Miles de chilenos conmemoran golpe de Estado de 1973
TeleSUR
Más de seis mil chilenos marcharon este sábado por las calles de Santiago para conmemorar el 37 aniversario del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973, que dio paso a una cruenta dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet (1973-1990).
En el acto, realizado en memoria a Allende, participaron personalidades políticas de la Concertación, y simpatizantes del ex mandatario depositaron ofrendas florales en el monumento erigido en honor al ex mandatario, a las afueras del Palacio de la Moneda.
"Estamos convencidos que Allende deja un gran legado (...) para que tengamos un país más firme, más justo y vamos a seguir luchando por eso", indicó el ex ministro de Minería del Gobierno de Allende, Sergio Bitar.
La marcha por el aniversario del golpe fue multitudinaria y finalizó en el Memorial al Detenido Desaparecido del Cementerio General de Santiago, donde ingresaron familiares de las víctimas de la dictadura y representantes de organizaciones sociales y políticas.
En el momento, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos expresó que "Chile no tiene nada que celebrar en este Bicentenario" de la independencia.
Criticó a la administración del presidente, Sebastián Piñera, pues acoge en sus filas a ex colaboradores de la dictadura que, más de tres décadas después, aún justifican las violaciones a los derechos humanos del régimen de Pinochet.
"Estamos bajo un régimen derechista parte del cual participó en la dictadura y que hasta el día de hoy justifica las violaciones a los derechos humanos" afirmó.
Piñera: Golpe fue un desenlace previsible
Por su parte, Piñera, quien no participó en los actos, manifestó que el golpe de Estado de hace 37 años que encabezó Augusto Pinochet fue el "desenlace previsible" de una democracia que ya se encontraba "enferma".
"Se quebró nuestra democracia, pero no fue una muerte súbita ni intempestiva. Fue más bien el desenlace previsible aunque evitable de una democracia que venía enferma", afirmó el presidente durante un acto celebrado en el norte de la nación.
Añadió que en ese momento la sociedad se encontraba "enferma" de ''odiosidad'' y estaba extremadamente polarizada y sin posibilidad de diálogo, pero afortunadamente, se inició una transición en 1988 la cual ''muchos califican de ejemplar'', dijo.
Instó a no pensar más en el pasado, pues a su juicio, casi toda la población chilena nació después del derrocamiento de Allende.
"No podemos quedarnos atrapados en las mismas querellas y divisiones del pasado", aconsejó el empresario multimillonario.
Disturbios en conmemoración
Según medios internacionales, tras los actos conmemorativos, se originaron distubios que acabaron con por lo menos 20 detenidos.
La agencia de noticias argentina Télam publicó en su sitio en Internet que luego de la marcha, supuestamente un grupo de encapuchados
lanzaron piedras contra la policía, que reaccionó lanzando a las masas gases lacrimógenos y chorros de agua a presión.
Durante la protesta, la mayoría de las consignas eran dedicadas a los 34 presos mapuches que están en huelga de hambre hace 60 días.
SETIEMBRE SE LLAMA ALLENDE
MARIO AMORÓS
REBELIÓN
Doctor en Historia y periodista. Autor de ‘Compañero Presidente. Salvador Allende, una vida por la democracia y el socialismo’
Chile vive estos días tres efemérides y dos dramas profundamente entrelazados. Este mes ha traído ya el 40 aniversario de la histórica victoria de Salvador Allende y la Unidad Popular en las elecciones presidenciales. Aquel 4 de septiembre de 1970 el pueblo chileno abrió de par en par las puertas de la historia y emprendió un profundo proceso de transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas. La “vía chilena al socialismo” sólo pudo ser derrotada por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, del que mañana se cumplen 37 años, protagonizado por las Fuerzas Armadas pero estimulado por la derecha, la Democracia Cristiana, la burguesía y Washington. Estas dos fechas son probablemente las jornadas más relevantes de los dos siglos de historia republicana junto con el 18 de septiembre de 1810, cuando se estableció la primera Junta Nacional de Gobierno, que abrió el camino hacia el proceso de independencia que finalizó en 1818 y que, después de una década convulsa, culminó entre 1829 y 1833 con la imposición de un férreo Estado oligárquico que no se resquebrajó parcialmente hasta la victoria del Frente Popular en 1938, del que Salvador Allende fue un destacado dirigente. A una semana de la conmemoración del bicentenario de la independencia, 33 trabajadores permanecen sepultados desde el 5 de agosto a 700 metros de profundidad en la mina San José debido a las condiciones de explotación en que desarrollaban su tarea, reconocidas –a posteriori– por los propietarios de la mina y el propio Gobierno de Sebastián Piñera. Y, además, 34 presos políticos mapuches están en huelga de hambre desde el 12 de julio. Si al movimiento obrero el Gobierno aplica el restrictivo Código del Trabajo, impuesto por la dictadura en 1980, las movilizaciones de los mapuches en defensa de sus territorios y de su demanda de autonomía son brutalmente reprimidas y sancionadas penalmente con el recurso a la Ley Antiterrorista que Pinochet hizo aprobar en 1984. Asimismo, los últimos estudios confirman que Chile es uno de los países donde la brecha entre ricos y pobres es más acentuada hasta aproximarse a los niveles, por ejemplo, de Haití, producto de unas políticas neoliberales cuyas coordenadas la Concertación mantuvo inalteradas durante 20 años y que desde el pasado 11 de marzo administra su verdadero impulsor, una derecha de nuevo tipo, hija de la contrarrevolución pinochetista y sólidamente implantada en el mundo popular. Piñera se apresta a vivir su primer 11 de septiembre desde La Moneda y a presidir los múltiples actos del bicentenario con un insistente y retórico llamamiento a la “unidad nacional”. Mientras tanto, los cuatro partidos que integran la Concertación acaban de renovar sus cúpulas para afrontar el nuevo ciclo electoral que asomará pronto en el horizonte, con las elecciones municipales de 2012 y las parlamentarias y presidenciales de 2013, y el Partido Comunista está inmerso en los debates de su XXIV congreso. Más allá de la incógnita sobre el próximo candidato presidencial de la Concertación (lo que dependerá esencialmente de la voluntad de Michelle Bachelet, quien conserva una enorme adhesión popular), la encrucijada que deberán afrontar a medio plazo esta coalición y las fuerzas de izquierda estriba en la posibilidad de ir más allá de una alianza puntual, como la que permitió elegir en diciembre tres diputados comunistas por primera vez desde 1973, para tejer un acuerdo político y programático que permita abrir una nueva época. A veces son los pequeños gestos o resultados los que cambian la historia. El 15 de marzo de 1964 la inesperada victoria de la izquierda en una votación parcial para elegir un diputado en Curicó abocó a la derecha a renunciar a llevar un candidato propio y a apoyar al socialcristiano Eduardo Frei Montalva, quien derrotó a Allende en septiembre de aquel año. Hace apenas un mes en la ciudad de Penco, en la región del Biobío, los dirigentes locales de la Concertación y el Partido Comunista suscribieron un acuerdo para unirse de cara a los comicios de 2012 a fin de derrotar a la derecha, que actualmente ostenta la alcaldía. El debate sobre sus proyecciones nacionales está ya instalado en la agenda política. La derecha no ha tardado en exhibir su anticomunismo más rudo y en la Democracia Cristiana seguramente persistirán las dudas hasta el último momento. Mientras tanto, el Partido Socialista se muestra favorable a explorar un pacto, al igual que el Partido Comunista, que propugna una amplia convergencia de fuerzas políticas y sociales para conquistar un gobierno “de nuevo tipo” que deje atrás los dogmas neoliberales y haga posible el pleno desarrollo democrático del país. A 37 años del bombardeo de La Moneda y del inicio de una cruel dictadura, la memoria de Salvador Allende y la Unidad Popular ilumina este camino. Precisamente, aquella noche inolvidable del 4 de septiembre de 1970, cuando dejó de ser el “compañero Allende” para convertirse en el “compañero presidente”, acabó su discurso en la Alameda de Santiago, ante las miles de personas que festejaban la victoria de la UP, con unas palabras llenas del afecto sincero con el que siempre se dirigió a los trabajadores y que tienen una absoluta vigencia: “Esta noche, cuando acaricien a sus hijos cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria…”.
La Justicia argentina iniciará hoy el juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", uno de los más emblemáticos centros de detención de la dictadura argentina. Varios uruguayos declararán como testigos.
El Tribunal Oral Federal Nº1 de la Capital Federal comenzará hoy el proceso oral contra seis agentes de la dictadura argentina, por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por los servicios represivos de la época, en el centro clandestino de detención, "Automotores Orletti". La causa es un desprendimiento de la megacausa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los ex agente Néstor Guillamondegui, Rubén Visuara, Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo, deberán responder por los crímenes perpetrados en dicho centro, entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976, según informó el pasado domingo Página/12.
El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral el caso de "Automotores Orletti", tras el procesamiento de los seis represores por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos, en perjuicio de más de 60 personas, en su mayoría uruguayos, brasileros, chilenos y cubanos.
Además, el juez Rafecas acusó a los detenidos por el homicidio de seis personas, entre ellas Marcelo Gelman, hijo del poeta argentino Juan Gelman, y esposo de la hoy desaparecida María Claudia García.
"Automotores Orletti", un centro clandestino de detención emplazado en medio del barrio de Floresta, fue utilizado por los servicios represivos uruguayos para la persecución de los exiliados políticos en la República Argentina, durante la concertación represiva denominada "Plan Cóndor". Por el accionar represivo en dicho centro, fueron condenados en Uruguay ocho militares y policías uruguayos.
El centro estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a cargo entonces del también fallecido Otto Paladino.
Unos 200 detenidos, entre uruguayos, argentinos, brasileros, chilenos y cubanos pasaron por las entrañas de "Automotores Orletti", entre ellos, la veintena de militantes del PVP trasladados en forma clandestina hacia Uruguay entre el 24 de julio y el 5 de octubre de 1976, el cual se conociera como "segundo vuelo".
El centro de detención fue el último lugar de detención antes de su traslado clandestino al Uruguay de Adalberto Soba Fernández, Alberto Mechoso, Juan Pablo Recagno, María Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Victoria Grisonas, Roger Julien, León Duarte y Gerardo Gatti.
Además, en dicho centro estuvo detenida María Claudia García y los niños recuperados Anatole y Victoria Julien, así como los sobrevivientes Sergio López Burgos y Sara Méndez, dos de los testigos uruguayos que brindarán su testimonio en la causa.
Uno de los represores argentinos imputados, Eduardo Ruffo, sería uno de los autores de la sustracción del niño Simón Riquelo, de sólo 20 días de vida, de los brazos de su madre Sara Méndez.
El niño fue entregado a un matrimonio de policías bonaerenses y permaneció desaparecido hasta marzo de 2002 cuando una investigación del hoy senador Rafael Michelini y del periodista Roger Rodríguez permitió encontrarlo.
Sara Méndez y Mónica Soliño Platera fueron secuestradas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo. Narraron la muerte de Carlos Santucho y mencionaron a la nuera del poeta Juan Gelman.
Sara Méndez tenía un nombre falso. La secuestraron el 13 de julio de 1976 en la calle Juana Azurduy, del barrio de Belgrano, en un operativo en el que le sacaron a su hijo. Recuperó a Simón en 2002, después de la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sara, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti, durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Volvió a Uruguay en un vuelo clandestino organizado por los militares. En la audiencia de ayer, durante el juicio oral por los crímenes de Orletti, habló de su convicción de la existencia de un segundo vuelo de “compañeros uruguayos” que no sobrevivieron y desaparecieron en ese país. También advirtió sobre la posibilidad de que existan, dijo, “muchos más niños” hijos de ex detenidos argentinos en su país “como acá –agregó– muchos más uruguayos”.
Sara reconoció entre sus secuestradores a los argentinos que actuaron en Orletti, el jefe de la Side, Otto Paladino, y el paramilitar Aníbal Gordon, ambos fallecidos. También a Eduardo Ruffo, uno de los represores acusados en el juicio en el que empezaron a declarar los sobrevivientes uruguayos. Además de Sara, declaró Mónica Soliño Platera, otra uruguaya, militante de la Resistencia Obrera Estudiantil, perseguida en su país y que se instaló en diciembre de 1974 en Buenos Aires, donde trabajó en un comercio tipo bazar de la calle Florida. A Mónica la secuestró el 7 de julio de 1976 un grupo de tareas de tres personas que golpeó la puerta del departamento de una prima.
Ambas hablaron de la presencia y del asesinato de Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, en Orletti. También de Manuela Santucho, la hermana, y de Cristina Navajas de Santucho, la esposa de Carlos. “Esta persona –dijo Mónica–, Carlos Santucho, estaba muy horriblemente mal, empezó a desvariar, gritaba, decía cosas incoherentes. En un momento le dijeron a la hermana que lo tranquilizara, pero ellos lo agarraron, lo ahogaron en un tacho de agua que estaba ahí, y la verdad es que cuando estaba muerto, lo tiraron en una camioneta y no sé qué pasó después con él.” A Carlos, agregó, “le preguntaban por el hermano, incluso después de que lo mataron dijeron: ‘Este no tiene nada que ver, es un contador, siempre trabajó de lo mismo’”. Y Mónica explicó: “Yo tuve toda la sensación de que lo habían llevado para preguntar por el hermano, era una persona mayor”.
A ella le preguntaron si recordaba olores especiales. Dijo que no. Sara, en cambio, habló de esos olores. Tenía los ojos vendados, explicó, pero sentía olor a pus; que era un olor conocido, dijo, y que salía del cuerpo infectado de Santucho. Estaba muy deteriorado por la tortura, era “una llaga viva” que se “arrastraba por el piso delirando”. Los militares, agregó, aseguraron que lo iban a llevar al hospital de Campo de Mayo, pero de pronto hubo movimientos raros, “como que algo iba a pasar”. “Cuando algo malo estaba por suceder encendían dentro del garaje todos los motores de los vehículos. Lo introdujeron en un tambor de agua con la cabeza para abajo y cuando murió dijeron ‘ya está mejor’. Presenciamos el asesinato de una persona que estaba en muy mal estado.”
Mónica había llegado a Orletti a bordo de un camión. Entró por una puerta lateral, donde había una escalera de madera. “A partir de ahí –dijo– siempre estuve vendada, a partir de ahí no pude ver casi nada.” Los interrogatorios se los hacían los militares uruguayos, entre los que mencionó a Manuel Cordero. “Teníamos que estar sentados, con las manos esposadas, nos daban de comer muy esporádicamente, y si nos daban algo eran sobras que a veces hasta venían con puchos.” Alguna vez, cuando pidieron comida, los militares se les quejaron porque, como había aumentado la población del centro clandestino, ya no tenían ni las sobras para darles.
–Pero eso no era un ámbito como una cárcel, era una locura –dijo Mónica en un momento.
–¿Por qué? –preguntó el fiscal.
–Miles de veces se escuchaban gritos, fiestas... No fiestas, comilonas.
Mónica y Sara viajaron a Uruguay en lo que se conoce como el primer vuelo clandestino, un vuelo organizado por los represores para simular luego una detención en el país oriental. Salieron desde lo que les pareció un aeropuerto militar, explicó Mónica, los trasladaron primero al edificio de Inteligencia de Defensa (SID), en el bulevar Artigas, y luego pasaron quince días en una casa, divididos en dos grupos. En la casa, donde eran sometidos a interrogatorios, supo que había una parturienta y luego explicó que escuchaba el sonido de un bebé. Cuando le preguntaron de quién se trataba, Mónica dijo que creía que era la nuera del poeta de Juan Gelman. Sara lo confirmó: sabían que eran unos argentinos, explicó, que cuando habían pasado en la SID un médico asistió a una persona con síntomas de parto, que la llevaron al Hospital Militar y que con el tiempo, dijo, “supimos” que era María Claudia Irureta Goyena de Gelman.
Sara habló además de un segundo vuelo: “Tenemos la convicción –dijo– de que muchos de estos compañeros fueron llevados a Uruguay en un segundo vuelo y que desaparecieron en Uruguay y no en Argentina: que existió un secuestro masivo de uruguayos”.
30 DE AGOSTO - DÍA INTERNACIONAL DEL DETENIDO-DESAPARECIDO
Siguen desapareciendo...
Es habitual que los gobiernos latinoamericanos no se atrevan a tomar el toro por las astas cuando se trata de los desaparecidos. Buscar la verdad no es fácil, significa tomar una postura crítica y comprometida; es el camino difícil... Y es el único honesto. Pero estos gobiernos latinoamericanos no quieren saber de nada. Algunos, cómplices, ni siquiera aparentan desaprobar el tema y, por el contrario, justifican las acciones del terrorismo de Estado con total desparpajo. Otros, obsecuentes con las viejas políticas de la impunidad, intentan institucionalizar el trabajo sobre la memoria como una timorata demostración de preocupación y así instaurar la idea de haber hecho todo lo posible, con algunas pocas acciones judiciales, con "verdades" parcializadas y deformadas, con discursos que solapadamente, y a veces no tanto, intentan justificar la teoría de los dos demonios.
En países como México y Colombia, la desaparición forzada es una práctica habitual; forma parte de una política de Estado que ha sido preservada gobierno tras gobierno. En Uruguay, el hecho de procesar a un pequeño grupo de represores no es hacer justicia; en todo caso, estos procesos son expresiones de justicia que sirven para marcar un comienzo. Apenas se empezó a andar un largo y necesario camino para reencontrar el equilibrio social, hoy totalmente perdido.
En conclusión: no ha habido gobierno en Uruguay que se atreva a tomar el toro por las astas cuando se trata de los desaparecidos. No lo hubo antes y no lo hay ahora.
No es extraño entonces que desde los órganos oficiales, y desde casi toda la prensa uruguaya, se reconozca y se alabe a Colombia y México como democracias, aplicando discursos que desconocen y tergiversan la realidad social de ambos países de un modo que raya la esquizofrenia. De esta forma, desde el gobierno uruguayo no solo se continúa protegiendo los cimientos de la impunidad al conservar su mayor símbolo, la ley de Caducidad, sino que además se refuerzan, con gestos de apoyo y recibiendo a sus mandatarios, políticas extranjeras que hacen posible que uno de los peores flagelos vividos por los pueblos latinoamericanos continúe practicándose en países hermanos sin que, al parecer, nada ni nadie pueda evitarlo: la desaparición forzada no es cosa del pasado. Está más vigente que nunca.
Entendemos que:
Exigir justicia nos define como sociedad. La construcción de la memoria colectiva no debería ser una tarea exclusiva de instituciones pertenecientes a un Estado culpable e impune (con el paso del tiempo podemos observar cómo se afianza la llamada "historia oficial"; la misma que se enseñará a nuestros hijos). La verdad debe ser encontrada y sacada a la luz para que toda la sociedad la conozca, la evalúe y tenga la posibilidad de incorporarla a su propia memoria.
Por los desaparecidos de ayer y hoy. Por sus hijos. Por los nuestros.
Colectivo CONTRAIMPUNIDAD
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Convocamos y adherimos:
Hoy: Concentración frente al CALEN a las 18.30 horas
Familiares de detenidos desaparecidos y Crysol convocan a una concentración en Bulevar Artigas y Palmar, frente a la sede del Calen (Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa Nacional), que fuera la sede del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) donde se mantuvo detenidos desaparecidos que fueron traídos desde la Argentina, según múltiples testimonios.
"Porque nos mintieron, nos negaron información y lo siguen haciendo... seguiremos todos y todas luchando contra la impunidad y el olvido de nuestros fam iliares, amigos y parientes queridos porque nosotros no olvidamos nuestros muertos y desaparecidos", reza la convocatoria.
"En esta lucha aún faltan muchos... militares, civiles, diplomáticos, cómplices y funcionarios impunes por eso nos convocamos una vez más porque queremos un país de verdad, sin impunidad ni olvidos... en el que los detenidos desaparecidos no sean humo, niebla y olvido", se agrega.
Los convocantes son el PIT-CNT, FOSE, Coordinadora de vecinos, Frente verdad y justicia, Crysol, AUTE, COFE, Serpaj, Adeom, Plenaria memoria y justicia, Costa 1, Costa 2, Todos y todas contra la impunidad.
http://crysol.blogspot.com/
Texto de la proclama que fuera leida
por parte de Todos y Todas contra la IMPUNIDAD
La lucha contra la impunidad nos convoca hoy nuevamente, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, frente a este local delas Fuerzas Armadas, hoy llamado CALEN pero que supo ser el tristemente célebre SID de los años 70.
La lucha contra la impunidad nos convoca hoy nuevamente, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, frente a este local delas Fuerzas Armadas, hoy llamado CALEN pero que supo ser el tristemente célebre SID de los años 70.
Durante la dictadura militar, el edificio en el cual actualmente funciona el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, fue la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) de las Fuerzas Armadas, verdadera coordinación represiva de las tres armas : ejército, marina y aviación.
En estelugar, altamente simbólico, fue donde a partir de 1970, durante el gobierno de Pacheco Areco, se recolectaba información con métodos ilegales de escuchas, y se planificaba la represión contra nuestro pueblo. Poco a poco se convirtió en uno de los centros neurálgicos de los equipos de inteligencia vinculado directamente a Orletti, destinados a la represión donde se ejecutaba el mismo Plan Cóndor.
En dictadura, esta casona,fue un lugar de transito permanente de detenidos y de tortura sistemática. Fue depósito de ciudadanos traídos ilegalmente al país.
En dicho lugar estuvieron los uruguayos trasladados en el Primer Vuelo y en el Segundo Vuelo, entre otros, nuestros compañeros que permanecen desaparecidos hasta el día de hoy.
En dicho lugar también estuvo recluida María Claudia García de Gelman antes de dar a luz a Macarena y ser trasladada con destino desconocido. También pasaron por aquí niños como los hermanos Julien.
Uruguay fue un activo participante del Plan Cóndor, dicho plan coordinaba las acciones de los servicios represivos. Las autoridades uruguayas enviaban por vía diplomática la lista de uruguayos “requeridos por su militancia política en Uruguay”, verdaderas “condenas a muerte”, resultado de las cuales es la desaparición de 200 uruguayos que se encontraban mayormente en la Argentina , pero también en Chile y en Paraguay.
Durante mucho tiempo se creyó que esos uruguayos habían sido ejecutados y desaparecidos en la Argentina. Hoy sabemos que fueron secuestrados en la Argentina con la participación de militares y policías uruguayos actuando en forma encubierta, trasladados clandestinamente a Uruguay, torturados, asesinados y sus cuerpos desaparecidos hasta el momento actual.
EL ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea , brigadier Enrique Bonelli, confirmó, por primera vez oficialmente en un informe, la participación de esa fuerza en los traslados clandestinos llevados a cabo durante la dictadura en forma conjunta con el Ejército.
También está documentado que la Armada Nacional estuvo activamente involucrada en el secuestro, torturas, traslados clandestinos y desaparición de militantes opositores.
Hoy ya nadiepuede negar ni ignorar los traslados y las ejecuciones!
Hoy la tierra ya habló, devolviendo al pueblo los huesos de algunos de sus mejores hijos!
Recientemente descubierto el cuerpo de Roberto Gomensoro Josman es un ejemplo paradigmático de la crueldad y la saña: le cortaron los testículos y lo dejaron desangrarse!
Ocho militares y policías fueron condenados, a 20 y 25 años de prisión, como autores responsables de veintiocho (28) delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real por el secuestro y traslado clandestino al Uruguay en la causa conocida como "Segundo Vuelo".
Todos los uruguayos conocemos sus nombres: José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima, y Manuel Cordero quien fuera extradito a la Argentina , entre los más de 400 torturadores denunciados.
Pero no se les imputó el delito de “desaparición forzada” que correspondería para dicho casos y que se ignora en los juzgados uruguayos.
La Desaparición Forzada es un crimen complejo, imprescriptible e inamnistiable, que supone la violación de múltiples derechos humanos, un crimen de lesa humanidad :
-los efectos de la desaparición forzada perduran y se van prolongando y amplificando en el tiempo.
En Uruguay ni uno solo de los encauzados recibe esta condena, así la justicia de nuestro país sigue siendo omisa frente a los tratados firmados por el país.
Al día de hoy, en nuestro país, los tres poderes del Estado son omisos:
-los jueces se niegan a aplicar la normativa vigente y siguen tipificando como “homicidios especialmente agravados” lo que en realidad son Crímenes de Lesa Humanidad
-el Parlamento aún no ha anulado la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado como se reclama
-el Poder Ejecutivo no establece las herramientas que permitan investigar y destruir el “pacto de silencio”de los represores para llegar a la verdad: pedido de desclasificación de archivos y respaldo total a las víctimas aportando todo el apoyo del Estado para llegar a la verdad.
El desconocimiento de lo ocurrido con los Detenidos Desaparecidos uruguayos obedece, sin duda, a la vigencia en Uruguay de la Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado que fuera aprobada por el Parlamento a fines de 1986.
Desde su aprobación se suspendieran todas las investigaciones frente a las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas.
La interpretación del Artículo 4º que realizara el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez permitió comenzar a investigar algunos casos y condujo a la prisión a algunos de los principales involucrados en dichos crímenes.
El “pacto de silencio” y la “obediencia debida” de los torturadores y asesinos y la absoluta falta de colaboración han impedido dilucidar las circunstancias de los mismos.
Queda mucho por hacer. No fueron ocho, ni diez, ni doce los militares involucrados en la represión. Hoy hay mas de 400 denuncias.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia declaró en octubre 2009 que la misma es inconstitucional y violatoria de las disposiciones legales, y también el Poder Ejecutivo y el Legislativo declararon la inconstitucionalidad de dicha ley, la Ley de Caducidad sigue vigente.
Nosotros decimos que es una vergüenza que aún tengamos vigente la Ley de Caducidad yexigimos que se la erradique de nuestro ordenamiento jurídico,porque sigue siendo una ley inmoral e injusta
Mientras Uruguay no anule la Ley de Caducidad será imposible seguir avanzando en la construcción de un país democrático con pleno funcionamiento institucional con tres poderes independientes tal como lo establecido por las disposiciones constitucionales.
Por eso hoy, las organizaciones sociales, culturales, sindicales y de defensa de derechos humanos organizadas en Todas y todos contra la Impunidad seguimos exigiendo acabar con la ley de Caducidad y dar un paso más en erradicar la Impunidad.
POR VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA
Y NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO!!!
BASTA DE IMPUNIDAD!
ANULAR YA LA LEY DE CADUCIDAD!
TODAS Y TODOS CONTRA LA IMPUNIDAD SE DECLARA EN EN ESTADO DE ALERTA Y DE ASAMBLEA PERMANENTE ANTE EL IMMINENTE INGRESO DE LA LEY INTERPRETATIVA AL PARLAMENTO!!!
LLAMAMOS A RODEAR EL PALACIO LEGISLATIVO EN EL MOMENTO EN QUE SE VOTE DICHO PROYECTO!!!
No nos rendimos.
No nos callamos.
No te olvidamos.
MEXICO
“Presentación de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada”
30 DE AGOSTO DIA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO
La práctica de la desaparición forzada tiene sus antecedentes en la Alemania Nazi, se aplicaba contra comunistas y judíos, principalmente. Para prevenir esta práctica se realizaron los juicios de Núremberg, Alemania, que llevo a procesos jurisdiccionales (en 1945 y 1946) en el Tribunal Militar Internacional (TMI) a los nazis que cometieron graves violaciones a los derechos humanos en la Segunda Guerra Mundial.
En los años 60´s en varios países de América latina se denuncian y documentan casos de desapariciones forzadas por motivos políticos en el marco de la lucha contrainsurgente aplicada masiva y selectivamente contra hombres y mujeres que no dudaron en ofrendar sus días a la construcción de un mundo donde predomine igualdad y paz con justicia social. En nuestro México como en otros países fueron los detenidos-desaparecidos víctimas de doctrinas fascistas de seguridad nacional y la ejecución del más feroz terrorismo de Estado por Hombres como Pinochet en Chile; Videla, Viola y Galtieri en Argentina; Alfredo Stroessner en Paraguay; Terra y Bordaberry en Uruguay; Carlos Andrés Pérez, Posadas Carriles en Venezuela; Díaz Ordaz, Echeverría, Acosta Chaparro, Miguel Nazar Haro, Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda Moreno en México. Dictadores y gobernantes autoritarios, que recibieron dirección y financiamiento del pentágono y la CIA; agentes policiacos y militares de alto rango entrenados en centros de contrainsurgencia del imperialismo norteamericano uno de ellos denominado Escuela de las Américas, llamada también “Escuela de Asesinos” de los pueblos.
La desaparición forzada en México tiene sus antecedentes documentados en la década de los 60s en el Estado de Guerrero, se aplicó contra hombres y mujeres que lucharon por tierra, educación, vivienda, alimentación y contra la opresión caciquil. A raíz de la generalización y altas cifras de víctimas de está nefasta práctica junto a otros crímenes de Estado es catalogada como guerra sucia, los ejecutores materiales, el ejército federal, policías y paramilitares; en esta ofensiva criminal contra el pueblo en lucha sobresale por la crueldad de sus métodos represivos la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que crea el grupo paramilitar llamado Brigada Blanca, encargada de torturar, asesinar y desaparecer toda expresión de organización popular y protesta social con la acusación de ser subversivos.
2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, genocidios que pretendieron ahogar en sangre la organización y lucha del pueblo, se agudizan estos crímenes de Estado que continúan de manera sistemática y con la misma intensidad hasta los años 80’s y hoy en pleno siglo XXI continua siendo una política de Estado para acallar voces críticas al régimen y eliminar disidencias políticas de izquierda o como método de “investigación y procuración de justicia”, todo ello se inscribe en la lucha contrainsurgente.
En este contexto surgen las Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos que unen esfuerzos de familiares y amigos en busca de sus seres queridos y en respuesta a la represión institucionalizada. Las Asociaciones de familiares tienen registrado del año de 1960 al 2000, cientos de masacres (los copreros Gro., Tlacolula, Ver, por mencionar dos); miles de asesinados, torturados y cientos de personas que fueron lanzadas al exilio, otros tantos que en el país viven la persecución política; y los 1300 casos de detenidos desaparecidos por motivos políticos y todos continúan impunes.
En la última década, los crímenes de lesa humanidad se han mantenido como una práctica recurrente y política de Estado, tan sólo en la administración de Calderón son cerca de 28 mil asesinatos entre selectivos y matanzas, de los cuales 5 mil son menores de edad; más de medio millar de presos políticos y de conciencia; 4 mil detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales, como parte de los daños “colaterales” de la supuesta guerra contra la “delincuencia organizada y el narcotráfico”.
“Guerra contra la delincuencia organizada” que se materializa ejerciendo el terrorismo de Estado contra el pueblo en general y particularmente una ofensiva represiva contra el movimiento popular organizado y en lucha, si no como se explica que entre los cientos de encarcelados, torturados, hostigados, asesinados, desaparecidos hayan perdido la vida o la libertad luchadores sociales, sus familiares, amigos y compañeros de lucha. En el recuento de los daños concluimos que la situación que vivimos como pueblo es más grave que en los aciagos años de guerra sucia.
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos FEDEFAM ha impulsado desde 1981 el Día Internacional del Detenido Desaparecido, se conmemora en varios continentes: Americano, Asiático, Africano y en varias regiones de la Unión Europea. Desde esta época a los familiares y compañeros nos unió un solo dolor e indignación; nos constituimos en una sola fuerza; somos una sola lucha para denunciar ante los pueblos del mundo que esta práctica ofende y es lesiva para la humanidad. Para exigir el cese de las desapariciones forzadas y juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales.
· Considerando que en México la impunidad es un grave problema que enfrentamos día a día porque no hemos logrado llevar a juicio a ningún responsable de cometer graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
· Considerando que la desaparición forzada en México se ha intensificado con cifras alarmantes en las administraciones panistas como una política de Estado para responder a inconformidades económicas y políticas de la población. Nuevamente recurre a ella de manera masiva como práctica de “investigación” y “combate” a la delincuencia dentro de su esquema policiaco de procurar y administrar la justicia.
· Considerando que la detención desaparición forzada por motivos políticos en la actualidad esta recogida por instrumentos internacionales como delito de lesa humanidad.
· Considerando que la desaparición forzada esta catalogada como crimen de Estado.
· Considerando que la desaparición forzada es inadmisible e imprescriptible.
· Considerando que la desaparición forzada viola derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, a un juicio justo, a la libertad, a no ser sometido a tratos crueles e inhumanos, entre otros. ¡En nuestra patria hay detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales!
Concluimos y asumimos que la detención desaparición es un crimen de lesa humanidad que es sancionada por organismos internacionales, que su lacerante práctica se acompaña de una grave consecuencia la impunidad. En México no hemos logrado erradicarla y menos aún llevar a juicio a ningún responsable de estos crímenes. Si bien es cierto, que la CIDH llevo a cabo una sentencia el 15 de diciembre de 2009 contra el Estado mexicano por la Desaparición Forzada de Rosendo Radilla Pacheco, con la cual nos congratulamos y exigimos que se aplique la normatividad internacional sobre los personajes del Estado mexicano responsables.
Sin embargo, tan importante y paradigmática sentencia internacional parece no inhibir en lo más mínimo al Estado mexicano, porque está práctica es recurrente y generalizada, tan sólo en lo que va de la ilegítima administración de Felipe Calderón son más de 4 mil desaparecidos por motivos políticos y sociales víctimas de la estrategia contrainsurgente llamada “guerra contra la delincuencia organizada”, el gremio periodístico denuncia 11 casos de desapariciones, sobresaliendo el incremento de éstas contra luchadores sociales como son los de Francisco Paredes Ruiz ( de la Fundación Diego Lucero), Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez (miembros del PDPR-EPR).
Hoy más que nunca es necesario que unamos esfuerzos organizativos todos aquellos que luchamos por una sociedad justa y democrática. Convocamos a todas las organizaciones de Familiares de presos, perseguidos y detenidos-desaparecidos, de Derechos Humanos, Políticas y Populares a sumarse a la campaña nacional e internacional contra esta práctica que ofende y lesiona a la humanidad, Exijamos la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, el continente y el mundo, así como, juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales.
FRATERNALMENTE
¡PRESENTACION CON VIDA DE EDMUNDO REYES AMAYA, GABRIEL ALBERTO CRUZ, FRANCISCO PAREDES RUIZ, LAURO JUAREZ, LAS HERMANAS DANIELA Y VIRGINIA ORTIZ RAMIREZ!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON! ¡VIVOS LOS QUEREMOS!
¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡ALTO A LA MILITARIZACION DEL PAIS! ¡FUERA EJERCITO DE LAS CALLES!
¡ALTO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL Y LUCHA POPULAR!
Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada
COMITÉ HASTA ENCONTRARLOS
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos FEDEFAM
Organizaciones que se han sumado a la campaña hasta el momento
Organizaciones Nacionales:
Comité Monseñor Romero, Comité Cerezo México, Comité Eureka, H.I.J.O.S México, Comité Hasta Encontrarlos, Nacidos en la Tempestad, AFADEM(Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C, CADHAC (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC Monterrey), Asociación Ciudadana Contra la Impunidad A.C. (Tijuana), Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, Centro de derechos humanos para los pueblos indígena(CEDHAPI), Organización Política Izquierda Democrática Popular(IDP), Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional( MOCRI CNPA-MN), Fundación Diego Lucero, A.C, Frente Nacional De Lucha por el Socialismo (FNLS), Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, Kehuelga Radio, Liga Socialista Revolucionaria (Chihuahua), Triple Alianza (LSR, Revista La Gota, Doble Resistencia, Chihuahua), Comité promotor del Tribunal Internacional de Conciencia y Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento, Cochitlehua Centro Mexicano de Intercambios A.C. (cemiac), Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi A.C, Red Magisterial Popular (Chiapas),Colectivo Hoja Verde, Movimiento Nacional Organizado “Aquí estamos”, Taller Universitario de Derechos Humanos A. C. TUDH, ACUDDEH. A.C.
Organizaciones Internacionales:
FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos),The Latino Media Collective, Mexicanos sin fronteras, En apoyo a las comunidades zapatistas (Argentina), Por la memoria, por la identidad…. Por ellos por los que no falta (Argentina), Comisión Ética Contra la Tortura (Chile), Fundación Hermandad y Solidaridad Con Los Pueblos (Ecuador), Comunidad Apostólica "Nuestra Señora De Guadalupe" (Ecuador).
Firmas a título personal:
Abel Roberto Athie Cisneros, José Eduardo Rojas Placido, Miguel López.
30 de agosto: fecha llama atención sobre casos de desaparecidos en el país
Karol Assunção *
Adital -
Organizaciones y pueblos de varias partes del mundo aprovechan el Día Internacional de los Desaparecidos -celebrado hoy (30)- para recordar y luchar por todas las personas que fueron detenidas y no tienen contacto con sus familiares y la sociedad en general. Solamente en Guatemala, según informaciones del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el número de casos de desaparecidos ya llegó a los 45 mil.
La desaparición forzada no es una violación rara en América Latina y el Caribe. De acuerdo con la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que, entre 1966 y 1986, cerca de 90 mil personas -incluyendo niños y bebés- hayan desaparecido en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Uruguay.
La práctica es muy característica en Guatemala. De acuerdo con el informe "La desaparición forzada en Guatemala", publicado en julio de este año por el GAM, en un período de 28 años, el país ya produjo 45 mil casos de desaparición forzada. De ese total, 6.159 ocurrieron solamente entre los años de 1981 y 1983, según informaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Una característica recurrente en todos los casos llama la atención de las organizaciones de derechos humanos: la falta de investigación. "A lo largo de toda la historia de violaciones a los derechos humanos y de apertura de juicios, no fue investigado un solo caso de desaparición forzada, mucho menos se iniciaron procesos judiciales contra los responsables", afirmó el GAM.
A causa de esto, el Grupo pide que el Estado guatemalteco promueva investigaciones para encontrar a los desaparecidos y que los familiares de las víctimas tengan seguimiento psicosocial.
"Siendo este organismo [el Ejecutivo] el mayor responsable de las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, el Presidente de la República es convocado a garantizar que se produzcan investigaciones que permitan la búsqueda y la localización de los desaparecidos. Consideramos que este organismo puede estar representado por el Ministerio Público en el proceso de investigaciones, además de que pueda facilitar los recursos económicos para garantizar una investigación profunda", sostiene.
El informe del Grupo señala además que, a pesar de que el país tiene una "normativa legal amplia y rica en el tema de la prohibición para cometer el delito de desaparición forzada", la falta de información sobre los casos todavía impide la preparación de los procesos y que éstos sean iniciados. "Es importante que con la investigación se construyan nuevas figuras jurídicas, como el del ‘Estatus Jurídico’ de ausencia por desaparición forzada que permita administrar ante el Estado y la iniciativa privada, alienar bienes, reconocer hijos y otros, pero sin que se tenga que recurrir a la supuesta muerte", comenta.
Desaparición forzada
De acuerdo con el documento publicado por el GAM, la desaparición forzada constituye la captura ilegal de una persona por agentes de seguridad públicos o privados con la intención de conseguir algún tipo de información de la víctima. Se caracteriza por la falta de investigación y, consecuentemente, por la impunidad de los autores del delito.
Amenazas a la integridad física y psíquica, tratamientos crueles, inhumanos y degradantes son sólo algunas situaciones vivenciadas por las personas desaparecidas que, además, tienen sus derechos a la libertad individual, a la vida, a la defensa y a la seguridad personal y colectiva, violados.
El GAM recuerda además que las víctimas de desapariciones forzadas no son sólo los desaparecidos, sino también sus familiares, amigos y colegas, que viven con dudas e incertidumbres en relación con el caso. "A diferencia del secuestro, la desaparición forzada no se realiza por motivos económicos, no existe nunca una nota de petición de dinero o chantaje para que la víctima aparezca viva, y busca crear más víctimas al producir temor entre la población", explica el GAM.
Para leer el informe completo: http://www.gam.org.gt/public/publi/pdf/desaparicion.pdf
