantes de la Caravana de la Muerte, fue ejecutado por cuatro sujetos. Casi un año después, otro de los personajes siniestros, Aristeo López Martínez, excoordinador de Seguridad Pública, también fue ejecutado.
Ambos personajes también estaban involucrados en la detención y desaparición de los dos miembros del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Ramírez Amaya, el 25 de mayo del 2007.
Los casos de asesinatos de líderes sociales es recurrente; y en vísperas de la elección de julio, defensores de los derechos humanos y simpatizantes de la APPO, ya los veían venír.
En San Juan Copala --declarado por sus propios habitantes como municipio autónomo-, que es conocido como una de las zonas más conflictivas del estado, el 7 de abril del 2008 fueron asesinadas Teresa Bautista Flores y Felicitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio comunitaria “La Voz que rompe el silencio”.
En septiembre y octubre de ese año, las autoridades del mismo municipio triqui denunciaron que un grupo de civiles armados asesinaron a otros dos habitantes del lugar, Aurelio Hernández González y Aniceto Martínez Ramírez, sin que el gobierno de URO hiciera algo para detenerlos.
La violencia ha sido consustancial en el gobierno de Ulises Ruiz y, muchas de las ocasiones, la ha provocado para fincar un gobierno de terror.
El año pasado la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa) presentó un informe basado en datos proporcionados por diversas organizaciones de derechos humanos de la entidad. En dicho documento titulado “Oaxaca, un régimen agrietado”, se menciona la existencia un grupo “parapolicíaco” o paramilitar que viene operando desde el 2006 y que es solapado por el gobernador.
“Cabe señalar que desde el 2006 se escucha la existencia de grupos ‘parapolicíacos’ o paramilitares actuando contra el movimiento social, los hechos más recientes ligados a la Sección 59 del SNTE, que mantiene un abierto conflicto por el control de escuelas con la Sección 22. ‘La Fraternidad’ es el grupo armado…” indica dicho informe, en el que se señala que esta dirigido por militares y se ha nutrido por grupos de sicarios pagados para “asesinar al movimiento”.
En este contexto ocurrió el ataque contra la caravana de observadores que se dirigía, precisamente, a San Juan Copala.
Resultaron muertos Alberta Beatriz Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa.
El ataque es parte de este gobierno de terror y muerte creado por Ulises Ruiz, el cual parece que se quedará disfrutando la impunidad amparado por el manto del poder.